El pasado 3 de junio, durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso de la República, la superintendenta de la SBS, Socorro Heysen, mostró su preocupación por los 19 proyectos de ley (PL) que el Legislativo tiene en cartera y que plantean la condonación e imposición de topes a los intereses que cobran las entidades del sistema financiero por los créditos otorgados. Es entendible que se evalúen alternativas para aliviar a familias y pequeños negocios, cuyos ingresos han sido fuertemente afectados por la crisis económica. Sin embargo, estas medidas generarían serios impactos en la estabilidad del sistema financiero y sobre la inclusión financiera de los sectores más afectados.

Si se condonan temporalmente los intereses de las deudas, las entidades tendrían una fuerte caída en sus ingresos, pues los intereses son su principal fuente de recursos. Esto se agravaría dado que más del 30% de las colocaciones del sistema se han reprogramado y en donde –solo en Lima– más de 1.2 millones de personas han perdido su empleo y tendrán dificultades para cumplir con sus pagos. Esto podría llevar a las entidades a una posible situación de insolvencia. Las más perjudicadas serían aquellas concentradas en consumo y MYPE, como las financieras, cajas municipales y rurales, que representan el 65% de las colocaciones a la microempresa y despliegan parte fundamental del esfuerzo de bancarización a nivel regional. Parte de los intereses que reciben estas es utilizada para pagar los intereses por los depósitos de los ahorristas. Si no hay intereses por los créditos, no se podría cumplir con los depositantes.

Además, si las entidades sufrieran estas pérdidas, algunas tendrían que ser rescatadas con fondos del Tesoro debido al impacto que su quiebra generaría en la cadena de pagos, o gatillarían la necesidad de inyectar recursos al Fondo de Seguro de Depósitos para honrar los depósitos de personas naturales y jurídicas. Actualmente, el Tesoro tendría mayores dificultades para este propósito, como sostiene la calificadora Fitch Ratings en su último reporte, en el que rebaja la clasificación crediticia de la deuda soberana del Perú e indica que nuestras finanzas públicas ya no son una fortaleza.

Por otro lado, si se impusieran topes a los intereses que cobran las entidades financieras, estas probablemente no otorgarían créditos a las personas o empresas con mayores necesidades, que requerirían una tasa de interés más alta. Así, los sectores más riesgosos y que representan los mayores costos operativos para las entidades – familias de bajos ingresos y microempresas no bancarizadas– serían los más perjudicados, su acceso a la oferta crediticia sería restringido y se verían obligados a buscar a prestamistas informales, a tasas muy por encima de las que obtienen en el sistema.

En resumen, con estas medidas, los principales perjudicados serían los sectores a los que los PL buscan aliviar. Al igual que con el caso de los cobros de los peajes y la liberación de los fondos de las AFP, estas iniciativas legislativas no evalúan adecuadamente los costos que generan. Es crucial que los parlamentarios contemplen los efectos que tendrían sobre la sostenibilidad del sistema financiero, que representa uno de los pilares de la estabilidad económica e inclusión financiera del país.

Se entiende la buena voluntad de los parlamentarios en querer colaborar en la grave situación por la que atraviesa el país, pero podrían complicar aún más los esfuerzos del Gobierno para contener la expansión del virus y mitigar su impacto en la economía. Ello por dos motivos. Por un lado, se duplican y traslapan los esfuerzos de las autoridades dado que el Ejecutivo ya ha formulado medidas en esta línea; por el otro, los proyectos del Legislativo contienen elementos que pueden generar un impacto negativo relevante sobre el funcionamiento de la economía, en especial en la situación de las familias en el largo plazo.

Uno de los temas más controversiales ha sido la propuesta de permitir el retiro de los fondos ahorrados en las AFP o una parte de ellos (el actual Congreso ya habría presentado al menos 25 proyectos en este sentido). No obstante, hacer un cambio apresurado en el sistema privado de pensiones (SPP) -en lugar de una reforma debatida y que cuente con el debido sustento económico- podría no ser lo más adecuado. Lo mejor sería buscar otras alternativas como las que está formulando el Ejecutivo para dotar de liquidez a las familias. El coronavirus es temporal, la vejez no.

Además, el retiro de los aportes también afectaría el valor de los fondos para aquellos que decidan dejar sus ahorros en el sistema previsional. La rentabilidad de las AFP se genera a través de la inversión de estos fondos en activos de largo plazo. En consecuencia, si se solicita de manera repentina la devolución de los aportes, las AFP tendrían que liquidar inversiones a precios bajos para devolver el dinero de aquellos que lo soliciten, lo que afectaría negativamente la rentabilidad e ingresos de todos los que ahorran en el SPP.

Una alternativa como permitir el retiro gradual y acotado de aportes a quienes tengan un fondo muy pequeño o que aportaron por un periodo breve es una mejor opción. Pero incluso en esa situación, aquellos que la tomen materializarán sus pérdidas en un mercado que registra caídas históricas.

¿Qué debería hacer el Congreso? Dejar que el Ejecutivo maneje la respuesta a la crisis y no abrirle más frentes de debate en un momento tan difícil. Hay que darle el tiempo y espacio para proponer e implementar las medidas de emergencia. El Parlamento podría priorizar lo que fue su mandato principal: permitir que lleguemos a las próximas elecciones con mejores reglas para así aspirar a un mejor sistema político. Solo así será posible mirar al 2021 con optimismo. Este es un momento de unión, pero también de división de tareas.