La obligación de publicar los estados financieros auditados para las empresas que no están supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y que tengan ingresos anuales por ventas o prestación de servicios o activos totales iguales o superiores a las 3,000 UIT, no pasa el test que generalmente se emplea para evaluar la conveniencia de introducir una regulación. En primer lugar, ¿qué se pretende lograr con la remisión obligatoria de las empresas que no están supervisadas por la SMV? No está claro. La publicación obligatoria generaría una mayor oferta y mejores condiciones de financiamiento para las empresas en el mercado de capitales. El argumento implícito detrás sería la miopía de los agentes, es decir, que no serían conscientes de los beneficios que obtendría si la medida no estuviera implementada. Pero es difícil de creer que empresas que han sobrepasado los límites de activos y ventas especificados en la norma, es decir, que ya son relativamente exitosas, sufran de miopía.
Otra razón que algunos han aducido es que contribuye a la reducción de los costos de transacción en el mercado. Es decir, aquellos que requieren de dicha información para desarrollar y ofrecer sus servicios ya no necesitarían invertir en ella. Sin embargo, no es para nada obvio por qué este costo debe trasladarse al supuesto (miope) interesado que no solo pierde el beneficio de su información y que no necesariamente recibirá un beneficio de compartirla, sino que, además, deberá desembolsar dinero por los costos de la auditoría. Así, la medida podría generar un sobrecosto y golpearía en nuestros indicadores de competitividad.
¿Será para favorecer la competencia? ¡Qué mejor que aquellas empresas con resultados interesantes inviten a una mayor entrada de empresas a sus mercados mediante la difusión de sus estados financieros! Ello contribuiría a que los mercados tiendan a tener competencia perfecta, el santo grial de los académicos. Pero la concurrencia en el mercado no debería darse usufructuando sin contraprestación los activos de las empresas existentes, sean recursos humanos, de capital o activos intangibles. La información de resultados de un negocio en marcha, si bien no tiene un tratamiento de secreto industrial, contribuye a generar una renta informacional valiosa, fruto de una inversión previa hecha por los accionistas y de la gestión de la administración, que no tiene por qué constituirse en una transferencia de rentas a terceros.
Se puedeplantear también que toda la información recolectada se puede constituir en una suerte de bien público, en la medida que las enormes bases de datos disponibles podrían contribuir a mejorar el manejo de la política económica y el propio desempeño de las empresas con el diseño y estimación de modelos que especifiquen con mayor detalle el comportamiento del sector empresarial.
Sin embargo, además de existir un problema de calce entre la oportunidad de la difusión de resultados y la implementación de medidas de política económica; en realidad ya existen instrumentos alternativos de recolección de datos vía ministerios, el INEI y otras fuentes públicas, y privadas tipo Infocorp o empresas Top 10,000, que permiten realizar estas funciones. Las entidades que hoy requieren de información para tomar decisiones de crédito ya la reciben, y con mucho mayor detalle y capacidad de contrastación y verificación de la que se obtiene de los estados financieros.
La transparencia debe ser una virtud del sector público, y de sectores regulados con un claro objetivo de política pública. La transparencia no es una fortaleza o estrategia empresarial que se deba imponer para cumplir con la misión de negocios del sector privado.