En muchos directorios la pregunta de estas semanas es cuánto nos costará El Niño. Es la pregunta correcta, pero incompleta. La otra es qué decisiones tomar hoy para prevenir, reaccionar a tiempo y seguir avanzando.

El Niño ya está aquí, y viene fuerte. El ENFEN considera cada vez más probable un evento de magnitud extraordinaria, con lluvias intensas en el norte y sequías en el centro-sur, pero para muchas empresas el impacto ya empezó. La primera temporada de anchoveta cerró con apenas el 25% de la cuota, con impacto directo en numerosas pymes proveedoras. El agro también lo siente. El calor afectó la floración del mango y el gremio de productores de arándanos ya recortó en 22 mil toneladas su proyección de exportación para la campaña actual, respecto de lo que estimaban en agosto. Algunas universidades del norte, además, registran una menor matrícula.

En APOYO Consultoría estimamos que El Niño restará entre 1 y 2 puntos al crecimiento del 2027. Será un año de dos velocidades. La economía avanzaría apenas 1.5% en el primer semestre y rebotaría a 4.7% en el segundo. De ahí salen dos lecciones para quien dirige una empresa. La primera es que el golpe será fuerte, pero temporal. La segunda, que no será parejo. Como lo mencionó José Carlos Saavedra hace poco, “viviremos una recesión que no veremos en las cifras”. Mientras los ingresos de los hogares de mayores recursos crecerían cerca de 4%, los de los sectores D y E caerían en términos reales. En el sur, cerca de 900 mil empleos dependen de cultivos expuestos a la sequía.

El país llega mejor preparado que en el 2017, pero no listo. Según información del MEF, solo se ha ejecutado alrededor de 30% del presupuesto de prevención previsto tras aquel evento; las soluciones para los ríos Piura y Tumbes siguen sin avances significativos, y apenas el 8% de las municipalidades tiene un plan de respuesta. Habrá inundaciones que ya no podremos evitar. Y el riesgo no se limita a El Niño. El ciclón Yaku, en el 2023, mostró que un evento climático extremo puede llegar con poco aviso. Por eso el clima debe ser una variable permanente de gestión.

Con este escenario, propongo seis decisiones para el próximo comité de gerencia.

Primero, mapear la exposición y blindar la logística. No solo plantas, sino también proveedores, clientes y, sobre todo, dónde viven nuestros colaboradores; en Piura, más del 80% de las viviendas no tienen techo de concreto. La logística merece atención especial. El 37% de las empresas que consultamos en nuestro SAE anticipa interrupciones en su distribución. Y no solo en el norte. En agosto y septiembre, simples lloviznas inundaron bypasses en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, y obligaron a cerrar el tránsito en el sur de Lima. Con vías como la Panamericana Norte o la Carretera Central expuestas a cortes de varios días, conviene elevar los inventarios de insumos y productos críticos, habilitar almacenes temporales cerca de los mercados que atendemos, identificar rutas alternas y cerrar desde ahora acuerdos con transportistas, considerando además el precio de los combustibles. Inmovilizar más capital unos meses cuesta menos que quedarse sin producto en plena temporada.

Segundo, cuidar a la gente antes de que arrecien las lluvias. Adelantos de sueldo, turnos flexibles y apoyo para reforzar techos y viviendas no son un gasto, sino una inversión en lealtad. Facilitar el acceso al crédito formal también protege. Ante un choque climático, los trabajadores con crédito pierden, en promedio, 6% de sus ingresos, mientras que quienes no lo tienen pierden 18%. Y para quienes trabajan en campamentos o sedes alejadas, que un huaico pueda aislar por semanas, hay que buscar mecanismos para asegurar víveres, medicinas y comunicación satelital.

Tercero, acompañar a los clientes, no solo cobrarles. La tentación en una crisis es proteger la caja a toda costa. Está bien cuidarla, pero sin perder de vista que el cliente pesquero o agrícola que hoy sufre liderará el rebote, pues el sector primario pasaría de caer 1.8% en el primer semestre de 2027 a crecer 6.3% en el segundo (frente al mismo periodo del año anterior). Conviene segmentar la cartera y conversar antes de que lleguen los problemas, para reprogramar pagos o reducir temporalmente el servicio en lugar de cancelarlo. Quienes venden bienes no esenciales en la zona norte del país, especialmente en los sectores D y E, deberían cuidar el precio de entrada, con formatos más pequeños de ser posible y opciones de financiamiento; en el resto del país la demanda resistirá mejor, así que no conviene recortar parejo. Y hacia atrás, pagar a tiempo a los proveedores más pequeños puede ser lo que los mantenga en pie.

Cuarto, blindar la liquidez. Asistir no significa regalar; significa acuerdos temporales con clientes, con reglas claras y fecha de revisión. Para ofrecerlos, y para financiar inventarios más altos, hay que asegurar hoy las líneas de crédito. Esto implica también revisar las pólizas, en especial si cubren la interrupción del negocio. En esa línea, conviene revisar también los contratos de energía. Con menos lluvias y menos viento cae la generación hidroeléctrica y eólica, sube el precio spot y los clientes libres con contratos indexados a ese precio lo sentirán en sus costos.

Quinto, no frenar la inversión. Postergar planes por un choque de seis meses sería confundir un bache temporal con un cambio permanente. Casi un tercio de las empresas que asesoramos está adelantando sus inversiones a este año, y otro 44% planea iniciarlas en el primer semestre de 2027, pese a El Niño. Quien se detenga ahora llegará tarde a la recuperación.

Sexto, revisar los planes con frecuencia. El Niño es un factor externo que no controlamos. Las lluvias ya empezaron, pero no sabemos con certeza con qué intensidad seguirán ni cuánto durarán, y los pronósticos se actualizan cada día. Todo lo que se decida debe tener un responsable e indicadores claros, y revisarse con frecuencia en el comité de gerencia, idealmente cada semana en los meses críticos. Así se podrán ajustar a tiempo inventarios, turnos, condiciones con clientes o planes de inversión.

Prevenir, reaccionar a tiempo y seguir avanzando no son etapas sucesivas. En las próximas semanas habrá que hacer las tres cosas a la vez, y las empresas que lo logren saldrán de El Niño mejor posicionadas que como entraron.

¿Es siempre rentable ofrecer una cocina que conquista el mundo?

El próximo 4 de noviembre, Lima será sede de la ceremonia global de The World’s 50 Best Restaurants. Ser sede de este evento es el último reconocimiento que recibe la cocina peruana por el ascenso meteórico que viene teniendo. Central fue el mejor restaurante del mundo en el 2023; en el 2025 el trono lo ocupó Maido, y Kjolle, Mérito y Mayta completaron una presencia peruana sin precedentes en el top 50. Tsumura, León, Martínez y Acurio son cada vez más conocidos en las principales gastronomías del planeta. Sin embargo, hay una pregunta que resuena entre las celebraciones: ¿es siempre rentable ofrecer una cocina que conquista el mundo? 

El costo de brindar una experiencia de clase mundial es alto. Consultado sobre la oferta de Central, Virgilio Martínez fue directo: “Viajamos por todo el Perú y tenemos a 110 personas para atender a 30”. La cocina de autor opera con brigadas numerosas y especializadas, insumos excéntricos y locales premium.

En un restaurante fine dining, el costo directo suele estar entre 55% y 70% del ingreso, lo que genera un margen EBITDA no mayor al 10%.

Esta tensión entre prestigio y rentabilidad no es exclusiva del Perú. El Bulli, restaurante de Ferran Adrià, fue elegido cinco veces como el mejor restaurante mientras acumulaba pérdidas anuales cercanas al medio millón de euros, cerrando definitivamente en el 2011. Otro ejemplo es Noma, restaurante danés reconocido como el mejor del mundo cinco veces, que tuvo que cerrar las puertas de su formato de fine dining por problemas similares.

En el Perú, el covid-19 fue un detonante que obligó a los chefs peruanos a transformarse. El turismo gastronómico, que representaba hasta el 70% de los ingresos, desapareció de la noche a la mañana y obligó a la industria a pensar más en dos conceptos antes pasados por alto: el control de costos y la diversificación de ingresos.

Varios restaurantes han incorporado una capa de gestión profesional mediante iniciativas como optimizar la rotación de sala, incrementar los márgenes de la carta de bebidas y mejorar la relación con proveedores para mejorar su sostenibilidad financiera sin sacrificar la propuesta culinaria. Incorporar gerentes a su equipo es cada vez más un paso lógico para los grandes chefs. Estos nuevos actores de la alta cocina peruana se han vuelto un complemento clave para los chefs, quienes, por formación y vocación, son artistas del sabor.

La diversificación de ingresos es también un camino que están explorando en la cocina peruana. Acurio construyó un grupo de más de cincuenta restaurantes en doce países. Tsumura lanzó con éxito Tori; Pesaque creó Mad Burger como dark kitchen para luego expandirse con locales de atención directa. A esto se suman consultorías a multinacionales, festivales, libros y colaboraciones con marcas globales. Los mismos Tsumura y Pesaque asesoran a múltiples empresas en distintos países. El patrón es claro: los grandes chefs peruanos utilizan sus restaurantes de alta cocina como plataforma de visibilidad para crear conceptos más accesibles que generan flujos de caja importantes.

En la alta gastronomía, el éxito artístico y la rentabilidad no siempre habitan el mismo plato; sin embargo, los chefs peruanos han aprendido a cocinar en ambas cocinas a la vez.

Inmediatamente después de la segunda vuelta electoral en Perú, APOYO Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas e instituciones miembros del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) para conocer sus intenciones de invertir, las expectativas sobre sus ventas en la segunda mitad del año y su percepción sobre la capacidad del siguiente Gobierno para alcanzar coaliciones en el Congreso de la República, diferenciando entre los dos posibles escenarios electorales.

En ese sentido, el sondeo recoge sus primeras impresiones antes de tener una idea clara sobre quién podría ser el probable ganador o ganadora. Vale decir que, a la espera de los resultados oficiales, hasta el momento hay una ventaja de más de 18,800 votos de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Los resultados reflejan que la definición de la elección condicionaba panoramas económicos radicalmente diferentes.

Por un lado, los miembros del SAE declararon que sus estrategias de inversión iban a ser diferenciadas según el ganador de la contienda. En caso de una victoria de Fujimori, el 45% reportó que aceleraría el ritmo de sus inversiones en los siguientes seis meses, mientras que solo el 2% indicó que las reduciría. En cambio, en caso de una victoria de Sánchez, solo el 4% reportó que aceleraría, muy por debajo del 37% que respondió que reduciría.

Estas diferencias se sustentan en que el entorno de negocios esperado para cada resultado electoral era radicalmente distinto.

Las propuestas de Roberto Sánchez representaban un mayor riesgo para el modelo económico, la inversión y la actividad privada, incluso después de intentar moderarse. Estas incluían impulsar una Asamblea Constituyente (que probablemente hubiese sido contenida por el Congreso), un rol más activo del Estado en la economía, fortalecimiento sindical, entre otras.

Así, la percepción mayoritaria de los miembros del SAE fue que sus ventas hubiesen estado por debajo de sus metas en la segunda parte del año en caso de que Sánchez ganase la elección presidencial. En cambio, la mayoría (50%) reportó, más bien, esperar que sus ventas superen sus metas en ese periodo en caso de una victoria de Fujimori.

De esta manera, la —hasta ahora— probable victoria de Fujimori ubica al país en el escenario relativamente más favorable para el avance de la inversión empresarial. Sin embargo, aún es incierto si se reafirmarán los altos niveles de confianza para invertir reportados este mes bajo ese escenario después de que se conozcan los resultados al 100%. Eso requerirá que se asegure estabilidad política, mejoras en la gestión pública y que se avancen políticas favorables a la inversión privada.

Para conseguir esos objetivos, la formación de coaliciones y consensos políticos será clave. Aunque los escaños de Fuerza Popular en el Senado (22) serían suficientes para evitar una vacancia, el partido, de ser Gobierno, no podría, por sí mismo, aprobar leyes ni blindar a sus ministros frente a una eventual censura en la Cámara de Diputados.

Para sacar adelante varias de sus propuestas y garantizar la continuidad de su gabinete, en caso se les declare como ganadores, necesitará construir coaliciones en ambas cámaras.

Estas serán factibles si logra consolidar un bloque de centro-derecha junto con Renovación Popular y negociar con el centro, representado por el Partido del Buen Gobierno. Ello podría ocurrir en la medida en que Fuerza Popular esté dispuesta a ofrecer ciertas concesiones. De hecho, los miembros del SAE percibían que la formación de coaliciones sería más probable en un Gobierno de Fujimori de lo que sería en uno de Sánchez.

El proceso de negociación política implica que habrá ciertos límites a la capacidad del Poder Ejecutivo de implementar cambios legales significativos.

El primer pedido de delegación de facultades de Pedro Castillo resulta ilustrativo sobre cómo pueden diluirse algunas intenciones legislativas del Ejecutivo durante la deliberación parlamentaria, aun cuando la probable ganadora tenga una orientación económica opuesta.

En ese momento, se solicitó legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Puntos como la modificación al régimen tributario minero y la creación de nuevos impuestos fueron excluidos por implicar cambios económicos de fondo.

Otras facultades, como las vinculadas al IGV y al ISC, se concedieron solo en parte: el Gobierno de ese momento pedía poder modificar las tasas, pero el Congreso de la República solo le permitió prorrogar las exoneraciones ya existentes e impedir que se rebajara el ISC a los productos considerados como dañinos para la salud.

En contraste, las facultades aprobadas sin modificaciones correspondieron a medidas más tácticas, como digitalizar la fiscalización de Sunat o permitirle inscribir contribuyentes de oficio. De esta manera, la evolución de la confianza empresarial dependerá en buena medida de cómo el Ejecutivo maniobre dentro de la dinámica congresal para sortear, al menos en casos puntuales, esas restricciones e impulsar algunos cambios positivos.

Además de gestionar estas limitaciones legislativas, el Gobierno deberá llevar a cabo en el corto plazo una serie de acciones prioritarias que serán determinantes para la evolución de las expectativas empresariales.

Entre ellas figuran el nombramiento de funcionarios clave —el presidente del BCRP, el superintendente de la SBS, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía, por ejemplo—, la reconstrucción de las capacidades de la burocracia estatal, la preparación y ejecución de un plan de mitigación frente al impacto del fenómeno de El Niño, la implementación de una estrategia eficaz contra la minería ilegal y el crimen organizado y, posiblemente, el manejo de brotes de conflictividad social.

La forma en que el Ejecutivo avance con estas acciones permitirá vislumbrar si se reafirma el optimismo empresarial bajo una probable presidencia de Keiko Fujimori. Esta podría ser la diferencia entre una inversión privada que crezca a doble dígito o una que avance a un dígito.

COLUMNA DE OPINIÓN: “El verdadero torneo está comenzando”

Después de la “clasificatoria” presidencial, probablemente lo más importante que escuché fue que no se debería confundir alivio con felicidad. ¿Es el escenario más probable que pase el “equipo” menos riesgoso para el modelo económico y la actividad empresarial? Sí. ¿Eso nos da un respiro? Sí. ¿Podemos dormir tranquilos? No al 100%.

Primero, el país está claramente polarizado, la probable presidenta tendrá bajo capital político (solo 14% de los votantes la apoyó en primera vuelta) y hay un riesgo relevante de episodios de conflictividad social en los siguientes meses. Segundo, su bancada tiene varias “tarjetas amarillas” por su historial populista (aumento de gasto fiscal, extensión del Reinfo, retiros de fondos de las AFP). Tercero, tiene varios retos que harán difíciles sus primeros meses de gobierno y necesitará “goles” rápidos.

En este contexto, podría convenirle enfocarse en lo que puede hacer sin aprobación del Congreso, y apalancarse en su capacidad de convocar cuadros técnicos para avanzar con mejoras de gestión y servicios públicos, simplificación de procesos administrativos y destrabe de proyectos de inversión. Esto daría señales claras de un cambio en la “estrategia de juego”.

Así, por muy complicada que haya sido la “clasificatoria”, aún están por venir varios “partidos” relevantes y conviene recordar, dada la época mundialista, que goles que no haces…

El Perú arrancó el 2026 con la mejor racha económica en varios años. La inversión privada se expandió 13%, el empleo formal privado creció 6%, las exportaciones aumentaron 38% en valor y las ventas de vehículos livianos subieron casi 40%, luego de haber crecido ya 20% el año anterior. A fines del primer trimestre de este año, cerca del 30% de consumidores limeños señalaba que su situación económica había mejorado respecto al año anterior, el porcentaje más alto desde antes de la pandemia.

¿Por qué tan bien? Varios factores se alinearon simultáneamente. Los precios de los metales alcanzaron niveles máximos históricos, impulsando los ingresos del sector exportador y la recaudación tributaria. La confianza empresarial para invertir se había consolidado luego de años de incertidumbre política. Y la inflación baja —alrededor de 2%— permitió que los salarios reales recuperaran terreno a buen ritmo, fortaleciendo el consumo de los hogares. Era, en suma, un crecimiento fuerte y generalizado.

Sin embargo, ese entorno ya cambió. Y lo hizo por tres razones simultáneas que vale la pena entender con claridad.

La primera es el conflicto en Medio Oriente. La guerra ha derivado en el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha reducido significativamente la oferta global de petróleo y disparado su precio. El efecto no se limita a los combustibles: también se encarecieron el gas, los fertilizantes y varios commodities agrícolas. En el Perú, la inflación saltó de 2% a 4% en abril y mayo, su tasa más alta desde el 2023. Si estas presiones persisten, los márgenes empresariales —que hasta ahora han absorbido parte del golpe— empezarán a trasladarlas a los precios al consumidor, erosionando la capacidad adquisitiva de las familias justamente cuando empezaba a recuperarse.

La segunda es el clima. El calentamiento del mar frente a la costa peruana alcanzó niveles similares a los del fenómeno de El Niño del 2023, que generó un invierno cálido y seco. Esto ya afecta la pesca: la primera temporada de anchoveta avanza con apenas el 25% de su cuota capturada y parte de la zona centro permanece con veda hasta mediados de junio. Asimismo, el otoño inusualmente cálido ha comenzado a afectar al retail. Hay una probabilidad cercana al 60% de que esta anomalía climática se sostenga durante el invierno, lo que pone en riesgo la agroindustria y las siembras del sur en la segunda mitad del año.

La tercera es la incertidumbre política. El pase a segunda vuelta de un candidato que nuevamente plantea modificar el modelo económico peruano generó un quiebre abrupto en la confianza del sector privado. El índice de confianza empresarial que mide APOYO Consultoría —construido a partir de un sondeo a los CEO de las empresas más grandes del país y que históricamente anticipa con precisión lo que ocurre con la inversión privada en los siguientes seis meses— se desplomó luego de la primera vuelta: el porcentaje de empresas que planea acelerar sus inversiones cayó de 37% en enero a 15% en mayo, mientras que el porcentaje que planea reducirlas se duplicó, de 4% a 9%. En términos del índice neto, eso representa una caída de 33 a 6 puntos en apenas cuatro meses.

La confianza del consumidor también cayó bruscamente en mayo. El índice había alcanzado en febrero y marzo su nivel más alto en seis años, pero retrocedió casi 10 puntos en dos meses. Una caída de esa magnitud y velocidad no se registraba desde marzo-abril del 2020, cuando el inicio de la pandemia y el primer confinamiento sacudieron la economía. El deterioro fue generalizado, pero se concentró en las expectativas sobre la situación familiar a 12 meses y en la percepción de que los precios son hoy más altos que hace un año.

Ambos indicadores apuntan en la misma dirección: una moderación de la demanda interna —inversión, empleo y consumo— en la segunda mitad del año.

Según el último sondeo de APOYO Consultoría, el 52% de las empresas reconoce dificultades para demostrar su impacto real.

ANÁLISIS DE APOYO CONSULTORÍA

Las grandes empresas son el principal motor de la economía peruana. Ese peso económico viene acompañado de una responsabilidad que varios CEO ya internalizaron: la empresa no opera en el vacío. Cada decisión de inversión, cada política de personal y cada modelo de relacionamiento con el territorio impacta en el bienestar de las personas que hacen posible ese resultado.

La pregunta clave deja de ser si el impacto existe, sino si lo estamos midiendo bien. Según el último sondeo de APOYO Consultoría, el 52% de las empresas reconoce dificultades para demostrar su impacto real. Más de la mitad de las empresas corre el riesgo de no saber qué cambios está generando, qué aspectos de sus operaciones deben mejorar, o si se están atendiendo las brechas prioritarias de forma estratégica.

Las empresas que están fortaleciendo su presencia en su entorno comparten un rasgo: miden. La pregunta que se hacen es: ¿en qué dimensión del bienestar de nuestra gente tenemos las mayores brechas y qué podemos mover?

EL DATO

Bienestar. Las empresas que hoy miden el bienestar de sus trabajadores con una mirada integral están construyendo ventaja competitiva: mejor retención de talento, mejor relación con el territorio, mejor anticipación de riesgos sociales y menor rotación en zonas donde reclutar es costoso. La información también permite priorizar: no todas las dimensiones tienen el mismo margen de mejora ni el mismo costo de intervención.

Una brújula para medir

Un índice de bienestar multidimensional —como el que construyó APOYO Consultoría a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)— no mide cuánto gana un trabajador, sino en qué condiciones vive y qué tan bien está cubierto en las dimensiones que determinan el bienestar. El instrumento agrega más de 20 indicadores en tres dimensiones: necesidades básicas (nutrición, agua, vivienda), fundamentos del bienestar (educación básica, salud, internet) y oportunidades (calidad del empleo, educación superior, bancarización).

¿Qué nos dice este índice acerca del trabajador entre 2021 y 2025? El índice nacional pasa de 60 a 63 puntos sobre 100. Intuitivamente, el trabajador peruano típico cubre 6 de cada 10 condiciones de bienestar.

Sin embargo, detrás de este promedio hay diferencias relevantes. Los trabajadores del sector agrario tradicional tienen niveles de bienestar significativamente menores a los de servicios. Asimismo, hay avances reales y retrocesos que preocupan. Los mayores avances ocurrieron en acceso a servicios de salud, digitalización y bancarización. Los retrocesos más graves están en la confianza institucional —que colapsa— y en la calidad del agua, la dieta y el logro educativo de los hijos.

Lo que uno aprende

El índice construido permite identificar no solamente qué indicadores han progresado más o menos, sino también caracterizar qué grupos de la población están más desarrollados o rezagados. Al respecto, el hallazgo más robusto del índice es la brecha que separa al trabajador formal del informal.

En promedio, en todos los sectores, el bienestar de los hogares cuyo jefe de hogar es trabajador formal supera al del informal en casi 8 puntos. La diferencia es más marcada en el agro, donde el hogar del trabajador formal supera a su par informal en 13 puntos. Detrás de ese número hay una historia concreta: los hogares de los trabajadores agro-formales naturalmente tienen mayor acceso a pensiones y a cuentas bancarias, pero también a agua y saneamiento (36% vs. 6%) y a combustible limpio dentro del hogar (79% vs. 37%).

La diferencia formal-informal es semejante en distintos tamaños de empresa, lo que sugiere que la palanca es la capacidad de absorber y generar puestos de trabajo formales. Esto tiene implicancias concretas para las políticas de cadena de suministro de grandes empresas.

Ahora bien, incluso en los trabajadores formales, se aprecian retos heterogéneos por sector económico. Al comparar el agro y la minería formal, por ejemplo, ambos tienen índices idénticos (66 puntos, por encima del promedio total), pero los datos revelan perfiles distintos de sus trabajadores. Una empresa minera que quiera invertir en el bienestar de su gente no debería replicar los programas de una agroexportadora, ni viceversa. Esta distinción es exactamente la que hace valiosa una mirada multidimensional.

Importancia. Más de la mitad de las empresas corre el riesgo de no saber qué cambios está generando si no mide.

Columna de Opinión: Medir impacto ya no es opcional

El Perú atraviesa un momento de alta polarización política y desconfianza institucional. La población tiene muy bajos niveles de confianza hacia el Poder Judicial, la Policía, los partidos políticos y el Gobierno en general. En ese contexto hay una excepción notable: el empleador.

Ese capital de confianza es un activo, pero frágil. Se construye despacio y se pierde rápido. En un entorno de riesgo regulatorio creciente, la empresa que puede demostrar con evidencia que el bienestar de sus trabajadores es alto y mejora año a año tiene un argumento de legitimidad poderoso. Gestionar ese impacto requiere medirlo con rigor.

La pregunta relevante para un CEO no es cuánto se invierte en bienestar, sino en qué dimensión se están cerrando brechas y en cuál se está retrocediendo. Esa pregunta tiene respuesta, pero solo si uno se da el trabajo de medirla. La empresa que mide, focaliza y demuestra impacto tiene una ventaja que no aparece en el balance, pero que se nota en el territorio.

En medio de buenos resultados económicos en abril, ya se identifican presiones de costos y debilitamiento en confianza empresarial que pueden reducir el dinamismo en los próximos meses. Además, ya se vislumbran temores de cara al accionar del próximo Gobierno del Perú y Congreso de la República.

Entre el 8 y el 12 de mayo, APOYO Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas e instituciones miembros del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE), para conocer el desempeño de sus ingresos al inicio del segundo trimestre, sus intenciones de invertir y contratar en los siguientes meses, y sus principales preocupaciones frente a la evolución de la coyuntura política.

Los resultados indican que el inicio del segundo trimestre fue bueno. El 37% de empresarios percibió ingresos por encima de lo esperado en ese periodo, proporción mayor que los que señalaron un desempeño inferior al previsto. Estos resultados son incluso mejores que los que registraron en febrero, cuando el 31% de empresarios indicó que sus resultados al inicio del año fueron mejores que lo anticipado.  

Todo ello es consistente con los buenos indicadores económicos de abril. El consumo de cemento se ubicó 14% por encima de similar mes del 2025, el volumen importado de maquinaria creció cerca de 30% y la venta de vehículos, incluso por encima de esa tasa. Así, el PBI primario —que descuenta las actividades extractivas y está más ligado a la demanda local— habría crecido a un ritmo de 4.5% el mes pasado, similar al del primer trimestre, que fue bueno.

Estos resultados reflejan que algunos motores de crecimiento de entre enero y marzo siguen activos, a pesar de que la incertidumbre sobre la evolución de la economía aumentó en el último par de meses.

En primer lugar, los precios de los metales siguen favorables para el Perú y han permitido un fuerte crecimiento del valor exportado. En segundo lugar, la inversión privada creció 10% en el primer trimestre, después de ajustar por inflación, y arrastra una inercia favorable al segundo trimestre por planes ya encaminados. Esto ha sido favorable para la creación de empleo formal.

En tercer lugar, hubo impulsos temporales como el reparto de utilidades en marzo y abril, y la liquidez de los retiros de fondos de las AFP. A esto se sumó un fuerte crecimiento en los salarios de los trabajadores públicos. Estos factores han beneficiado a los mercados de consumo.

No obstante, ya se pueden identificar algunas señales de deterioro que podrían llevar a una moderación del dinamismo de la economía en los próximos meses. Además, de riesgos políticos claros.

Hay costos clave de la cadena de suministros que están subiendo como resultado de la guerra en Medio Oriente: combustibles, insumos para plásticos, fertilizantes y granos.

El alza de combustibles tiene efecto transversal para las empresas al encarecer el transporte; los demás incrementos golpean a sectores como el agrario, consumo masivo y materiales de construcción de manera diferenciada. En conjunto, estas presiones están comenzando a afectar los márgenes empresariales.

Esta alza en costos eleva el riesgo de que la inflación se mantenga alta el resto del año. Si las presiones sobre los precios del petróleo persisten, es difícil que los márgenes continúen absorbiéndolas y parte de la presión probablemente comenzará a trasladarse a los consumidores. De hecho, un tercio de los empresarios indicó que tendría que hacerlo.

Ello sugiere que la inflación anual difícilmente bajará del 4% este año y eso dejaría estancada la capacidad adquisitiva de las familias.

Estas medidas son riesgosas por múltiples razones: disminuir las reservas nos vuelve más vulnerables frente a crisis externas; usarlas para financiar al fisco es inflacionario; estatizar empresas privadas desincentiva la inversión local y extranjera; y expandir la actividad empresarial estatal puede llevar a pérdidas fiscales, escasez de productos y pérdida de su calidad, debido a que el Estado ha sido, en general, un mal gestor históricamente.

Existen mecanismos institucionales que reducen la probabilidad de que se aprueben cambios económicos radicales. Su materialización exige modificar la Constitución o leyes, lo que requiere acuerdos congresales para alcanzar los umbrales de votación, que son exigentes, además, para los cambios constitucionales. Dada la composición actual del Congreso, ningún bloque ideológico tiene los votos para realizar estos cambios por sí solo y el consenso entre bloques en esos aspectos parece poco probable.

Riesgos Políticos

Persisten tres riesgos políticos clave que pueden afectar los negocios y la calidad de vida. Uno de los riesgos es el avance del populismo económico y de políticas públicas antitécnicas. Los últimos cinco años muestran que el Congreso logra consensos en propuestas populistas, aun cuando puedan tener alto costo económico. Otro es la extensión del Reinfo, que en la práctica blinda a la minería ilegal al eximir a los registrados de responsabilidad penal. Estos riesgos probablemente persistirán en el próximo quinquenio.

Así, entre las principales preocupaciones de los empresarios sobre el Congreso entrante figuran la continuidad de aumentos remunerativos públicos y la presión regulatoria sobre sectores específicos. En concreto, el 67% de los encuestados respondió que la aprobación de medidas populistas con impacto fiscal es el principal riesgo desde el nuevo Parlamento. Además, aunque más lejos, el 31% teme mayor presión regulatoria sobre el sector privado (permisos, multas, leyes).

El segundo son cambios adversos en la relación entre el sector público y el privado, sobre lo cual el Poder Ejecutivo tiene amplio margen de acción sin pasar por el Congreso. Por ejemplo, Sunat y Sunafil dependen de la PCM, y en los últimos cinco años su fiscalización se ha vuelto más impredecible y arbitraria. Esto encarece la operación de las empresas formales.

El tercero es que se profundice el deterioro en la gestión pública y en la provisión de servicios públicos. Este deterioro se explica en parte por la mayor inestabilidad ministerial; por ejemplo, la permanencia promedio del ministro del Interior pasó de 9 meses en el periodo 2001-2016 a 3 meses en 2021-2026, lo que dificulta que haya una estrategia continua y efectiva contra la inseguridad. A esto se suma el riesgo de copamiento del Estado por gente sin el perfil técnico adecuado.

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Los buenos resultados de la economía en abril no debieran llevar a subestimar el impacto de los cambios adversos de los últimos meses ni el de los potenciales riesgos para el segundo semestre (fenómeno de El Niño, precio alto del petróleo, elecciones, etcétera), especialmente en el ámbito político. Se puede hacer mucho daño a la economía, los negocios y la sociedad incluso sin modificar el capítulo económico de la Constitución, y eso no parece estar recibiendo atención suficiente.

Ninguno de los candidatos en la segunda vuelta fue la primera opción para el 76% de los votantes. Para muchos será un voto difícil, con resignación y frustración, y con la sensación de un déjà vu del 2021.

Sin embargo, eso debiera llevar a mayor escrutinio sobre las hojas de vida de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, sus círculos cercanos y lo que podrían hacer si son elegidos, no a cerrar los ojos y a desentenderse de la política. En el 2025, hubo más gente pobre y vulnerable que en el 2019, según INEI. Hay mucho en juego como para no prestar la debida atención.

En un entorno marcado por la posibilidad de un Gobierno populista, el deterioro institucional y el aumento de la inseguridad ciudadana, se esperaría una reacción defensiva. Sin embargo, los resultados apuntan en otra dirección: el empresariado no está paralizado; ajusta su forma de gestionar el riesgo. El 71% de los CEO menciona que no postergará decisiones empresariales por el proceso electoral.

Esto contrasta con episodios previos, en particular con la elección del 2021, en la que la incertidumbre política sí se tradujo en la postergación de decisiones y en un menor dinamismo empresarial. Hoy la lectura es distinta.

El riesgo político no ha desaparecido. De hecho, sigue encabezando la lista de preocupaciones. La posibilidad de un Gobierno radical y la inestabilidad institucional dominan la agenda. Estas preocupaciones son un claro reflejo de la coyuntura de los últimos años.

OTRAS CONSIDERACIONES

A los riesgos políticos se suman dos adicionales que vienen ganando espacio en el país: la inseguridad ciudadana y las economías ilegales. La extorsión, la informalidad y otras actividades ilícitas no siempre afectan directamente a las grandes empresas, pero sí impactan en sus proveedores, clientes y cadenas de valor, porque distorsionan la competencia y elevan los costos de operación en el país.

En contraste, un temor que ha perdido relevancia es el de la desaceleración económica. A diferencia de años pasados, cuando este aparecía como una de las principales preocupaciones (62% del total de encuestados en el 2024 frente a 22% en el 2026), el dinamismo reciente de la economía ha cambiado esa percepción.

Esto se refleja en las expectativas de crecimiento: los CEO proyectan un aumento promedio de 12% en ingresos y 11.7% en utilidades para este año. Es la lectura más optimista desde que se realiza la encuesta.

CRECIMIENTO CON CONDICIONES

Sin embargo, este crecimiento tiene condiciones. El entorno competitivo se ha vuelto más exigente. A diferencia de periodos de crecimiento pasados, en los que este era más agresivo, hoy los CEO buscan crecer de forma más disciplinada y sostenible.

La entrada de nuevos jugadores internacionales, particularmente en sectores industriales y de consumo, genera cambios en la dinámica competitiva de los sectores, con mayor presión en precios y márgenes. Además, eleva los estándares de calidad, reconfigura modelos de negocio y abre oportunidades de venta de negocios a grupos locales.

Casos como el ingreso de la empresa china Sunda en el mercado de cerámicos, con una estrategia agresiva de precios, o el del conglomerado suizo Holcim en el mercado de cemento, que incrementa los estándares de calidad, generan nuevas dinámicas competitivas en los rubros donde participan.

Adicionalmente, el crecimiento vendrá con una mirada más disciplinada y sostenible. Más de la mitad de los CEO señala la protección de la rentabilidad como su principal prioridad estratégica, seguida por la mejora de eficiencias y la reducción de costos.

Lo más relevante no es la prioridad, sino su carácter. La eficiencia ya no es una respuesta coyuntural a un periodo de crisis, como en el pasado. Se convierte en una capacidad estructural necesaria para competir y asegurar el crecimiento sostenible.

Esto se traduce en iniciativas concretas: automatización de procesos, digitalización de operaciones, optimización de estructuras de costos y uso creciente de herramientas tecnológicas, incluida la IA como palanca de productividad. En un entorno donde los precios se comprimen, la única ventaja sostenible es operar de forma más eficiente.

Casos como la automatización del centro de distribución de Falabella para mejorar la eficiencia operativa o el uso de la automatización robótica de procesos en las etapas productivas por parte de Aceros Arequipa ejemplifican esta tendencia, que adquiere cada vez más importancia en el empresariado.

LA ESCASEZ DE TALENTO COMO OBSTÁCULO

Más de la mitad de los CEO identifica a la escasez de talento como el principal obstáculo para ejecutar sus planes de crecimiento. La brecha no se limita a perfiles altamente especializados; también afecta niveles operativos. A esto se suma un cambio generacional que redefine expectativas laborales y dificulta la retención.

En este contexto, el problema no es solo atraer talento, sino desarrollar capacidades internas que permitan sostener el crecimiento en el tiempo. La formación, la capacitación y la construcción de una cultura organizacional pasan a ser elementos centrales de la estrategia.

El panorama combina tres tensiones claras: riesgo político, presión competitiva y escasez de talento. Frente a ello, el empresariado opta por un crecimiento disciplinado y ve este 2026 como un año con alto potencial de crecimiento, pero que exige mayor control, mayor eficiencia y mejor ejecución.

EL EMPRESARIO PERUANO

Por Javier Tabata, socio de APOYO Consultoría

La quinta edición del estudio de perspectivas empresariales de CEO en el Perú, realizado por APOYO Consultoría en febrero, deja señales claras sobre el momento que atraviesa el sector empresarial. Primero, las decisiones de inversión, crecimiento y contratación no se han detenido.

Esto evidencia un cambio de enfoque: las empresas operan con una visión de largo plazo y menor dependencia del ciclo político. La gestión empresarial ha ganado en disciplina y resiliencia frente a la incertidumbre.

En segundo lugar, la rentabilidad y la eficiencia operativa se consolidan como principales prioridades del negocio. La cultura de eficiencia ha dejado de ser una respuesta a contextos adversos para convertirse en un pilar estructural.

Finalmente, el principal reto para sostener el crecimiento a largo plazo no está solo dentro de la empresa. La inseguridad, la expansión de economías ilegales y el deterioro institucional introducen riesgos que afectan directamente la operación y la inversión. En este contexto, el sector privado debe asumir un rol más activo, tanto en la articulación de esfuerzos como en la generación de propuestas.

]]> https://www.apoyoconsultoria.com/es/la-estabilidad-macroeconomica-la-base-del-atractivo-de-peru-para-los-inversionistas/ Wed, 18 Mar 2026 17:30:27 +0000 https://www.apoyoconsultoria.com/?p=11273 Entrevista en Portafolio, medio económico con mejor reputación de Colombia; por Constanza Gómez Guasca.

En medio de un entorno político convulso que ha llevado a Perú a tener una sucesión de presidentes en la última década, la economía del país ha logrado preservar uno de los activos más valorados por los inversionistas: la estabilidad macroeconómica.

Inflación baja, disciplina fiscal y una moneda relativamente estable han permitido que el país mantenga su atractivo para el capital extranjero, aun cuando la inestabilidad institucional le ha restado dinamismo al crecimiento.

Hugo Santa María, socio y economista jefe de APOYO Consultoría, analiza cómo el manejo responsable de la política económica ha sostenido la confianza en Perú, por qué la crisis política le ha costado hasta un punto y medio de crecimiento anual y qué lectura hace del momento económico que atraviesa Colombia frente a otros destinos de inversión en la región.

¿Cuál es su percepción de Colombia en este momento, desde el punto de vista económico y como polo de atracción de inversión en Latinoamérica?

Para nosotros, los peruanos, Colombia siempre ha sido un referente y un destino de inversión relevante. Sin embargo, en los últimos años, desde lo que observamos en la región y en nuestro trabajo con clientes de consultoría, hemos visto dos fenómenos.

Por un lado, una reducción de la confianza para invertir y, por otro, un deterioro en algunas variables macroeconómicas importantes, como la disciplina fiscal y la inflación. Colombia tuvo durante muchos años una fortaleza macroeconómica muy clara y hoy esa fortaleza se ha debilitado.

También estamos atentos al siguiente ciclo electoral en la región para ver si ese nivel de incertidumbre puede reducirse.

Si un inversionista hoy quiere tomar la decisión de invertir en Latinoamérica, ¿Colombia sigue siendo un referente o se siente rezagado frente a otras economías de la región?

Es una pregunta importante y algo difícil de responder. Colombia sigue siendo un referente por la profundidad de sus mercados y porque tiene varias ciudades importantes, lo cual marca una diferencia frente a Perú, que es un país mucho más centralizado. Sin embargo, el vecindario en Suramérica también ha venido mejorando. Si lo miro en términos comparativos, hoy percibo a Colombia algo rezagado frente a algunos de sus vecinos.

¿Y al compararse con Perú?

Si comparamos los números de Colombia con los de Perú, este último ha logrado en los últimos años un mayor crecimiento, tiene una inflación más baja, una moneda más estable y una situación fiscal más holgada.

Hoy, si uno observa los indicadores macroeconómicos desde afuera, Perú se ve mejor.

Además, en la región hay otros países que también están haciendo la tarea para mejorar. Argentina, por ejemplo, está impulsando reformas para hacer su economía más competitiva y recuperar el atractivo que perdió en los mercados internacionales.

También hay casos de países más pequeños, como Paraguay, que ha venido creciendo bien y cuya deuda, al igual que la de Perú, tiene grado de inversión.

En síntesis, Colombia seguirá siendo un mercado importante y un destino interesante, pero en los últimos años ha perdido algo de posiciones frente a algunos vecinos de la región.

Empresarios en Colombia destacan la capacidad de los peruanos de tomar decisiones de negocio sin afectarse por las circunstancias políticas.

Es curioso. Perú es el número uno en Suramérica —incluso si lo comparamos con México— en número de presidentes en los últimos años. Hemos tenido más presidentes en la última década que cualquier otro país. Sin embargo, también tenemos la inflación más baja, una moneda muy estable y estamos entre los países con mayor crecimiento en la región.

Esto no se explica solo por la confianza del empresariado. Perú tiene desde hace muchos años un manejo fiscal y monetario responsable. El déficit fiscal hoy es menor al 2%. Cuando llegó la pandemia también estaba cerca de ese nivel, subió hasta cerca de 8% o 9% y luego se redujo rápidamente. La inflación, que se aceleró durante la pandemia, hoy está nuevamente alrededor del 2%.

Esos fundamentos macroeconómicos son los que permiten mantener la estabilidad financiera del país.

¿Pero es cierto ese divorcio entre la economía y la política?

Hace algunos años Perú más que duplicaba el crecimiento de América Latina. Hoy seguimos creciendo por encima del promedio regional, pero ya no con tanta ventaja.

Con los actuales precios de exportación —recordemos que Perú exporta cobre y oro e importa petróleo— estimamos que el país debería estar creciendo cerca del 5%.

Sin embargo, la inestabilidad política sí tiene un costo. Calculamos que puede restar entre uno y un punto y medio de crecimiento cada año, lo cual es bastante para un país que aún enfrenta grandes desafíos de desarrollo.

¿A qué se debe esa pérdida de ritmo de crecimiento?

Perú está recibiendo un impulso importante por los altos precios del cobre y del oro. Si uno mira los términos de intercambio, es uno de los países más beneficiados por la economía mundial. Sin embargo, no hemos podido aprovechar completamente esa situación porque las crisis políticas han debilitado la capacidad de gestión del Estado.

Perú mantiene variables financieras sólidas, pero hoy tiene una administración pública debilitada, que no logra acompañar el esfuerzo de crecimiento del sector privado. Haber tenido ocho presidentes, cada uno con nuevos gabinetes y ministros, termina debilitando la continuidad de las políticas públicas. Si uno piensa en Perú como una empresa, es una compañía que financieramente está bien, pero que ha perdido capacidad de crecer porque su socio, el Estado, hoy es disfuncional.

¿Qué pasa con la corrupción en el Estado, que también influye en el gasto público?

Perú enfrenta problemas similares a los de Colombia. Los casos de corrupción en el aparato estatal son numerosos y afectan tanto la estabilidad política como la efectividad del gasto público. Muchas obras públicas han quedado prácticamente abandonadas por problemas asociados al mal uso de los recursos.

Otro fenómeno que se ha expandido es el de la minería ilegal. El año pasado las exportaciones de oro ilegal fueron prácticamente iguales a las de oro legal. Esa actividad criminal trae consigo corrupción, violencia y una amenaza de penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado.

¿Cómo es la inversión colombiana en Perú?

Tenemos presencia de empresas colombianas muy importantes en sectores estratégicos. En distribución de energía son actores fundamentales. También participan en generación eléctrica y en distribución de gas. En infraestructura la presencia colombiana también es relevante. Son compañías muy respetadas y apreciadas en el país.

¿Cómo se puede fortalecer Colombia como destino de inversión, un tema que se debate en el marco de las próximas elecciones presidenciales?

La agenda pendiente de cualquier gobierno debería centrarse en promover el desarrollo, el crecimiento económico y la generación de empleo. Para ello es necesario permitir mayor flexibilidad en los mercados, eliminar distorsiones y facilitar la actividad privada. También es clave ofrecer servicios públicos de calidad, como infraestructura, seguridad y un verdadero imperio de la ley. En la base de todo esto debe existir un manejo macroeconómico fiscal y monetario responsable que permita construir un entorno favorable para la inversión y el crecimiento.

¿Qué expectativas hay por esta temporada de elecciones?

Muy pronto vamos a estar hablando, seguramente, de nuevos presidentes en prácticamente todos nuestros países. Esperemos que esto salga bien y que podamos retomar la ruta de crecimiento, porque en términos comparativos, en América Latina crecemos menos que todas las otras zonas emergentes, y creo que no nos podemos permitir eso. Nosotros tenemos que crecer más para entregar mejores condiciones de vida mejores a nuestros ciudadanos.

¿Qué viene para la región con alguna perspectiva de recuperar la economía venezolana?

Ojalá sea una fuente de crecimiento. Personalmente lo veo con optimismo. Pero creo que todavía falta mucho por recorrer, no solamente desde el punto de vista de la recuperación de la estructura económica sino de los fundamentos de la democracia. Ojalá que Venezuela avance, sin duda está mejor, pero todavía falta trecho por recorrer.

Al primer semestre del 2025, en promedio cada peruano realizó 1.6 pagos digitales por día. Las transferencias vía billeteras crecieron 70% en número respecto al mismo periodo del año anterior. El sistema procesó un promedio de 1,106 millones de operaciones de bajo valor al mes –62% más que un año atrás– y por primera vez las billeteras superan en volumen y en monto a las tarjetas de débito y crédito combinadas. Son cifras que hablan de una transformación real, acelerada, y más amplia de lo que mucha gente percibe.

Pero todo esto ha ocurrido con un ecosistema de pagos aún todavía relativamente cerrado, con pocos actores dominantes y con reglas que recién están cambiando. Lo que se viene con la implementación de las nuevas fases de la estrategia de interoperabilidad del Banco Central, va a alterar ese ecosistema de manera más profunda.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

Entre el 2019 y el 2024, la proporción de peruanos urbanos que pagaba solo con efectivo cayó de 88% a 63%. El uso frecuente de billeteras digitales pasó de 2.5% a 34% de la población. Y aunque el fenómeno arrancó en Lima y en los segmentos de mayores ingresos, la brecha se está cerrando: en los sectores D y E, el uso frecuente de billeteras pasó de 0.5% en el 2021 a casi 20% en el 2024. En el 2025 este proceso se aceleró. El ticket promedio de las transacciones vía billetera cayó de S/ 62 en el 2022 a S/ 46 en el primer semestre del 2025, señal de que estas plataformas están penetrando en compras pequeñas que antes solo se hacían en efectivo.

Una parte importante de esta historia la escribió el BCR. Desde el 2023, el Banco Central desplegó las primeras dos fases de su estrategia de interoperabilidad: primero, conectando Yape y Plin para que los usuarios de una billetera pudieran transferir a usuarios de la otra; luego, integrando los aplicativos bancarios y los códigos QR al mismo ecosistema. El resultado, a junio del 2025, son más de 183 millones de transacciones interoperables mensuales, con un crecimiento interanual de 70%.

Los impactos en la vida cotidiana ya son reales

Más allá del volumen de transacciones, hay efectos concretos sobre consumidores y negocios que ya pueden medirse. La evidencia econométrica muestra que los hogares que usan billeteras digitales gastan 3% más al mes, especialmente en alimentos, transporte y cuidado del hogar. Tener una billetera aumenta entre 6 y 10 puntos porcentuales la probabilidad de acceder a un crédito formal. Para las familias del sector C y DE, eso no es un dato menor: los trabajadores informales con acceso a crédito tienen una probabilidad de caer en pobreza que es un tercio menor que la de quienes no tienen acceso al crédito.

Para los negocios, la historia también cambia. Según una encuesta de Mastercard y America’s Market Intelligence aplicada en el Perú, las mype que adoptan pagos digitales reportan más ventas, mayor seguridad y registro automático de transacciones. A nivel del sistema financiero, la evidencia internacional apunta en una dirección clara: en Brasil, los márgenes de los bancos tradicionales se vieron presionados y se aceleró el acceso a crédito en la población de menores ingresos luego del lanzamiento de Pix. En el Perú, los datos sugieren que ese proceso está en marcha, aunque todavía en etapas muy tempranas.

El punto de quiebre: lo que cambia con las nuevas fases

Todo lo descrito hasta aquí tiene un límite estructural: el sistema sigue siendo, en esencia, un conjunto de rieles paralelos donde cada banco o billetera opera con sus propios clientes. La información del usuario queda encerrada dentro de cada institución y la entrada de nuevos competidores sigue siendo difícil.

Las Fases 3 y 4 de la estrategia de interoperabilidad del BCR apuntan exactamente a cambiar eso. La Fase 3 integra al ecosistema a los emisores de dinero electrónico que hoy operan en circuitos separados. La Fase 4 incorpora un mecanismo conocido como “iniciación de pagos”: la posibilidad de que cualquier empresa autorizada pueda, con el consentimiento explícito del usuario, iniciar un pago desde su cuenta bancaria, sin necesidad de que tenga cuenta en esa empresa. En términos prácticos, esto significa que plataformas de e-commerce, apps de logística o empresas de salud podrán conectarse directamente al sistema de pagos sin depender de acuerdos con cada banco. Eso reduce barreras de entrada, abre espacio para nuevos modelos de negocio y permite que el financiamiento o los seguros se integren dentro de aplicaciones que hoy no tienen nada que ver con el sistema financiero. Estamos hablando, en suma, del inicio del open finance en el Perú.

Lo que determinará si esto se aprovecha bien

Que este cambio derive en más competencia e innovación no es automático. Tres condiciones son críticas. En primer lugar, la confianza: el 41% de los no bancarizados cita la desconfianza como razón principal para mantenerse fuera del sistema, y un modelo de iniciación de pagos que no resuelva de manera creíble las preguntas sobre seguridad de datos y fraude puede generar el efecto contrario al buscado. Luego, la cobertura: el 64% de la población no alcanza el nivel mínimo de conocimiento financiero y la conectividad en zonas rurales sigue siendo insuficiente. Finalmente, la ejecución: las reglas del juego para las Fases 3 y 4 se están terminando de definir, y en esas definiciones –los incentivos reales para que los bancos abran su infraestructura, los estándares exigibles a los nuevos participantes– se juega si el nuevo marco funcionará para todos o solo para algunos.

La expansión de las billeteras digitales ha sido extraordinaria y ha demostrado que cuando la regulación funciona bien, el mercado responde. Pero es el primer capítulo de algo más grande. El segundo –más abierto, más competitivo, más complejo– ya está en proceso de escribirse.

Para la mayor parte de los CEO en Perú, la relación con la SUNAT ha pasado de ser un tema de cumplimiento a una prioridad estratégica de gestión de riesgos. El último sondeo realizado por el SAE de APOYO Consultoría revela que la fiscalización tributaria es hoy percibida como más litigiosa y arbitraria. Específicamente, para el 90% de las empresas en Perú, la variable tributaria ha pasado de ser un costo de cumplimiento a un factor de incertidumbre que compromete la viabilidad financiera. En opinión de APOYO Consultoría, esta percepción se fundamenta en una imprevisibilidad que obliga a que las empresas deban estar blindadas contra interpretaciones administrativas que ignoran la dinámica de los negocios.

El principal catalizador de esta incertidumbre es la aplicación de la Norma Antielusiva General. Si bien consideramos que los objetivos de la norma son acertados y se alinean con los estándares internacionales, su ejecución práctica tiene falencias, pues suele ignorar la sustancia económica del negocio. En APOYO Consultoría, identificamos que la brecha entre la norma técnica y la interpretación administrativa se está ensanchando. El problema no es la facultad de fiscalizar, sino la pérdida de coherencia en los fallos de las instancias superiores, que amplía el margen de discrecionalidad y lo traduce en un riesgo regulatorio que desincentiva el crecimiento y la expansión de las empresas formales. Esto se debe a que la fiscalización tributaria es percibida como un entorno de alta incertidumbre, principalmente por la falta de claridad en los criterios aplicados y la percepción de arbitrariedad en la aplicación.

En APOYO Consultoría hemos asesorado a diferentes empresas a enfrentar estos procesos y existen tres tipos de casos que ilustran este problema. Primero, el tratamiento de las cuentas de cobranza dudosa. La legislación permite su deducción cuando se demuestra la dificultad de cobro, pero la SUNAT ha elevado el estándar probatorio a niveles irrazonables, ignorando incluso la acreditación de la quiebra de quien tiene la deuda. Esto obliga a las empresas a mantener cuentas por cobrar como activos, cuyo valor no refleja adecuadamente su calidad económica, en sus balances bajo riesgo de sanción. Una fiscalización eficiente debería validar la realidad del incobrable mediante criterios objetivos, no mediante la exigencia de acciones judiciales infinitas que solo encarecen la operación y distorsionan el resultado imponible.

Segundo, la fiscalización de los gastos financieros. La decisión de apalancamiento financiero de una empresa responde a una lógica de optimización del costo de capital. No obstante, la administración cuestiona la necesidad del gasto financiero bajo una interpretación restrictiva de la causalidad. Al atacar la estructura de financiamiento de proyectos de inversión, la SUNAT, en última instancia, pone en riesgo la viabilidad financiera y estratégica y, por ende, las fuentes de crecimiento. Es fundamental que la administración reconozca que el endeudamiento para el crecimiento es el motor que ampliará la base tributaria en el mediano plazo, siempre que se respeten los límites de subcapitalización vigentes.

Tercero, el efecto tributario de los resultados de los contratos de cobertura financiera de las empresas. El uso de instrumentos financieros —forwards, swaps y opciones— es una respuesta natural para la protección de riesgos y volatilidad del mercado. Sin embargo, las empresas que utilizan estos mecanismos enfrentan auditorías extenuantes en los años en que el uso de ellos genera una pérdida (cuando hay ganancias y más renta sobre la que tributar, la SUNAT no lo discute). La SUNAT debería reconocer las nuevas fuentes de crecimiento usadas por empresas cuyas ventas o compras están marcadas por la volatilidad y, con ello, evitaría ejercicios probatorios ociosos que solo generan costos de transacción y restan competitividad.

Este panorama, que exige de la SUNAT mayor interpretación y sustento económico, se agrava por el debilitamiento institucional. Entre 2019 y 2024, el gasto en personal de la SUNAT aumentó en más de 50%. No obstante, la presión tributaria se mantuvo estancada en alrededor de 15%del PBI durante este periodo.  El bajo nivel de carga tributaria se ha mantenido por el alto nivel y persistencia de la evasión tributaria del IGV, que en 2025 ascendió a 38% de la recaudación potencial de este tributo.

Adicionalmente, la incertidumbre tributaria se ve reflejada también en la tendencia creciente de rotación en la jefatura de la Sunat y el Tribunal Fiscal. Así, la falta de jueces titulares en la Sala Suprema y la rotación en el Tribunal Fiscal han mermado la especialización técnica necesaria para resolver controversias de alta complejidad que el mundo empresarial moderno exige y han reducido la coherencia entre los distintos fallos que emite la administración.

Esta manera de incrementar la acción fiscalizadora de la SUNAT es fiscalmente miope. De hecho, este no solo es un problema para las finanzas de las empresas, sino también para las del Estado. Cuando las empresas pagan deudas tributarias en litigio lo hacen bajo “protesto”. Sin embargo, el Estado registra estos como ingresos y los gasta. Ello genera un pasivo contingente masivo, pues cuando el Poder Judicial o instancias internacionales fallan a favor del contribuyente, el Tesoro Público debe devolver el capital más intereses moratorios —a tasas superiores a las de mercado— sincerando el desbalance fiscal. Este podría ser el caso de Credicorp que en 2025 pagó más de S/1,500 millones por sucesos que ocurrieron entre el 2018 y 2019. Con ese monto, el Estado logró cumplir la meta del déficit fiscal del 2.2% del PBI, aunque ello podría ser un espejismo.

La recomendación es evidente: Las empresas deben fortalecer el Gobierno Corporativo Tributario. Así, las actas de Directorio deben ser el escudo donde se refleje la lógica económica de cada operación y decisión que se tome sobre aspectos que eventualmente puedan ser objetados por la SUNAT. De otro lado, urge que los KPIs de SUNAT evolucionen hacia la recaudación firme y no impugnada, y que la digitalización se use para una primera identificación de temas que conlleve a una fiscalización objetiva. Por último, es necesario abogar por la vuelta a la profesionalización de los órganos resolutores en materia tributaria, evitando que se nombre tribunos temporales. Solo así el sistema tributario dejará de ser un riesgo para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo.

Columna de opinión: La obligación de transitar a la predictibilidad

La eficiencia operativa de las empresas formales en Perú está siendo afectada por la estrategia recaudatoria de la SUNAT. Hoy vemos que la SUNAT, en vez de combatir la elusión y evasión, cuestiona la racionalidad misma de los negocios que fiscaliza.

En este contexto, es común ver fiscalizadores que cuestionan inversiones materiales bajo criterios subjetivos solo para inflar artificialmente la base imponible. Peor aún es la aplicación retroactiva de cambios de criterio en auditorías que miran cuatro años atrás, pero con las reglas de hoy. Así, se penalizan hoy decisiones que ayer eran válidas. Esta inconsistencia explica por qué las empresas priorizan a la SUNAT como el riesgo número uno sobre el político.

Es imperativo transitar hacia la predictibilidad. Necesitamos que los cambios de criterio miren al futuro, no al pasado, y que la SUNAT actúe como un facilitador de formalidad y no como un freno a la inversión. Sin seguridad jurídica, no hay crecimiento posible.