Las primeras dos modificaciones debilitarían enormemente el trabajo de la Sunedu y eliminarían los logros del proceso de licenciamiento. Este proceso tuvo por objetivo garantizar que las universidades cumplan con condiciones básicas e indispensables para asegurar la calidad de sus servicios educativos. Estas incluyen, entre otras: la disponibilidad de infraestructura y equipamiento adecuado (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros); la presencia de personal docente calificado, con estudios de postgrado y al menos 25% trabajando a tiempo completo; la existencia de mecanismos formales para promover la inserción laboral de sus egresados, etc.

Como resultado de ese proceso se negó la licencia a 45 universidades que llevaban años operando sin cumplir con estas condiciones. Por ello, ahora tienen la obligación de cesar sus actividades e implementar un plan de cierre que minimice el daño para sus estudiantes, que, por lo demás, ya habían sido perjudicados al recibir servicios educativos de baja calidad. Con los cambios arriba mencionados, estas universidades podrían seguir operando, y recibir financiamiento del Estado para intentar conseguir mejoras en la calidad de los servicios que por años no tuvieron intención de implementar.

El tercer cambio, la creación del Consejo, también sería un retroceso. Se pretendía que esta entidad esté encargada de revisar, en segunda instancia, las resoluciones de licenciamiento expedidas por la Sunedu, y, además, que esté compuesta por miembros elegidos por las autoridades de las universidades. De esta forma, se replicaría el esquema que existía cuando la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (conformado por representantes de las universidades), autorizaban el funcionamiento y controlaban la calidad de sus propias instituciones. La independencia entre el regulador y el regulado quedaría eliminada con la creación de esta instancia.

En esta coyuntura en la que la independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo es prácticamente inexistente, resalta la invocación de la Sunedu para cautelar la reforma universitaria. Las medidas que se han discutido en el pasado en el Congreso y que probablemente se busque aprobar en los próximos días, podrían ir en el sentido contrario.

A inicios de mayo, el Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley 5145-2020-PE, con el objetivo de ampliar la moratoria para la creación de nuevas universidades hasta abril de 2021, y permitir a las universidades licenciadas la creación de filiales universitarias, siempre con autorización de la Sunedu.

Postergar el permiso para la creación de nuevas universidades busca que, antes de que esto suceda, se avance en la formulación de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva. Se espera que esta Política brinde lineamientos para que la oferta educativa superior sea pertinente a la demanda laboral en las regiones, y para que existan vínculos eficaces entre instituciones educativas que fomenten el desarrollo ordenado de la oferta laboral.

Por otro lado, permitir la creación de filiales a las universidades ya licenciadas ayudaría a cubrir la ampliación de la brecha educativa -sobre todo al interior del país-, producto del cierre de aquellas universidades que no pudieron cumplir las condiciones básicas de calidad, y de la crisis actual, producto de la pandemia.

Sin embargo, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso ha incorporado cambios que modifican sustancialmente el espíritu de este proyecto de ley y que benefician a las universidades con licencia denegada.

El más discutido ha sido la creación del “Consejo Nacional de Asuntos Universitarios“, cuyos miembros serían elegidos por las autoridades de las universidades, y que estaría encargado de revisar, en segunda instancia, las resoluciones de licenciamiento expedidas por la Sunedu. Esta propuesta implica retornar a un esquema auto regulatorio similar al que existía antes del inicio de la reforma, cuando la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (conformado por representantes de las universidades), autorizaban el funcionamiento y eran los encargados de controlar la calidad de sus propias instituciones. Este evidente conflicto de interés en el esquema auto regulatorio fue eliminado a través de la reforma universitaria que se inició con la Ley Universitaria de 2014.

De acuerdo con información periodística, este cambio ha sido ya retirado, pero existen cambios adicionales que también contradicen el objetivo de la ley enviada por el Ejecutivo. Por un lado, se pretende eliminar el cese de actividades de las universidades que no obtuvieron licenciamiento, y establecer que estas reciban fondos del Estado para mejorar sus condiciones de calidad. Aprobar la ley con este cambio implicaría que las universidades sin licencia no tengan que cumplir sus obligaciones de cese antes de optar nuevamente por el licenciamiento. Además, se busca que sean los contribuyentes quienes financien el costo de lograr los estándares mínimos de calidad que no pudieron cumplir en un inicio.

Otros cambios van en la misma línea de beneficiar a las universidades sin licencia. Primero, se pretende que las universidades con licencia no puedan abrir filiales por tres años, y, segundo, que la ampliación de la moratoria solicitada originalmente por el Ejecutivo se reduzca a 4 meses. Así, en conjunto, estos cambios evitarían que universidades que ya han garantizado condiciones mínimas de calidad atiendan a otras provincias por tres años, y haría posible que aquellas universidades con la licencia denegada sean las que abran en dichas provincias (después de haber implementado mejoras con dinero del contribuyente).

Según la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, es posible que 10 universidades a nivel nacional sean cerradas debido a la crisis. En esa coyuntura es necesario evitar que la brecha, en cantidad y calidad, se amplíe. Aprobar el proyecto de ley con estos cambios, claramente, no es el camino.