En muchos directorios la pregunta de estas semanas es cuánto nos costará El Niño. Es la pregunta correcta, pero incompleta. La otra es qué decisiones tomar hoy para prevenir, reaccionar a tiempo y seguir avanzando.

El Niño ya está aquí, y viene fuerte. El ENFEN considera cada vez más probable un evento de magnitud extraordinaria, con lluvias intensas en el norte y sequías en el centro-sur, pero para muchas empresas el impacto ya empezó. La primera temporada de anchoveta cerró con apenas el 25% de la cuota, con impacto directo en numerosas pymes proveedoras. El agro también lo siente. El calor afectó la floración del mango y el gremio de productores de arándanos ya recortó en 22 mil toneladas su proyección de exportación para la campaña actual, respecto de lo que estimaban en agosto. Algunas universidades del norte, además, registran una menor matrícula.

En APOYO Consultoría estimamos que El Niño restará entre 1 y 2 puntos al crecimiento del 2027. Será un año de dos velocidades. La economía avanzaría apenas 1.5% en el primer semestre y rebotaría a 4.7% en el segundo. De ahí salen dos lecciones para quien dirige una empresa. La primera es que el golpe será fuerte, pero temporal. La segunda, que no será parejo. Como lo mencionó José Carlos Saavedra hace poco, “viviremos una recesión que no veremos en las cifras”. Mientras los ingresos de los hogares de mayores recursos crecerían cerca de 4%, los de los sectores D y E caerían en términos reales. En el sur, cerca de 900 mil empleos dependen de cultivos expuestos a la sequía.

El país llega mejor preparado que en el 2017, pero no listo. Según información del MEF, solo se ha ejecutado alrededor de 30% del presupuesto de prevención previsto tras aquel evento; las soluciones para los ríos Piura y Tumbes siguen sin avances significativos, y apenas el 8% de las municipalidades tiene un plan de respuesta. Habrá inundaciones que ya no podremos evitar. Y el riesgo no se limita a El Niño. El ciclón Yaku, en el 2023, mostró que un evento climático extremo puede llegar con poco aviso. Por eso el clima debe ser una variable permanente de gestión.

Con este escenario, propongo seis decisiones para el próximo comité de gerencia.

Primero, mapear la exposición y blindar la logística. No solo plantas, sino también proveedores, clientes y, sobre todo, dónde viven nuestros colaboradores; en Piura, más del 80% de las viviendas no tienen techo de concreto. La logística merece atención especial. El 37% de las empresas que consultamos en nuestro SAE anticipa interrupciones en su distribución. Y no solo en el norte. En agosto y septiembre, simples lloviznas inundaron bypasses en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, y obligaron a cerrar el tránsito en el sur de Lima. Con vías como la Panamericana Norte o la Carretera Central expuestas a cortes de varios días, conviene elevar los inventarios de insumos y productos críticos, habilitar almacenes temporales cerca de los mercados que atendemos, identificar rutas alternas y cerrar desde ahora acuerdos con transportistas, considerando además el precio de los combustibles. Inmovilizar más capital unos meses cuesta menos que quedarse sin producto en plena temporada.

Segundo, cuidar a la gente antes de que arrecien las lluvias. Adelantos de sueldo, turnos flexibles y apoyo para reforzar techos y viviendas no son un gasto, sino una inversión en lealtad. Facilitar el acceso al crédito formal también protege. Ante un choque climático, los trabajadores con crédito pierden, en promedio, 6% de sus ingresos, mientras que quienes no lo tienen pierden 18%. Y para quienes trabajan en campamentos o sedes alejadas, que un huaico pueda aislar por semanas, hay que buscar mecanismos para asegurar víveres, medicinas y comunicación satelital.

Tercero, acompañar a los clientes, no solo cobrarles. La tentación en una crisis es proteger la caja a toda costa. Está bien cuidarla, pero sin perder de vista que el cliente pesquero o agrícola que hoy sufre liderará el rebote, pues el sector primario pasaría de caer 1.8% en el primer semestre de 2027 a crecer 6.3% en el segundo (frente al mismo periodo del año anterior). Conviene segmentar la cartera y conversar antes de que lleguen los problemas, para reprogramar pagos o reducir temporalmente el servicio en lugar de cancelarlo. Quienes venden bienes no esenciales en la zona norte del país, especialmente en los sectores D y E, deberían cuidar el precio de entrada, con formatos más pequeños de ser posible y opciones de financiamiento; en el resto del país la demanda resistirá mejor, así que no conviene recortar parejo. Y hacia atrás, pagar a tiempo a los proveedores más pequeños puede ser lo que los mantenga en pie.

Cuarto, blindar la liquidez. Asistir no significa regalar; significa acuerdos temporales con clientes, con reglas claras y fecha de revisión. Para ofrecerlos, y para financiar inventarios más altos, hay que asegurar hoy las líneas de crédito. Esto implica también revisar las pólizas, en especial si cubren la interrupción del negocio. En esa línea, conviene revisar también los contratos de energía. Con menos lluvias y menos viento cae la generación hidroeléctrica y eólica, sube el precio spot y los clientes libres con contratos indexados a ese precio lo sentirán en sus costos.

Quinto, no frenar la inversión. Postergar planes por un choque de seis meses sería confundir un bache temporal con un cambio permanente. Casi un tercio de las empresas que asesoramos está adelantando sus inversiones a este año, y otro 44% planea iniciarlas en el primer semestre de 2027, pese a El Niño. Quien se detenga ahora llegará tarde a la recuperación.

Sexto, revisar los planes con frecuencia. El Niño es un factor externo que no controlamos. Las lluvias ya empezaron, pero no sabemos con certeza con qué intensidad seguirán ni cuánto durarán, y los pronósticos se actualizan cada día. Todo lo que se decida debe tener un responsable e indicadores claros, y revisarse con frecuencia en el comité de gerencia, idealmente cada semana en los meses críticos. Así se podrán ajustar a tiempo inventarios, turnos, condiciones con clientes o planes de inversión.

Prevenir, reaccionar a tiempo y seguir avanzando no son etapas sucesivas. En las próximas semanas habrá que hacer las tres cosas a la vez, y las empresas que lo logren saldrán de El Niño mejor posicionadas que como entraron.

¿Es siempre rentable ofrecer una cocina que conquista el mundo?

El próximo 4 de noviembre, Lima será sede de la ceremonia global de The World’s 50 Best Restaurants. Ser sede de este evento es el último reconocimiento que recibe la cocina peruana por el ascenso meteórico que viene teniendo. Central fue el mejor restaurante del mundo en el 2023; en el 2025 el trono lo ocupó Maido, y Kjolle, Mérito y Mayta completaron una presencia peruana sin precedentes en el top 50. Tsumura, León, Martínez y Acurio son cada vez más conocidos en las principales gastronomías del planeta. Sin embargo, hay una pregunta que resuena entre las celebraciones: ¿es siempre rentable ofrecer una cocina que conquista el mundo? 

El costo de brindar una experiencia de clase mundial es alto. Consultado sobre la oferta de Central, Virgilio Martínez fue directo: “Viajamos por todo el Perú y tenemos a 110 personas para atender a 30”. La cocina de autor opera con brigadas numerosas y especializadas, insumos excéntricos y locales premium.

En un restaurante fine dining, el costo directo suele estar entre 55% y 70% del ingreso, lo que genera un margen EBITDA no mayor al 10%.

Esta tensión entre prestigio y rentabilidad no es exclusiva del Perú. El Bulli, restaurante de Ferran Adrià, fue elegido cinco veces como el mejor restaurante mientras acumulaba pérdidas anuales cercanas al medio millón de euros, cerrando definitivamente en el 2011. Otro ejemplo es Noma, restaurante danés reconocido como el mejor del mundo cinco veces, que tuvo que cerrar las puertas de su formato de fine dining por problemas similares.

En el Perú, el covid-19 fue un detonante que obligó a los chefs peruanos a transformarse. El turismo gastronómico, que representaba hasta el 70% de los ingresos, desapareció de la noche a la mañana y obligó a la industria a pensar más en dos conceptos antes pasados por alto: el control de costos y la diversificación de ingresos.

Varios restaurantes han incorporado una capa de gestión profesional mediante iniciativas como optimizar la rotación de sala, incrementar los márgenes de la carta de bebidas y mejorar la relación con proveedores para mejorar su sostenibilidad financiera sin sacrificar la propuesta culinaria. Incorporar gerentes a su equipo es cada vez más un paso lógico para los grandes chefs. Estos nuevos actores de la alta cocina peruana se han vuelto un complemento clave para los chefs, quienes, por formación y vocación, son artistas del sabor.

La diversificación de ingresos es también un camino que están explorando en la cocina peruana. Acurio construyó un grupo de más de cincuenta restaurantes en doce países. Tsumura lanzó con éxito Tori; Pesaque creó Mad Burger como dark kitchen para luego expandirse con locales de atención directa. A esto se suman consultorías a multinacionales, festivales, libros y colaboraciones con marcas globales. Los mismos Tsumura y Pesaque asesoran a múltiples empresas en distintos países. El patrón es claro: los grandes chefs peruanos utilizan sus restaurantes de alta cocina como plataforma de visibilidad para crear conceptos más accesibles que generan flujos de caja importantes.

En la alta gastronomía, el éxito artístico y la rentabilidad no siempre habitan el mismo plato; sin embargo, los chefs peruanos han aprendido a cocinar en ambas cocinas a la vez.

Articulado publicado en El Comercio.

El Perú vuelve a enfrentar un Fenómeno El Niño de magnitud fuerte, que ya está teniendo impactos significativos en la economía y que tendría como escenario más probable alcanzar una magnitud extraordinaria hacia el verano. Uno de sus efectos más severos son las lluvias intensas en la costa norte y centro, que dejan daños extendidos a su paso. Para las familias, la vivienda es el primer punto de exposición y también uno de los más vulnerables. El Niño Costero de 2017, que fue de magnitud moderada, afectó más de 380 mil viviendas. A estos eventos climáticos, cada vez más frecuentes, se suma un riesgo sísmico siempre latente. Solo en Lima Metropolitana, el 70% de la población vive en viviendas que, ante un terremoto severo, sufrirían desde daños moderados —reparaciones equivalentes a entre 30% y 60% del valor del inmueble— hasta el colapso.

El problema de fondo está en cómo crecen nuestras ciudades y en cómo las familias resuelven su necesidad de vivienda. Las ciudades están expandiéndose de manera desordenada y, en muchos casos, sobre terrenos que se ocupan antes de contar con agua, desagüe o pistas. En ese contexto, la mayoría de las familias construye su casa por su cuenta, sin permisos y sin asesoría técnica. Casi el 80% de los hogares en el Perú vive en viviendas levantadas sin asistencia técnica, es decir, construcciones que difícilmente cumplen las condiciones mínimas para resistir un desastre.

Las familias han optado por la vía informal porque la vivienda formal no ha logrado crecer al ritmo que necesitan. Esto ocurre, en buena parte, porque el Estado no ha tenido una política clara de vivienda social, lo que se refleja en tres barreras concretas.

La primera es el limitado acceso a financiamiento, sobre todo para los trabajadores independientes. Según el Fondo MiVivienda, alrededor del 70% de quienes acceden a un crédito MiVivienda son trabajadores dependientes. Para un independiente el camino es más difícil, porque la mayoría no cuenta con boletas ni contratos que le permitan acreditar sus ingresos ante una entidad financiera. Esto ocurre incluso cuando tiene un nivel de ingresos suficiente para pagar una cuota de un crédito hipotecario y, en muchos casos, ya destina un monto mayor a un alquiler o a la autoconstrucción de su vivienda.

La segunda es la escasez de suelo habilitado. Para que un desarrollador pueda construir vivienda social necesita terrenos que ya cuenten con agua, luz, desagüe y conexiones viales adecuadas, y las ciudades tienen cada vez menos suelo, o casi nada, con esas condiciones. Habilitar ese suelo es un rol que corresponde al Estado. Si eso no ocurre, es muy difícil ofrecer una solución de vivienda formal y el espacio lo terminan ocupando las invasiones. Según Grade, alrededor del 90% de la expansión urbana de los últimos 20 años fue informal.

La tercera es la incertidumbre sobre los subsidios. La vivienda social funciona con un bono que permite a las familias de menores ingresos completar el pago, por lo que la cantidad de bonos disponibles determina en buena parte cuántas viviendas se pueden vender. El problema es que el presupuesto para esos bonos es errático. Cambia de un año a otro, se ajusta durante el ejercicio y el proyecto de presupuesto del 2027 incluso lo recorta a menos de la mitad. Para un desarrollador, el monto asignado a los bonos es la señal con la que planifica sus proyectos, y los grandes complejos de vivienda social requieren periodos largos de planificación y ejecución. Con señales que cambian cada año, el desarrollador pierde predictibilidad y se vuelve más difícil que decida emprender nuevos proyectos, lo que al final se traduce en menos vivienda social para las familias.

Para que la oferta formal crezca y llegue a las familias que la necesitan, desde APOYO Consultoría proponemos tres medidas.

1. Ampliar el acceso al crédito hipotecario para trabajadores independientes mediante una garantía del Estado. La garantía funciona como una cobertura que respalda a quien sí puede pagar, pero hoy queda fuera del sistema porque no tiene cómo demostrar sus ingresos. La experiencia del Fondo Nacional de Garantías de Colombia muestra que el esquema funciona y que estas familias, cuando acceden a una vivienda propia, pagan con niveles de morosidad en línea con el promedio del sistema, o incluso por debajo.
2. Constituir un Operador Público de Suelo, con autonomía y patrimonio propio, encargado de habilitar terrenos con agua, luz, desagüe y conexiones viales. La ley creó esa figura en el 2021, pero aún no opera con la capacidad de urbanizar. Un operador de ese tipo podría trabajar de la mano con desarrolladores privados, urbanistas y municipalidades para generar suelo habilitado donde las ciudades lo necesitan, de modo que la oferta formal llegue antes que la ocupación informal.

3. Establecer una regla de incremento anual para los bonos de vivienda social. El presupuesto para el bono de Techo Propio Vivienda Nueva y el del Nuevo Crédito MiVivienda se asigna sin una meta que lo oriente. La propuesta es que se destine un mayor monto al ejercicio siguiente cuando los bonos del año en curso se ejecuten por completo o superen cierto nivel. El presupuesto público seguiría definiéndose anualmente, pero con un criterio que respalde la asignación de los siguientes años, los desarrolladores y las familias tendrían la visibilidad de largo plazo que hoy no existe.

El Gobierno ha prometido construir 1,25 millones de viviendas en cinco años, un ritmo anual que es más de cuatro veces el actual. La meta es concreta, pero no se alcanzará haciendo lo mismo que hasta ahora. Si se deja pasar, la cifra quedará en el papel, y el próximo Niño o el próximo sismo volverán a encontrar a millones de familias en viviendas que no las protegen.

Entrevista. En conversación con Gestión, Hugo Santa María, socio y economista jefe de APOYO Consultoría, habló sobre la posibilidad real de crecer 6% en los siguientes años y cuáles son los riesgos que lo impedirían.

—Después de El Niño, ¿se podrá alcanzar el 6% de crecimiento?

Una vez pasado El Niño, Perú tiene una oportunidad muy alcanzable de acelerar su crecimiento. Creo que esa meta alcanzable está entre 4% y 4.5%. Pero para llegar al 6%, tenemos que recuperar y mejorar nuestra capacidad de aprovechar los vientos a favor […].

La capacidad del Perú de aprovechar los vientos a favor se ha debilitado. Esto ha sucedido por razones que son evidentes. Un Estado que estuvo ausente y, cuando “apareció”, fue indolente o trabó. Pocas veces ha sido un Estado al servicio del ciudadano o habilitador para la creación de empleo.

Si pensamos que va a haber una transformación en la manera que funciona nuestro Estado en todos los niveles, sí, Perú puede aspirar al 6%. La gran revolución es justamente esa: cómo pasamos de tener un Estado ausente o indolente a uno que esté al servicio del ciudadano y sea promotor del crecimiento.

—La inversión privada es el motor de crecimiento, ¿qué ven para este indicador?

Este año crecería 15% y el próximo año se mantendría a doble dígito, por encima del 12%. Completaríamos tres años (si se suma el 2025: 10%) de un muy buen crecimiento incluso con El Niño. Eso hay que mantenerlo, pero con el objetivo de entrar a un cambio de “régimen” en el que comienza a crecer nuevamente en forma acelerada y no solo es recuperación.

—En contraparte, la inversión pública enfrenta dificultades…

Si ves la inversión pública, como ha dicho el propio titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, los ratios sobre producto no son malos, pero la mitad de cada sol que asignamos [para obras] se queda “tirado en la calle” en proyectos abandonados o paralizados.

Estamos regalando la mitad de la inversión pública o la estamos botando a la basura. Eso tiene que cambiar. La inversión pública es complemento de la privada y, sin infraestructura de uso público, no vamos a poder crecer.

—Volviendo al 6%, ¿igual deberíamos tenerlo como meta?

Creo que el 6% es una ambición y no debemos perderla. Podemos lograrlo si es que hacemos la gran transformación de tener un Estado al servicio de los ciudadanos y habilitador […].

—El Niño, aparentemente, no ha afectado las expectativas para invertir como sí sucedía en el pasado. ¿Qué percibe que ha cambiado?

El Niño nos va a golpear y, si piensas en actividad económica, va a ser un año en “U”. Vamos a ver una desaceleración en la primera parte del año y una aceleración bien importante en la segunda mitad del 2027 […].

Dicho esto, siento que la comunidad empresarial está de buen ánimo, con ganas de seguir invirtiendo, esfuerzo de crecimiento, etcétera. Pero también está evaluando la situación con cautela. Tiene que haberla porque no sabemos de qué magnitud va a ser [El Niño]; todos dicen que va a ser el peor que hayamos visto desde 1997-1998.

Sí veo preparación; hay más experiencia […] [El sector privado] se está movilizando para esperar [El Niño] y llegar a la segunda parte del 2027 donde creo que va a haber una recuperación fuerte. El país puede cerrar el próximo año creciendo encima de 5% y entrar al 2028 con un impulso de crecimiento bien importante.

—El 2027 no solo se afectaría por El Niño, sino también por las nuevas autoridades regionales y municipales que tendrán las mismas limitaciones de siempre para invertir…

Si cada año un nuevo color político toma alguna municipalidad o gobierno regional, cambia a todos los funcionarios y los nuevos son trabajadores que no tienen una responsabilidad con el ciudadano, sino con el grupo político que lo llevó a la función, va a ser difícil salir de esto.

La solución es difícil; es más política que técnica. La ley de descentralización, en el papel, tiene todo. Transfiere capacidades cuando estas existen; las retira cuando no existen, pero eso en la práctica no se da. Se ha convertido en un problema político que hace que toda la provisión de servicios públicos del Estado esté sumamente fragmentada […].

Si yo tuviera un solo deseo que pedir, creo que sería el arreglar la descentralización, cómo hacemos que funcione. Sin eso, vamos a estar poniendo parches.

—En el país se aumenta presupuesto de gasto corriente, sobre todo para planillas, pero se afecta el gasto de capital…

Cuando ves las cuentas fiscales, tenemos un déficit muy controlado. Incluso con lo que el ministro Cuba ha señalado de ampliar la meta del déficit fiscal, vamos a estar bien. El déficit y ratio de deuda sobre producto hasta ahora están contenidos.

Nuestro problema está en cómo todas estas “bombas” han variado muy fuertemente la composición de cómo gastamos la plata: va hacia gasto corriente en detrimento de la inversión. Eso lo vamos a ver en la calidad de servicio que entregamos.

—¿Nos estamos rindiendo ante las economías ilegales?

Espero que no. Nosotros ponemos a la penetración de las economías criminales en general, y la minería ilegal en particular, como el principal riesgo para el país, un riesgo estructural cuando piensas en el futuro.

[…] Ya tienes a las actividades criminales penetrando segmentos del mundo de los negocios y de la vida diaria de los peruanos. Si ves las encuestas de pequeños negocios, se refleja con mucha claridad: cierran más temprano, pagan cupos, etcétera. Las personas, por su parte, cambian su hábito de consumo: van a ciertos lugares y a otros no; circulan hasta ciertas horas de la noche. Te genera distorsiones en la vida diaria, además del riesgo de inseguridad en sí mismo y costos que tenemos que enfrentar.

Si me preguntas qué hacer, no sé; no soy experto, pero lo único que escucho hace años es que todo lo que se anuncia es insuficiente según los entendidos en la materia. No sé qué es lo “suficiente”. Pero sí creo en el caso de la minería ilegal, se puede hacer labores de fiscalización, tratar de hacer algunos esquemas de trazabilidad del mineral, fiscalización tributaria a plantas procesadoras, aumentar el costo económico de la actividad ilegal. Lo que debe quedar claro es que no es verdad que se pueda convivir con la minería criminal.

—El Gobierno planteó el alza de la remuneración mínima vital (RMV) dividida en dos tramos. Uno de ellos se gatillaría este año. ¿Qué piensa de la propuesta?

Todos sabemos que lo que hace el [alza] de la RMV es favorecer a un grupo reducido de trabajadores, pero aleja a un montón de peruanos de la formalidad. ¿Es una decisión política? Siempre ha sido política. Ahora, dado el compromiso, los ministros del sector deben ver cómo moderarlo.

Esta cifra de que aleja al peruano de la formalidad y destruye empleos es como grande y abstracta, y la gente puede decir: “bueno, eso se diluye”. Pero hay sectores bien afectados. Agroindustria, por ejemplo. Tiene el bono indexado a la RMV. ¿Le vas a poner aumento del salario mínimo cuando viene El Niño y Estados Unidos ha subido los aranceles? O empresas de comercio que trabajan con márgenes muy chiquitos y esto le pega.

—El ministro Cuba planteó cambiar los regímenes tributarios, que se calculen por renta y ya no por ventas…

Estoy de acuerdo con la propuesta del ministro; hay que suavizar la transición. La empresa va creciendo y, si quiere pasar, por ejemplo, de 20 a 21 trabajadores, ya tiene que repartir utilidades. Es como llegar al borde del abismo. Es muy brusco. Creo que hay que darle una progresividad para poder hacer que los que quisieron entrar a la formalidad se queden y puedan crecer dentro de un espacio que es más amable con la empresa. No digo que les dé beneficios, sino que se entienda la lógica de crecimiento.

—El Gobierno ha puesto su mirada en revisar las exoneraciones tributarias, ¿cómo lo evalúa?

Esta discusión tiene más de 20 años. APOYO Consultoría hizo un estudio de esto en el 2003. Las exoneraciones tienen un marco legal que no se cumple. Dice que cuando estén por llegar a término o se vaya a crear una nueva, se debe evaluar su eficiencia y correcto funcionamiento.

Hay algunas que tienen mucho sentido que existan; otras, no. Pero esta es una discusión que en este momento no sé si vale la pena tener. Hay temas más urgentes que solucionar […]. Lo que haría es cumplir la ley: evaluarlas cuando expiran, determinar si se extienden o no.

—Se ha anunciado que se buscará quitar los topes a las tasas de interés a través de las facultades legislativas delegadas. ¿Es un paso necesario?

Así como hay muchas normas laborales que son leyes que lamentablemente promueven la informalidad, esta es una ley de promoción del crédito gota a gota. Si yo fuera estos “prestamistas” gota a gota, lo que más quiero es que haya una ley de topes. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya hizo este estudio que mostraba cómo se había excluido a la población con la ley de topes.

—¿Qué reformas realmente puede hacer este Gobierno?

Si alguien está esperando un Gobierno que tenga capacidad de implementar su agenda económica y política a plenitud, está equivocado.

[…] cuando digo que creo que Perú podría crecer entre 4% y 4.5% en el 2027, pero cerrando ese año más cerca del 5%, no estoy esperando grandes reformas, sino mejoras relevantes en la gestión pública producto de dos cosas: menos rotación de funcionarios y mejor calidad de servicios. Además, sobre la estabilidad política, saber que la presidenta esta vez va a durar hasta el 2031 te estira el horizonte de inversión.

Entonces, ¿qué reformas espero? No muchas. Pero sí mejoras en la gestión pública y un Estado que ojalá se reenfoque en lo que tiene que hacer y que se sienta responsable frente a sus ciudadanos sobre todo.

“OJALÁ NO SEAMOS VÍCTIMAS DE PELEAS ENTRE LOS GRANDES”

Al ser una economía abierta al mundo, Perú debe estar con la mirada puesta sobre las economías internacionales.

Al respecto, Hugo Santa María recordó, por ejemplo, que el precio del petróleo retornó a los US$100 el barril y, si bien el país ha podido “navegar” este escenario, es cierto que presiona precios y costos. “Aun así, hemos crecido, seguimos creciendo bien”, se mostró optimista.

Otro tema que puso sobre la mesa es el arancelario. “Cómo se maneje este asunto me preocupa. Me preocupa que en algún momento haya una guerra comercial entre los grandes [Estados Unidos y China] que nos afecte a nosotros”, señaló.

Santa María agregó: “Ojalá no seamos víctimas de las peleas entre los grandes. Para mí, un riesgo es que EE. UU. y China se disputen América Latina. ¿Cómo quedaríamos nosotros? Confío en la Cancillería, siempre hemos sido inteligentes para manejar nuestras relaciones. Perú necesita tener buenas relaciones diplomáticas con todo el mundo”.

PETROPERÚ AÚN NO DEJA DE PREOCUPAR

Sobre Petroperú, Hugo Santa María fue claro:

“¿Nos deja de preocupar la petrolera? No. Creo que recién estamos viendo a ProInversión, con el nuevo directorio y el Gobierno, realmente tomar control de la empresa y parece que están comenzando a ejecutar el plan que hace años se dice que deberíamos implementar […] Estamos en las primeras semanas de un partido bien largo”.

Estas perspectivas están relativamente en línea con el crecimiento que APOYO Consultoría espera para la demanda interna (sin inventarios) de 9% en términos nominales (5% después de ajustar por inflación).

APOYO Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas e instituciones miembros de su Servicio de Asesoría Empresarial (SAE). El sondeo recogió sus perspectivas de ingresos y utilidades, de cuándo iniciarán sus planes de inversión del 2027, de qué los agilizaría y de cuáles son sus destinos prioritarios para invertir en América Latina.

En balance, los miembros del SAE, entre el 27 y el 31 de agosto, respondieron que esperan un alto crecimiento de sus ingresos para el cierre de este año, el mejor resultado desde el 2012 si se excluye el rebote pospandemia.

Esto refleja el dinamismo de la economía. La inversión privada crece a doble dígito por segundo año consecutivo, en un contexto de precios históricamente altos de los metales que exportamos, menor riesgo de cambios constitucionales antimercado desde hace un par de años y, en consecuencia, niveles optimistas de confianza para invertir.

Ello ha favorecido la generación de empleo formal privado, el aumento de los ingresos familiares y ha permitido que el consumo mantenga tasas de crecimiento sólidas.

Así se ve el 2027

Este optimismo se extiende a los resultados esperados para el 2027, a pesar del fenómeno de El Niño (FEN). Según el ENFEN, las condiciones de un FEN extraordinario se extenderían hasta el invierno del próximo año. Incluso en ese escenario adverso, los miembros del SAE esperan crecer, en promedio, cerca de 11% en términos nominales el próximo año.

Estas perspectivas están relativamente en línea con el crecimiento que la consultora espera para la demanda interna (sin inventarios) de 9% en términos nominales (5% después de ajustar por inflación).

El sustento de estas expectativas, a pesar del contexto climático adverso, es la evolución esperada para la inversión privada, la cual sería el principal motor del crecimiento en el 2027. En APOYO Consultoría se proyecta que crecerá 12.5%, después de ajustar por inflación. A los buenos precios de los metales se suma que la elección presidencial generó un quiebre positivo y muy relevante en las expectativas.

Este quiebre está asociado tanto a un entorno político con mínimo riesgo de vacancia, que sostiene el bajo riesgo de cambios constitucionales antimercado —lo que da más visibilidad para el planeamiento de mediano plazo—, como a la expectativa de simplificación administrativa en procesos y permisos, lo cual agilizaría los planes de inversión.

Este giro ha llevado a que la mayoría de los miembros del SAE adelante el inicio de la ejecución de sus planes al 2026 o que prevea hacerlo durante el primer semestre del 2027, aun en medio del FEN. Así, el 76% ya ha comenzado a ejecutarlos o lo hará en los siguientes diez meses.

Aun con el FEN, la inversión privada podría crecer en el 2027 más de lo que se prevé hoy. Cerca de la mitad de los miembros del SAE señala que superar el FEN les permitiría acelerar sus inversiones, lo que abre espacio a flujos mayores a los actualmente esperados para el segundo semestre del próximo año.

El 37% indica que las agilizaría si se confirma que el crecimiento de la demanda es sostenido y otro tercio, si el Gobierno avanza de forma decidida en la simplificación de procesos. Esto último sería especialmente relevante para los grandes proyectos de infraestructura concesionada (transmisión eléctrica, transportes, etcétera), y para los proyectos mineros y energéticos, en los que el aumento de la carga de permisos de la última década ha dilatado las aprobaciones y desincentivado a las empresas de avanzar.

En adición a las condiciones favorables, las grandes empresas tienen intenciones de apostar por el Perú. La mayoría de los miembros del SAE afirma que sería su principal destino de inversión en el 2027, por cuarto año consecutivo.

Chile le sigue en segundo lugar, que en febrero del año pasado estaba en el tercero, probablemente por los esfuerzos activos que se están haciendo para atraer inversión (reducción de tasas impositivas, simplificación de procesos, entre otros).

Eso sirve como recordatorio de que mantener esas intenciones y convertirlas en flujos exigirá un gobierno que fortalezca los cuadros públicos para que el sector privado tenga una contraparte efectiva y que empiece a implementar sus ideas de simplificación de procesos y de permisos.

En conclusión, las grandes empresas esperan crecer con fuerza este año y el próximo, aun con el FEN de por medio. La inversión privada sería el motor de ese resultado, dado que el sector corporativo tiene espacio e intenciones de seguir invirtiendo. Avanzar en la simplificación de procesos y en el fortalecimiento de las capacidades del Estado será la vía más directa para que el ciclo de inversión se extienda más allá del 2027.

Apuesta. La mayoría de los miembros del SAE afirma que el país sería su principal destino de inversión en el 2027, por cuarto año consecutivo.

COLUMNA DE OPINIÓN: “Una meta alcanzable”

Es factible que la economía crezca 5% al año, después de ajustar por inflación, hacia el cierre de este periodo gubernamental, en la medida que los precios de los metales se mantengan altos. Lograr eso (en vez de conformarnos con 3%) requerirá de un gobierno que mejore la calidad de los servicios públicos, facilite la inversión privada y eleve la productividad.

Eso es más fácil decirlo que hacerlo. El país necesita muchas reformas —política, judicial, educativa, laboral, tributaria, etcétera— y el Gobierno tiene poco capital político, con la inseguridad y el FEN absorbiendo, acertadamente, sus primeros días. Como consecuencia, tendrá que priorizar.

El premier Luis Galarreta dijo en la Convención Anual de APOYO Consultoría que se trata de una maratón y no de una carrera de 100 metros. Sabemos dónde está la meta; no es claro aún cuál es la ruta que plantea el Gobierno para alcanzarla, específicamente, cuáles serán las dos o tres grandes reformas por las que arriesgará capital político.

Sin eso, será más difícil anclar las expectativas del sector privado en los niveles actuales de optimismo.

“Tomar en cuenta este componente de protección social probablemente no mueva mucho el PBI, pero para los hogares más vulnerables será la diferencia entre un golpe temporal a sus ingresos y una catástrofe con efectos permanentes”, escribe José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría para La Mirada.

La economía peruana está creciendo a un buen ritmo y las expectativas son positivas, sobre todo las relacionadas con la inversión privada. El impulso viene de los elevados precios de los metales y del repunte de la confianza empresarial, que ya alcanzó su nivel más alto en 15 años, tras un breve bache de nerviosismo luego de la primera vuelta. La inversión privada creció 17% en el segundo trimestre del año y se espera que siga creciendo a doble dígito en la segunda parte del año y en el 2027.

La lectura fácil es que todo el país repunta. Pero detrás de estos promedios se esconde una historia distinta: una recesión que las cifras macro no mostrarán, porque golpeará de manera muy desigual a diferentes segmentos socioeconómicos, regiones del país y sectores económicos. Algo de eso ya empezó, mientras que la inversión crece fuerte, en junio el sector pesca cayó 52%, el sector agrícola lo hizo en 12%, y los hogares de menores ingresos sienten el golpe de la mayor inflación de alimentos y transporte.

Estas diferencias probablemente se intensificarán los próximos meses. Tanto así que, si viéramos el año, no de enero a diciembre sino de agosto 2026 a julio 2027, probablemente sería un año de recesión para los hogares del nivel socioeconómico DE (los de menores ingresos). En este segmento y en ese período, APOYO Consultoría anticipa que la masa salarial se contraerá entre 1% y 2%, en términos reales, debido al incremento de la inflación y al impacto negativo esperado del fenómeno de El Niño (FEN) fuerte o extraordinario. En contraste, la masa salarial de los hogares de los niveles socioeconómicos AB (los de mayores ingresos) probablemente seguirá creciendo a tasas superiores al 5%, en términos reales, gracias al impulso de los sectores vinculados con la inversión privada, la mayor demanda de trabajadores calificados y a su menor exposición al incremento de la inflación.

La geografía confirma el patrón: la masa de ingresos laborales en Lima Metropolitana probablemente crecerá al doble que la del resto del país, debido a que el FEN afecta más al sur por las sequías y al norte por el calor y las intensas lluvias. En las zonas pesqueras, la pesca puede explicar hasta un tercio de la masa salarial. En el caso de las zonas agroexportadoras, dicho porcentaje llega a ser 40%. En el sur, cerca de 900 mil empleos dependen de cultivos tradicionales como la papa y la cebolla, que tendrían malas cosechas por las sequías.

Sin embargo, el FEN no sólo impacta al PBI y a los ingresos laborales.

Lo que hemos visto en FEN anteriores es que, en zonas más expuestas como el norte del país, la mora de los créditos de consumo y de las microempresas sube, y eso genera una restricción del crédito justo para quienes más lo necesitan, en el momento en que más lo necesitan. Según la Encuesta Nacional de Hogares, cuando un hogar es afectado por un desastre natural, sus ingresos caen en promedio 18% si no tiene acceso a crédito.

El golpe también es patrimonial, y aquí la vulnerabilidad urbana es estructural. En los últimos diez años, el 90% del crecimiento de las ciudades peruanas se ha dado mediante construcción informal, muchas veces sin estándares técnicos y en zonas expuestas a huaicos e inundaciones. En la región Piura, por ejemplo, casi 80% de hogares no tienen techo de concreto. El antecedente de 2017 es preocupante: más de 45 mil viviendas colapsaron o quedaron inhabitables, alrededor de 700 colegios tuvieron daños graves o severos y varias postas médicas fueron afectadas, justo cuando los casos de dengue se triplicaron.

El impacto puede ser severo, no solo porque los hogares de menores ingresos tienen menos capacidad de respuesta, sino porque buena parte de su patrimonio —principalmente la vivienda— está expuesto. Cuando se pierden también vehículos, cocinas o herramientas de trabajo, el daño trasciende la emergencia. Combinado con un acceso más limitado al crédito, reduce la capacidad de reconstruir activos y recuperar las fuentes de ingreso una vez pasado el FEN, haciendo que sus efectos duren mucho más que el fenómeno mismo.

Por lo tanto, la preparación ante el FEN no puede ser solo de infraestructura. El debate se concentra en defensas ribereñas, limpieza de cauces y reconstrucción. Eso importa, pero no basta. Si la recesión oculta golpea el ingreso, los activos, la salud y la educación de los hogares más vulnerables al mismo tiempo, la respuesta necesita un componente de protección social y financiero tan robusto como el de infraestructura. Se deben evaluar intervenciones como transferencias focalizadas que apoyen la expansión de las billeteras digitales, mecanismos que sostengan el acceso al crédito y continuidad de los programas de alimentación escolar y salud pública en las zonas de mayor exposición.

Tomar en cuenta este componente de protección social probablemente no mueva mucho el PBI, pero para los hogares más vulnerables será la diferencia entre un golpe temporal a sus ingresos y una catástrofe con efectos permanentes.

En el caso de la percepción sobre la objetividad de la asignación salarial, por ejemplo, existe una brecha de 7% entre hombres y mujeres en posiciones de liderazgo. La falta de flexibilidad, la percepción de ascensos poco objetivos y la desconfianza en los canales internos pueden convertirse en factores de rotación.

Las empresas pueden tener políticas de inclusión, protocolos y programas de bienestar, pero si estas medidas no llegan a la experiencia cotidiana de sus trabajadores, pueden terminar enfrentando un riesgo que hoy resulta particularmente costoso, la pérdida de talento.

Ese es uno de los principales hallazgos del estudio “La señal que el negocio aún no está escuchando”, elaborado por Aequales junto con APOYO Consultoría, a partir de la percepción de más de 21.000 personas de tres países de América Latina y trabajadores de más de 35 empresas.

El estudio encuentra diferencias de hasta 17 puntos porcentuales entre grupos y dimensiones de la experiencia laboral. Y una de las brechas más relevantes aparece precisamente en la gestión del talento: la percepción favorable sobre la equidad en los procesos de gestión llega a 61%, frente a niveles de 75% y 80% en otros componentes analizados.

Para José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría, esta información adquiere mayor relevancia en un mercado donde las empresas ya enfrentan dificultades para encontrar trabajadores calificados.

“Si yo no doy flexibilidad adecuada a las mujeres, estoy negándole, haciéndole difícil el entorno a la mitad del talento y luego me quejo de que no encuentro personal calificado”, señaló.

Flexibilidad: una variable que puede definir la permanencia

Uno de los principales focos de alerta aparece en las políticas de flexibilidad y bienestar. La investigación identifica una diferencia importante entre quienes tienen responsabilidades de cuidado y quienes no, pero también encuentra una brecha entre hombres y mujeres dentro del grupo que sí tiene estas responsabilidades.

Esto resulta especialmente relevante porque las personas con responsabilidades de cuidado perciben una menor utilidad y seguridad para utilizar los beneficios de flexibilidad disponibles.

En otras palabras, no basta con que una empresa tenga horarios flexibles, trabajo híbrido u otros beneficios. El trabajador debe sentir que puede utilizarlos sin que ello afecte su desarrollo profesional o genere un juicio negativo de sus superiores.

El impacto puede ser mayor entre las mujeres. Según Saavedra, un análisis previo de APOYO Consultoría sobre rotación laboral encontró que los factores que influyen en la salida de trabajadores cambian según la etapa profesional.

En los primeros años de carrera, por ejemplo, adquieren mayor relevancia las oportunidades de ascenso y la percepción de liquidez, objetividad y transparencia en estos procesos. Para las mujeres en etapas posteriores, la flexibilidad puede convertirse en un factor determinante.

Así, una política diseñada para facilitar la conciliación entre vida laboral y personal puede perder efectividad si la cultura de la organización genera temor a utilizarla.

Los ascensos también pueden convertirse en un problema

Otra de las principales señales que encuentra el estudio está relacionada con la gestión del talento. La diferencia entre grupos respecto de la percepción de objetividad de los mecanismos de ascenso y promoción alcanza 13%, más del doble del umbral de seis puntos que los investigadores utilizan para identificar una brecha relevante.

La percepción también cambia según la posición que ocupa la persona dentro de la organización. Los niveles de liderazgo tienden a evaluar de manera más favorable los procesos, mientras que la valoración disminuye conforme se baja hacia los mandos medios y posiciones de base.

Para Saavedra, esto plantea un desafío de autocrítica para las organizaciones, debido a que quienes participan directamente en las decisiones de promoción tienden a tener una percepción más positiva de estos mecanismos.

El problema no se limita, además, a las mujeres que buscan llegar a posiciones de liderazgo. Incluso entre las mujeres que ya ocupan cargos de liderazgo persisten diferencias respecto de sus pares hombres.

En el caso de la percepción sobre la objetividad de la asignación salarial, por ejemplo, existe una brecha de 7% entre hombres y mujeres en posiciones de liderazgo.

Esto puede estar relacionado con sesgos o con diferencias en procesos de negociación de salarios y bonos, según Aequales.

Tener una política no significa que el trabajador la conozca

El estudio también muestra una diferencia entre lo que las organizaciones diseñan y lo que efectivamente conoce el personal. Mientras entre las posiciones de liderazgo alrededor de 86%-87% conoce los canales para reportar situaciones de acoso, en las posiciones de base este porcentaje cae a alrededor de 75%. La brecha alcanza 11%.

Algo similar ocurre con la confianza en estos canales. La diferencia entre los niveles de liderazgo y las posiciones de base llega a siete puntos.

Para Andrea de la Piedra, CEO y cofundadora de Aequales, este resultado muestra que las empresas necesitan mirar más allá de sus estructuras formales. “Cada población requiere una lectura distinta”, sostuvo.

El reto, explicó, consiste en identificar cómo se viven las políticas y beneficios en cada grupo, en lugar de asumir que una misma medida funciona de la misma manera para toda la organización.

El 44% ha vivido o escuchado alguna forma de acoso

El estudio también identifica una señal de alerta en materia de acoso y discriminación. El 44% de las personas encuestadas afirmó haber vivido, escuchado o percibido alguna forma de acoso. Entre las situaciones reportadas aparecen bromas o comentarios sexistas (38%), contacto físico no solicitado (18%), acoso (12%) y violencia física (11%).

La situación es aún más crítica entre las personas LGBTIQ+ y con discapacidad, grupos en los que, según Aequales, las brechas de percepción son mayores. Esto ocurre pese a que más de 90% de las empresas evaluadas cuenta con una política o protocolo para prevenir el acoso.

La diferencia entre tener el documento y conseguir que funcione en la práctica es precisamente uno de los problemas que busca visibilizar el estudio.

El costo de no escuchar

Para las empresas, las consecuencias no se limitan a una percepción negativa del ambiente laboral. Aequales y APOYO Consultoría identifican cuatro tipos de riesgos asociados a las brechas de inclusión: operacional, legal, de talento y reputacional.

El primero aparece cuando una empresa destina recursos a diseñar políticas, capacitaciones y programas, pero estos no producen el cambio esperado en la experiencia de los trabajadores.

En el estudio, una mejora en las estrategias, planes y políticas está asociada con apenas un punto de mejora en la percepción que tienen los trabajadores sobre esas políticas. Esto no significa que las políticas no sean necesarias, sino que evidencia el reto de llevarlas de la planificación a la ejecución.

El riesgo de talento aparece cuando las condiciones laborales hacen más difícil retener o atraer trabajadores clave. En un mercado donde las empresas ya reportan dificultades para encontrar personal calificado, perder trabajadores por problemas que podrían anticiparse puede tener un costo adicional.

El riesgo legal surge cuando una organización considera que tener un protocolo es suficiente para mitigar una eventual contingencia, sin verificar si los trabajadores conocen el procedimiento y confían en los canales disponibles.

Y está también el riesgo reputacional: trabajadores que tienen una mala experiencia pueden convertirse en embajadores negativos de una empresa como lugar de trabajo.

Una política de talla única ya no alcanza

El estudio plantea que la percepción agregada puede ocultar diferencias relevantes entre grupos. Una organización puede obtener un resultado positivo cuando consulta a toda su plantilla, pero encontrar brechas importantes cuando separa los resultados por género, edad, responsabilidades de cuidado, discapacidad, pertenencia a la comunidad LGBTIQ+ o nivel jerárquico.

Por ejemplo, las mujeres reportan una menor percepción de flexibilidad y seguridad psicológica. Las personas con responsabilidades de cuidado sienten menos seguridad para utilizar los beneficios de flexibilidad. Y las personas con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+ presentan brechas más pronunciadas en distintos indicadores.

La conclusión es que las organizaciones necesitan pasar de una lógica de políticas generales a una gestión más vinculada con las distintas etapas y condiciones de sus trabajadores. “Cada colaborador tiene una etapa de vida diferente”, concluyó De la Piedra.

Artículo en Gestión.

APOYO Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas e instituciones miembros del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE), entre el 7 y el 11 de agosto, para conocer sus intenciones de invertir en estas primeras semanas de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori y tras un primer mensaje a la nación y conformación del Gabinete ministerial.

Los resultados de este mes muestran una consolidación del registro de julio: la confianza para invertir alcanza su nivel más alto en 15 años. Es una señal positiva para la inversión privada de los próximos meses, que terminaría creciendo 10% o más este año y contribuiría a la generación de empleo formal.

Sin embargo, el Gobierno enfrentará cuatro retos clave que podrían complicar el avance de sus propuestas, incluyendo las económicas.

¿EN QUÉ SE BASÓ LA CONFIANZA?

Esta reacción responde probablemente a que las comunicaciones y decisiones del Gobierno han sido percibidas, en balance, como positivas. Entre ellas destacan el mensaje a la nación, la conformación del Gabinete y algunos de los nombramientos de funcionarios clave (Banco Central de Reserva del Perú, Sunat, Petroperú, por ejemplo).

Estas decisiones han transmitido la intención de mejorar la gestión y la implementación de políticas públicas, y comprensión sobre cuáles son los temas urgentes, como enfrentar el fenómeno de El Niño (FEN) y la inseguridad ciudadana. De hecho, el 99% de los clientes SAE considera que los principales anuncios del mensaje de 28 de julio estuvieron en línea con sus expectativas o las superaron. Esto sugiere que los anuncios habrían contribuido a sostener la confianza empresarial.  

La conformación del Gabinete ha tenido un papel particularmente relevante: el 93% de los clientes SAE tiene una opinión positiva o muy positiva. La selección de ministros combina perfiles técnicos con políticos, lo que reflejaría que el Gobierno es consciente de sus limitaciones de capital político y buscaría enfoques pragmáticos. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha priorizado un perfil técnico, lo que da una señal contundente de seriedad y credibilidad respecto de la política económica. El ministro actual, Elmer Cuba, ha fijado metas en crecimiento económico (4% en promedio entre 2026 y 2031), pobreza monetaria (15% de la población al 2031) e informalidad laboral (50% de los trabajadores al 2031), con prioridades estratégicas claras: aumentar la productividad y reducir la desigualdad social. Esto representaría una mejora en la gestión económica frente a los cinco años previos y ofrece un marco para evaluar si las medidas que se adopten en los próximos años acercan al Gobierno a esos objetivos.

Además, tiene una agenda bien definida para el corto plazo. Esta abarca asuntos urgentes vinculados al FEN, a la alta inflación y a contener presiones que amenazan la sostenibilidad fiscal. Por un lado, incluye el financiamiento para la respuesta a la emergencia del FEN (con una asignación de S/ 2,500 millones) y subsidios a transportistas para la compra de diésel para amortiguar el impacto negativo del aumento en los precios internacionales del petróleo sobre costos de empresas y poder adquisitivo de los hogares. Por otro lado, planea presentar demandas de inconstitucionalidad contra cuatro leyes de gasto aprobadas por el Congreso anterior, lo que podría evitar cerca de S/18 mil millones de gasto rígido adicional en los próximos cinco años. De manera similar, está respaldando políticamente la reestructuración de Petroperú, de modo que haya mejoras en gobernanza y gestión que se traduzcan gradualmente en resultados financieros más sólidos. Y, ha comentado acciones vinculadas a temas tributarios y laborales para reducir la informalidad. Aun así, algunas medidas, como aumentar el salario mínimo o mantener el número de feriados, no contribuyen a los objetivos de mejorar la productividad y reducir la informalidad. Sin embargo, viéndolas como parte del conjunto, se pueden entender como concesiones para balancear aspectos políticos y técnicos, cuyos impactos negativos se han tratado de mitigar en cierta medida.  

RETOS QUE PUEDEN CAMBIAR TENDENCIA

Como se mencionó, el Gobierno enfrentará cuatro retos clave que podrían complicarlo.

Primero, tendrá que sostener su capital político inicial. Esto exigirá respuestas eficaces y rápidas a los temas más urgentes: el FEN y la inseguridad ciudadana, que ya golpean a empresas y familias y que limitarían el crecimiento económico en los próximos meses.

Segundo, el Poder Ejecutivo deberá administrar con cuidado su relación política con el Congreso de la República. Según un sondeo de APOYO Consultoría a más de 40 expertos políticos en julio, es altamente probable que el Gobierno obtenga facultades legislativas para prevenir y mitigar el FEN, luchar contra economías ilegales e impulsar la inversión privada.

Sin embargo, el control de la oposición sobre comisiones clave del Parlamento (economía y energía y minas, por ejemplo) y la ausencia de una mayoría oficialista podrían llevar a que el Ejecutivo tenga que realizar múltiples concesiones para que se aprueben sus iniciativas y eso podría atenuar o distorsionar sus impactos esperados sobre el entorno de negocios.

Tercero, el Gobierno tendrá que revertir el deterioro del aparato público del quinquenio previo, puesto que podría ralentizar la implementación de cambios, sobre todo aquellos que requieren coordinación intersectorial.

Cuarto, el Poder Ejecutivo tendrá que conseguir apoyo político regional, sobre todo en el sur, donde el respaldo es más débil, para contener potenciales brotes de conflictividad social. Si bien las elecciones municipales y regionales podrían ofrecer ese espacio, hay alta incertidumbre sobre la capacidad de Fuerza Popular para ampliar su presencia regional. En promedio, los expertos políticos asignan una probabilidad cercana al 50% a que el partido gane al menos una gobernación regional.  

Así, en resumen, el sector corporativo percibe un balance favorable de los mensajes y acciones del nuevo Ejecutivo en sus primeras semanas. Los buenos niveles de confianza empresarial y la percepción positiva sobre el Gabinete le dan al Gobierno un margen inicial para tener una relación positiva con el sector privado y trabajar conjuntamente para enfrentar escenarios de crisis y dinamizar la economía.

Sin embargo, ese margen es condicional. Si el Gobierno respondiese mal o tarde al FEN y a la inseguridad ciudadana, no lograse consensos con el Congreso y las regiones, y no mejorase la calidad del aparato público, tendría dificultades para implementar su agenda y para alcanzar las ambiciosas, pero logrables, metas del MEF. De ello dependerá que se mantenga el apetito del sector privado por invertir y contratar.

COLUMNA DE OPINIÓN: “Las dos reconstrucciones”

Hoy, todo apunta a un FEN fuerte o extraordinario en los siguientes meses: sequías en el centro y sur del país y lluvias intensas en la costa norte, posiblemente iguales o peores que en 1997. El gobierno está pensando, acertadamente, en cómo evitar mayores daños y afrontar la emergencia. Ya es hora también de pensar en el proceso de reconstrucción del norte; será tarde si se espera a hacerlo cuando se “caiga el cielo”.

Sin embargo, ninguna intención ni plan se concretará si no se avanza desde ahora con la otra reconstrucción: la de las capacidades del aparato público. Aunque este es un problema de larga data, empeoró significativamente en el último quinquenio y representa un reto serio para la ejecución. El Ejecutivo debe cubrir más de mil puestos de alta dirección en ministerios. A esto se suma una descentralización que no ha dado resultados, con 25 gobernadores y 1 892 alcaldes que asumirán funciones durante la peor parte del FEN. Sin esta primera reconstrucción, la segunda difícilmente pasará del papel.

“Prepararse no es solo una decisión económica. Es decidir cuánto estamos dispuestos a proteger a quienes menos pueden protegerse solos. La advertencia de 2017 es concreta: la demora en la respuesta se traduce en comidas que no llegan, controles que se postergan y pérdida de desarrollo que no se recupera”, escribe Carlos Córdova, director de proyectos del área de sostenibilidad y políticas públicas de APOYO Consultoría.

El Fenómeno El Niño ya está en curso y la costa norte vuelve a estar en alerta. La conversación pública girará, como siempre, en torno a las carreteras, los cultivos perdidos y el golpe al PBI regional. Todo eso importa. Pero hay un daño menos visible y mucho más difícil de revertir: el que sufre la infancia.

El Niño Costero de 2017 lo mostró con claridad. Según Indeci, 354 instituciones educativas quedaron destruidas y 3.266 afectadas; 64 establecimientos de salud fueron destruidos y 1.044 dañados. Detrás de esas cifras hubo niños sin clases, sin controles de salud y sin la comida que recibían en la escuela. En Apoyo Consultoría sistematizamos la respuesta a la emergencia: el problema no fue la falta de programas, sino de preparación para responder de forma inmediata y coordinada.

La escuela es más que un aula. Para miles de hogares también es un punto de acceso a alimentación. En 2017, Qali Warma suspendió la entrega del servicio alimentario por la postergación de las clases. Nuestro estudio constató que el programa tenía alimentos en almacén y no contaba con mecanismos para distribuirlos, cuando 88% de los damnificados en Piura reportaba necesitarlos.

La salud infantil enfrenta un riesgo similar. En Piura y La Libertad, cerca de la mitad de la población damnificada o afectada reportó impactos en su salud. El agua estancada favoreció la expansión del dengue. Hoy el punto de partida es más complejo, porque el dengue se sigue extendiendo y la anemia infantil se mantiene elevada.

Los más pequeños son especialmente vulnerables. Cuna Más suspendió el cuidado diurno y recurrió a visitas domiciliarias y raciones frías. Los módulos temporales se instalaron sin protocolo claro. En la primera infancia una respuesta tardía cuesta más: los primeros 36 meses son la ventana crítica para la nutrición y el desarrollo.

Hay margen para corregir esto a tiempo. La Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del fenómeno de El Niño, creada este mes, reúne al Midagri, que la preside, junto con Defensa, Economía, Vivienda, Indeci y la ANA. Es coherente con la urgencia de intervenir los puntos críticos de infraestructura. El riesgo es que, sin el Midis en la mesa, la continuidad de los programas sociales y la protección de la población vulnerable queden fuera de las decisiones de preparación: justamente donde 2017 mostró una brecha relevante.

Incorporarlo daría prioridad a medidas como actualizar el Sisfoh con información de los hogares más vulnerables, prever la continuidad de los servicios alimentarios, reforzar los establecimientos de salud más expuestos y planificar a tiempo los espacios de cuidado en los módulos temporales.

Prepararse no es solo una decisión económica. Es decidir cuánto estamos dispuestos a proteger a quienes menos pueden protegerse solos. La advertencia de 2017 es concreta: la demora en la respuesta se traduce en comidas que no llegan, controles que se postergan y pérdida de desarrollo que no se recupera.