Durante la última semana de junio, el Gobierno dispuso la creación de un fondo por S/500 millones destinado a promover el financiamiento de capital de trabajo para las Mype del sector turismo (FAE Turismo). Se espera que estos recursos alcancen a 20,000 empresas que operan en el sector.

El nuevo fondo es más generoso que sus antecesores —FAE Mype y Reactiva Perú— en tanto expande su alcance para admitir la participación de empresas con RUS — opción que a la fecha no es viable en los fondos anteriores—, permite dar créditos por montos equivalentes a cuatro meses de ventas o tres meses de deuda promedio —un mes más que los anteriores, en cada caso— y concede periodos de gracia de hasta 18 meses —seis meses más que los anteriores—.

Estas son definitivamente buenas noticias para un sector cuya contribución total — efectos directo e indirecto— fue estimada en 10% del PBI de 2017, según WTTC, que ha sido además fuertemente afectado por la crisis sanitaria y que es uno de los últimos que entrará en operación según el plan de reactivación. De acuerdo con el INEI, el rubro de hoteles y restaurantes, uno de los más importantes del sector, habría sufrido caídas abruptas del PBI —95% en abril— y de empleo —64% entre marzo y mayo—, con lo que se perfila como el sector con una de las más fuertes contracciones económicas.

A pesar de que estos fondos se suman a los esfuerzos que viene realizando el Gobierno a través del FAE-Mype y Reactiva Perú, que han puesto a disposición de las Mype una cantidad de recursos sin precedentes (S/800 millones y S/60 mil millones, respectivamente), existe una percepción extendida de que la primera etapa del financiamiento no llegó en la magnitud que se esperaba a las empresas más pequeñas del país.

Así, resulta esencial incorporar las lecciones de los últimos meses, parte importante de las cuales pasan por el ámbito operativo. Tanto en FAE Mype como en Reactiva Perú, y ahora en FAE Turismo, las entidades financieras se ven obligadas a presentar archivos físicos con extensos requerimientos de información y con propensión a errores involuntarios, lo que las expone a una posible revocación de las garantías que reciben. Este es uno de los factores responsables de que el desembolso de créditos sea lento y que se priorice a los créditos de mayor tamaño, a pesar de que las entidades han duplicado sus esfuerzos por colocar créditos y, en algunos casos, desembolsado a una velocidad de más de 10 veces del ritmo mensual usual. Por lo tanto, es una oportunidad para que el Estado invierta en tecnología para contar con una plataforma de información centralizada que reduzca esta carga operativa, acelere los procesos y abra el camino a la inclusión financiera.

Todo esto debe complementarse con incentivos para la participación de las entidades financieras. Sería recomendable ofrecer garantías de 100% para este sector — independientemente del tamaño del crédito—, y colocar ponderadores de riesgo de 0% para el total de los montos colocados (incluso para la porción no garantizada), con el fin de minimizar el efecto de estos créditos sobre los requerimientos de capital de las entidades.

Saludamos la medida en la que viene trabajando el Ejecutivo para reactivar el sector, pero es necesario que se creen los mecanismos necesarios para atender de manera efectiva y rápida a uno de los sectores que más necesita “curarse” de la pandemia.