La Comisión multipartidaria del Congreso encargada de elaborar una propuesta de reforma del sistema previsional ha aprobado el proyecto de ley marco de creación del sistema integrado universal de pensiones. Es un muy mal proyecto. Se origina en un diagnóstico que ignora la realidad laboral y las restricciones fiscales del país, y destruye lo poco que funciona en materia de pensiones. Este Congreso ya ha generado mucho daño a la economía, a la credibilidad del país en su manejo de las finanzas públicas y a la capacidad de recuperación de la actividad productiva cuando se supere la pandemia. Esperemos que no añada esto a su lista de desaciertos.

Son dos los principales elementos que propone la reforma. El primero es la creación del Organismo Público de Pensiones que se encargaría de la afiliación, recaudación, prestaciones y políticas de inversión de todo el sistema. El segundo es la creación de una estructura “multipilar”, compuesta por un primer pilar no contributivo, con financiamiento estatal, que otorgaría una pensión básica universal a todos los mayores de 65 años; un segundo pilar contributivo, al cual aportarían los afiliados y sus empleadores, a dos fondos: uno de riesgo compartido y uno de riesgo individual; y un tercer pilar de ahorro voluntario.

Ninguna de estas propuestas apunta a solucionar sus verdaderos retos, pero, sobre todo, no toman en cuenta las variables que condicionan la reforma: la informalidad, la realidad fiscal y las capacidades institucionales del Estado. La informalidad produce un muy bajo nivel de cobertura del sistema. Apenas una cuarta parte de la población económicamente activa es aportante y, por lo tanto, podrá eventualmente aspirar a una pensión. La propuesta no contempla ningún esquema concreto y realista que empiece gradualmente a incorporar a ese 75% que está fuera del sistema. Por el contrario, al incluir un aporte de los empleadores (entre 1% y 5% de la remuneración), incrementa el costo de la contratación de las empresas formales. Ampliar la base constituye un desafío inmenso, que requiere creatividad y la revisión de experiencias de otros países, pero sin el cual, cualquier intento de reforma quedará restringido a los actuales afiliados.

Si no se logra que una parte significativa de los trabajadores ahorre en un sistema previsional, resulta inviable el ofrecimiento de una pensión básica universal financiada por el Estado, para todos los peruanos mayores de 65 años o con discapacidad absoluta o permanente, por más gradual que sea el proceso. Su aprobación constituiría una promesa vacía que solo generaría expectativas infundadas y presiones permanentes para su ampliación. Son muchas las necesidades que compiten por escasos recursos fiscales, que serán aún más escasos luego de la pandemia. Cualquier ejercicio sensato de proyección de ingresos tributarios mostraría la imposibilidad de implementar ese primer pilar propuesto más allá del actual Pensión 65.

Por tanto, la reforma parece centrarse en cambios para ese minoritario 25% del país que ya cotiza en una AFP o en la ONP. El Congreso pretende unificarlos en un solo sistema, gestionado por el nuevo organismo público, y tendrá un componente de capitalización individual, como el SPP, pero también un componente de reparto, como el de la ONP. Debe quedar claro que el fondo denominado de riesgo compartido es uno de reparto. Ambas son malas ideas. Es extremadamente riesgoso otorgar la administración de un portafolio que equivale al 20% del PBI a un nuevo ente público. Requiere de capacidades de gestión que carece el Estado y puede ser susceptible de presiones políticas. En segundo lugar, la creación del fondo de riesgo compartido implica que los ahorros de unos afiliados contribuyen a cubrir la pensión de otros. La incorporación de un elemento redistributivo en el sistema debiera ser financiado por el Tesoro Público, con la recaudación impositiva general, y no por los trabajadores sujetos a planilla. En una eventual transición a ese sistema, sería posible –como han sugerido economistas asesores de la comisión– que una parte significativa de los ahorros de las cuentas individuales de los afiliados a las AFP existentes sean transferidos al fondo compartido. Ello constituiría una flagrante confiscación que seguramente conllevaría acciones judiciales.

Así, pareciera que la principal motivación de la reforma fuera la de destruir el sistema privado de pensiones para obtener réditos políticos. Sin embargo, la percepción de los congresistas es incorrecta, pues no escuchan a quienes son los directamente afectados sino solo a los críticos del sistema, muchos de los cuales no pertenecen a ningún sistema. Según una encuesta de Ipsos realizada a afiliados, el 93% prefiere uno de cuentas individuales y el 69%, que este sea manejado por las AFP.

Es evidente la necesidad de una reforma dirigida a resolver los problemas centrales del sistema: su limitada cobertura y el insuficiente nivel de las pensiones. Nada de esto arregla el proyecto. Una reforma que funcione será el resultado de un debido proceso, basado en un profundo análisis técnico y de la construcción de consensos políticos entre el Congreso, el MEF, entidades autónomas y conocedoras como la SBS y el BCRP y, por cierto, los propios afiliados. Es un grave error de un Congreso transitorio pretender apurar una reforma cuyos efectos nos acompañarán por décadas.

En el 2021 la economía mundial crecerá entre 4 y 5%. Será un proceso de recuperación moderado y muy diferenciado entre países, en función de los espacios que tengan para sostener políticas fiscales y monetarias expansivas y de la eficacia de la vacunación , entre otras variables. Dentro de esa heterogeneidad, destaca la reactivación de la economía china, que crecería en 6,5%. Esto es relevante para el Perú, pues el dinamismo de este país –y de Asia en general– conlleva una mayor demanda de materias primas, lo cual, en un contexto de restricciones de oferta de estos productos y bajas tasas de interés, genera una presión alcista de metales básicos, como el cobre. Lamentablemente, y a diferencia del período 2003-13, aprovechar esta coyuntura no será fácil, porque en los últimos años hemos debilitado los cimientos de nuestra economía.

Entre el 2003 y el 2007 los precios de nuestros productos de exportación aumentaron en promedio en 130%. La economía peruana creció, en promedio, 6,2% entre el 2003 y el 2013. La inversión privada aumentó a un ritmo promedio de casi 13% al año, creando empleos formales, reduciendo la pobreza a menos de la mitad, expandiendo la clase media y generando una mayor recaudación fiscal que pudo aumentar el gasto público. El Perú estuvo preparado para aprovechar el boom, sobre la base de una política macroeconómica seria y prudente , un sistema financiero sólido, reglas de juego que promovían la inversión privada y una apertura comercial agresiva que permitía a los productos peruanos acceder a mercados relevantes en condiciones favorables.

En los últimos años, en vez de promover el desarrollo de nuevos motores de crecimiento –como la industria forestal y la acuicultura, por ejemplo–, nos hemos dedicado a socavar aquellos que estaban funcionando. La minería fue la primera víctima. Mientras que en el período 2003-13 se ejecutaron proyectos de clase mundial como Las Bambas, Antapaccay, Constancia y Toromocho, y se ampliaron Cerro Verde, Antamina, Toquepala y Shougang, hoy –una vez que se culminen Quellaveco y Minas Justa–, no tenemos ningún proyecto de esa envergadura listo para ser ejecutado. En realidad, sí hay uno, Tía María, pero, a pesar de que involucra US$1.400 millones de inversión y nueve mil empleos en su etapa de inversión, nuestros gobernantes lo rechazan porque no han sabido o no han querido hacer frente a sectores opositores minoritarios pero ruidosos.

Otras actividades indispensables para nuestro desarrollo también han sido afectadas, como la infraestructura, donde la lista de proyectos “a ser destrabados” se mantiene intacta desde hace años. En este caso se combina la degradación de la calidad de las instituciones públicas responsables –reflejada en muchos proyectos mal concebidos y en los serios problemas de ejecución de inversión pública– con los efectos de la corrupción, que generaron desconfianza, temor e inacción en los funcionarios públicos.

La agroindustria se convirtió súbitamente en la última víctima de la demolición de motores productivos. Esta actividad pasó de exportar US$346 millones en el 2000 a casi US$6 mil millones en el 2020, gracias a empresas que desarrollaron conocimiento e innovaron para lograr exportar exitosamente productos impensables hace 20 años –como uvas y arándanos–. Ejemplo de colaboración público-privada, el mayor generador de empleo formal en los últimos años, hoy ve su crecimiento limitado por una apresurada y defectuosa ley, que además agrava las dudas sobre la estabilidad en las reglas de juego que toda inversión requiere.

El Congreso y el Ejecutivo son corresponsables de esta demolición. El primero es un fiel reflejo de la descomposición de nuestras instituciones políticas. Su filosofía legislativa la resumió, con candorosa sinceridad, el congresista de AP Jorge Vásquez: “Yo me siento satisfecho con el trabajo que estamos realizando [se] está poniendo… puntos, leyes que ningún Congreso se hubiese atrevido a hacer si es que hubiésemos tenido un análisis eminentemente técnico”. El populismo irresponsable que transmite esta declaración no requiere de mayor explicación.

El Ejecutivo puso bastante de su parte. Vizcarra nunca mostró interés real en una agenda de competitividad y crecimiento económico. Las secuelas de su desastroso manejo de la pandemia nos perseguirán mucho tiempo. El inútil cierre extremo de la actividad productiva trató de paliarlo con la entrega de bonos a la población que suman casi S/14 mil millones –factura que se pagará en los siguientes años–. Su incompetencia en la fallida adquisición de las vacunas retrasará la recuperación económica del país y generará un daño irreparable a actividades como el turismo.

En los siguientes meses la economía mundial continuará recuperándose, con precios de metales favorables para nuestro país. En el Perú veremos si esta agenda populista y destructiva queda instalada como la nueva realidad de nuestra economía o si somos capaces de retomar otra, que nos reconduzca a un sendero de crecimiento y prosperidad y, de paso, a aprovechar ese entorno internacional propicio. Son caminos divergentes, como la historia de países como Argentina demuestra. Está en nosotros decidir qué rumbo queremos tomar.

Hace semanas, comentábamos en este espacio cómo la combinación de una degradación en las políticas públicas –exacerbada por el aluvión de proyectos legislativos populistas que el Congreso generaba– y los cuestionamientos, muchas veces infundados, a la empresa privada, venían creando un entorno adverso para la inversión y, por tanto, para la recuperación económica. Estábamos aún lejos de un proceso de “argentinización” de nuestra economía –país del cual muchas empresas se están marchando–, pero la tendencia resultaba preocupante. Los eventos de las últimas dos semanas no hacen otra cosa que agravar esta percepción.

Tales eventos fueron el coletazo final de la crisis a la frágil institucionalidad política del país, acentuada a inicios de este quinquenio con la elección de un presidente con un Congreso mayoritariamente opositor. Cuatro presidentes de la República, un cierre del Congreso y cuatro intentos de vacancia presidencial –además de censuras a ministros y un gabinete sin voto de investidura, acto sin precedentes bajo la Constitución de 1993–, configuran un escenario de inestabilidad no distante de aquel período en la historia de Ecuador entre 1996 y el 2006, cuando tuvo siete presidentes y un lapso de tres días con gobierno acéfalo. En ese entonces, Ecuador era calificado como un país extremadamente inestable. No estamos hoy lejos de esa calificación. Y no debiéramos confundir con optimismo la sensación de alivio respecto a cómo se resolvió esta crisis. Optimismo teníamos –hoy queda claro que con infundadas razones– hace cinco o seis años, cuando pensábamos que podríamos acceder a la OCDE antes del bicentenario. En términos futbolísticos, en ese entonces celebrábamos la posibilidad de jugar la final de la Copa América; hoy, celebramos salvarnos del descenso.

Los analistas políticos resultan más calificados para evaluar las razones estructurales y circunstanciales que nos llevaron a esta crisis y la forma cómo, luego de meternos en un hoyo profundo y gracias al activismo de la población –sobre todo, de jóvenes que hasta entonces parecían indiferentes a la política–, logramos salir de él. Desde la perspectiva de la economía, podemos afirmar que este ha sido un quinquenio perdido. El crecimiento económico en el período 2016-21 será de apenas 1,4%, por debajo del correspondiente a la población. Cierto que la pandemia afectó esa tasa, pero su costo en actividad productiva pudo haber sido bastante menor con un manejo más inteligente, comparado con 4,7% del quinquenio previo y 6,8% del quinquenio 2006-11. La inversión privada en este quinquenio decreció a un promedio anual de 2,1%, frente a crecimientos de 3,3% y 15,1% entre el 2011-16 y entre el 2006-11, respectivamente. Como sabemos, sin crecimiento ni inversión privada no hay generación de empleo ni de tributos para financiar los servicios que demanda la población. La indolencia del gobierno del expresidente Vizcarra ha hecho que gran parte de los proyectos de inversión pendientes en el 2016 sigan sin iniciarse o retomarse: Majes Siguas, Chavimochic III, Tía María, tramos inconclusos de autopistas en el norte y sur del país, proyectos regionales como el aeropuerto de Chinchero o locales como la Costa Verde del Callao, etc. Y el mayor desafío de obra pública que teníamos, la Reconstrucción del Norte luego del Fenómeno del Niño Costero, muestra avances vergonzantes.

Ha sido un quinquenio perdido también porque no se sembró para el futuro en materia de reformas estructurales institucionales ni económicas. El gobierno de Vizcarra no nos deja legado en ninguno de los dos. En materia económica no impulsó ninguna reforma. Su Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y su Plan Nacional de Competitividad y Productividad muestran mínimos o nulos avances. Se dijo que reservaría su capital político para reformas en el sistema político, cosa que hizo poco y mal. Su principal iniciativa, la no reelección de congresistas, fue contraproducente y sus consecuencias seguirán sintiéndose en las próximas elecciones. Por ello, el actual Congreso resulta, mal que bien, fruto de su populismo; y su relación con él –sin una bancada propia ni el intento por conformar una dialogante–, expresión de su torpeza política.

El presidente Francisco Sagasti –persona íntegra, capaz y con la voluntad de hacer las cosas bien– puede contribuir a que cerremos este quinquenio con un mejor sabor. Su mandato es el de conducir democráticamente el país hasta el 28 de julio del 2021. Tiene el desafío de combatir la pandemia, reactivar la economía y lidiar con un Congreso que no sabemos si tendrá un cabal entendimiento del mensaje que la ciudadanía le envío en esta crisis y si continuará con el modus operandi de forzar respuestas populares facilistas y antitécnicas para problemas complejos.

No son tareas fáciles y su responsabilidad no es menor. La calidad de su gobierno tendrá un impacto, entre otras cosas, en el proceso electoral. Y el Perú no puede permitirse perder un quinquenio más. Esperemos que un ambiente de estabilidad permita recuperar en el 2021 la agenda reformista económica e institucional que se requiere y no distraigamos esfuerzos en abrirnos frentes promovidos por sectores radicales con agendas muy distintas, como el de promover una asamblea constituyente. Una nueva Constitución no hará surgir, por arte de magia, una nueva clase política, no transformará nuestro Estado en uno del primer mundo ni, mucho menos, impulsará nuestra economía.

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