Entre las medidas se encuentran el otorgamiento de un bono para las familias más vulnerables y el aumento del presupuesto del programa de alimentación escolar Qali Warma

Frente al aumento de los precios internacionales como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, APOYO Consultoría ha propuesto cuatro medidas en vista de enfrentar este panorama. Ello a partir de políticas públicas focalizadas y transitorias que permitan proteger la economía peruana y la población más vulnerable.

“Es un golpe a la economía peruana bien importante y que tiene el potencial de afectar a la población de menores ingresos, la cual ya estaba afectada por el deterioro del empleo de calidad”, comentó José Carlos Saavedra, socio de APOYO Consultoría.

Las cuatro medidas propuestas son

1. Uso del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles para contener el incremento de costos.

2. Aumento del vale de descuento para el Gas Licuado de Petróleo (GLP).

3. Otorgamiento de un bono para las familias más vulnerables que cubra el incremento del costo de la canasta básica debido al aumento de la cotización de los alimentos que importamos.

4. Aumento del presupuesto del programa de alimentación escolar Qali Warma que compense el incremento en el costo de los alimentos entregados.

“Estas medidas combinadas permitirán aliviar el impacto del choque externo sobre la economía peruana y proteger el bienestar de las familias más vulnerables, con medidas temporales, bien focalizadas, que no afecten la sostenibilidad de las cuentas fiscales”, subrayaron en el documento.

Saavedra comentó que APOYO identificó estas propuestas a partir del cumplimiento de tres condiciones: focalización, transitoriedad y rapidez en la implementación.

El detalle de las medidas

Incremento del vale de descuento del gas en S/15 al mes

De acuerdo con la firma, es más eficiente llegar al consumidor final pues la cadena de distribución del gas tiene muchos intermediarios que podrían absorber parte del subsidio, dejando un beneficio más bien limitado para el consumidor.

“En los últimos 3 meses, el balón de 10 kilos subió S/15, desde S/50 en diciembre de 2021 hasta S/65 en marzo. El vale actual de S/20 mensuales beneficia a alrededor de 800 mil familias, por lo que aumentar el vale en S/15 adicionales tendría un costo fiscal de cerca de S/40 millones en un trimestre”, escribieron.

Ampliación por 3 meses del uso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) a la gasolina de 84 y 90 octanos y al GLP a granel

Recientemente, el Minem anunció el ingreso de la gasolina y el gasohol al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC).

APOYO Consultoría saludó esta iniciativa y afirmó que se requerirá que los pagos de las compensaciones sean rápidos y no se acumule un retraso que podría afectar la caja de las empresas petroleras.

“Si el precio del petróleo se mantiene en US$108 por barril y la banda superior se fija en US$85 por barril, el costo en el trimestre sería alrededor de S/1 250 millones, por un subsidio de alrededor de S/2 por galón para todos los derivados de petróleo, excepto los gasoholes de alto octanaje”, resaltaron.

Bono de S/100 a las familias más vulnerables

La medida buscaría compensar el aumento de los commodities alimenticios como el trigo, el maíz y la soya, que eleva el costo mensual de la canasta básica de manera temporal en S/33 por mes. Según APOYO, este debería ser un solo bono que cubra el aumento de la canasta de tres meses, que se otorgaría a las familias de los niveles socioeconómicos D y E, que aún no se recuperan del impacto negativo de la pandemia sobre sus ingresos.

“Asumiendo que el bono cubriría aproximadamente a 6 millones de familias, 4 millones del área urbana y 2 millones del área rural, el costo fiscal sería de S/600 millones. Cabe señalar, que la canasta rural no se ve tan afectada como la canasta urbana, pues los productos alimenticios que la componen tienen menor contenido importado, por lo que el bono permitiría cubrir parcialmente el aumento del precio de la urea, el principal insumo agrícola del sector rural”, afirmaron.

Se debe garantizar que el presupuesto para el programa de alimentación Qali Warma cubra las necesidades proteicas que cubría cuando los precios eran menores

Según la firma, el programa permite complementar la alimentación básica de más de 4 millones de escolares a nivel nacional, con la entrega de alimentos a los estudiantes. Comentaron también que este programa se ha vuelto aún más relevante en un contexto en el que las familias de menores ingresos están enfrentando dificultades económicas para mantener su canasta de consumo. En ese sentido, remarcaron que es importante asegurar que el alza de precios no afecte la cobertura del programa.

“Asumiendo que los costos de los alimentos entregados hubiesen aumentado 20%, el presupuesto adicional trimestral para Qali Warma sería de casi S/100 millones”, precisaron.

En caso de que el panorama internacional no revierta esta tendencia, la firma recomendó evaluar una ampliación en la duración de estas medidas.

En el mediano plazo

El Consejo de Ministros sesionó este jueves de manera extraordinaria y entre los temas que fueron evaluados se encuentra la propuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Al respecto, Saavedra refirió que esta medida beneficiaría a los trabajadores formales –quienes no serían los más afectados por el contexto– y no se enfocaría, realmente, en mejorar la calidad de los empleos actualmente vigentes.

“Hay que tener cuidado con diseñar medidas adecuadas y de acuerdo con la naturaleza de este choque adverso”, refirió.

“En esta coyuntura, debemos tener un Gobierno que busque mecanismos para promover la inversión y la generación de empleo formal”, concluyó.

Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de APOYO Consultoría, hace una evaluación sobre la gestión del actual gobierno y de cómo impactará en el desempeño de la economía en los próximos años.

Según el economista, esta preocupación de los empresarios y de una parte de la ciudadanía se sustenta en la percepción de degradación acelerada y profunda de la calidad del Estado. Señaló que no existe en el MEF ni en ningún ministerio productivo una agenda de crecimiento y menos una agenda de competitividad.

—La cotización del dólar se ha reducido desde el máximo de S/4,14 a S/3,84. ¿Eso significa que el ruido político se disipó?

El sector empresarial y también una parte de la ciudadanía han pasado de un estado de temor a uno de profunda preocupación. Ya sabemos que la posibilidad de una asamblea constituyente es lejana, temas como expropiaciones, etc., fueron desestimados por muros de contención de la sociedad que están funcionando. En la medida en que parte de este riesgo político se ha reducido, el precio del dólar ha bajado. Sin embargo, este sentido de preocupación se va a reflejar en las cifras que se vienen en este año.

—¿Qué es lo que preocupa a los empresarios?

Hay una inmensa preocupación porque el gobierno del presidente [Pedro] Castillo por lo visto hasta ahora, en estos seis primeros meses, es muy malo. Este es un gobierno que no tiene visión, que no tiene liderazgo y que tiene y ha tenido varios gabinetes, cuyos miembros difícilmente, en su gran mayoría, salvo excepciones, nunca hubieran sido ministros en un gobierno normal.

—¿En qué otros aspectos recae esta preocupación?

En este gobierno se han repartido cargos de alto nivel en unidades técnicas, ministerios, instituciones, etc., a gente que no tiene la capacidad, el conocimiento, la experiencia y, en muchos casos, la integridad para poder hacerlo. Lo que se percibe es una degradación acelerada y profunda de la calidad del Estado, que afecta tanto a la actividad productiva como a los servicios que brindan a los ciudadanos. Este Estado no solo hace muy mal su trabajo, sino que puede regular muy mal, puede ejecutar muy mal las obras, no tiene agenda o la poca que tiene es una agenda equivocada.

Tenemos un Ministerio de Energía y Minas que debería promover la minería limpia y responsable, pero sus principales cuadros son antimineros. En un país minero como el Perú tenemos una primera ministra que es antiminera. También, Indecopi está con una agenda política claramente. En los siguientes meses se va a tener que nombrar a los presidentes de Osiptel, Ositrán, Osinergmin y Sunass. Es un inmenso riesgo que este gobierno siga nombrando personas que no tienen las calificaciones ni el conocimiento en cargos que afectan tanto el desarrollo de la infraestructura en el Perú.

—¿Cómo podría traducir esta preocupación en las cifras de este año?

En este año, de acuerdo con nuestros estimados, el PBI va a crecer alrededor del 3%. Esta tasa es muy baja considerando el entorno de precios de minerales en el mundo, que es extremadamente favorable. Pero este 3% esconde dos velocidades distintas de crecimiento. Las exportaciones están creciendo fuertemente, pero las actividades orientadas a la demanda interna no lo están haciendo. La inversión privada en este año se va a contraer en 4% y la inversión pública entre 1% y 2%.

No hay ningún proyecto minero de clase mundial que se esté iniciando. Seguimos viviendo de la línea 2 del metro, del aeropuerto Jorge Chávez, del puerto de Chancay y no hay nada nuevo. Entonces, no estamos sembrando para el futuro.

—¿Qué opinión tiene sobre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?

Pareciera que en el Ministerio de Economía creen que la única forma de hacer crecer la economía es cobrando más impuestos y regalando ese dinero. No existe en el MEF ni en ningún ministerio productivo una agenda de crecimiento, menos una agenda de competitividad. La palabra ‘competitividad’ desapareció. El ministerio de infraestructura por excelencia es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). APM Terminals acaba de retirar una propuesta de adenda para modificar el diseño de su expansión que iba a implicar una inversión de US$1.100 millones. ¿Dónde está el MTC? Está más preocupado en legalizar taxis colectivos que en cerrar las brechas de infraestructura.

—¿Cómo calificaría la gestión de la economía entonces?

No hay una gestión de la economía, no hay una agenda de trabajo en el campo económico en el Perú. Los tres principales retos que el Perú tiene como país son, en primer lugar, construir una institucionalidad política, que no hemos sido capaces de hacerlo. En segundo lugar, lograr que el Estado funcione para servir a los ciudadanos y facilitar la actividad económica. En tercer lugar, que la economía sea competitiva para que genere los recursos y redunde en un mayor bienestar en la población. En ninguna de estas tres áreas hay una sola idea que esté impulsando este gobierno.

La economía sigue creciendo por inercia. Parte del crecimiento de este año será producto de la inversión minera de años anteriores y todo lo demás es inercia. Por todo esto es que hemos pasado del temor a una profunda preocupación, que viene acompañada de tristeza para muchos de nosotros, porque nos ha costado 30 años construir confianza y en poco tiempo la estamos destruyendo.

—¿Hay algo positivo en este gobierno?

Lo único que ha hecho bien este gobierno y hay que reconocerlo es su programa de vacunación, es impresionante lo que hemos logrado. Es un buen ejemplo de continuidad de lo que dejó el presidente Sagasti.

—¿El empleo puede seguir deteriorándose?

El empleo formal va a continuar creciendo, pero venimos de tal caída que siempre vamos a estar a niveles por debajo de la pandemia. Hay una serie de iniciativas legislativas y regulatorias desde el Ejecutivo y el Congreso que lo único que van a hacer es poner más trabas al crecimiento del empleo formal. El panorama del empleo, lamentablemente, es desalentador para los próximos años y eso no se va a revertir con programas de empleo temporal o regalando el dinero.

Lamentablemente como la inversión es cada vez menor, se está generando muy poco empleo y por tanto se está condenando a la informalidad a nuestra población joven. Este gobierno muestra grandes simpatías con la informalidad y la ilegalidad. Lo hemos visto con los mineros informales, con los transportistas informales, con los cocaleros. Por un lado, muestran mucha simpatía para facilitar los negocios de estos sectores y las pocas cosas que hacen son para entorpecer la actividad económica, como por ejemplo la agenda del Ministerio de Trabajo.

—¿Podrían seguir saliendo capitales del país?

En general, no hay una gran vocación por invertir. El dinero está ahí, pero si es que hubiera alguna nueva señal de radicalismo, de intento de meter por la ventana la asamblea constituyente, algún intento fallido de expropiación, digo fallido porque no hay el marco para hacerlo, etc., evidentemente los capitales se ponen nerviosos. Hoy por hoy, están preocupados, pero no temerosos. A la primera que venga el presidente Castillo con una idea mala o un ministro con una propuesta fuera de lugar o un cambio en el Ministerio de Economía poniendo a alguien mucho más radical, indudablemente va a haber nerviosismo.

—¿A qué muros de contención se refería que están funcionando bien?

El Congreso es un muro de contención. El Congreso puede hacer algunas barbaridades también, pero sí está sirviendo de muro de contención de este gobierno. Otro muro de contención fundamental son los medios de comunicación. Los medios de comunicación están cumpliendo un rol fundamental para evitar excesos y denunciando muchos de los temas de los que hemos conversado. También están otros muros como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Contraloría y los gremios empresariales.

— ¿El fallo a favor de César Acuña en la querella al periodista Christopher Acosta puede afectar la fiscalización de la prensa?

Esperemos que la instancia superior revierta este fallo. Las investigaciones periodísticas serias son fundamentales para controlar el poder político y para promover la transparencia y limpieza en los actos públicos. Sería muy peligroso para nuestra institucionalidad que se siente un precedente de limitación de este ejercicio.

—¿Qué medidas se deben tomar con el derrame de petróleo de Repsol?

Aquí hay un tema que tiene que ser profundamente investigado. Todos los responsables tienen que ser sancionados dentro del marco de la ley y mientras se investiga y se sanciona, la empresa privada Repsol tiene que dedicar todos los recursos que sean necesarios para limpiar el desastre ecológico que se ha producido. Este es el marco en el que se tiene que mover esto. Las responsabilidades deben venir acompañadas de sanciones pecuniarias que pueden ser muy importantes. Ese es el castigo a esto, expropiar es un disparate.

—¿Qué mensaje le dejan las declaraciones que acaba de brindar el presidente?

Las declaraciones del presidente Castillo validan las preocupaciones que tenemos sobre la carencia de visión y de entendimiento de su función, así como la ausencia de respuestas en políticas públicas y gestión a los problemas urgentes y estructurales que enfrenta el país. Preocupa, además, una ausencia total de autocrítica.

—¿En qué debería reflexionar el presidente Castillo?

El presidente debe tomar consciencia de lo malo que es su gobierno, de esta degradación del Estado. Hay acusaciones de corrupción muy graves que caen cerca de él y que generan riesgos de toda naturaleza. Esa toma de consciencia debe venir acompañada de la meta de país que quiere devolver en el 2026 y de con quiénes puede lograr esa meta. Yo creo que no tiene claro qué país quiere devolver y, por tanto, quien lo acompañe o como lo acompañe termina siendo irrelevante.

Una opción es que el presidente tome consciencia de sus limitaciones y nombre a un primer ministro fuerte, con experiencia, que puede ser alguien de centro, centro izquierda, más cercano a lo que él piensa y permita al primer ministro que lleve a cabo políticas de Estado, convoque a un gabinete sensato, razonable y empecemos a cambiar de modo. Esto pasa porque el presidente reconozca que no tiene las capacidades para llevar adelante el país.

A: El PBI de Perú se contraerá en más del 14 por ciento este año. La razón principal de esto es el bloqueo prolongado y drástico de nuestra economía. Entre marzo y finales de abril, solo del 40 por ciento al 50 por ciento del aparato de producción estaba funcionando después de la aplicación de restricciones más estrictas que en otros países. Esta decisión se tomó porque el precario sistema de salud peruano no estaba listo para enfrentar una pandemia como el COVID-19. La segunda razón fue un proceso muy deficiente de reapertura de la economía, que comenzó en mayo. Ha sido muy lento y burocrático: para reabrir, las empresas tuvieron que presentar su solicitud completando formularios largos que se comprometían a cumplir con los protocolos, que debían ser autorizados por el ministerio de su sector. Solo a principios de junio cambió a un sistema de declaraciones juradas para el cumplimiento de los protocolos. Desafortunadamente, el diálogo entre el sector público y el privado no funcionó correctamente. Durante el cierre, el gobierno implementó programas de transferencia de efectivo de ayuda directamente a la población vulnerable, que fueron parcialmente efectivos debido a problemas con la focalización y efectividad para llegar a estas familias; y programas de ayuda para empresas, el más importante es Reactiva: US$8 mil millones en líneas de crédito para empresas, a través del sistema bancario, con garantías gubernamentales del 80 por ciento al 98 por ciento. La economía peruana probablemente se recuperará su nivel anterior a Covid-19 para la segunda mitad de 2021. Sin embargo, en el camino para llegar allí, debe superar dos obstáculos: el creciente populismo del Congreso que fue elegido en enero, que genera riesgos regulatorios, y el de abril de 2021 elecciones generales, que probablemente causarán incertidumbre y, por lo tanto, afectarán la inversión privada.

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