Con una informalidad de alrededor del 50%, América Latina es una de las regiones que menos explota el uso de la información para agregar valor a los productos y servicios que comparten sus más de 600 millones de ciudadanos.

Tradicionalmente, las políticas públicas han apostado primero por la formalización y luego por el uso de datos, buscando mecanismos tributarios, regulatorios o de acceso al crédito. Si bien ha habido mejoras, lo cierto es que la informalidad sigue siendo un fenómeno crónico en la región y el COVID-19 amenaza con borrar lo avanzando en las últimas dos décadas.

¿Hay una segunda vía? Veamos tres ejemplos de cómo los datos pueden reducir la informalidad.

Primero, en países del este y sudeste del Asia es común tener una tarjeta o un código QR para pagar los servicios de transporte y que además pueden ser usados para realizar compras en pequeños establecimientos al paso, incentivando que el negociante esté bancarizado y sea formal. Más aún, esta información luego puede ser analizada para identificar patrones de compra y mejorar la propuesta de valor de los negocios.

Segundo, las nuevas regulaciones de open banking en Europa han favorecido el surgimiento de miles de emprendimientos que usan los datos de millones de usuarios de múltiples bancos de manera compartida para brindar servicios financieros más competitivos. Al cruzar más información se puede tener un mejor perfil del riesgo. Nuevamente, el pequeño negocio tiene el incentivo para estar bancarizado.

Tercero, la crisis del COVID-19 ha evidenciado que nuestros sistemas de salud son sumamente precarios, con serios problemas de cobertura y atención primaria. La historia clínica electrónica y la interoperabilidad entre hospitales mejoraría la atención; y, con el uso de los datos, se podrían generar algoritmos que alerten de manera temprana los riesgos de salud de las personas. Mientras más usuarios integren este sistema, los beneficios, gracias al uso masivo de la información, serán mayores.

Ahora pensemos en un pequeño negocio cercano a una estación de transporte público que gracias a las ventas con código QR recibe más clientes, su registro de ventas es usado por una fintech para darle un crédito más barato y cuando le toca su chequeo rutinario se le alerta oportunamente que debe cambiar sus hábitos de nutrición si quiere evitar riesgos mayores de salud. Viendo todos estos beneficios, no tiene mayor oposición para que, cómo decimos los latinos, un poquito vaya al fisco.

Quizá sea el momento de dejar de pensar en formalizar y pensar más en “datizar”, que lo otro viene por sí solo.

Esta crisis encuentra a las familias, sobre todo de clase media, mejor preparadas y con un mejor nivel de ahorros y activos. Sin embargo, las empresas deben de estar atentas a los cambios en el comportamiento de los hogares post-Covid. En este contexto, hay cuatro características claves que ayudan a entender cómo está cambiando el consumidor de clase media.

Primero, los consumidores se comportan de diferente forma ante la crisis. En un estudio llevado a cabo por APOYO Consultoría, identificamos cuatro segmentos de consumidores de acuerdo con sus actitudes frente al Covid-19. El 23% de los consumidores está dispuesto a asumir riesgos de contagio con tal de trabajar; mientras un 17% prefiere perder ingresos con tal de no contagiarse. Asimismo, existen consumidores muy preocupados por la respuesta social de las empresas (29%), y otros a quienes el tema no les importa siempre que obtengan productos y servicios de calidad a buen precio (31%). Entender estos comportamientos diferenciados, que reflejan niveles de aversión al riesgo y distintas disposiciones de gasto, es el primer paso para que las empresas puedan ajustar su propuesta de valor.

Segundo, tenemos un consumidor más dispuesto a utilizar lo digital, pero todavía a niveles bajos en comparación a los canales tradicionales. El uso de medios digitales se duplicó durante el Covid-19; sin embargo, el 75% de los consumidores de clase media en Lima y Callao aún no utiliza este medio. Esto sugiere un enfoque mixto en las estrategias comerciales de las empresas, introduciendo los canales digitales gradualmente a sus clientes, pero sin descuidar los canales físicos. La pandemia ha impulsado la digitalización y las estrategias omnicanales de las empresas.

Tercero, el consumidor es más exigente con la respuesta social de las empresas. Esta tendencia, que ya se veía en economías desarrolladas, parece estar tomando fuerza en nuestro país. En el estudio mencionado, preguntamos si el consumidor dejaría de comprar a empresas que no actúen de manera socialmente responsable y encontramos que más de la mitad de los consumidores sí lo harían aun cuando el producto sea de calidad y buen precio; esta actitud está concentrada principalmente en la población joven. Es importante tener en cuenta esta posición del nuevo consumidor que incorpora nuevos atributos a su decisión de compra.

Cuarto, el sector salud es el de mayor perspectiva de crecimiento. No solo desde el punto de vista público, donde se ha anunciado un presupuesto histórico para el próximo año; sino también en la disposición de gasto de los consumidores por servicios privados. De hecho, más del 40% de consumidores de clase media en Lima y Callao piensa gastar más en salud y adquirir un seguro de ser necesario. La necesidad es aún mayor entre aquellas personas con empleo informal, que carecen de servicios primarios de atención de salud. El nivel de retraso en la cobertura de salud ha quedado en evidencia con el Covid-19. Además de la atención pública, hace falta una oferta privada económica y flexible que permita cubrir a la gran parte de la población que depende de un trabajo informal.

Las empresas deben estar preparadas para la nueva normalidad y ajustar sus propuestas de valor y estrategias comerciales. Es clave estar cerca del consumidor tanto en las buenas y como en las malas.

A principios de los ochenta, las empresas y los gobiernos identificaron que los impactos esperados de este insignificante supuesto de programación sobre las industrias y servicios intensivos en datos podrían ser enormes, y de un alcance global. No se trataba simplemente de poner un parche a los programas. Se implementaron acciones para reparar, prevenir y solucionar el problema. El costo global fue de uno US$ 450 mil millones. Cuando llegó el año 2000, no pasó prácticamente nada. Si bien se criticó el Y2K como una sobrerreacción colectiva, con un costo excesivo y no del todo necesario; la mayoría de los especialistas concuerda que se resolvió una fuerte disrupción negativa mediante una alta coordinación de los sectores público y privados. Ayudó, claro está, el hecho de que se conocía el problema y la fecha del riesgo con bastante antelación.

Desde 1966, ha habido siete antecedentes de virus que han saltado de animales a humanos; y existe un número relativamente grande de virus que podrían volver a hacerlo. La aparición del Covid─ 19 era un evento de baja probabilidad pero que estaba dentro de lo posible, tal como lo previó Bill Gates hace 5 años, aunque sin fecha cierta a diferencia del Y2K. El costo de no haber estado preparado para este choque real global ha sido evidente para todos.

Ahora todos estamos viviendo y siendo testigos desde hace varias décadas lo que podría ser un choque real enorme y con riesgo de irreversibilidad: el momento de quiebre del cambio climático. A diferencia del Y2K, y del Covid─ 19   ─que se espera se resuelva relativamente rápido cuando su vacuna esté lista─ no hay un quick fix, y al igual que el Covid─ 19, no hay una fecha cierta.

Si continuamos con una trayectoria de seguir emitiendo gases de efecto invernadero que impliquen que la temperatura promedio aumente en 3 ͦC grados respecto a la época preindustrial, algunos consideran que a mediados de este siglo se derretiría los casquetes polares, elevando el nivel del mar considerablemente. En el Perú, los glaciares andinos podrían desaparecer del todo, la Amazonía sufriría una sequía con el potencial de destruir el bosque aumentando a su vez más aún las emisiones. Buena parte de la población se enfrentaría condiciones letales por el calor.

Existe desde el 1992 una institución de negociación internacional para reducir las emisiones. A pesar del acuerdo, los países juegan estratégicamente para minimizar sus compromisos de reducción de emisiones, lo que posterga los plazos y eleva el riesgo.

En el caso peruano, se ha definido sus compromisos de medidas para reducir sus emisiones, así como los proyectos de inversión de adaptación. Sin embargo, es conveniente elevar significativamente el nivel de esfuerzo interno para estar preparados para la transición en las próximas tres décadas, y adaptarnos a los cambios en un contexto de aparato productivo con menores emisiones.

Existe un espacio, no comprometido formalmente, para adoptar políticas que nos permitan reducir emisiones con mayor agresividad, como en la política tributaria en energía, y especialmente en áreas para adaptarnos al cambio donde existen debilidades estructurales en la gestión y capacidades del sector público como en los sectores forestal, recursos hídricos, y manejo de residuos sólidos. ¡Es una lección claramente aprendida de la pandemia!

Luego de la tormenta siempre vendrá la calma, y la historia de recesiones económicas en el mundo lo demuestran. La crisis de 1975 fue seguida por un crecimiento del 5% al año siguiente y los tres años siguientes por encima del 3%. Luego de la crisis del 2009, la economía mundial tuvo años consecutivos de crecimiento de 4% y 3%. Aún no sabemos del todo con qué velocidad se dará la recuperación de la crisis actual, pero sí que va a pasar.

Quizá el mejor ejemplo de una empresa que ajustó su estrategia durante una crisis es Amazon. En el 2009, Amazon identificó nuevas necesidades de sus clientes e incorporó en su portafolio productos de menor precio. Gracias a ello, elevó su facturación en 30%, cuadruplicando el valor de su acción a finales de ese año. Otro ejemplo similar es Hyundai, que también en el 2009 creó Hyundai Assurance. Al identificar en los consumidores el temor por la inseguridad laboral, lanzaron este programa que ofrecía a sus clientes la posibilidad de abandonar la obligación del préstamo ante hechos como la pérdida de empleo o la quiebra de su negocio. El programa tuvo gran acogida y permitió a Hyundai elevar sus ventas en 15% durante la crisis. Al revisar estos y otros ejemplos (Netflix, Sanofi, etc.), encontramos que todos tienen algo en común: entender las nuevas necesidades de sus clientes y adaptar su estrategia comercial para atenderlas.

El COVID-19 ha impulsado cambios importantes en el consumidor, algunos temporales, pero otros permanentes. Algunas personas no variaron su comportamiento, otras más bien modificaron drásticamente su manera de vivir y, con ello, su relación con el mercado.

Las empresas peruanas están intentando entender estas nuevas necesidades y ya empezaron a ajustar sus estrategias para poder atenderlas. Todos aplaudimos el giro que hizo, ante la necesidad de abrir sus puertas, la Pastelería San Antonio. Los centros comerciales están ofreciendo zonas compartidas de entrega de productos tanto peatonales como para autos. La industria inmobiliaria está vendiendo de manera digital, con clientes que visitan sus futuros departamentos de manera virtual. Los concesionarios de autos están abriendo tiendas virtuales, en las cuales uno puede seleccionar el modelo y color del auto, accesorios y cada detalle de manera digital y en tiempo real.

Hace unos días fuimos testigos del anuncio de la mayoría de las aseguradoras sobre la cobertura total por gastos relacionados con el COVID-19, esto alineado con el esfuerzo que vienen haciendo para estar más cerca de sus clientes. Las plataformas para ventas digitales y las operaciones logísticas de última milla se están perfeccionando en todas las industrias. Todos venimos haciendo esfuerzos para ajustar nuestro negocio a lo que nuestros clientes requieren, pero ninguno de estos esfuerzos dará resultados al 100% si no nos preocupamos primero por entender realmente a nuestros ‘nuevos’ clientes.

Hoy, es imprescindible que la agenda estratégica dedique tiempo en identificar los nuevos segmentos de mercado y las oportunidades de nuevos negocios. En algunos casos habrá que ajustar la estrategia de canales, en otros se deberá complementar el portafolio de productos y servicios, quizá algunos tendrán que construir capacidades distintas o incluso cambiar su modelo de negocio. Al final del día, solo conociendo otra vez a nuestros clientes podremos hacer los ajustes necesarios para ofrecer una mejor propuesta de valor.

A: El PBI de Perú se contraerá en más del 14 por ciento este año. La razón principal de esto es el bloqueo prolongado y drástico de nuestra economía. Entre marzo y finales de abril, solo del 40 por ciento al 50 por ciento del aparato de producción estaba funcionando después de la aplicación de restricciones más estrictas que en otros países. Esta decisión se tomó porque el precario sistema de salud peruano no estaba listo para enfrentar una pandemia como el COVID-19. La segunda razón fue un proceso muy deficiente de reapertura de la economía, que comenzó en mayo. Ha sido muy lento y burocrático: para reabrir, las empresas tuvieron que presentar su solicitud completando formularios largos que se comprometían a cumplir con los protocolos, que debían ser autorizados por el ministerio de su sector. Solo a principios de junio cambió a un sistema de declaraciones juradas para el cumplimiento de los protocolos. Desafortunadamente, el diálogo entre el sector público y el privado no funcionó correctamente. Durante el cierre, el gobierno implementó programas de transferencia de efectivo de ayuda directamente a la población vulnerable, que fueron parcialmente efectivos debido a problemas con la focalización y efectividad para llegar a estas familias; y programas de ayuda para empresas, el más importante es Reactiva: US$8 mil millones en líneas de crédito para empresas, a través del sistema bancario, con garantías gubernamentales del 80 por ciento al 98 por ciento. La economía peruana probablemente se recuperará su nivel anterior a Covid-19 para la segunda mitad de 2021. Sin embargo, en el camino para llegar allí, debe superar dos obstáculos: el creciente populismo del Congreso que fue elegido en enero, que genera riesgos regulatorios, y el de abril de 2021 elecciones generales, que probablemente causarán incertidumbre y, por lo tanto, afectarán la inversión privada.

Su presidente ha justificado este sesgo populista sosteniendo que solo están reaccionando ante el “clamor popular”. Este existe, indudablemente, ante las múltiples necesidades insatisfechas, agudizadas en medio de la pandemia. Pero precisamente el arte de legislar consiste en producir buenas leyes sobre la base de estudios técnicos solventes y siguiendo un debido proceso de amplia deliberación y riguroso análisis, donde se sopesen con transparencia argumentos, se discutan otras medidas potencialmente más eficaces y menos costosas para lograr el objetivo buscado, se evalúen costos y beneficios y se identifiquen eventuales efectos no deseados de la propuesta.

Nada de esto viene ocurriendo. Basta ingresar al repositorio de proyectos de ley del Congreso y revisar aleatoriamente varios de ellos para constatar la ligereza de las propuestas, la pobreza de las exposiciones de motivos y la ausencia absoluta del análisis costo-beneficio exigido por nuestro marco normativo. Este se ha reducido a una frase: “el proyecto no irroga gastos al Tesoro”, como si el único costo posible fuera el fiscal. La ley que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarios es un buen ejemplo. Los únicos beneficiarios durante la emergencia son los transportistas de carga privados. En el corto plazo, obviamente que hay un costo, que lo asume el concesionario. Pero es previsible que este demande una compensación al Estado y, muy probablemente, de terminar el caso en un arbitraje, lo gane. Incumplir contratos es oneroso, como lo acaba de experimentar la Municipalidad de Lima frente a Rutas de Lima por un tema incubado en la gestión anterior, pues deberá pagar S/230 millones.

Peor aún, se está incurriendo cada vez más en la peligrosa práctica de exonerar proyectos de su envío a comisiones. Es precisamente en este espacio donde se convoca a especialistas y partes interesadas formalmente representadas, se invita a representantes del Poder Ejecutivo, se revisan experiencias y se hace transparente el debate. En un Congreso que, salvo honrosas excepciones, carece de parlamentarios experimentados o con credenciales profesionales reconocidas, la exoneración de ese trámite es aún más riesgosa. Además, aprobaciones entre gallos y medianoche facilitan el pase de contrabandos mercantilistas, como la reciente norma que formaliza el transporte en taxis colectivos. Es difícil de creer que, en medio de la pandemia, una norma de esta naturaleza pudiera ser considerada urgente –peor aún, cuando por las características de ese servicio muy probablemente contribuirá a la expansión del virus–. Esta incontinencia de iniciativas legislativas populistas sobrepasa el ámbito económico, por cierto, e incluye propuestas, como el retorno al servicio militar obligatorio, que afectan los derechos individuales de las personas.

Legislar por impulso genera un riesgo regulatorio inmenso, sobre todo cuando estamos atravesando la peor crisis económica mundial desde la Gran Depresión. Apoyo Consultoría estima que el PBI caerá este año entre 14% y 20%. Así como la fría cifra de un terremoto de ocho grados no se entiende hasta que videos y fotos nos muestran su efecto devastador, ese nivel de contracción de la producción solo lo comprenderemos en su real dimensión cuando en los siguientes meses veamos en las calles y noticieros imágenes que reflejen el retorno a niveles de pobreza que no veíamos hace más de una década, cuando presenciemos quiebras de empresas que conocemos y cuando tengamos a muchos amigos y familiares desempleados sin opción de recolocación.

El daño del COVID-19 a nuestra economía dependerá de cuánto tiempo tome controlarlo y de cuán eficaz sea el proceso de apertura económica –que, lamentablemente, está muy trabado por las carencias de capacidades de gestión en carteras claves para la actividad productiva–. Cuando la pandemia haya desaparecido, corremos el riesgo de que la inversión privada –motor indispensable para la reactivación, generación de empleos y recursos fiscales– encuentre que las reglas y garantías básicas para el buen funcionamiento de la economía han sido socavadas.

Como lo han anotado varios analistas políticos, el Gobierno es corresponsable de la gestación de este Congreso. Pero lo es más de no haber hecho un trabajo político mínimo para acercarse al Congreso y construir relaciones con bancadas y congresistas que se constituyan en interlocutores válidos del Ejecutivo. Pareciera que es tarde para ello y que solo cabría espacio para los gestos políticos –modalidad predilecta del presidente Vizcarra de hacer política–. Cabe preguntarse si, así como estuvo dispuesto a hacer cuestión de confianza por la institucionalidad política, estará dispuesto a hacerlo por la económica.

El presidente Vizcarra debiera ser consciente de que los recursos fiscales que el Estado hoy dispone y que orgullosamente utiliza para apoyar a las familias y la actividad productiva en estas difíciles circunstancias –en volúmenes que la gran mayoría de países latinoamericanos no tiene– son ahorros públicos inéditos en nuestra historia, acumulados, mal que bien, gracias al modelo que los congresistas parecieran pretender destruir.

Luego de que pase esta crisis necesitamos armar un comando que centralice la reforma (replicando el trabajo del Comando Covid-19) comenta Miguel Figallo, asociado senior de Consultoría Económica de APOYO Consultoría en su artículo publicado hoy en el diario Gestión.

Lee el artículo completo aquí.

Conoce las principales medidas que las empresas deben de desplegar y qué deben de priorizar, en el artículo publicado en el diario Gestión. Puedes leerlo aquí.

La disrupción en las economías de las familias y empresas de todo tamaño y sector (unos más que otros, por supuesto) recién está comenzando y cuando iniciemos el retorno a la normalidad, enfrentaremos un mundo en recesión y una altísima incertidumbre sobre futuras restricciones al funcionamiento de la economía.

En tal contexto, la respuesta de política económica debe ser rápida, temporal y enfocada, pero también fuerte. El objetivo debe ser que la contracción económica que viene para el Perú sea lo menos profunda posible y la recuperación lo más rápida y robusta.

Hasta ayer, las medidas fiscales de emergencia equivalían a algo menos de 0,5% del PBI. Este esfuerzo debe ser multiplicado en el muy corto plazo, cuatro o cinco veces, a través de un paquete coherente y completo que combine aumentos temporales y focalizados de gasto corriente y subsidios, transferencias monetarias o de bienes, reprogramaciones de pagos de impuestos, entre otros. El Ejecutivo ya ha venido dando medidas en todos estos frentes, pero se necesita más.

También será necesario que las medidas dadas por la Superintendencia de Banca y Seguros para facilitar la reprogramación de deudas se sigan complementando con las acciones del Banco Central de Reserva enfocadas en ampliar el acceso a la liquidez de las instituciones financieras. En este frente, es clave reducir el riesgo de caer en la combinación perversa del coronavirus, caída en el crecimiento económico y restricciones financieras. Si queremos que el regreso a la normalidad – que será difícil– sea lo más rápido posible, no debemos permitir que el COVID-19 quiebre las economías de familias y empresas.