Miguel Figallo, gerente de proyectos APOYO Consultoría, analiza los principales desafíos del sector hidrocarburos en el Perú, desde la baja exploración y la falta de predictibilidad regulatoria hasta el futuro de Camisea, la seguridad energética y la urgencia de una reforma en Petroperú.

¿Cómo describiría el estado de salud del sector hidrocarburos en el Perú? ¿Qué oportunidades y desafíos observa actualmente?

Pensando en la “salud” del sector, yo diría que hoy parece no estar tan mal, pero es un enfermo crónico. Lo pondría así porque hay muchos problemas que arrastramos desde hace años y que no hemos solucionado. Quizás en el corto plazo no se ven los efectos, pero sí pueden impactar en el mediano y largo plazo, y hacernos perder oportunidades importantes.

Uno de los principales problemas es el muy bajo nivel de exploración. Y eso ocurre porque no están bien puestos los incentivos regulatorios, empezando por la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En el caso del gas natural, además, no se ha impulsado un mecanismo que aumente la demanda. Esa demanda podría venir de una mayor exportación, de la petroquímica o de otros sectores, pero eso también requiere cambios regulatorios.

Si no hay más demanda, ¿por qué se va a explorar más gas, si hoy incluso tenemos que reinyectar parte del gas que extraemos? Ese es un problema importante que hoy quizá no se note, pero que más adelante puede tener un impacto significativo.

Otro gran dolor de cabeza es Petroperú. Muchas veces participa como socio o comprador dentro de la cadena de valor del sector, pero por falta de recursos no paga y eso debilita toda la cadena de pagos.

Y en el caso del gas natural, ya estamos a unos ocho años de que venzan los contratos originalmente diseñados a 30 años con Camisea, y todavía no tenemos una estrategia clara sobre qué viene después. Ya financiamos toda la infraestructura que hoy existe y que le ha generado resultados positivos al país, pero falta discutir qué queremos hacer en la siguiente etapa. Ahí hay una gran oportunidad que todavía no estamos aprovechando.

¿Cómo nos deja este panorama frente a otros países de la región? ¿Estamos dejando pasar oportunidades?

Sí. Un ejemplo muy claro es lo que está pasando con Venezuela. Se ha vuelto nuevamente un país atractivo para actores internacionales vinculados a la extracción de petróleo. Hay empresas de talla internacional, como Chevron, entrando allí, y también contratistas colombianos mirando ese mercado como una oportunidad.

En el Perú, por ejemplo, Chevron también está presente como socio de Anadarko, porque ve la región como un conjunto y evalúa dónde avanza más rápido. Pero hoy solo tenemos cinco lotes en exploración. Los grandes descubrimientos vienen de lotes antiguos y, actualmente, la actividad exploratoria es muy baja. En tres de esos cinco lotes participa Chevron como socio de Oxy y Anadarko, pero todavía está en estudios ambientales y no es claro si llegará a producir. Al final, este tipo de empresas va a decidir dónde destinar sus recursos de inversión, dependiendo de qué país les da mejores condiciones y más rapidez en su recuperación.

Entonces, si estos actores ya están mirando la región, la pregunta es cómo aprovechamos eso y qué incentivos damos para que se interesen más en explorar en el Perú.

Sobre la inversión de Anadarko frente a las costas de La Libertad, ¿qué cree que ha visto la empresa en esa zona?

En la medida en que existan recursos y se encuentren reservas de petróleo, claro que habrá interés. El problema aparece cuando los plazos para explorar son demasiado ajustados y los procedimientos toman demasiado tiempo.

Los estudios ambientales y las evaluaciones son necesarios, el problema es cuando esos procesos se extienden tanto que impiden que las empresas determinen cuántos recursos existen, qué calidad tienen y si la inversión es viable. En ese escenario, la inversión termina cayendo a cero por defecto.

Por eso hay que ampliar los plazos de los contratos de concesión de lotes, facilitar los temas vinculados a costos y penalidades, y mejorar la capacidad del Estado para evaluar de manera más rápida y eficiente a los operadores. Lo importante es dar predictibilidad a los inversionistas y decirles: “En estas condiciones sí vas a poder operar”. Hoy muchos instrumentos de gestión ambiental no son predecibles y eso termina siendo un problema.

¿Qué tan importante sigue siendo el sector hidrocarburos para la economía y para regiones alejadas como Loreto?

Es muy importante para ciertas economías regionales. Quizás no tiene el mismo peso que la minería en la recaudación nacional, pero sí es fundamental para determinadas zonas. En la costa norte del país, por ejemplo, donde se concentran los lotes petroleros, el canon representa recursos muy relevantes para los gobiernos subnacionales. Lo mismo ocurre con el canon gasífero en Cusco.

Además, hay otro tema importante. A veces hablamos de hidrocarburos como si fueran tecnologías del pasado, pero cuando uno analiza cómo ha crecido la demanda, encuentra que la demanda de hidrocarburos crece incluso más rápido que el PBI. Eso muestra que la necesidad de ellos todavía no está desapareciendo.

El diésel sigue siendo difícil de reemplazar en ciertas industrias y el gas natural ha sido fundamental para darle estabilidad energética al país. Gracias a ese gas hemos tenido electricidad barata y un sistema energético más estable, lo que ha permitido al Perú avanzar de manera ordenada en la transición energética.

Por eso, hablar de hidrocarburos no significa hablar de una industria que está muriendo. Hay un proceso de convivencia y de complementariedad con la transición energética.

Hace poco hubo una incidencia en el ducto de gas natural que generó problemas en Lima. ¿Qué se puede hacer para fortalecer la seguridad energética?

Lo que vimos tras la ruptura del ducto de Camisea fueron los efectos: problemas logísticos para el GNV y el GLP, alzas en los precios spot de electricidad, industrias que tuvieron que reducir operaciones y hasta impactos indirectos en agroexportación. Por ejemplo, hubo problemas para fabricar envases de vidrio porque esa industria es muy intensiva en gas natural. Entonces, incluso sectores que aparentemente no tenían relación directa terminaron afectados.

Ahora, pensando en cómo evitar que eso vuelva a ocurrir, hay varias alternativas. Una es construir ductos redundantes, pero eso es muy costoso, especialmente en zonas de difícil acceso. Otra opción es desarrollar sistemas de almacenamiento de gas natural en Lima mediante plantas de licuefacción y regasificación. Eso permitiría contar con reservas para momentos de escasez e incluso importar GNL si fuera necesario. Hemos visto modelos así en Colombia y el costo sería de alrededor de US$ 1,500 millones.

También existe la alternativa del llamado “anillo energético”, conectando el sur y la costa mediante un sistema integrado de ductos. Eso daría mayor seguridad, pero el costo sería muchísimo más alto, alrededor de US$ 7,000 millones.

Cualquiera de esas opciones requiere un nivel muy alto de coordinación. Cuando se desarrolló Camisea no se hizo solamente un ducto: también se desarrollaron las exportaciones de GNL, centrales termoeléctricas y toda una estrategia integral. Entonces, si queremos una segunda etapa de Camisea, tenemos que discutir qué queremos hacer como país (más exportación, petroquímica, mayor seguridad energética, más exploración). Todo eso requiere coordinación y visión de largo plazo.

¿Cuáles deberían ser las medidas urgentes para el próximo gobierno respecto del sector?

Diría que hay tres temas urgentes. El primero es la reestructuración de Petroperú. Todos los peruanos terminamos respaldando el préstamo de hasta US$ 2,000 millones que, con sus resultados financieros actuales, la empresa tendría un alto riesgo de no devolver ese dinero. El problema de fondo es que Petroperú pierde dinero todos los años. Y esto no es solo un problema fiscal. Petroperú es socio en algunos lotes, es el principal comprador de petróleo del país y además abastece zonas alejadas. Si ese actor no funciona eficientemente, el sector tampoco puede funcionar bien. Su reestructuración implica fortalecer el gobierno corporativo y alejarlo de intereses políticos.

El segundo tema es la licitación de los lotes petroleros. Hoy el Estado ni siquiera ha podido licitar algunos lotes y ha tenido que ampliar contratos temporalmente para evitar una caída en la producción. Hay que pensar en contratos más largos que permitan seguir invirtiendo y optimizando la producción.

Y el tercer punto es definir qué se hará con los contratos vinculados a Camisea, que vencen en ocho años. Necesitamos discutir desde ahora cómo queremos que sea el sector gasífero en los próximos 30 años: si queremos más exportación, petroquímica o nuevas inversiones en infraestructura.

Todo eso hay que discutirlo ya.

¿También debería abrirse una discusión más amplia sobre cambios regulatorios y el rol de Perúpetro?

Totalmente. Necesitamos mucha más exploración. Tenemos recursos valiosos y precios internacionales atractivos, pero hoy prácticamente no se está explorando. En gas natural casi no hay exploración y, en petróleo, solo tenemos cinco lotes con actividades exploratorias. Claramente, algo estamos haciendo mal como país para atraer inversión.

Por eso, sí creo que hay que revisar de manera consensuada los incentivos regulatorios. Hace algunos años el propio Ministerio de Energía y Minas trabajó propuestas de cambios para la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pero finalmente no se aprobaron.

Son debates que tenemos que retomar porque al final eso puede traducirse en más inversión y mayores beneficios para el país.

Finalmente, ¿qué tanto afecta la inestabilidad política al sector?

Muchísimo. Hasta el 2016, un ministro de Energía y Minas duraba en promedio 20 meses. Entre el 2016 y el 2021 el promedio bajó a seis meses y en este último quinquenio ha sido de apenas cinco meses. Cada vez que cambia el ministro, también cambian viceministros y directores generales. Con un interlocutor que cambia constantemente es casi imposible sostener conversaciones de mediano plazo sobre lo que el país necesita.

Cuando ya estás avanzando una discusión, cambia el interlocutor y tienes que empezar de nuevo. Esa degradación institucional, que afecta a muchos sectores del país, también está impactando de manera preocupante al sector Energía y Minas.

Lo que el Perú necesita es un Estado que cumpla bien las funciones que solo él puede hacer. Eso requiere reforma de la gestión pública, no demolición del marco que la financia.

En el Perú hay muchas cosas que deben cambiar. Los resultados en educación primaria son peores que hace diez años. La anemia infantil afecta a uno de cada tres niños. La inseguridad ha crecido sostenidamente y más de la mitad de la población siente que el país retrocede. Más del 80% está insatisfecho con los servicios públicos. Esa frustración es legítima. Sin embargo, el problema no está en el capítulo económico de la Constitución, sino más bien en la incapacidad del gobierno central, regional y local de gestionar adecuadamente los recursos que el modelo ha generado.

Este es el primero de una serie de artículos sobre los aspectos del modelo económico que definitivamente no deben modificarse: aquellos que son condición necesaria para atraer inversión, crear empleos de calidad y mantener la estabilidad macroeconómica que permite que las familias planifiquen, ahorren y progresen. Los llamaremos los «no negociables».

¿Por qué son no negociables? La respuesta es una cadena causal sencilla pero poderosa. Cuando las reglas de juego son predecibles, invertir es menos riesgoso. Esto incrementa la inversión —grande y pequeña, nacional y extranjera—. Cuando hay más inversión, se crea más empleo de calidad y las familias tienen más ingresos. Y en todo este proceso se pagan más impuestos para financiar los gastos del Estado. Esa cadena funciona en ambas direcciones: si las reglas cambian de manera impredecible, la inversión cae, el empleo se deteriora y los ingresos de las familias se resienten. El Estado termina con menos recursos.

El gran aporte del capítulo económico de la Constitución es que le da predictibilidad a los que operan exactamente sobre esa cadena. La seguridad de los contratos y la garantía que un contrato es ley entre las partes permite que quien invierte en una mina, una planta, un proyecto inmobiliario o un proyecto de largo plazo pueda confiar en que las condiciones no cambiarán arbitrariamente a mitad del camino. La igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera le dice al mundo que en el Perú se compite en igualdad de condiciones. El rol subsidiario del Estado lo enfoca en funciones que solo él puede cumplir cabalmente —seguridad, justicia, defensa del medio ambiente, programas sociales— en lugar de arriesgar recursos públicos en empresas donde el sector privado es más eficiente. Y la autonomía del BCR nos protege: cuando el banco central financia al gobierno, la inflación destruye primero la capacidad adquisitiva de los más pobres. Eliminar todo esto no nos generará mejores servicios públicos, sino todo lo contrario.

Lo que propone Juntos por el Perú no es original. Es una réplica de los cambios que Ecuador introdujo en 2008, Bolivia en 2009 y Venezuela antes que ambos países: los mismos argumentos y los mismos resultados. En los tres casos hubo años de aparente bonanza, pero ese crecimiento era artificial. Descansaba en el boom de materias primas y en una expansión insostenible del gasto público, mientras la inversión privada se retiraba silenciosamente. Cuando los precios cayeron, no había con qué reemplazar esos ingresos. Las reservas se agotaron, el déficit fiscal y la deuda pública se dispararon y el control de precios que vino después solo produjo escasez. Bolivia, que muchos citan como el caso exitoso, cerró la década con reservas internacionales desplomadas, escasez de combustibles y alimentos, y sin haber diversificado la actividad productiva. Ni qué decir de Venezuela, que de ser uno de los países con mayores ingresos pasó ahora a tener más del 80% de su población en pobreza y generó una emigración sin precedentes, separando familias en busca de sobrevivencia en otros países.

El Perú tomó el camino opuesto. Desde 1994, el PBI per cápita creció de manera sostenida, impulsado por inversión privada y exportaciones. El Estado tuvo más recursos que nunca. El problema es que no los gastó bien. La corrupción, la mala gestión y la ausencia de rendición de cuentas convirtieron un Estado con ingresos crecientes en uno incapaz de cumplir sus funciones básicas. Los números lo dicen sin rodeos: la tasa de homicidios casi se duplicó entre 2019 y 2025, pasando de 7 a 14 por cada 100.000 personas. El número de proyectos de inversión pública paralizados o abandonados pasó de 30 mil a 65 mil en el mismo período. Y el porcentaje de hogares sin acceso a desagüe subió de 17% a 23%. La pobreza, que se había reducido desde 54% hasta 20% en 2019, hoy está en 26%, siendo uno de los pocos países que no ha recuperado su nivel prepandemia. Más presupuesto, peores resultados.

Ahí está la trampa. El discurso de cambio radical le habla a una población justificadamente frustrada, pero apunta al lugar equivocado. En vez de corregir cómo el Estado gasta lo que el modelo genera, propone destruir la fuente de esos recursos. El resultado sería menos inversión, menos empleo de calidad, menos ingresos para las familias y, en consecuencia, más insatisfacción —no menos—. Lo que el Perú necesita es un Estado que cumpla bien las funciones que solo él puede hacer. Eso requiere reforma de la gestión pública, no demolición del marco que la financia.

El Perú ya vivió el experimento que hoy se propone repetir. Fue entre 1979 y 1990: estatismo, empresas públicas, control de precios, banco central al servicio del gobierno. Terminó en hiperinflación y pobreza masiva. Repetir este experimento una vez más, con evidencia irrefutable en contra, no es valentía. Es negligencia.

Fact-Checking: Lo que se propone cambiar en el plan de gobierno de JPP y por qué es un error

Art. 66 — Recursos Naturales

Propuesta: El Estado debe explotar los recursos estratégicos (Camisea, litio, petróleo, cobre, oro). Los privados solo pueden operar pagando una renta al Estado.

Por qué es un error: La extracción de recursos naturales es técnicamente compleja y financieramente riesgosa. El sector privado tiene las capacidades y asume ese riesgo. En el caso del sector minero, el Estado obtiene el 40%-50% de las utilidades vía impuestos y regalías —como si hubiese aportado esa parte del capital, pero sin arriesgar un sol—. Donde se intentó la estatización, fracasó: la capacidad productiva de petróleo o gas de Venezuela, Ecuador y Bolivia declinó cuando el Estado tomó el control. Perú tuvo décadas perdidas en los años setenta y ochenta por seguir este modelo.

Art. 62 — Estabilidad contractual

Propuesta: Derogar la estabilidad contractual para que el Estado pueda renegociar contratos que considere lesivos para el país.

Por qué es un error: Una mina, una central eléctrica o un gasoducto puede tardar más de cinco años en construirse, incluso más años en recuperar la inversión y operar durante décadas. Nadie invierte a largo plazo si las reglas pueden cambiar arbitrariamente a mitad del camino. La OCDE la reconoce como condición estándar para atraer inversión de largo plazo. Venezuela rompió contratos con Exxon, Shell y BP —y terminó con producción colapsada y arbitrajes internacionales millonarios en su contra.

Art. 63 — Inversión nacional y extranjera / CIADI

Propuesta: Eliminar la igualdad de trato entre inversión nacional y extranjera. Prohibir el arbitraje internacional (CIADI) y someter todos los conflictos al Poder Judicial peruano.

Por qué es un error: Antes de la Constitución de 1993, la inversión extranjera directa (IED) en el Perú era prácticamente inexistente (0% del PBI). Tras los cambios constitucionales, subió a 5% del PBI. Ecuador, Bolivia y Venezuela salieron del CIADI, y su IED cayó significativamente en los años siguientes. Someter disputas solo al Poder Judicial peruano no genera confianza: 75% de peruanos desconfía del Poder Judicial.

Arts. 58 y 60 — Economía social de mercado / Subsidiariedad

Propuesta: Eliminar el rol subsidiario del Estado y crear empresas públicas en minería y sectores estratégicos. El Estado debe ser gestor y socio activo en la economía.

Por qué es un error: El rol del Estado no es competir con el privado: es regular la actividad empresarial para maximizar su impacto —garantizando libre competencia, protección ambiental y respeto de derechos— mientras se concentra en lo que solo él puede hacer bien. Además, el Estado peruano es un mal gestor de empresas. Petro-Perú acumula pérdidas por más de US$2.200 millones, una deuda de US$7.900 millones, y ha requerido rescates por US$5.000 millones en cuatro años —recursos que pudieron financiar hospitales, colegios y carreteras—.

Arts. 84 y 85 — BCR y reservas internacionales

Propuesta: Ampliar el mandato del BCR para incluir el «desarrollo nacional». Exigir que el 50% de las Reservas Internacionales Netas (RIN) estén en oro.

Por qué es un error: El mandato único de inflación le ha funcionado extraordinariamente bien al Perú: desde que opera con metas explícitas, la inflación peruana ha sido la más baja de América Latina y el sol la moneda más sólida de la región. A quien más ha beneficiado es a los hogares de menores ingresos, que tienen menos posibilidades de protegerse frente al alza de precios. Exigir que el 50% de las RIN esté en oro es un error técnico: el precio del oro es mucho más volátil que el dólar y no genera rentabilidad. Aumentar su peso en las RIN afectaría su rol como seguro frente a los vaivenes del entorno internacional.

Fundador de APOYO Consultoría reflexiona sobre este ejercicio peruano de caminar al borde del abismo cada cinco años y el miedo como arma en una elección. Sin embargo, confía en que es posible la reconciliación nacional.

—Cada cinco años decimos que estamos en las elecciones más cruciales de la historia. ¿Hasta cuándo?

En los últimos años, el Estado peruano ha destinado recursos a una amplia gama de prioridades, pero becar a sus mejores estudiantes no ha sido una de ellas. El reciente anuncio de que cerca de 300 jóvenes admitidos en las mejores universidades del mundo quedarían sin poder postular a las 150 plazas que el programa ofrece cada año, sumado a los problemas previos de presupuesto en torno a Beca 18, revela las prioridades del Estado. Esto ocurre en un contexto en el que el Ejecutivo ha comprometido cerca de S/20 mil millones en nueve rescates a Petroperú desde 2022. El Congreso, por su parte, ha aprobado medidas que reducirían la recaudación en S/34,564 millones y, además, ha elevado su propio presupuesto en un promedio de S/366 millones anuales por encima de lo propuesto inicialmente por el MEF desde 2022. Solo el último incremento, equivalente a S/485 millones, habría bastado para cubrir más de la mitad del déficit presupuestal que enfrenta Pronabec este año.

La Beca Generación del Bicentenario (BGB) es, en este contexto, una de las líneas más pequeñas del presupuesto público, apenas 0,028% del presupuesto anual de Educación, que, a su vez, concentra cerca de una quinta parte del presupuesto público total. Sin embargo, desde 2012 ha adjudicado 2,785 becas a profesionales peruanos de alto rendimiento académico y recursos limitados para cursar maestrías y doctorados en las 400 mejores universidades del mundo, bajo compromiso de retorno y servicio profesional al país, con un costo aproximado de S/232 mil por maestría y S/411 mil por doctorado. Su magnitud queda clara al compararla con lo que el Congreso gasta en bonos de planilla. Entre 2021 y 2025, las cinco convocatorias anuales de la BGB demandaron un presupuesto de S/45 millones, tres veces menos que los S/ 134 millones que el Congreso asigna en un solo año a la partida donde se registra escolaridad, aguinaldos, gratificaciones, bono de productividad y bono por crecimiento económico. Esos S/ 134 millones habrían financiado 580 maestrías o más de 320 doctorados en el extranjero.

La BGB es una de las pocas políticas públicas con capacidad real de transformar de manera sostenible la vida de los peruanos, dado que interviene simultáneamente en tres dimensiones: (i) la formación de capital humano avanzado, (ii) la movilidad social intergeneracional, y (iii) la capacidad de un país para multiplicar conocimiento en nuevas generaciones. Al articular estas tres dimensiones, la beca contribuye a mejorar la oferta laboral, reducir la pobreza y elevar la productividad en el largo plazo

Por un lado, el programa contribuye a cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de talento en el mercado laboral peruano. Actualmente, nueve de cada diez empresas reportan dificultades para encontrar trabajadores con las calificaciones que requieren, especialmente en tecnologías de información, ingeniería e investigación aplicada. Los becarios se forman justamente en esas disciplinas, donde la oferta local es más escasa.

La beca es también uno de los pocos canales reales de movilidad intergeneracional que ofrece el sistema peruano. De hecho, los trabajadores con posgrado perciben ingresos 63,5% mayores que quienes solo culminaron el pregrado y registran una tasa de empleo informal de 13,1%, menos de la mitad del 31,2% observado entre quienes tienen educación universitaria completa. Además del ingreso mayor que reciben los trabajadores con posgrado, hay que tomar en cuenta que el 70,5% de sus beneficiarios proviene de universidades públicas y el 49,3% postula desde fuera de Lima. En la práctica, el programa financia la distancia que separa a estudiantes talentosos de bajos ingresos de instituciones académicas de excelencia global, una brecha que el mercado no resuelve por sí solo.

Además, el impacto del programa no termina en el becario. De acuerdo con el más reciente estudio de Pronabec sobre experiencias de retorno, el 75,9% de los beneficiarios pasa más tiempo en el Perú que en el extranjero luego de culminar el posgrado. Una proporción relevante, además, se incorpora a la docencia universitaria, multiplicando el efecto de la inversión pública sobre nuevas generaciones de talento. En conjunto, esto puede contribuir a elevar la productividad del país en el largo plazo.

Cada año que se posterga esta inversión, el país renuncia a una cohorte de ingenieros, médicos, investigadores y servidores públicos formados al más alto nivel. También renuncia a los encadenamientos que esa formación genera sobre la productividad y la movilidad social de familias que no pueden costear un posgrado en el extranjero. El Ejecutivo todavía puede corregir el rumbo: asegurar los recursos y, evitar que otro grupo de estudiantes quede fuera no por falta de mérito, sino por falta de voluntad política.

En entrevista con Perú21, el socio y economista principal de Apoyo Consultoría, José Carlos Saavedra, advirtió sobre la presión al alza en el tipo de cambio desde que Roberto Sánchez pasó al segundo lugar. También habló acerca de la situación de Petroperú y el impacto de los proyectos con iniciativas de gasto aprobados en el Congreso.

Las iniciativas de gasto del Congreso para incrementar sueldos en el sector público no cesan. ¿Cuáles son las implicancias para la economía peruana? ¿Será complicado el cumplimiento de la regla fiscal para la próxima administración?

Esas iniciativas reducen el espacio fiscal para inversiones de mayor retorno, como la inversión pública en general. Asimismo, al incrementar el gasto corriente, se genera una rigidez presupuestaria que limita la capacidad del Estado para reasignar recursos en situaciones de emergencia, como un fenómeno El Niño. Respecto al cumplimiento de la regla fiscal, aunque el año pasado se cumplieron las metas de déficit fiscal y de deuda pública gracias a ingresos extraordinarios por buenos precios de metales, se incumplieron las metas de gasto corriente y gasto público. Para este año, la meta de déficit podría cumplirse “con las justas” debido a un entorno aún favorable de los precios de los metales y al empuje de la actividad económica.  Sin embargo, el panorama que se le deja a la siguiente administración es muy complicado, especialmente el próximo año. Se está dejando un entorno con excesivos gastos adicionales aprobados y compromisos financieros importantes (como beneficios laborales adicionales para trabajadores CAS, nueva escala de pensiones para docentes jubilados, régimen pensionario militar y policial, y la compra de aviones), lo que hará muy desafiante cumplir la meta del próximo año, que es más rigurosa que este año (pasando de un déficit de 1.8% a uno de 1.4%).

¿Se le debe brindar respaldo financiero a Petroperú cuando ha incumplido reiteradamente sus obligaciones con el Estado?

Los problemas de liquidez de Petroperú generan riesgos financieros sobre sus proveedores, que pueden comenzar a incumplir sus pagos, y sobre las familias en su zona de influencia, cuyas economías dependen de la actividad. En este sentido, se puede considerar un apoyo acotado (no por todo el monto de su deuda, sino pagos de corto plazo), excepcional y sujeto al cumplimiento de condiciones, que evite un rompimiento en su cadena de pagos. Creemos que estas serían condiciones que se pueden poner al traspaso de recursos:

• Continuar y agilizar el proceso de reestructuración a través de Proinversión.

• Avanzar en la separación de unidades de negocio.

• Establecer procesos para la incorporación de capital privado en todas las unidades operativas de la empresa.

• Implementar mejoras estrictas en la gobernanza corporativa.

Si el proceso de reestructuración se viera interrumpido o fallara, se debiera considerar seriamente la venta de unidades o la liquidación de la empresa.

Hay un candidato antisistema que podría pasar a la segunda vuelta. ¿Cuáles son los riesgos que representa para la economía? ¿Se está observando una salida de capitales y de personas del país? ¿Qué políticas no han funcionado en el pasado?

Un candidato de este perfil (antisistema) representa riesgos significativos para la economía con impacto a través de los siguientes canales:

• Incertidumbre política: Impacta directamente en la confianza para invertir y contratar. Propuestas como Asamblea Constituyente, nacionalización de yacimientos mineros, revisión unilateral del marco tributario minero y de Tratados de Libre Comercio elevan los riesgos percibidos sobre el entorno de negocios, aun cuando no se concretan.

• Endurecimiento regulatorio: Especialmente iniciativas que generen mayor rigidez y sobrecostos en el mercado laboral.

• Deterioro de la gestión pública: Existe el riesgo de que se acentúe la tendencia de deterioro del aparato estatal (personal menos técnico y cuotas políticas). Esto reduce la capacidad del Estado para responder ante crisis (como ocurrió con la crisis de fertilizantes o el FEN), proveer servicios de calidad al ciudadano (que incluye la drástica reducción de la inseguridad ciudadana) y planificar e implementar políticas de largo aliento.

Sobre la salida de capitales, se ha observado cierta presión al alza sobre el tipo de cambio desde que Sánchez pasó a segundo lugar y Banco Central, aunque aún no ha habido presión en la magnitud vista durante el periodo de Pedro Castillo (mayor salida de capitales externos de corto plazo desde 1950 (US$ 17,000 millones)). En ese sentido, ese sigue siendo un potencial riesgo.

Y las políticas que no han funcionado en los últimos años son:

• Medidas de rigidez laboral, como la Agenda 19 propuesta durante el gobierno de Pedro Castillo (restricciones a la tercerización, aumentos de salario mínimo sin sustento, reposiciones automáticas), que se suman a otras políticas que ya vuelven rígido al mercado laboral peruano. Esto dificulta la reducción de la informalidad y ha llevado a que los contratos a plazo fijo (más enfocados en el corto plazo) tengan mayor peso sobre los contratos indeterminados (más enfocados en el mediano-largo plazo).

• El exceso de trámites para la inversión minera, que ha frenado el crecimiento de la cartera de proyectos.

• Los retiros de fondos de AFP, que han reducido la rentabilidad del sistema y la capacidad de las personas para financiar su jubilación.

Cuando Pedro Castillo asumió la presidencia, ¿qué se perdió que no debería repetirse?

Durante ese periodo, se perdieron elementos institucionales críticos, lo cual no debería repetirse:

• Un MEF fuerte: Se perdió la capacidad del Ministerio de Economía para oponerse a aumentos de gasto público irresponsables.

• Estado funcional: La alta rotación ministerial impidió cualquier planificación de largo plazo, sumado a deficiencias en la gestión de inversiones.

• Crecimiento potencial: No se aprovecharon los contextos de altos precios de metales para impulsar la economía de manera sostenida.

• Espacio fiscal: Se consumieron recursos que debieran haber servido para responder a emergencias.

• Seguridad ciudadana: Inacción ante avance de economías ilegales y mal manejo de la conflictividad social.

¿El crecimiento de la economía peruana para este y el próximo año está en riesgo? ¿La inversión y el empleo también lo están?

El crecimiento económico para este año y el próximo podría ser afectado principalmente a través del canal de inversión privada: al ser muy sensible a la incertidumbre, podría verse afectada significativamente, lo que impacta directamente en la generación de empleo formal. Y más allá de los números macro, está en riesgo la capacidad para sacar a la gente de la pobreza y generar bienestar.

Para mitigar estos riesgos ante un eventual gobierno antisistema, el mínimo indispensable es respetar el capítulo económico de la Constitución, lo que incluye:

• Respeto a la propiedad privada.

• Respeto a los contratos.

• Independencia del BCR y que no financie al Tesoro Público.

• Rol subsidiario del Estado.

• Respeto a los tratados de libre comercio.

• Libre disponibilidad de moneda extranjera.

• Trato igualitario a la inversión extranjera y local.

Propuesta 6 de 9 | Reformar la carrera policial para profesionalizar a la PNP

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano. Entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de seguridad ciudadana, reformar la carrera policial para mejorar la formación de la PNP y su desarrollo profesional.

La Policía Nacional es una de las principales instituciones de las que depende la respuesta del Estado frente a la inseguridad, pero hoy enfrenta una crisis de desempeño y legitimidad. Esto se refleja en que solo 19% de la población confía en la PNP. Entre las razones de esa desconfianza, 55% cree que se explica por pedidos o recepción de coimas, 23% percibe que no hay vigilancia ni patrullaje efectivo y 22% afirma que la policía no acude cuando se le llama, según la ENAPRES 2024. Asimismo, 67% de la ciudadanía percibe que la corrupción en policías, jueces y fiscales dificulta sancionar los delitos. El problema, entonces, no es solo de imagen. Es una debilidad institucional que afecta la capacidad real del Estado para enfrentar delitos cada vez más complejos.

Parte importante de esta situación responde a fallas estructurales en la formación y en la carrera policial. Por un lado, la mala formación debilita el desempeño. Lo que hoy aprenden suboficiales y oficiales no siempre responde a las exigencias del trabajo policial actual. En los suboficiales sigue predominando la disciplina y el esfuerzo físico, con poca formación técnica y analítica para funciones complejas. En los oficiales, el énfasis continúa puesto en el mando y los contenidos normativos, con escasa profundización en investigación criminal, inteligencia y análisis estratégico. A ello se suman alta rotación de docentes, escasa profesionalización pedagógica y brechas de infraestructura y equipamiento. Por otro lado, una carrera policial que no premia el mérito ni la especialización también debilita la integridad institucional. Los ascensos dependen en buena medida de la antigüedad, los instrumentos de evaluación están desactualizados y no existen incentivos claros para especializarse y permanecer en áreas estratégicas como inteligencia e investigación criminal.

En este contexto, desde APOYO Consultoría proponemos tres medidas para profesionalizar a la PNP y alinear mejor la formación y la carrera policial con las exigencias reales de la lucha contra el crimen organizado.

1. Reformar de manera efectiva la formación inicial de suboficiales y oficiales. La reforma debe incluir un rediseño curricular con enfoque por competencias que priorice el análisis de información, e ir acompañada de inversiones iniciales en infraestructura y equipamiento de las escuelas policiales, incluyendo aulas adecuadas, bibliotecas especializadas, laboratorios, simuladores y recursos tecnológicos. Asimismo, es indispensable fortalecer la docencia policial, atrayendo y reteniendo personal con capacidades pedagógicas modernas y experiencia técnica, y consolidando la enseñanza como una trayectoria más estable y especializada dentro de la institución.
2. Rediseñar la carrera policial para que premie mérito y desempeño. La reforma debe modernizar los instrumentos de evaluación y ascenso, para vincular la progresión profesional al desempeño efectivo y a la acumulación de capacidades técnicas. Eso implica establecer criterios meritocráticos más transparentes y predecibles, que reduzcan la percepción de arbitrariedad y den señales claras sobre qué se espera de un buen policía.
3. Hacer de la especialización un eje del desarrollo profesional policial. La reforma debe establecer incentivos claros para que la especialización en áreas estratégicas como investigación criminal e inteligencia se consolide como una trayectoria profesional estable y atractiva, con condiciones de permanencia que permitan acumular capacidades institucionales sostenidas.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El Ejecutivo debe conformar un equipo técnico dentro del MININTER y encargarle el diseño del plan. Sobre esa base, en los primeros 100 días debe identificarse con claridad qué cambios normativos requiere la reforma. Esto supone revisar y, de ser necesario, modificar normas como la Ley de la Policía Nacional del Perú, la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP y su reglamento, la Ley del Régimen Educativo de la PNP y la Ley que regula el régimen disciplinario de la PNP. En paralelo, debe iniciarse el rediseño curricular, el fortalecimiento de la docencia policial, las inversiones iniciales en infraestructura y equipamiento, y los pilotos de líneas de carrera especializadas.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con diagnóstico claro, sustento técnico y una ruta concreta para construir una Policía más profesional, más especializada y mejor preparada para enfrentar el crimen organizado. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí. 

Propuesta 5 de 9 | Fortalecer las unidades de inteligencia operativa de la PNP para adelantarse a la inseguridad

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de seguridad ciudadana: fortalecer las unidades de inteligencia operativa y de investigación para adelantarse al crimen organizado.

La inseguridad en el Perú ha crecido más rápido que la capacidad del Estado para contenerla. Entre 2018 y 2023, según el INEI, las denuncias por extorsión se triplicaron y los homicidios aumentaron cerca del 40%. Sin embargo, menos del 20% de los casos de homicidio fueron resueltos, y apenas una fracción mínima de denuncias por extorsión culminó en condena. El crimen organizado opera mediante redes que combinan violencia, control territorial y adaptación rápida —extorsión, sicariato, narcotráfico, minería ilegal—, mientras que el Estado sigue respondiendo tarde y de forma reactiva. Para la ciudadanía, detrás de este deterioro hay una débil capacidad de las unidades de inteligencia e investigación policial para identificar y desarticular redes delictivas. De hecho, el 36% la señala como un factor determinante del incremento de la inseguridad.

Las unidades de inteligencia operativa y de investigación contra el crimen organizado existen, pero en la práctica operan sin el respaldo necesario para ser efectivas. De acuerdo con especialistas consultados, su creación ha sido fundamentalmente declarativa: no ha sido acompañada con la disponibilidad real de herramientas que permitan una implementación efectiva. Falta tecnología, personal especializado y financiamiento estable. No hay coordinación fluida entre las entidades que tienen información clave para la lucha contra el crimen organizado —como el Ministerio Público, RENIEC, OSIPTEL, Migraciones, SUNAT y la UIF—, y las unidades no están protegidas de presiones políticas, económicas ni de la corrupción. El resultado es que el Estado carece de capacidad para anticipar amenazas e intervenir sobre las estructuras logísticas, financieras y territoriales del crimen organizado, y se limita a reaccionar con capturas aisladas que no afectan la operación de las redes.

Desde APOYO Consultoría proponemos fortalecer las unidades de inteligencia operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) para anticipar y desarticular al crimen organizado a partir de tres líneas de acción. Esta propuesta es, además, la segunda más respaldada por la ciudadanía entre las opciones de seguridad consultadas en la encuesta nacional de IPSOS: el 45% considera prioritario contar con grupos especializados en inteligencia y lucha contra el crimen organizado, con respaldo del más alto nivel de gobierno. Esta medida implica:

1. Dotar a las unidades de inteligencia y de investigación de recursos reales. El nuevo gobierno debe diseñar e implementar un Plan de Fortalecimiento de Actividades de Inteligencia Operativa e Investigación contra el Crimen Organizado, comandado desde un equipo técnico de alto nivel en el Ministerio del Interior. El punto de partida es un diagnóstico territorial que identifique brechas críticas en recursos humanos, tecnología y financiamiento, con foco en los territorios con mayor presencia de economías ilegales. Sobre esa base, se asignan personal especializado, tecnología moderna y presupuesto sostenido a las unidades que enfrentan de manera prioritaria extorsión, sicariato, trata de personas, minería ilegal, narcotráfico y ciberdelitos.
2. Establecer protocolos obligatorios de acceso e intercambio de información entre entidades clave. Se deben institucionalizar mecanismos formales de cooperación entre la PNP y entidades como el Ministerio Público, RENIEC, OSIPTEL, Migraciones, SUNAT y la UIF, para asegurar acceso oportuno a información financiera, migratoria, telefónica y tributaria. Esto debe ir acompañado de reglas claras sobre uso de datos, responsabilidades y trazabilidad del intercambio de información.
3. Blindar las unidades con gobernanza, autonomía y rendición de cuentas. Las unidades de inteligencia e investigación necesitan una estructura de gobernanza que les dé institucionalidad y las proteja de interferencias políticas, económicas y de la corrupción. Al mismo tiempo, deben operar bajo mecanismos claros de supervisión, con indicadores verificables de desempeño y resultados. La rendición de cuentas debe aplicar tanto a las propias unidades como a las instituciones con las que se articulan.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El Ejecutivo conformaría un equipo técnico de alto nivel en el MININTER, con participación de especialistas independientes, encargado de diseñar y coordinar el Plan. Su primera tarea sería elaborar un diagnóstico de capacidades y brechas, con enfoque territorial, para definir qué unidades deben fortalecerse, dónde desplegarlas y qué recursos requieren. En los primeros 100 días, el Plan debe traducirse en el fortalecimiento efectivo de unidades especializadas con personal, tecnología y presupuesto, en la puesta en marcha de operaciones desconcentradas en territorios priorizados y en la formalización de protocolos de cooperación e intercambio de información con las entidades clave.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

Propuesta 4 de 9 | Impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal para investigar y sancionar eficazmente el crimen organizado

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de seguridad ciudadana: impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal para investigar y sancionar eficazmente el crimen organizado.

En los últimos años, la inseguridad en el Perú ha empeorado por la expansión y consolidación del crimen organizado, vinculado a actividades como extorsión, narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilegales. La percepción ciudadana apunta directamente a las causas. El 37% de la población considera que las leyes y penas vigentes son poco severas y no evitan que se cometan delitos, mientras que el 29% identifica que los cambios normativos recientes han dificultado la labor de investigación y sanción del crimen organizado (IPSOS, 2025).

Parte importante de este deterioro responde a cambios recientes en el marco normativo. Entre 2023 y 2025, el Congreso aprobó al menos nueve leyes que, en conjunto, han debilitado las herramientas que el Estado necesita para investigar y sancionar al crimen organizado. De hecho, desde las modificaciones normativas aprobadas en agosto de 2024, las denuncias por extorsión aumentaron 35% a nivel nacional, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Estas normas introdujeron restricciones a la colaboración eficaz, modificaron las reglas de allanamiento e incautación, limitaron el uso de la detención preliminar a casos de flagrancia y elevaron los requisitos para el decomiso de activos ilícitos. Si bien algunas de estas reformas responden a objetivos procesales legítimos, en la práctica reducen la capacidad operativa del sistema de justicia frente a delitos complejos.

A este debilitamiento se suma un problema de diseño en el régimen de sanciones. El Código Penal presenta desajustes de proporcionalidad que erosionan la función disuasiva de las penas. El homicidio simple tiene una pena mínima de 6 años, mientras que el robo agravado inicia en 12. Asu vez, la extorsión sin violencia grave puede tener una pena cercana a la de un homicidio. Cuando la diferencia entre un delito patrimonial y un delito contra la vida se reduce a pocos años, el sistema deja de enviar señales claras sobre qué conductas son más graves.

Para devolver al Estado las herramientas legales que necesita para investigar y sancionar eficazmente el crimen organizado, es necesario impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal. Se trata de la solución más respaldada por la ciudadanía entre las opciones de seguridad consultadas en la encuesta nacional de IPSOS: el 51% considera prioritario revisar y corregir las leyes que han debilitado la lucha contra el crimen. Esto implica:

1. Conformar una comisión técnica independiente. El Ejecutivo debe conformar una comisión especializada encargada de revisar, como mínimo, las nueves leyes aprobadas entre 2023 y 2025 que han debilitado herramientas procesales clave, entre ellas la Ley 31990 (que redujo plazos de colaboración eficaz), la Ley 32108 (que redefinió «organización criminal» y modificó los allanamientos), la Ley 32181 (que limitó la detención preliminar a casos de flagrancia) y la Ley 32260 (que elevó los requisitos para confiscar bienes). La evaluación debe incluir análisis comparado, revisión de evidencia operativa y consultas con Fiscalía, Poder Judicial y PNP.
2. Presentar un paquete normativo integral al Congreso. Con base en el diagnóstico de la comisión, el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que corrija las disposiciones que hoy limitan la colaboración eficaz, los allanamientos, la detención preliminar y el decomiso de activos ilícitos. El paquete debe asegurar un equilibrio entre garantías procesales y capacidad operativa, e incluir mejoras en los mecanismos de recuperación de activos vinculados a economías ilegales, así como lineamientos operativos y capacitación para la implementación efectiva de las reformas.
3. Corregir los desajustes de proporcionalidad en la escala de penas. Revisar el Código Penal para que las sanciones reflejen la gravedad real de cada delito y refuercen la función disuasiva del sistema, con énfasis en delitos asociados a violencia, economías ilegales y crimen organizado.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El Ejecutivo, a través del MINJUSDH y el MININTER, conformaría la comisión técnica con participación de especialistas independientes y consultas con actores del sistema de justicia —Fiscalía, Poder Judicial, PNP. Sobre la base de su diagnóstico, el Ejecutivo presentaría al Congreso un paquete normativo integral orientado a fortalecer la capacidad del Estado para investigar y sancionar al crimen organizado. En paralelo, la comisión desarrollaría la revisión técnica de la escala de penas del Código Penal. La prioridad es que las reformas legislativas más urgentes se impulsen dentro de los primeros 100 días de gobierno.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

Propuesta 3 de 9 | Un paquete de mecanismos para alinear la formación técnica y universitaria con la demanda laboral

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las nueve propuestas: un paquete de mecanismos para alinear la formación técnica y universitaria con la demanda laboral.

La desconexión entre lo que el sistema educativo forma y lo que el mercado laboral demanda tiene un costo concreto y medible. Solo alrededor del 50% de los egresados universitarios accede a un empleo formal, y para casi 7 de cada 10 la inserción toma más de dos años. Al mismo tiempo, más del 90% de las empresas reporta dificultades para encontrar perfiles adecuados. El resultado es una sobreoferta en carreras de bajos retornos y cerca del 46% de los egresados universitarios subempleados —una inversión en capital humano que el país no está aprovechando.

El desajuste responde, en gran parte, a tres fallas que se refuerzan mutuamente. Primero, una asimetría de información: estudiantes y familias eligen carreras sin datos comparables sobre retornos laborales, demanda futura ni trayectorias de empleo formal. Segundo, brechas de financiamiento que hacen que el acceso a programas de mayor calidad dependa casi enteramente de la capacidad económica del hogar —la proporción de adultos con educación superior alcanza el 82% en el NSE A y cae a 3% en el NSE E. Tercero, fallas de coordinación entre el sistema educativo y el sector productivo: el marco normativo vigente impone requisitos y trámites que desincentivan la formación en la empresa, especialmente en las MYPE, limitando la adopción de esquemas de formación dual y co-diseño curricular.

En este contexto, la propuesta es un paquete integrado de tres mecanismos complementarios para alinear la educación superior con las necesidades del mercado laboral. Una propuesta que, al ser consultada en una encuesta a nivel nacional, obtuvo el respaldo del 90% de la población, con acuerdo consistente entre Lima y regiones y entre niveles socioeconómicos. Esta medida implica:

1. Relanzar la plataforma MiCarrera. Convertirla en una herramienta pública que reporte, de manera comparable y actualizada, indicadores de empleo formal, salario promedio, tiempo de inserción y demanda por ocupación para cada carrera e institución. Con esa información disponible, estudiantes y familias pueden tomar decisiones de matrícula más alineadas con la demanda laboral real.
2. Un esquema de becas por impuestos. Las empresas realizan donaciones a PRONABEC para financiar becas en programas específicos, deducibles como gasto con un factor de 1.5. Al decidir qué carreras financiar, las empresas señalan directamente dónde enfrentan mayor escasez de talento. El Estado cofinancia vía beneficio tributario sin desembolso fiscal directo: por cada S/ 50,000 de beca financiada por una empresa, el costo efectivo para ella es S/ 27,875.
3. Impulsar la formación dual. Habilitar que universidades e institutos licenciados implementen automáticamente la modalidad de Aprendizaje con Predominio en la Empresa (APE), simplificando requisitos y estableciendo reglas claras sobre plan formativo, certificación y subvención mínima. Los estudiantes adquieren experiencia laboral relevante antes de egresar; las instituciones reciben señales directas de la demanda.

La ruta de implementación requiere tres cambios normativos en paralelo, todos al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El MEF incorpora en la Ley del Impuesto a la Renta el tratamiento tributario para las donaciones empresariales a PRONABEC. El MINEDU modifica el reglamento de la Ley de Modalidades Formativas Laborales para habilitar la APE automáticamente en instituciones licenciadas. Y el MTPE integra y estandariza los registros administrativos existentes para relanzar MiCarrera con información comparable. Los tres cambios operan sobre marcos legales e institucionales ya existentes.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

En un entorno marcado por la posibilidad de un Gobierno populista, el deterioro institucional y el aumento de la inseguridad ciudadana, se esperaría una reacción defensiva. Sin embargo, los resultados apuntan en otra dirección: el empresariado no está paralizado; ajusta su forma de gestionar el riesgo. El 71% de los CEO menciona que no postergará decisiones empresariales por el proceso electoral.

Esto contrasta con episodios previos, en particular con la elección del 2021, en la que la incertidumbre política sí se tradujo en la postergación de decisiones y en un menor dinamismo empresarial. Hoy la lectura es distinta.

El riesgo político no ha desaparecido. De hecho, sigue encabezando la lista de preocupaciones. La posibilidad de un Gobierno radical y la inestabilidad institucional dominan la agenda. Estas preocupaciones son un claro reflejo de la coyuntura de los últimos años.

OTRAS CONSIDERACIONES

A los riesgos políticos se suman dos adicionales que vienen ganando espacio en el país: la inseguridad ciudadana y las economías ilegales. La extorsión, la informalidad y otras actividades ilícitas no siempre afectan directamente a las grandes empresas, pero sí impactan en sus proveedores, clientes y cadenas de valor, porque distorsionan la competencia y elevan los costos de operación en el país.

En contraste, un temor que ha perdido relevancia es el de la desaceleración económica. A diferencia de años pasados, cuando este aparecía como una de las principales preocupaciones (62% del total de encuestados en el 2024 frente a 22% en el 2026), el dinamismo reciente de la economía ha cambiado esa percepción.

Esto se refleja en las expectativas de crecimiento: los CEO proyectan un aumento promedio de 12% en ingresos y 11.7% en utilidades para este año. Es la lectura más optimista desde que se realiza la encuesta.

CRECIMIENTO CON CONDICIONES

Sin embargo, este crecimiento tiene condiciones. El entorno competitivo se ha vuelto más exigente. A diferencia de periodos de crecimiento pasados, en los que este era más agresivo, hoy los CEO buscan crecer de forma más disciplinada y sostenible.

La entrada de nuevos jugadores internacionales, particularmente en sectores industriales y de consumo, genera cambios en la dinámica competitiva de los sectores, con mayor presión en precios y márgenes. Además, eleva los estándares de calidad, reconfigura modelos de negocio y abre oportunidades de venta de negocios a grupos locales.

Casos como el ingreso de la empresa china Sunda en el mercado de cerámicos, con una estrategia agresiva de precios, o el del conglomerado suizo Holcim en el mercado de cemento, que incrementa los estándares de calidad, generan nuevas dinámicas competitivas en los rubros donde participan.

Adicionalmente, el crecimiento vendrá con una mirada más disciplinada y sostenible. Más de la mitad de los CEO señala la protección de la rentabilidad como su principal prioridad estratégica, seguida por la mejora de eficiencias y la reducción de costos.

Lo más relevante no es la prioridad, sino su carácter. La eficiencia ya no es una respuesta coyuntural a un periodo de crisis, como en el pasado. Se convierte en una capacidad estructural necesaria para competir y asegurar el crecimiento sostenible.

Esto se traduce en iniciativas concretas: automatización de procesos, digitalización de operaciones, optimización de estructuras de costos y uso creciente de herramientas tecnológicas, incluida la IA como palanca de productividad. En un entorno donde los precios se comprimen, la única ventaja sostenible es operar de forma más eficiente.

Casos como la automatización del centro de distribución de Falabella para mejorar la eficiencia operativa o el uso de la automatización robótica de procesos en las etapas productivas por parte de Aceros Arequipa ejemplifican esta tendencia, que adquiere cada vez más importancia en el empresariado.

LA ESCASEZ DE TALENTO COMO OBSTÁCULO

Más de la mitad de los CEO identifica a la escasez de talento como el principal obstáculo para ejecutar sus planes de crecimiento. La brecha no se limita a perfiles altamente especializados; también afecta niveles operativos. A esto se suma un cambio generacional que redefine expectativas laborales y dificulta la retención.

En este contexto, el problema no es solo atraer talento, sino desarrollar capacidades internas que permitan sostener el crecimiento en el tiempo. La formación, la capacitación y la construcción de una cultura organizacional pasan a ser elementos centrales de la estrategia.

El panorama combina tres tensiones claras: riesgo político, presión competitiva y escasez de talento. Frente a ello, el empresariado opta por un crecimiento disciplinado y ve este 2026 como un año con alto potencial de crecimiento, pero que exige mayor control, mayor eficiencia y mejor ejecución.

EL EMPRESARIO PERUANO

Por Javier Tabata, socio de APOYO Consultoría

La quinta edición del estudio de perspectivas empresariales de CEO en el Perú, realizado por APOYO Consultoría en febrero, deja señales claras sobre el momento que atraviesa el sector empresarial. Primero, las decisiones de inversión, crecimiento y contratación no se han detenido.

Esto evidencia un cambio de enfoque: las empresas operan con una visión de largo plazo y menor dependencia del ciclo político. La gestión empresarial ha ganado en disciplina y resiliencia frente a la incertidumbre.

En segundo lugar, la rentabilidad y la eficiencia operativa se consolidan como principales prioridades del negocio. La cultura de eficiencia ha dejado de ser una respuesta a contextos adversos para convertirse en un pilar estructural.

Finalmente, el principal reto para sostener el crecimiento a largo plazo no está solo dentro de la empresa. La inseguridad, la expansión de economías ilegales y el deterioro institucional introducen riesgos que afectan directamente la operación y la inversión. En este contexto, el sector privado debe asumir un rol más activo, tanto en la articulación de esfuerzos como en la generación de propuestas.

]]>