Hace semanas, comentábamos en este espacio cómo la combinación de una degradación en las políticas públicas –exacerbada por el aluvión de proyectos legislativos populistas que el Congreso generaba– y los cuestionamientos, muchas veces infundados, a la empresa privada, venían creando un entorno adverso para la inversión y, por tanto, para la recuperación económica. Estábamos aún lejos de un proceso de “argentinización” de nuestra economía –país del cual muchas empresas se están marchando–, pero la tendencia resultaba preocupante. Los eventos de las últimas dos semanas no hacen otra cosa que agravar esta percepción.

Tales eventos fueron el coletazo final de la crisis a la frágil institucionalidad política del país, acentuada a inicios de este quinquenio con la elección de un presidente con un Congreso mayoritariamente opositor. Cuatro presidentes de la República, un cierre del Congreso y cuatro intentos de vacancia presidencial –además de censuras a ministros y un gabinete sin voto de investidura, acto sin precedentes bajo la Constitución de 1993–, configuran un escenario de inestabilidad no distante de aquel período en la historia de Ecuador entre 1996 y el 2006, cuando tuvo siete presidentes y un lapso de tres días con gobierno acéfalo. En ese entonces, Ecuador era calificado como un país extremadamente inestable. No estamos hoy lejos de esa calificación. Y no debiéramos confundir con optimismo la sensación de alivio respecto a cómo se resolvió esta crisis. Optimismo teníamos –hoy queda claro que con infundadas razones– hace cinco o seis años, cuando pensábamos que podríamos acceder a la OCDE antes del bicentenario. En términos futbolísticos, en ese entonces celebrábamos la posibilidad de jugar la final de la Copa América; hoy, celebramos salvarnos del descenso.

Los analistas políticos resultan más calificados para evaluar las razones estructurales y circunstanciales que nos llevaron a esta crisis y la forma cómo, luego de meternos en un hoyo profundo y gracias al activismo de la población –sobre todo, de jóvenes que hasta entonces parecían indiferentes a la política–, logramos salir de él. Desde la perspectiva de la economía, podemos afirmar que este ha sido un quinquenio perdido. El crecimiento económico en el período 2016-21 será de apenas 1,4%, por debajo del correspondiente a la población. Cierto que la pandemia afectó esa tasa, pero su costo en actividad productiva pudo haber sido bastante menor con un manejo más inteligente, comparado con 4,7% del quinquenio previo y 6,8% del quinquenio 2006-11. La inversión privada en este quinquenio decreció a un promedio anual de 2,1%, frente a crecimientos de 3,3% y 15,1% entre el 2011-16 y entre el 2006-11, respectivamente. Como sabemos, sin crecimiento ni inversión privada no hay generación de empleo ni de tributos para financiar los servicios que demanda la población. La indolencia del gobierno del expresidente Vizcarra ha hecho que gran parte de los proyectos de inversión pendientes en el 2016 sigan sin iniciarse o retomarse: Majes Siguas, Chavimochic III, Tía María, tramos inconclusos de autopistas en el norte y sur del país, proyectos regionales como el aeropuerto de Chinchero o locales como la Costa Verde del Callao, etc. Y el mayor desafío de obra pública que teníamos, la Reconstrucción del Norte luego del Fenómeno del Niño Costero, muestra avances vergonzantes.

Ha sido un quinquenio perdido también porque no se sembró para el futuro en materia de reformas estructurales institucionales ni económicas. El gobierno de Vizcarra no nos deja legado en ninguno de los dos. En materia económica no impulsó ninguna reforma. Su Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y su Plan Nacional de Competitividad y Productividad muestran mínimos o nulos avances. Se dijo que reservaría su capital político para reformas en el sistema político, cosa que hizo poco y mal. Su principal iniciativa, la no reelección de congresistas, fue contraproducente y sus consecuencias seguirán sintiéndose en las próximas elecciones. Por ello, el actual Congreso resulta, mal que bien, fruto de su populismo; y su relación con él –sin una bancada propia ni el intento por conformar una dialogante–, expresión de su torpeza política.

El presidente Francisco Sagasti –persona íntegra, capaz y con la voluntad de hacer las cosas bien– puede contribuir a que cerremos este quinquenio con un mejor sabor. Su mandato es el de conducir democráticamente el país hasta el 28 de julio del 2021. Tiene el desafío de combatir la pandemia, reactivar la economía y lidiar con un Congreso que no sabemos si tendrá un cabal entendimiento del mensaje que la ciudadanía le envío en esta crisis y si continuará con el modus operandi de forzar respuestas populares facilistas y antitécnicas para problemas complejos.

No son tareas fáciles y su responsabilidad no es menor. La calidad de su gobierno tendrá un impacto, entre otras cosas, en el proceso electoral. Y el Perú no puede permitirse perder un quinquenio más. Esperemos que un ambiente de estabilidad permita recuperar en el 2021 la agenda reformista económica e institucional que se requiere y no distraigamos esfuerzos en abrirnos frentes promovidos por sectores radicales con agendas muy distintas, como el de promover una asamblea constituyente. Una nueva Constitución no hará surgir, por arte de magia, una nueva clase política, no transformará nuestro Estado en uno del primer mundo ni, mucho menos, impulsará nuestra economía.

La proyección del Banco Mundial de una caída del 12% del PBI del Perú para este año ha hecho tomar conciencia respecto del inmenso daño a la economía generado, no sólo por la pandemia, sino también por la estrategia adoptada para combatirla. Las cifras no debería causar sorpresa -la mayoría de analistas locales y estimaba contracciones superiores al 14%-,pero sí debemos saber que seremos el país más golpeado de América Latina y uno de los tres con mayor caída en el mundo (junto con economías muy pequeñas, como BeliCómo ce y Maldivas). Parece que al interior del Gobierno se ha reaccionado y se están estudiando medidas para reactivar nuestra devastada economía. Sin embargo, si no hay un cambio de chip en el más alto nivel político, es poco lo que podrá hacer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evitar una recesión de esa magnitud.

Se sabía que una pandemia como ésta tendría un impacto muy negativo en nuestra economía, pues a diferencia de otras crisis (como la financiera del 2008), esta generaría disrupciones en la actividad productiva por la necesidad de priorizar al frente sanitario. En el 2008, como se recordará, fuimos uno de los países menos afectados y uno de los que más rápido y fuerte rebotó en la región. Pero la naturaleza distinta de la crisis actual no es suficiente para explicar la hecatombe generada en nuestra economía. Su caída supera a la economía con estados más débiles y disfuncionales que el nuestro, con sistemas de salud más precarios, con situaciones fiscales y stock de reservas internacionales mucho más frágiles, con menor fortaleza en sus sistemas financieros y con aparatos productivos menos desarrollados. Estar entre los tres peores del mundo en gestión económica durante la pandemia -pues eso dicen las proyecciones del Banco Mundial- es un reflejo de que algo hemos hecho muy mal, que hemos sufrido un costo económico mayor al que correspondía a un país como el nuestro, peor aún, si ni siquiera hemos tenido éxito en el frente sanitario.

Es evidente que se requieren cambios de rostros y de políticas. Los buenos ministros suelen ser políticos hábiles, tecnócratas respetados o buenos gestores. Hoy se carece de ministros que cumplan con alguno de estos perfiles en carteras sectoriales relevantes para nuestro aparato productivo. En la situación pre-pandemia, esta medianía produjo trabas y ralentizó el crecimiento económico. Hoy, sin embargo, ocasiona quiebras de empresas, desempleo, informalidad y pobreza. Ministros como el de Salud, Trabajo y Producción le deben una explicación al país por la destrucción de la mitad del empleo en Lima en estos meses (2,3 millones de trabajadores, la mayoría en pymes, empujados al desempleo y a la informalidad).

Es muy poco probable que se pueda acometer una reactivación económica si la reapertura de la actividad productiva se continúa administrando de forma tan deficiente como hasta ahora. El plan que se viene aplicando pareciera haberse inspirado en algún viejo texto de planificación económica de la Unión Soviética, donde burócratas van determinando qué y cuándo producir, y cómo vender. Muestra poco conocimiento de cómo funcionan las economía. Se llega al absurdo de pretender, por ejemplo, que pequeños comerciantes de galerías vendan de la noche a la mañana en canales online. Así, solo logran que estos, para sobrevivir, invadan la calle y generen aglomeraciones; precisamente lo que el pensamiento burocrático pretendía evitar. Ese plan refleja la postura burocrática e insensible a la realidad que prima en muchas carteras hoy.

Desde el MEF, se podrán diseñar muchas medidas orientadas a reactivar la economía, entre las que seguramente veremos varias tan repetidas en otros paquetes reactivadores que se han convertido en lugares comunes en esta última década (como el destrabe de proyectos emblemáticos y el shock de inversión pública). Las medidas anunciadas esta semana por el presidente Martín Vizcarra parecen más una declaración de ilusiones (construcción de 60.000 viviendas, creación de un millón de empleos), dada la capacidad de gestión que requieren tales esfuerzos.

El paquete reactivador resultará inútil o inaplicable si no se culmina eficazmente el proceso de reapertura del sector privado formal, incluyendo un ordenamiento de los mecanismos de fiscalización. Es absurdo pretender reactivar cuando muchos no pueden producir. Para todo esto, resulta indispensable que los ministros con responsabilidad sectorial (Producción, Agricultura, Energía y Minas, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Turismo) sientan que su obligación es, respetando protocolos sanitarios sensatos, facilitar y promover la actividad productiva de sus sectores e impulsar esta agenda en el Gabinete y el interior de sus ministerios. Debieran ser conscientes, también, de que este objetivo requiere de un fluido e indispensable diálogo con el sector privado, dejando de lado prejuicios que tanto daño han hecho en estos últimos tiempos .

La reactivación también requiere de un primer ministro que haga política. El actual debería aplicar el mismo entusiasmo que mostró cuando se desempeñaba como titular de Justicia para cerrar el Congreso, para realizar ahora un trabajo político de acercamiento al Legislativo y de construcción de relaciones con bancadas y congresistas que se constituyan en interlocutores del Ejecutivo. No lo ha hecho. Sí, como ya algunos analistas ya lo han sugerido, no hay cambios a este nivel, el aluvión populista continuará creciendo, y el daño a las estructuras de nuestra economía también.

Los mejores momentos del presidente Vizcarra se han producido cuando lograba eficacia a través de gestos. Hoy, esto no basta. Se requiere pasar de los gestos a la gestión, con todo lo que ello implica. Para empezar, necesita contar con buenos gestores comprometidos con la reactivación, elementos escasos en su administración actual. Sin cambios, cualquier esfuerzo de reactivación del MEF estará condenado al fracaso.

Su presidente ha justificado este sesgo populista sosteniendo que solo están reaccionando ante el “clamor popular”. Este existe, indudablemente, ante las múltiples necesidades insatisfechas, agudizadas en medio de la pandemia. Pero precisamente el arte de legislar consiste en producir buenas leyes sobre la base de estudios técnicos solventes y siguiendo un debido proceso de amplia deliberación y riguroso análisis, donde se sopesen con transparencia argumentos, se discutan otras medidas potencialmente más eficaces y menos costosas para lograr el objetivo buscado, se evalúen costos y beneficios y se identifiquen eventuales efectos no deseados de la propuesta.

Nada de esto viene ocurriendo. Basta ingresar al repositorio de proyectos de ley del Congreso y revisar aleatoriamente varios de ellos para constatar la ligereza de las propuestas, la pobreza de las exposiciones de motivos y la ausencia absoluta del análisis costo-beneficio exigido por nuestro marco normativo. Este se ha reducido a una frase: “el proyecto no irroga gastos al Tesoro”, como si el único costo posible fuera el fiscal. La ley que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarios es un buen ejemplo. Los únicos beneficiarios durante la emergencia son los transportistas de carga privados. En el corto plazo, obviamente que hay un costo, que lo asume el concesionario. Pero es previsible que este demande una compensación al Estado y, muy probablemente, de terminar el caso en un arbitraje, lo gane. Incumplir contratos es oneroso, como lo acaba de experimentar la Municipalidad de Lima frente a Rutas de Lima por un tema incubado en la gestión anterior, pues deberá pagar S/230 millones.

Peor aún, se está incurriendo cada vez más en la peligrosa práctica de exonerar proyectos de su envío a comisiones. Es precisamente en este espacio donde se convoca a especialistas y partes interesadas formalmente representadas, se invita a representantes del Poder Ejecutivo, se revisan experiencias y se hace transparente el debate. En un Congreso que, salvo honrosas excepciones, carece de parlamentarios experimentados o con credenciales profesionales reconocidas, la exoneración de ese trámite es aún más riesgosa. Además, aprobaciones entre gallos y medianoche facilitan el pase de contrabandos mercantilistas, como la reciente norma que formaliza el transporte en taxis colectivos. Es difícil de creer que, en medio de la pandemia, una norma de esta naturaleza pudiera ser considerada urgente –peor aún, cuando por las características de ese servicio muy probablemente contribuirá a la expansión del virus–. Esta incontinencia de iniciativas legislativas populistas sobrepasa el ámbito económico, por cierto, e incluye propuestas, como el retorno al servicio militar obligatorio, que afectan los derechos individuales de las personas.

Legislar por impulso genera un riesgo regulatorio inmenso, sobre todo cuando estamos atravesando la peor crisis económica mundial desde la Gran Depresión. Apoyo Consultoría estima que el PBI caerá este año entre 14% y 20%. Así como la fría cifra de un terremoto de ocho grados no se entiende hasta que videos y fotos nos muestran su efecto devastador, ese nivel de contracción de la producción solo lo comprenderemos en su real dimensión cuando en los siguientes meses veamos en las calles y noticieros imágenes que reflejen el retorno a niveles de pobreza que no veíamos hace más de una década, cuando presenciemos quiebras de empresas que conocemos y cuando tengamos a muchos amigos y familiares desempleados sin opción de recolocación.

El daño del COVID-19 a nuestra economía dependerá de cuánto tiempo tome controlarlo y de cuán eficaz sea el proceso de apertura económica –que, lamentablemente, está muy trabado por las carencias de capacidades de gestión en carteras claves para la actividad productiva–. Cuando la pandemia haya desaparecido, corremos el riesgo de que la inversión privada –motor indispensable para la reactivación, generación de empleos y recursos fiscales– encuentre que las reglas y garantías básicas para el buen funcionamiento de la economía han sido socavadas.

Como lo han anotado varios analistas políticos, el Gobierno es corresponsable de la gestación de este Congreso. Pero lo es más de no haber hecho un trabajo político mínimo para acercarse al Congreso y construir relaciones con bancadas y congresistas que se constituyan en interlocutores válidos del Ejecutivo. Pareciera que es tarde para ello y que solo cabría espacio para los gestos políticos –modalidad predilecta del presidente Vizcarra de hacer política–. Cabe preguntarse si, así como estuvo dispuesto a hacer cuestión de confianza por la institucionalidad política, estará dispuesto a hacerlo por la económica.

El presidente Vizcarra debiera ser consciente de que los recursos fiscales que el Estado hoy dispone y que orgullosamente utiliza para apoyar a las familias y la actividad productiva en estas difíciles circunstancias –en volúmenes que la gran mayoría de países latinoamericanos no tiene– son ahorros públicos inéditos en nuestra historia, acumulados, mal que bien, gracias al modelo que los congresistas parecieran pretender destruir.