La pandemia ha hecho evidente los beneficios de la conectividad al permitir seguir desarrollando un sinfín de actividades económicas mediante el teletrabajo, el comercio electrónico, y las plataformas de comunicación virtuales. Pero también hizo evidente la falta del cierre de la brecha en el acceso del internet, especialmente para poblaciones rurales y desatendidas. Si bien la brecha se ha ido cerrando, especialmente debido a la mayor penetración del internet móvil, actualmente un 24% de la población peruana aún no tiene acceso al internet.

Para cerrar la brecha no se requiere establecerlo como un derecho ciudadano. Tampoco sobre regularlo o peor aún entretener la idea del Estado operador. Lo que se requiere es generar las condiciones para invertir en el cierre de la brecha, y ejecutar mejor el rol subsidiario del Estado en este servicio.

Desafortunadamente, la difícil geografía del país y la dispersión de la población en más de noventa mil centros poblados, hacen que los tamaños de los mercados locales del internet sean pequeños, y que los costos de inversión para llegar a los pobladores sean altos. Ambos factores inciden sobre la poca viabilidad de ampliar el servicio.

La estrategia implementada en el gobierno del presidente Humala a través de la promoción de proyectos de inversión para construir una red dorsal nacional y regional bajo la titularidad del Estado no fue la adecuada. Se invirtió en regiones donde ya existían redes y se asumió que el crecimiento de la cobertura geográfica del sector privado no iba a ser suficiente. Sin embargo, las redes de fibra óptica de los operadores se extendieron de manera significativa, y se produjo un exceso de capacidad con la implementación del proyecto público que provocó un desplome en los precios mayoristas lo que quitó viabilidad a la red dorsal. En buena cuenta, no se siguió el principio del rol subsidiario del Estado.

Ello muestra nuevamente el despropósito que el Estado haya especificado y apostado en una sola tecnología como solución para el cierre de brechas que en sectores con alta innovación pueden caer fácilmente en un flagrante off-side.

No obstante, la altísima innovación en el sector de telecomunicaciones ha permitido ampliar la cobertura del internet en los últimos años, especialmente mediante el internet móvil. Así, la penetración del internet subió 35% en el último quinquenio. La propia dinámica del mercado y la competencia entre las empresas de servicios móviles, se encargarán por sí solas de cubrir la mayor parte de la demanda insatisfecha del internet móvil. Hay, sin embargo, una agenda pública para facilitar y acelerar este cierre de la brecha de internet. Básicamente es la asignación y gestión del espectro radioeléctrico, facilitar el despliegue de infraestructura mediante la eliminación de trabas burocráticas, y la reducción de los sobrecostos regulatorios.

Algunas tendencias recientes en las innovaciones ofrecen mejores perspectivas. Así, por ejemplo, la figura de operadores móviles rurales que extienden la infraestructura compartiéndola con otros operadores está mostrando un potencial para cerrar parte de la brecha de internet. Es muy promisorio también la introducción del internet satelital con el empleo de los satélites de órbita baja. Estos satélites ofrecen una baja latencia en la transmisión, pueden comunicarse entre ellos como una red en tierra y permitirían así que los usuarios muy alejados de las redes convencionales puedan acceder al internet.

Se requiere retomar el enfoque de aplicar una estrategia de las asociaciones público-privadas que sean neutras respecto a la tecnología y que los factores de competencia de las licitaciones sean basadas en metas de cobertura y de niveles de servicio, focalizar el presupuesto público en cofinanciar el acceso a nivel local en lugares públicos que concentren demanda, y adoptar un mecanismo de compras públicas que agregue efectivamente la demanda del servicio de internet de las entidades del sector público. La inversión privada juntamente con las intervenciones del Pronatel del MTC, dirigidas para la población de bajos ingresos y de interés social, deberían poder cerrar la brecha del internet en los próximos años.

La velocidad experimentada es menor que la contratada por varias razones —como el uso simultáneo de la conexión por varias personas, la cantidad de memoria libre que tiene el equipo informático, la calidad y estado del router —, pero la principal es la tecnología de acceso al internet.

Las tecnologías más comunes en el país son las de banda ancha fija (alámbricas) y las móviles (inalámbricas).

Dentro las de banda ancha fija predominan tres: las que emplean la red de cobre, las híbridas que emplean la red coaxial de televisión por cable con las de fibra óptica, y las que son solo de fibra óptica. Las dos primeras sufren de problemas de congestión si hay muchos usuarios conectados al mismo tiempo y no permiten acceso a muy altas velocidades. A pesar de ello, aún son las de mayor presencia en el mercado. Solamente un 5% de las conexiones de internet fijo son de fibra óptica.

Por otro lado, la banda ancha móvil ha ido creciendo muy fuerte. La migración hacia tecnologías móviles de últimas generaciones ha permitido elevar también el acceso a mayores velocidades de internet de 45% a 70% en los últimos tres años. Sin embargo, las velocidades móviles aún se encuentran muy por debajo que las de internet fijo de fibra óptica, situación que podría revertirse con la llegada del 5G, que ofrecería velocidades cien veces más rápidas.

La prevalencia de tecnologías de acceso de baja velocidad relativa y sujetas a congestión, es lo que ha motivado que el servicio generalmente se ofrezca bajo el atributo de “velocidad mínima garantizada”. Actualmente la regulación establece que este parámetro debe ser de 40%.

Uno de los proyectos de ley del Congreso en ciernes plantea elevar la velocidad mínima garantizada de las conexiones a la internet ofrecida en los contratos del 40% al 90%

A primera vista parece razonable la propuesta. Sin embargo, esta desconoce que una industria de redes como la de telecomunicaciones se diseña en base a una congestión esperada óptima De lo contrario, sería demasiado caro el servicio e ineficiente.

En la época de la telefonía fija tradicional del mundo analógico, los usuarios tenían que esperar muchos minutos en la hora pico simplemente para recibir el tono de marcar. Supuestamente el servicio telefónico contratado “garantizaba” hacer llamadas, pero solo con la implementación de la tecnología digital se pudo superar esta restricción en la calidad del servicio. Ello implicó un fuerte programa de inversiones y la existencia de un marco institucional y reglas de juego estables.

Ahora la situación es similar en el sentido que se requiere reemplazar la obsoleta red de cobre por una red de fibra óptica, y promover la mayor penetración de la tecnología 4G y así como la transición hacia la generación 5G en banda ancha inalámbrica.

Son esfuerzos de inversión bien elevados: aproximadamente mil dólares por vivienda atendida en el caso de banda ancha fija. Más que regular parámetros de calidad, se trata de promover inversiones en banda ancha tanto fija como móvil  en un entorno de competencia. En lugar de generar sobrecostos regulatorios como la “mínima velocidad garantizada”, o de otras iniciativas igualmente desenfocadas como la de regular vía una ley los contratos entre empresas y usuarios, o la acumulación de megas de internet; la solución pasa por un marco regulatorio que incentive a las empresas a que inviertan en fibra en un entorno de competencia, y en asignar una mayor cantidad de espectro radioeléctrico para la banda ancha inalámbrica

El internet es un mercado con varias empresas compitiendo en tecnologías, precios, y calidades de servicio. Pero subsisten riesgos regulatorios que disminuyen los inventivos a la inversión. Solo se debe regular precios y calidad de servicio en el caso de la presencia de un monopolio, y este no es el caso del mercado de internet. Más que añadir regulaciones, se requiere eliminar los riesgos regulatorios. El Proyecto de Ley no solo es redundante, sino que constituye también una transgresión a la autonomía técnica de organismo regulador especializado.