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	<title>Opinión AC &#8211; APOYO Consultoría</title>
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	<title>Opinión AC &#8211; APOYO Consultoría</title>
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		<title>Dos ajustes para que los apoyos ante El Niño lleguen a quienes más los necesitan</title>
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		<dc:creator><![CDATA[APOYO Consultoría]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 13:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión AC]]></category>
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					<description><![CDATA[Artículo publicado en El Comercio. El Gobierno anunció un paquete de S/18 000 millones para el 2027 frente al fenómeno de El Niño (FEN) y al alza del precio de los combustibles, que incluye S/2 500 millones en bonos para las familias más vulnerables. El paquete va en la dirección correcta, dada la magnitud del [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/11/informe-rol-faro_fen_oct.pdf" target="_blank" class="button primary" rel="noopener" >
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	</a>
</h3>
<p><em>Artículo publicado en <a href="https://elcomercio.pe/economia/ajustes-para-que-los-apoyos-ante-el-nino-lleguen-a-quienes-mas-los-necesitan-noticia/?ref=ecr">El Comercio</a>.</em></p>
<p><strong>El Gobierno anunció un paquete de S/18 000 millones para el 2027 frente al fenómeno de El Niño (FEN) y al alza del precio de los combustibles, que incluye S/2 500 millones en bonos para las familias más vulnerables.</strong> El paquete va en la dirección correcta, dada la magnitud del FEN prevista para los próximos meses. Según el ENFEN, El Niño costero extraordinario se mantiene como el escenario más probable hasta enero del 2027 y un evento de esa magnitud podría reducir significativamente los ingresos de las familias.</p>
<p><strong>El impacto de un Niño extraordinario </strong><strong>puede darse por distintas vías: inundaciones y huaicos en la costa, pérdidas de cosechas en el sur andino y menor pesca artesanal por el calentamiento del mar.</strong> Según el CENEPRED, alrededor de 6,6 millones de personas viven en zonas de riesgo muy alto por inundaciones y huaicos. Si se suman los pequeños agricultores y pescadores expuestos, estimamos que alrededor de 7,6 millones de personas podrían verse afectadas. De ellas, cerca de cinco millones son pobres o vulnerables, es decir, están en riesgo de caer en pobreza ante un golpe como este, o dependen de actividades especialmente expuestas al fenómeno.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-13231 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/11/grafico-fen.png" alt="gráfico fen" width="619" height="344" /></p>
<p><strong>Para estas familias, perder la vivienda, la cosecha o la pesca puede traducirse rápidamente en menores ingresos y mayor riesgo de pobreza</strong>. Según un estudio de la Universidad Nacional de Australia sobre El Niño costero del 2017, en los distritos inundados del norte los ingresos de los hogares cayeron cerca de 20% ese año y la probabilidad de caer en pobreza aumentó en 17 puntos porcentuales. Además, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), uno de cada seis hogares afectados de la costa norte tuvo que reducir su alimentación o consumo para enfrentar el impacto.</p>
<p><strong>Los recursos para responder ya están anunciados. El reto ahora es lograr que lleguen a tiempo y a quienes más los necesitan.</strong> La ayuda humanitaria será indispensable durante la emergencia, pero también deben estar listos los mecanismos para sostener los ingresos de las familias y proteger a los productores. Por ello, desde APOYO Consultoría proponemos dos ajustes, tanto para mejorar la implementación de las medidas anunciadas como para aprovechar mejor un instrumento que ya existe, el seguro agrícola.</p>
<ol>
<li><strong style="color: #333333;">Preparar desde ahora un esquema de entrega del bono que permita iniciar los pagos sin esperar a que concluya el empadronamiento municipal y ajustar después el padrón, la cobertura y el número de entregas conforme se conozca mejor el daño.</strong><span style="color: #333333;"> Hoy, actuar con rapidez enfrenta dos obstáculos. Por un lado, el padrón de hogares en las zonas expuestas aún está incompleto. Por otro, el procedimiento exige cruzar ese padrón con el listado de damnificados que levantan las municipalidades casa por casa, un proceso que puede tomar meses. En el 2017, el bono se pagó cinco meses después del pico de lluvias, cuando muchas familias ya habían tenido que endeudarse o reducir su consumo. Para evitar que ese retraso se repita, proponemos cuatro acciones complementarias.</span></li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Completar el padrón y dejar listos los canales de pago antes de las lluvias.</strong> El Midis ha avanzado en actualizar el Registro de Información Social en zonas expuestas a El Niño, pero aún existen hogares no registrados o con información desactualizada. Para cubrir estos vacíos, puede aprovecharse el Censo del 2025 para identificar hogares y actualizar su ubicación en las zonas de mayor riesgo. Además, el Midis podría coordinar con las entidades financieras una campaña de prerregistro a través de las billeteras digitales disponibles en el mercado. Con el consentimiento de los usuarios, estas permitirían validar la identidad con el DNI, confirmar la ubicación de la vivienda y evitar registros duplicados. La información recogida complementaría el padrón del Midis, que seguiría a cargo de determinar la clasificación socioeconómica, y ayudaría a reducir tanto la subcobertura como las filtraciones. Al mismo tiempo, dejaría habilitado un canal de pago que permitiría actuar con mayor rapidez una vez declarada la emergencia.</li>
<li><strong>Autorizar una primera entrega sin esperar a que concluya el empadronamiento municipal.</strong> Con el padrón y los canales de pago preparados, una vez declarada la emergencia de nivel 4 o 5, debería autorizarse una primera transferencia a los hogares pobres previamente registrados en el distrito. Así, la ayuda podría comenzar a llegar mientras las municipalidades continúan identificando casa por casa a los damnificados.</li>
<li><strong>Ajustar el padrón de las siguientes entregas conforme se conozca mejor el daño.</strong> En las semanas posteriores, el Estado podría combinar imágenes satelitales y aéreas con reportes locales para identificar con mayor precisión las zonas afectadas. Dentro de esas zonas, se podrían excluir las manzanas de mayor nivel socioeconómico y concentrar las siguientes entregas en los hogares con mayor necesidad. Esta delimitación, cruzada con el padrón de hogares y complementada con el empadronamiento municipal, permitiría incorporar nuevos afectados y concentrar las siguientes entregas en los hogares que cumplan los criterios definidos.</li>
<li><strong>Ajustar la cobertura y el número de pagos según la magnitud de la afectación.</strong> Cada pago debería cubrir la canasta básica alimentaria del hogar, unos S/800 en la costa y S/700 en la sierra. Los S/2 500 millones anunciados permitirían financiar tres pagos a unos 730 mil hogares pobres de las zonas expuestas. Si también se incluyeran los 690 mil hogares vulnerables a caer en pobreza, tres pagos elevarían el costo total a aproximadamente S/3 400 millones, por lo que se requerirían cerca de S/900 millones adicionales. La prioridad inicial debería ser atender a los hogares pobres y ampliar progresivamente la cobertura conforme se identifiquen las zonas efectivamente afectadas.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Estas acciones permitirían responder con mayor rapidez ante el próximo FEN, pero no deberían convertirse en la forma permanente de actuar frente a cada emergencia. Una vez superado este episodio inicial, el Midis debería avanzar hacia un mecanismo que permita activar transferencias automáticamente ante futuros eventos. En línea con lo que sugiere la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), este mecanismo podría ser un seguro paramétrico que permita liberar recursos cuando las lluvias o sequías superen determinados umbrales.</p>
<ol start="2">
<li><strong> Mejorar el acceso de los productores a las indemnizaciones del seguro agrícola y extender la protección al ganado. </strong>El Seguro Agrícola Catastrófico ya existe y es financiado íntegramente por el Midagri, pero su efectividad depende de que los productores sepan que están cubiertos, puedan reportar sus pérdidas con facilidad y reciban la indemnización sin demoras. Para ello, se necesita avanzar en tres acciones.</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Informar desde ahora a los productores asegurados.</strong> El seguro cubre a pequeños productores de agricultura familiar con hasta S/1000 por hectárea perdida y alcanza más de dos millones de hectáreas. Sin embargo, muchos agricultores desconocen que están asegurados o cómo solicitar la indemnización. Las direcciones regionales agrarias deberían informarles, a través de sus promotores, la radio y el celular, qué cubre el seguro, cómo reportar una pérdida y qué pasos deben seguir para cobrar.</li>
<li><strong>Extender la protección a los productores ganaderos.</strong> El seguro actual cubre cultivos, pero no animales. Por ello, el Midagri debería poner en operación antes del verano el seguro paramétrico para alpacas anunciado para Puno, que financia forraje cuando el pasto se seca, y establecer un cronograma para extenderlo progresivamente al resto del sur andino.</li>
<li><strong>Hacia la siguiente campaña, contar con un padrón de productores cubiertos para facilitar el reporte y el pago.</strong> Para la campaña del 2027, siguiendo la recomendación de APESEG, el Midagri debería proporcionar a las aseguradoras un padrón con la ubicación de las parcelas y un medio de contacto de los productores asegurados. Así, las aseguradoras podrían informarles directamente sobre su cobertura, recibir con mayor rapidez los reportes de daños y agilizar el pago de las indemnizaciones, sin depender únicamente de que el agricultor se acerque a una agencia agraria.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<hr />
<p><span style="font-size: 75%;"><em>Agradecemos los aportes de María Antonieta Alva, exministra de Economía y Finanzas y gerenta de Innovación Social de Credicorp; Luis Cordero, consultor en políticas públicas y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG); y Javier Paulini, profesor de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP.</em></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sin vivienda formal no hay prevención</title>
		<link>https://www.apoyoconsultoria.com/es/sin-vivienda-formal-no-hay-prevencion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APOYO Consultoría]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión AC]]></category>
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					<description><![CDATA[Articulado publicado en El Comercio. El Perú vuelve a enfrentar un Fenómeno El Niño de magnitud fuerte, que ya está teniendo impactos significativos en la economía y que tendría como escenario más probable alcanzar una magnitud extraordinaria hacia el verano. Uno de sus efectos más severos son las lluvias intensas en la costa norte y [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/09/informe-rol-faro_sin-vivienda-formal-no-hay-prevencion_set.pdf" target="_blank" class="button primary" rel="noopener" >
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	</a>
</h3>
<p><em>Articulado publicado en <a href="https://elcomercio.pe/economia/peru/sin-vivienda-formal-no-hay-prevencion-por-apoyo-consultoria-fen-fenomeno-de-el-nino-noticia/?ref=ecr">El Comercio</a>.</em></p>
<p>El Perú vuelve a enfrentar un Fenómeno El Niño de magnitud fuerte, que ya está teniendo impactos significativos en la economía y que tendría como escenario más probable alcanzar una magnitud extraordinaria hacia el verano. Uno de sus efectos más severos son las lluvias intensas en la costa norte y centro, que dejan daños extendidos a su paso. Para las familias, la vivienda es el primer punto de exposición y también uno de los más vulnerables. El Niño Costero de 2017, que fue de magnitud moderada, afectó más de 380 mil viviendas. A estos eventos climáticos, cada vez más frecuentes, se suma un riesgo sísmico siempre latente. Solo en Lima Metropolitana, el 70% de la población vive en viviendas que, ante un terremoto severo, sufrirían desde daños moderados —reparaciones equivalentes a entre 30% y 60% del valor del inmueble— hasta el colapso.</p>
<p>El problema de fondo está en cómo crecen nuestras ciudades y en cómo las familias resuelven su necesidad de vivienda. Las ciudades están expandiéndose de manera desordenada y, en muchos casos, sobre terrenos que se ocupan antes de contar con agua, desagüe o pistas. En ese contexto, la mayoría de las familias construye su casa por su cuenta, sin permisos y sin asesoría técnica. Casi el 80% de los hogares en el Perú vive en viviendas levantadas sin asistencia técnica, es decir, construcciones que difícilmente cumplen las condiciones mínimas para resistir un desastre.</p>
<p>Las familias han optado por la vía informal porque la vivienda formal no ha logrado crecer al ritmo que necesitan. Esto ocurre, en buena parte, porque el Estado no ha tenido una política clara de vivienda social, lo que se refleja en tres barreras concretas.</p>
<p><strong>La primera es el limitado acceso a financiamiento, sobre todo para los trabajadores independientes. </strong>Según el Fondo MiVivienda, alrededor del 70% de quienes acceden a un crédito MiVivienda son trabajadores dependientes. Para un independiente el camino es más difícil, porque la mayoría no cuenta con boletas ni contratos que le permitan acreditar sus ingresos ante una entidad financiera. Esto ocurre incluso cuando tiene un nivel de ingresos suficiente para pagar una cuota de un crédito hipotecario y, en muchos casos, ya destina un monto mayor a un alquiler o a la autoconstrucción de su vivienda.</p>
<p><strong>La segunda es la escasez de suelo habilitado. </strong>Para que un desarrollador pueda construir vivienda social necesita terrenos que ya cuenten con agua, luz, desagüe y conexiones viales adecuadas, y las ciudades tienen cada vez menos suelo, o casi nada, con esas condiciones. Habilitar ese suelo es un rol que corresponde al Estado. Si eso no ocurre, es muy difícil ofrecer una solución de vivienda formal y el espacio lo terminan ocupando las invasiones. Según Grade, alrededor del 90% de la expansión urbana de los últimos 20 años fue informal.</p>
<p><strong>La tercera es la incertidumbre sobre los subsidios.</strong> La vivienda social funciona con un bono que permite a las familias de menores ingresos completar el pago, por lo que la cantidad de bonos disponibles determina en buena parte cuántas viviendas se pueden vender. El problema es que el presupuesto para esos bonos es errático. Cambia de un año a otro, se ajusta durante el ejercicio y el proyecto de presupuesto del 2027 incluso lo recorta a menos de la mitad. Para un desarrollador, el monto asignado a los bonos es la señal con la que planifica sus proyectos, y los grandes complejos de vivienda social requieren periodos largos de planificación y ejecución. Con señales que cambian cada año, el desarrollador pierde predictibilidad y se vuelve más difícil que decida emprender nuevos proyectos, lo que al final se traduce en menos vivienda social para las familias.</p>
<p><strong>Para que la oferta formal crezca y llegue a las familias que la necesitan, desde APOYO Consultoría proponemos tres medidas.</strong></p>
<ol>
<li><strong>Ampliar el acceso al crédito hipotecario para trabajadores independientes mediante una garantía del Estado. </strong>La garantía funciona como una cobertura que respalda a quien sí puede pagar, pero hoy queda fuera del sistema porque no tiene cómo demostrar sus ingresos. La experiencia del Fondo Nacional de Garantías de Colombia muestra que el esquema funciona y que estas familias, cuando acceden a una vivienda propia, pagan con niveles de morosidad en línea con el promedio del sistema, o incluso por debajo.</li>
<li><strong>Constituir un Operador Público de Suelo, con autonomía y patrimonio propio, encargado de habilitar terrenos con agua, luz, desagüe y conexiones viales. </strong>La ley creó esa figura en el 2021, pero aún no opera con la capacidad de urbanizar. Un operador de ese tipo podría trabajar de la mano con desarrolladores privados, urbanistas y municipalidades para generar suelo habilitado donde las ciudades lo necesitan, de modo que la oferta formal llegue antes que la ocupación informal.</li>
</ol>
<ol start="3">
<li><strong>Establecer una regla de incremento anual para los bonos de vivienda social. </strong>El presupuesto para el bono de Techo Propio Vivienda Nueva y el del Nuevo Crédito MiVivienda se asigna sin una meta que lo oriente. La propuesta es que se destine un mayor monto al ejercicio siguiente cuando los bonos del año en curso se ejecuten por completo o superen cierto nivel. El presupuesto público seguiría definiéndose anualmente, pero con un criterio que respalde la asignación de los siguientes años, los desarrolladores y las familias tendrían la visibilidad de largo plazo que hoy no existe.</li>
</ol>
<p><strong>El Gobierno ha prometido construir 1,25 millones de viviendas en cinco años, un ritmo anual que es más de cuatro veces el actual. La meta es concreta, pero no se alcanzará haciendo lo mismo que hasta ahora. </strong>Si se deja pasar, la cifra quedará en el papel, y el próximo Niño o el próximo sismo volverán a encontrar a millones de familias en viviendas que no las protegen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres medidas contra la informalidad que no recortan derechos y tienen respaldo ciudadano</title>
		<link>https://www.apoyoconsultoria.com/es/tres-medidas-contra-la-informalidad-que-no-recortan-derechos-y-tienen-respaldo-ciudadano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APOYO Consultoría]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 16:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión AC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apoyoconsultoria.com/?p=12736</guid>

					<description><![CDATA[Articulado publicado en El Comercio. El debate sobre la flexibilización puede continuar. El régimen progresivo, el incentivo al empleo juvenil y la nueva definición del tiempo parcial deberían avanzar. Un documento de trabajo del Ejecutivo, que circula desde fines de julio, reúne propuestas para un eventual pedido de facultades, pero aún no constituye una posición [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/08/oac_pedido-de-facultades_agos.pdf" target="_blank" class="button primary" rel="noopener" >
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	</a>
</h3>
<p><em>Articulado publicado en <a href="https://elcomercio.pe/economia/peru/tres-medidas-contra-la-informalidad-que-no-recortan-derechos-y-tienen-respaldo-ciudadano-apoyo-consultoria-informalidad-laboral-noticia/">El Comercio</a>.</em></p>
<p id="ember658" class="ember-view reader-text-block__paragraph"><strong>El debate sobre la flexibilización puede continuar. El régimen progresivo, el incentivo al empleo juvenil y la nueva definición del tiempo parcial deberían avanzar.</strong></p>
<p id="ember659" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Un documento de trabajo del Ejecutivo, que circula desde fines de julio, reúne propuestas para un eventual pedido de facultades, pero aún no constituye una posición definitiva. El componente laboral ha generado controversia, sobre todo, por medidas percibidas como un posible recorte de derechos laborales, en particular las referidas al empleo juvenil y a la flexibilización laboral.</p>
<p id="ember660" class="ember-view reader-text-block__paragraph"><strong>Ante la presión, excluir el componente laboral sería un error para un país que enfrenta una crisis de informalidad.</strong> Según el INEI, siete de cada diez trabajadores son informales y, entre los jóvenes, la cifra es ocho de cada diez. Evitar una disputa política no debería llevar al Gobierno a retirar todo el capítulo. Las medidas orientadas a reducir barreras concretas a la contratación formal pueden impulsarse desde ahora.</p>
<p id="ember661" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Existen múltiples factores que inciden en la informalidad, pero tres situaciones cotidianas muestran cómo algunas barreras pueden cerrar la puerta al empleo formal. Por ejemplo, una empresa con 20 trabajadores enfrenta un salto abrupto en sus obligaciones cuando evalúa contratar al trabajador número 21, pues pasa a estar obligada a repartir utilidades. Un empleador que evalúa incorporar a un joven asume desde el primer día un costo formal que puede resultar elevado frente a una productividad todavía baja. Asimismo, un estudiante disponible para trabajar tres jornadas de siete horas no califica como trabajador a tiempo parcial, aunque su semana laboral sume 21 horas.</p>
<p id="ember662" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Las reformas más amplias sobre flexibilización también son necesarias, pero su discusión no debería bloquear lo que puede avanzar ahora. Los costos de mantener y terminar una relación laboral influyen en la contratación y merecen revisarse, pero los cambios sobre beneficios y reglas de cese requieren mayor debate. Avanzar en una primera etapa con las medidas que reducen barreras concretas a la formalización permitiría mantener el rumbo de la reforma laboral, mientras se construyen consensos sobre los cambios más controversiales.</p>
<p id="ember663" class="ember-view reader-text-block__paragraph">El pedido de facultades no tiene que resolver toda la agenda laboral, pero sí habilitar al menos tres medidas contra la informalidad. APOYO Consultoría propone que el texto final permita aprobar un régimen laboral único y progresivo, un incentivo tributario a la contratación formal de jóvenes y una definición semanal del trabajo a tiempo parcial. Ese debería ser el piso del componente laboral.</p>
<h3 id="ember664" class="ember-view reader-text-block__heading-3"><strong>Dos de estas medidas avanzan en direcciones que cuentan con amplio respaldo ciudadano.</strong></h3>
<p id="ember665" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Ambas surgieron de los consensos alcanzados en EncontrarNos por el Perú, una iniciativa de APOYO Consultoría y EsHoy. De hecho, en una encuesta nacional realizada en febrero del 2026 como parte del proyecto, el 86% apoyó reformar el régimen laboral y tributario de las mype para impulsar su formalización y crecimiento, mientras que el 80% respaldó facilitar el primer empleo juvenil mediante un subsidio temporal que reduzca el costo de contratar en planilla sin recortar derechos laborales.</p>
<h3 id="ember666" class="ember-view reader-text-block__heading-3"><em>La primera medida busca eliminar el castigo regulatorio que aparece cuando una empresa crece.</em></h3>
<p id="ember667" class="ember-view reader-text-block__paragraph">El documento de trabajo ya recoge el objetivo de un régimen proformalización; la delegación debería traducirlo en un régimen único y progresivo que permita a las mype crecer en la formalidad. Las vacaciones y gratificaciones se equipararían desde el inicio con las del régimen general, mientras que los aportes a salud y pensiones aumentarían gradualmente con la remuneración hasta igualar los del régimen general cuando esta supere las 4 UIT anuales. El reparto de utilidades comenzaría con una tasa reducida desde el trabajador 15 y aumentaría hasta alcanzar la tasa general con el trabajador 25, en lugar de activarse abruptamente al superar los 20 trabajadores. Así, las obligaciones laborales aumentarían gradualmente conforme la empresa crezca, sin generar saltos abruptos ni afectar derechos adquiridos.</p>
<h3 class="ember-view reader-text-block__paragraph"><em>La segunda medida intenta reducir el costo de contratar formalmente a jóvenes sin experiencia.</em></h3>
<p id="ember669" class="ember-view reader-text-block__paragraph">El objetivo del documento de trabajo de promover el empleo juvenil debería concretarse mediante una deducción adicional y temporal del impuesto a la renta por cada joven de 18 a 29 años contratado formalmente y sin empleo formal reciente.</p>
<p id="ember670" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Además del sueldo, la empresa deduciría la diferencia entre este y dos salarios mínimos. Por ejemplo, por un joven que gana el salario mínimo (S/1130), la empresa deduciría S/2260. Para una empresa sujeta a la tasa general del impuesto a la renta, esto representaría un ahorro de unos S/5000 al año, cerca del 30% del costo salarial. El incentivo disminuiría conforme aumenta el sueldo y desaparecería al alcanzar dos salarios mínimos, sin recortar derechos. Para reducir el riesgo de reemplazos, el beneficio se aplicaría solo a empresas cuya planilla supera el promedio del año anterior. Estimamos que la medida generaría 35 000 empleos formales juveniles, con un costo fiscal directo equivalente al 0,15% de la recaudación actual del IR.</p>
<h3 id="ember671" class="ember-view reader-text-block__heading-3"><em>La tercera medida busca definir el trabajo a tiempo parcial con un criterio semanal y no diario.</em></h3>
<p id="ember672" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Hoy se exige una jornada menor a cuatro horas diarias. En su lugar, debería considerarse como tiempo parcial toda jornada de hasta 24 horas semanales, sin importar su distribución. Así, una persona podría trabajar ocho horas por tres días y disponer de tiempo para estudiar, cuidar a un familiar o tener otra ocupación. La regla actual restringe estas opciones y puede dejar fuera del empleo formal a quienes necesitan compatibilizar el trabajo con otras responsabilidades.</p>
<p id="ember673" class="ember-view reader-text-block__paragraph"><strong>Acotar el documento de trabajo no debería significar dejar fuera medidas que pueden aplicarse para facilitar el empleo formal.</strong> Estas propuestas no resolverán por sí solas la informalidad, pero eliminarían barreras para cuando una empresa crezca, un joven busque su primer empleo o una persona necesite una jornada reducida. El Gobierno puede postergar las reformas que requieren mayor discusión sin renunciar a estos avances.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro acciones que tomar para llegar antes que El Niño</title>
		<link>https://www.apoyoconsultoria.com/es/cuatro-acciones-que-tomar-para-llegar-antes-que-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APOYO Consultoría]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 16:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión AC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apoyoconsultoria.com/?p=12329</guid>

					<description><![CDATA[Articulado publicado en El Comercio. &#160; Las señales actuales apuntan a un Niño Costero capaz de causar daños significativos durante el verano de 2026-2027. La experiencia de 1997-1998 y 2017 muestra la magnitud que pueden alcanzar las pérdidas cuando la preparación resulta insuficiente. El país llega mejor preparado que en 2017, pero aún no está [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/07/oac_fen_jul.pdf" target="_blank" class="button primary" rel="noopener" >
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	</a>
</h3>
<p><em>Articulado publicado en <a href="https://elcomercio.pe/economia/peru/cuatro-acciones-a-tomar-antes-de-la-llegada-de-el-nino-apoyo-consultoria-fen-el-nino-costero-fenomeno-de-el-nino-noticia/#google_vignette">El Comercio</a>.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Las señales actuales apuntan a un Niño Costero capaz de causar daños significativos durante el verano de 2026-2027. </strong>La experiencia de 1997-1998 y 2017 muestra la magnitud que pueden alcanzar las pérdidas cuando la preparación resulta insuficiente.</p>
<p><img decoding="async" class=" wp-image-12332 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/07/grafico-2.png" alt="grÁfico 2" width="628" height="367" /></p>
<p><strong>El país llega mejor preparado que en 2017, pero aún no está listo para enfrentar un evento extremo.</strong> Las obras ejecutadas han elevado la protección en algunas regiones, aunque los avances son desiguales y la preparación operativa de la respuesta de los gobiernos regionales y locales sigue siendo limitada.</p>
<p><img decoding="async" class=" wp-image-12345 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/07/captura-de-pantalla-2026-07-27-140059.png" alt="1" width="416" height="528" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-12334 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/07/grafico-3.png" alt="grÁfico 3" width="576" height="364" /></p>
<p class="article-editor-paragraph article-editor-content__has-focus"><strong>La principal debilidad está en una gobernanza fragmentada</strong>. La rectoría, la evaluación técnica de prevención y reducción del riesgo, y la respuesta recaen en entidades distintas, mientras la ejecución de las obras se distribuye entre más de 2 000 entidades de los tres niveles de gobierno. No existe una instancia que conduzca el sistema de gestión del riesgo de desastres de punta a punta y asegure una cultura de prevención.</p>
<p class="article-editor-paragraph"><strong>La doble transición política reduce aún más el margen de acción</strong>. El nuevo gobierno asumirá en julio y las autoridades regionales y locales lo harán en enero, cerca del periodo de mayor riesgo. Por ello, la prioridad es determinar qué intervenciones todavía pueden completarse y qué territorios requerirán una mayor preparación operativa antes del verano.</p>
<p class="article-editor-paragraph">El siguiente cuadro muestra el nivel de protección de cada región según el avance físico de las soluciones integrales que ejecuta la ANIN bajo el acuerdo G2G.</p>
<p>  <img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-12348 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/07/1.png" alt="1" width="674" height="581" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-12347 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/07/2.png" alt="2" width="665" height="306" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-12346 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/07/3.png" alt="3" width="680" height="718" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="article-editor-paragraph article-editor-content__has-focus">Esta evaluación define dónde completar obras, dónde proteger lo avanzado y dónde reforzar la respuesta ante la ausencia de una solución definitiva. Estas prioridades deben guiar los recursos y las decisiones del nuevo gobierno. <strong>Desde APOYO Consultoría proponemos cuatro acciones inmediatas para llevarlas a la práctica.</strong></p>
<h3 class="article-editor-heading"><strong>1. Implementar un Comando de Acción Rápida FEN para liderar la preparación y respuesta del Ejecutivo desde 28/7 hasta pasado el pico del evento</strong></h3>
<p class="article-editor-paragraph">La preparación frente al FEN exige un comando nacional con autoridad para priorizar acciones, coordinar entidades y destrabar la ejecución. Este comando debe operar bajo la dirección del presidente del Consejo de Ministros y contar con un mecanismo ágil de decisión y seguimiento.</p>
<p class="article-editor-paragraph">Su primera tarea debe ser articular un paquete normativo de emergencia FEN, que habilite modificaciones presupuestarias excepcionales, cambios de alcance en contratos ANIN y compras centralizadas para acelerar la ejecución, y asegure mediante decreto supremo la vigencia de la declaratoria de emergencia.</p>
<h3 class="article-editor-heading"><strong>2. Financiar primero lo que puede terminarse y priorizar intervenciones en tramos críticos</strong></h3>
<p class="article-editor-paragraph">Las obras con mayor avance, que protegen a la población vulnerable y pueden culminarse antes del pico del FEN 2026-2027, deben encabezar la asignación de recursos. San Idelfonso es un caso claro y su brecha de financiamiento fue incorporada solo parcialmente en el dictamen del crédito suplementario, por lo que aún se requieren recursos para completar la obra. No es el único caso: las defensas ribereñas de los ríos Lacramarca, Casma y Huarmey, en Áncash, también podrían quedar bastante avanzadas antes del pico del evento.</p>
<p class="article-editor-paragraph">Donde la solución integral no llegará a tiempo, la prioridad debe ser intervenir en los puntos críticos. Estos pueden identificarse con apoyo del socio de implementación británico en el marco del acuerdo G2G con la ANIN. El mecanismo dependerá de la situación contractual. En Tumbes, donde ya existe un contratista, corresponde evaluar un cambio de alcance o la activación de cláusulas de eventos compensables de emergencia. En Piura, donde no hay un contratista instalado, se requiere una contratación acelerada para realizar una limpieza estratégica del río.</p>
<p class="article-editor-paragraph">Para viabilizar estas intervenciones, se requiere un decreto de urgencia para el FEN que habilite modificaciones presupuestarias y cambios de alcance contractual.</p>
<h3 class="article-editor-heading"><strong>3. Ubicar anticipadamente bienes de ayuda humanitaria (BAH) y maquinaria</strong></h3>
<p class="article-editor-paragraph">La maquinaria y los bienes de ayuda deben estar disponibles antes de las lluvias en todas las zonas de mayor riesgo. En Piura, deben complementar la limpieza y protección de los puntos críticos del río. En Chiclayo, donde no hay avance en las obras de drenaje, la respuesta dependerá en mayor medida de contar con motobombas, excavadoras, cisternas y bienes de ayuda.</p>
<p class="article-editor-paragraph">Para lograrlo, el Comando FEN debe reunir en un solo registro los BAH y maquinarias disponibles en los almacenes nacionales, regionales y locales. Con esa información podrá identificar qué recursos tiene cada territorio y qué brechas deben cubrirse, incluidos los cerca de 18 500 kits adicionales estimados por el INDECI.</p>
<p class="article-editor-paragraph">El Decreto de Urgencia FEN debe encargar a una unidad ejecutora la compra, el alquiler de los bienes y equipos faltantes, y la distribución anticipada con soporte operativo de INDECI. Esta distribución es especialmente urgente para los alimentos, cuyo stock se concentra en Lima, mientras Tumbes, Piura, La Libertad e Ica no reportan existencias regionales. Ubicarlos antes de las lluvias reducirá el riesgo de que una interrupción de la Panamericana Norte retrase la atención.</p>
<h3 class="article-editor-heading"><strong>4. Preparar a las nuevas autoridades subnacionales para responder desde el primer día</strong></h3>
<p class="article-editor-paragraph">Las nuevas autoridades regionales y locales asumirán cerca del periodo de mayor riesgo. La PCM debe aprobar y ejecutar antes de enero un programa de transición operativa para las nuevas autoridades regionales y locales. La inducción debe cubrir los protocolos básicos del SINAGERD, incluida la activación de los centros de operaciones de emergencia y el llenado del EDAN. En paralelo, deben identificarse y acondicionarse rutas de evacuación, zonas seguras y albergues temporales, y realizarse simulacros en las ciudades más expuestas.</p>
<p class="article-editor-paragraph"><strong>Esta nota se concentra en los efectos del Niño Costero, pero un FEN global fuerte también podría reducir las precipitaciones en zonas del centro y sur andino. Allí, la respuesta debe prever transferencias para los hogares afectados, con un padrón y un mecanismo de entrega definidos antes de la emergencia.</strong></p>
<p class="article-editor-paragraph"><strong>Las medidas propuestas son temporales y buscan reducir daños en el corto plazo. No sustituyen las soluciones integrales en ríos, quebradas y drenajes ni la reforma de fondo sobre la gobernanza de la gestión del riesgo de desastres. La urgencia es proteger ahora.</strong></p>
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		<title>Empleo juvenil: Esta es la prioridad de los primeros 100 días del nuevo gobierno</title>
		<link>https://www.apoyoconsultoria.com/es/empleo-juvenil-esta-es-la-prioridad-de-los-primeros-100-dias-del-nuevo-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APOYO Consultoría]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión AC]]></category>
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					<description><![CDATA[Articulado publicado en El Comercio.  Si el Ejecutivo y el Legislativo llegan a un acuerdo, más de 8 millones de jóvenes podrían acceder a un empleo formal en los próximos 5 años. Pasada la polarización electoral, abordar el problema del empleo juvenil debe ser una prioridad para el nuevo gobierno y el Legislativo. En 2025 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Articulado publicado en <a href="https://elcomercio.pe/economia/peru/empleo-juvenil-prioridad-de-los-primeros-100-dias-del-nuevo-gobierno-eshoy-apoyo-consultoria-noticia/?ref=ecr">El Comercio. </a></em></p>
<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="706" data-end="847">Si el Ejecutivo y el Legislativo llegan a un acuerdo, más de 8 millones de jóvenes podrían acceder a un empleo formal en los próximos 5 años.</p>
<p data-start="849" data-end="1176">Pasada la polarización electoral, abordar el problema del empleo juvenil debe ser una prioridad para el nuevo gobierno y el Legislativo. En 2025 la tasa de desempleo de la población de 20 a 24 años fue 10,3%, casi el doble que la del desempleo general, mientras que la tasa de informalidad es más alta que el promedio nacional.</p>
<p data-start="1178" data-end="1639">En esa línea, Encontrarnos por el Perú (ExP), iniciativa de Es Hoy y APOYO Consultoría, encontró una fuerte preocupación sobre este tema. A través de una encuesta nacional urbana rural tomada en noviembre del 2025 que solicitó a la ciudadanía elegir las opciones de política pública más importantes para fomentar el empleo, se identificaron: “promover el empleo juvenil a través de incentivos” (55%) y “adecuar la formación superior a la demanda laboral” (53%).</p>
<p data-start="1178" data-end="1639">En este contexto, ExP ha transformado estas preferencias en medidas concretas para fomentar el empleo juvenil. Primero, se plantea un incentivo tributario para el primer empleo juvenil formal que reduce el costo laboral de contratar jóvenes sin reducir sus derechos laborales. La medida consiste en permitir descontar del monto imponible del Impuesto a la Renta (IR) el costo salarial del joven más un monto adicional fijo, que se va reduciendo conforme el salario del joven aumenta, lo que enfatiza su carácter temporal. Para implementar esta medida el Ejecutivo debería modificar la Ley del IR, entre otras normas, lo que es posible en menos de 3 meses.</p>
<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="2443" data-end="2869">En segundo lugar, se plantea el impulso a la formación dual, un modelo en el que instituciones licenciadas se asocian con empresas para diseñar programas formativos que complementan la experiencia que los jóvenes trabajadores están obteniendo y les permite poner en valor las habilidades que están desarrollando. Para esto es necesario modificar el reglamento de la Ley de Modalidades Formativas Laborales vía Decreto Supremo.</p>
<p data-start="2871" data-end="3410">Además, es importante potenciar la plataforma Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) con información que se actualice permanentemente para que los jóvenes decidan mejor qué carrera estudiar, cuáles tienen mayor demanda, en qué institución matricularse, remuneraciones según institución educativa de egreso, entre otras. Esto es clave para que los jóvenes definan mejor su futuro. Para ello es necesario una resolución ministerial del MTPE y convenios de intercambio de información con Minedu, Sunedu y Pronabec.</p>
<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="3412" data-end="4078">Por último, se considera viable la creación de un esquema de Becas por Impuestos para financiar carreras con alta demanda laboral, incorporando un tratamiento tributario que permita que donaciones a Pronabec destinadas a becas educativas sean reconocidas como gasto deducible del IR. Así, se complementa al sistema de becas estatales y se asegura que jóvenes destacados tengan acceso a más becas, priorizando sectores como tecnología y ciencia, que cuentan con alta demanda laboral y poca oferta profesional. Para ello se requiere un proyecto de ley del Ejecutivo con apoyo del legislativo para crear el régimen de Becas por Impuestos y modificación de la Ley de IR.</p>
<p data-start="4080" data-end="4469" data-is-last-node="" data-is-only-node="">En conjunto, estas medidas generan mejor información, acercan el mercado laboral y el educativo, y facilitan el acceso a financiamiento, factores cruciales para asegurar que el potencial de nuestros jóvenes no se pierda. Además, cada una de ellas, cuenta con el respaldo ciudadano de un 85% en promedio. Las propuestas están listas, solo falta decisión y convicción para sacarlas adelante.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Ampliar el mandato del BCR es un error</title>
		<link>https://www.apoyoconsultoria.com/es/ampliar-el-mandato-del-bcr-es-un-error/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[APOYO Consultoría]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 21:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión AC]]></category>
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					<description><![CDATA[    En esta campaña electoral se han planteado varias propuestas de cambio al Banco Central de Reserva: ampliar su mandato para que contribuya al “desarrollo nacional”; usar una porción de las reservas internacionales para financiar gasto público; aumentar el peso del oro en la composición de esas reservas; y reducir las tasas de interés [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<a href="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/06/oac_capitulo-economico_jun.pdf" target="_blank" class="button primary" rel="noopener" >
		<span>Descarga la versión en PDF</span>
	</a>

<div> </div>
<div> </div>
<blockquote>
<div>En esta campaña electoral se han planteado varias propuestas de cambio al Banco Central de Reserva: ampliar su mandato para que contribuya al “desarrollo nacional”; usar una porción de las reservas internacionales para financiar gasto público; aumentar el peso del oro en la composición de esas reservas; y reducir las tasas de interés mediante topes más estrictos. Este artículo explica por qué cada una de esas propuestas es un error —y por qué la autonomía del BCR, su mandato único y el manejo técnico de las reservas son, en el sentido más estricto del término, no negociables.</div>
</blockquote>
<div> </div>
<div> </div>
<div>La función del BCR es precisa: mantener la inflación entre 1% y 3% anual, y lo ha cumplido de manera ejemplar. Desde que adoptó metas explícitas de inflación en 2002, la inflación promedio del Perú ha sido la más baja de la región de manera sostenida. Este éxito descansa en Julio Velarde y en un equipo de economistas formados en las mejores universidades del mundo, seleccionados por mérito, protegidos de la interferencia política por el marco constitucional vigente. Esa combinación —mandato claro, equipo técnico, autonomía constitucional— es exactamente lo que algunas propuestas buscan desmantelar.</div>
<div> </div>
<div>La inflación baja no es un indicador abstracto. Es lo que determina cuánto vale el sueldo a fin de mes. Es lo que permite que una mype tome un crédito a plazo razonable para comprar una máquina o ampliar su local. En países con inflación alta y volátil, el crédito de largo plazo prácticamente desaparece. La inflación, además, actúa como un impuesto que afecta más a los hogares de menores ingresos: golpea con más fuerza a quienes cobran en soles y no tienen ahorros. Los que más se benefician de tener inflación baja son los hogares más vulnerables y las mypes.</div>
<div> </div>
<h3><strong>¿Por qué es un error ampliar el mandato del BCRP?</strong></h3>
<div> </div>
<div>El BCR no controla los precios directamente: lo que hace es convencer a empresas y trabajadores de que la inflación futura se mantendrá entre 1% y 3%. Si ese compromiso es creíble, estos fijan precios y negocian salarios dentro de ese rango. La inflación baja se vuelve así una profecía que se cumple sola.</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>El problema con añadir objetivos es que puede erosionar esa credibilidad. Si el BCR también tiene el mandato de maximizar el crecimiento, los agentes saben que cuando la economía crezca fuertemente podría verse tentado a tolerar más inflación en lugar de subir las tasas y así frenar el dinamismo. Esa sola expectativa cambia el comportamiento: empresarios y trabajadores empiezan a fijar precios y salarios por encima del rango meta, anticipando que el BCR cederá. El resultado es más inflación. Añadir objetivos no amplía la capacidad del BCR, pone en riesgo su herramienta más poderosa: la credibilidad.</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>Un contraejemplo es la Reserva Federal de EE. UU., que opera con mandato dual y funciona bien. Pero ese ejemplo no es replicable: el dólar es la moneda de reserva mundial y cuando hay incertidumbre global los capitales fluyen hacia EE. UU. —no huyen de él— dándole a la Fed un margen que ningún banco central de país emergente tiene.</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>La evidencia internacional es contundente: los países con metas explícitas de inflación creíbles logran inflaciones más bajas y estables que el resto. El Perú no es la excepción.</div>
<div> </div>
<h3><strong>¿Por qué el Perú necesita reservas internacionales robustas?</strong></h3>
<div> </div>
<div>Las reservas no son una cuenta de ahorros disponible, son el seguro macroeconómico de una economía con vulnerabilidades específicas. La primera es la dependencia de los precios de los commodities: cuando el cobre, el oro o el zinc caen, los ingresos de dólares se reducen abruptamente y el tipo de cambio se presiona al alza. La segunda es la dolarización parcial: una porción de los ahorros, préstamos y contratos está en dólares, encareciendo importaciones y aumentando el valor en soles de las deudas cuando el sol se deprecia. Estas vulnerabilidades explican por qué el Perú necesita más reservas que Australia —otro gran exportador de commodities pero con moneda flotante y economía no dolarizada, con apenas 2% del PBI en reservas. Suiza, con todo su prestigio monetario, acumula más de 80% del PBI precisamente porque es una economía exportadora pequeña que necesita protegerse de la volatilidad externa.</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>A estas vulnerabilidades se suma la incertidumbre política. Cuando esta aumenta, los inversionistas buscan refugiarse en monedas más sólidas como el dólar o el euro, presionando el tipo de cambio. En 2021, cuando la elección de Pedro Castillo generó una salida de capitales sin precedentes, el BCR utilizó las reservas internacionales para inyectar dólares a la economía, compensó esa salida y así evitó un colapso cambiario. Hoy las reservas superan los US$100.000 millones —28% del PBI, el nivel más alto de América Latina—. Usarlas para financiar gasto público es destruir el seguro del país, así como la independencia y credibilidad del Banco Central.</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>Estamos, una vez más, ante propuestas que suenan bien pero que, de implementarse, destruirían uno de los pilares más sólidos de la economía peruana. El BCR nos ha dado inflación baja, tipo de cambio estable y un sistema financiero confiable. Afectar esos pilares producirá más inflación, menos crecimiento y más pobreza —y quienes más lo sufrirán serán, como siempre, los que menos tienen.</div>
<div> </div>
<div> </div>
<ul>
<li class="article-editor-heading article-editor-content__has-focus"><span style="color: #ed1c24;"><strong>Propuesta: Ampliar el mandato del BCR al “desarrollo nacional”</strong></span></li>
<li class="article-editor-paragraph"><strong>El argumento a favor: </strong>El BCR debería contribuir al crecimiento y al empleo, no solo controlar la inflación.</li>
<li class="article-editor-paragraph"><strong>¿Por qué es un error?</strong> El mandato único de control de la inflación ha sido exitoso precisamente porque es creíble: empresas y trabajadores anclan sus expectativas a él. Los países con bancos centrales que tienen metas explícitas de inflación creíbles logran inflaciones más bajas y estables que el resto. Ampliar el mandato arriesga esa credibilidad, y con ella, el principal logro del BCR.</li>
</ul>
<p style="padding-left: 40px;"><span style="font-size: 75%;"><em><strong>Fuentes: </strong>BCRP, INEI (ENAHO), Bureau of Labor Statistics (BLS), FMI, World Gold Council, Banco Central de Bolivia. Elaboración: APOYO Consultoría.</em></span></p>
<ul>
<li class="article-editor-heading"><span style="color: #ed1c24;"><strong>Propuesta: Usar las reservas internacionales para financiar gasto público</strong></span></li>
<li class="article-editor-paragraph"><strong>El argumento a favor:</strong> El Perú tiene US$100.000 millones en reservas mientras hay necesidades urgentes.</li>
<li class="article-editor-paragraph"><strong>¿Por qué es un error?</strong> Las reservas internacionales no son una cuenta corriente: son el seguro macroeconómico del país, se usan para evitar que caídas de precios de commodities o las salidas de capitales generen crisis cambiarias, saltos inflacionarios o recesiones. Bolivia usó sus reservas para financiar empresas estatales ineficientes, subsidios y déficits —pasaron del 50% al 4% del PBI entre 2014 y 2024, dejando al país sin defensa frente a los choques externos. Venezuela, Argentina y el Perú de los ochenta financiaron gasto con el banco central. El resultado fue siempre el mismo: inflación desbocada y pobreza masiva.</li>
</ul>
<p class="article-editor-paragraph" style="padding-left: 40px;"><em><span style="font-size: 75%;"><strong>Fuentes: </strong>BCRP, INEI (ENAHO), Bureau of Labor Statistics (BLS), FMI, World Gold Council, Banco Central de Bolivia. Elaboración: APOYO Consultoría.</span></em></p>
<ul>
<li class="article-editor-heading"><span style="color: #ed1c24;"><strong>Propuesta: Fijar constitucionalmente el 50% de las reservas internacionales en oro</strong></span></li>
<li class="article-editor-paragraph"><strong>El argumento a favor: </strong>El Perú es productor de oro; con 50% en oro hoy tendríamos US$300.000 millones.</li>
<li class="article-editor-paragraph"><strong>¿Por qué es un error?</strong> Definir la composición de las reservas internacionales por mandato político es antitécnico. Ningún país de América Latina tiene más del 5% de sus reservas en oro y ningún país emergente llega al 40% (con excepción de Turquía). El oro es más volátil que el dólar y menos líquido: como explicó el gerente general del BCRP, Paul Castillo, “el dólar transa 22 veces más en un día que el oro.” Entre 1980 y 1985 el precio del oro cayó 65% en términos reales; entre 2011 y 2015, 45%.</li>
</ul>
<p class="article-editor-paragraph" style="padding-left: 40px;"><em><span style="font-size: 75%;"><strong>Fuentes: </strong>BCRP, INEI (ENAHO), Bureau of Labor Statistics (BLS), FMI, World Gold Council, Banco Central de Bolivia. Elaboración: APOYO Consultoría.</span></em></p>
<ul>
<li class="article-editor-heading"><span style="color: #ed1c24;"><strong>Propuesta: Bajar tasas de interés mediante topes más estrictos</strong></span></li>
<li class="article-editor-paragraph"><strong>El argumento a favor: </strong>Las tasas son muy altas y empujan a los peruanos al “gota a gota”.</li>
<li class="article-editor-paragraph"><strong>¿Por qué es un error?</strong> Los topes generan exactamente el problema que denuncian. Cuando se fija un techo, los bancos excluyen a los deudores de mayor riesgo —mypes y hogares de bajos ingresos— que terminan pagando 500% anual en el mercado informal. Según estimaciones del BCR en 2022, el tope de tasas generó que más de 220 mil clientes queden fuera del sistema financiero formal (casi 7% del total de clientes existentes antes de la norma). Colombia y Chile aplicaron topes y los derogaron al comprobar sus efectos. Corresponde eliminar los topes a las tasas de interés.</li>
</ul>
<p class="article-editor-paragraph" style="padding-left: 40px;"><em><span style="font-size: 75%;"><strong>Fuentes: </strong>BCRP, INEI (ENAHO), Bureau of Labor Statistics (BLS), FMI, World Gold Council, Banco Central de Bolivia. Elaboración: APOYO Consultoría.</span></em></p>
<p> </p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-11867 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/06/1.-tipo-de-cambio.jpg" alt="1. tipo de cambio" width="620" height="445" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-11879 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/06/2.-inflacion.jpg" alt="2. inflación" width="573" height="387" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-11931 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/06/3.-credito-privado-1.jpg" alt="3. crédito privado" width="848" height="435" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-11932 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/06/4.-peru-eeuu-1.jpg" alt="4. perú &amp; eeuu" width="848" height="439" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-11882 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/06/5.-metas-de-inflacion.jpg" alt="5. metas de inflación" width="636" height="531" /></p>
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			</item>
		<item>
		<title>El impacto del plan de Juntos por el Perú en la economía</title>
		<link>https://www.apoyoconsultoria.com/es/el-impacto-del-plan-de-juntos-por-el-peru-en-la-economia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[APOYO Consultoría]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión AC]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; Lo que el Perú necesita es un Estado que cumpla bien las funciones que solo él puede hacer. Eso requiere reforma de la gestión pública, no demolición del marco que la financia. En el Perú hay muchas cosas que deben cambiar. Los resultados en educación primaria son peores que hace diez años. La anemia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/05/oac_capitulo-economico_mayo-1.pdf" target="_blank" class="button primary" rel="noopener" >
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	</a>

<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lo que el Perú necesita es un Estado que cumpla bien las funciones que solo él puede hacer. Eso requiere reforma de la gestión pública, no demolición del marco que la financia.</strong></p>
<p>En el Perú hay muchas cosas que deben cambiar. Los resultados en educación primaria son peores que hace diez años. La anemia infantil afecta a uno de cada tres niños. La inseguridad ha crecido sostenidamente y más de la mitad de la población siente que el país retrocede. Más del 80% está insatisfecho con los servicios públicos. Esa frustración es legítima. Sin embargo, <strong>el problema no está en el capítulo económico de la Constitución, sino más bien en la incapacidad del gobierno central, regional y local de gestionar adecuadamente los recursos que el modelo ha generado.</strong></p>
<p>Este es el primero de una serie de artículos sobre los aspectos del modelo económico que definitivamente no deben modificarse: aquellos que son condición necesaria para atraer inversión, crear empleos de calidad y mantener la estabilidad macroeconómica que permite que las familias planifiquen, ahorren y progresen. Los llamaremos los «no negociables».</p>
<p><strong>¿Por qué son no negociables?</strong> La respuesta es una cadena causal sencilla pero poderosa. Cuando las reglas de juego son predecibles, invertir es menos riesgoso. Esto incrementa la inversión —grande y pequeña, nacional y extranjera—. Cuando hay más inversión, se crea más empleo de calidad y las familias tienen más ingresos. Y en todo este proceso se pagan más impuestos para financiar los gastos del Estado. Esa cadena funciona en ambas direcciones: si las reglas cambian de manera impredecible, la inversión cae, el empleo se deteriora y los ingresos de las familias se resienten. El Estado termina con menos recursos.</p>
<p>El gran aporte del capítulo económico de la Constitución es que le da predictibilidad a los que operan exactamente sobre esa cadena. La seguridad de los contratos y la garantía que un contrato es ley entre las partes permite que quien invierte en una mina, una planta, un proyecto inmobiliario o un proyecto de largo plazo pueda confiar en que las condiciones no cambiarán arbitrariamente a mitad del camino. La igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera le dice al mundo que en el Perú se compite en igualdad de condiciones. El rol subsidiario del Estado lo enfoca en funciones que solo él puede cumplir cabalmente —seguridad, justicia, defensa del medio ambiente, programas sociales— en lugar de arriesgar recursos públicos en empresas donde el sector privado es más eficiente. Y la autonomía del BCR nos protege: cuando el banco central financia al gobierno, la inflación destruye primero la capacidad adquisitiva de los más pobres. Eliminar todo esto no nos generará mejores servicios públicos, sino todo lo contrario.</p>
<p><strong>Lo que propone Juntos por el Perú no es original.</strong> Es una réplica de los cambios que Ecuador introdujo en 2008, Bolivia en 2009 y Venezuela antes que ambos países: los mismos argumentos y los mismos resultados. En los tres casos hubo años de aparente bonanza, pero ese crecimiento era artificial. Descansaba en el boom de materias primas y en una expansión insostenible del gasto público, mientras la inversión privada se retiraba silenciosamente. Cuando los precios cayeron, no había con qué reemplazar esos ingresos. Las reservas se agotaron, el déficit fiscal y la deuda pública se dispararon y el control de precios que vino después solo produjo escasez. Bolivia, que muchos citan como el caso exitoso, cerró la década con reservas internacionales desplomadas, escasez de combustibles y alimentos, y sin haber diversificado la actividad productiva. Ni qué decir de Venezuela, que de ser uno de los países con mayores ingresos pasó ahora a tener más del 80% de su población en pobreza y generó una emigración sin precedentes, separando familias en busca de sobrevivencia en otros países.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-11770 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/05/imagen1_-1.jpg" alt="imagen1 " width="421" height="396" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-11742 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/05/imagen14-1.jpg" alt="imagen14" width="432" height="329" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-11752 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/05/imagen13-1.jpg" alt="imagen13" width="436" height="399" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-11715 aligncenter" src="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/05/imagen14.jpg" alt="imagen14" width="437" height="336" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Perú tomó el camino opuesto. Desde 1994, el PBI per cápita creció de manera sostenida, impulsado por inversión privada y exportaciones. El Estado tuvo más recursos que nunca. El problema es que no los gastó bien. La corrupción, la mala gestión y la ausencia de rendición de cuentas convirtieron un Estado con ingresos crecientes en uno incapaz de cumplir sus funciones básicas. Los números lo dicen sin rodeos: la tasa de homicidios casi se duplicó entre 2019 y 2025, pasando de 7 a 14 por cada 100.000 personas. El número de proyectos de inversión pública paralizados o abandonados pasó de 30 mil a 65 mil en el mismo período. Y el porcentaje de hogares sin acceso a desagüe subió de 17% a 23%. La pobreza, que se había reducido desde 54% hasta 20% en 2019, hoy está en 26%, siendo uno de los pocos países que no ha recuperado su nivel prepandemia. Más presupuesto, peores resultados.</p>
<p><strong>Ahí está la trampa.</strong> El discurso de cambio radical le habla a una población justificadamente frustrada, pero apunta al lugar equivocado. En vez de corregir cómo el Estado gasta lo que el modelo genera, propone destruir la fuente de esos recursos. El resultado sería menos inversión, menos empleo de calidad, menos ingresos para las familias y, en consecuencia, más insatisfacción —no menos—. Lo que el Perú necesita es un Estado que cumpla bien las funciones que solo él puede hacer. Eso requiere reforma de la gestión pública, no demolición del marco que la financia.</p>
<p>El Perú ya vivió el experimento que hoy se propone repetir. Fue entre 1979 y 1990: estatismo, empresas públicas, control de precios, banco central al servicio del gobierno. Terminó en hiperinflación y pobreza masiva. Repetir este experimento una vez más, con evidencia irrefutable en contra, no es valentía. Es negligencia.</p>
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<h3><strong><em>Fact-Checking</em>: Lo que se propone cambiar</strong><strong> en el plan de gobierno de JPP y por qué es un error</strong></h3>
<p><span style="color: #d5150d;"><strong>Art. 66 — Recursos Naturales</strong></span></p>
<p><strong>Propuesta</strong>: El Estado debe explotar los recursos estratégicos (Camisea, litio, petróleo, cobre, oro). Los privados solo pueden operar pagando una renta al Estado.</p>
<p><strong>Por qué es un error:</strong> La extracción de recursos naturales es técnicamente compleja y financieramente riesgosa. El sector privado tiene las capacidades y asume ese riesgo. En el caso del sector minero, el Estado obtiene el 40%-50% de las utilidades vía impuestos y regalías —como si hubiese aportado esa parte del capital, pero sin arriesgar un sol—. Donde se intentó la estatización, fracasó: la capacidad productiva de petróleo o gas de Venezuela, Ecuador y Bolivia declinó cuando el Estado tomó el control. Perú tuvo décadas perdidas en los años setenta y ochenta por seguir este modelo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #d5150d;"><strong>Art. 62 — Estabilidad contractual</strong></span></p>
<p><strong>Propuesta: </strong>Derogar la estabilidad contractual para que el Estado pueda renegociar contratos que considere lesivos para el país.</p>
<p><strong>Por qué es un error:</strong> Una mina, una central eléctrica o un gasoducto puede tardar más de cinco años en construirse, incluso más años en recuperar la inversión y operar durante décadas. Nadie invierte a largo plazo si las reglas pueden cambiar arbitrariamente a mitad del camino. La OCDE la reconoce como condición estándar para atraer inversión de largo plazo. Venezuela rompió contratos con Exxon, Shell y BP —y terminó con producción colapsada y arbitrajes internacionales millonarios en su contra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #d5150d;"><strong>Art. 63 — Inversión nacional y extranjera / CIADI</strong></span></p>
<p><strong>Propuesta:</strong> Eliminar la igualdad de trato entre inversión nacional y extranjera. Prohibir el arbitraje internacional (CIADI) y someter todos los conflictos al Poder Judicial peruano.</p>
<p><strong>Por qué es un error: </strong>Antes de la Constitución de 1993, la inversión extranjera directa (IED) en el Perú era prácticamente inexistente (0% del PBI). Tras los cambios constitucionales, subió a 5% del PBI. Ecuador, Bolivia y Venezuela salieron del CIADI, y su IED cayó significativamente en los años siguientes. Someter disputas solo al Poder Judicial peruano no genera confianza: 75% de peruanos desconfía del Poder Judicial.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #d5150d;"><strong>Arts. 58 y 60 — Economía social de mercado / Subsidiariedad</strong></span></p>
<p><strong>Propuesta:</strong> Eliminar el rol subsidiario del Estado y crear empresas públicas en minería y sectores estratégicos. El Estado debe ser gestor y socio activo en la economía.</p>
<p><strong>Por qué es un error: </strong>El rol del Estado no es competir con el privado: es regular la actividad empresarial para maximizar su impacto —garantizando libre competencia, protección ambiental y respeto de derechos— mientras se concentra en lo que solo él puede hacer bien. Además, el Estado peruano es un mal gestor de empresas. Petro-Perú acumula pérdidas por más de US$2.200 millones, una deuda de US$7.900 millones, y ha requerido rescates por US$5.000 millones en cuatro años —recursos que pudieron financiar hospitales, colegios y carreteras—.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #d5150d;"><strong>Arts. 84 y 85 — BCR y </strong><strong>reservas </strong><strong>internacionales</strong></span></p>
<p><strong>Propuesta: </strong>Ampliar el mandato del BCR para incluir el «desarrollo nacional». Exigir que el 50% de las Reservas Internacionales Netas (RIN) estén en oro.</p>
<p><strong>Por qué es un error: </strong>El mandato único de inflación le ha funcionado extraordinariamente bien al Perú: desde que opera con metas explícitas, la inflación peruana ha sido la más baja de América Latina y el sol la moneda más sólida de la región. A quien más ha beneficiado es a los hogares de menores ingresos, que tienen menos posibilidades de protegerse frente al alza de precios. Exigir que el 50% de las RIN esté en oro es un error técnico: el precio del oro es mucho más volátil que el dólar y no genera rentabilidad. Aumentar su peso en las RIN afectaría su rol como seguro frente a los vaivenes del entorno internacional.</p>
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		<title>Las prioridades del Estado y el abandono de sus mejores talentos</title>
		<link>https://www.apoyoconsultoria.com/es/las-prioridades-del-estado-y-el-abandono-de-sus-mejores-talentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APOYO Consultoría]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 18:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión AC]]></category>
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					<description><![CDATA[En los últimos años, el Estado peruano ha destinado recursos a una amplia gama de prioridades, pero becar a sus mejores estudiantes no ha sido una de ellas. El reciente anuncio de que cerca de 300 jóvenes admitidos en las mejores universidades del mundo quedarían sin poder postular a las 150 plazas que el programa [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.apoyoconsultoria.com/wp-content/uploads/2026/04/oac_populismo_abril.pdf" target="_blank" class="button primary" rel="noopener" >
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<p id="ember61" class="ember-view reader-text-block__paragraph">En los últimos años, el Estado peruano ha destinado recursos a una amplia gama de prioridades, pero becar a sus mejores estudiantes no ha sido una de ellas. El reciente anuncio de que cerca de 300 jóvenes admitidos en las mejores universidades del mundo quedarían sin poder postular a las 150 plazas que el programa ofrece cada año, sumado a los problemas previos de presupuesto en torno a Beca 18, revela las prioridades del Estado. Esto ocurre en un contexto en el que el Ejecutivo ha comprometido cerca de S/20 mil millones en nueve rescates a Petroperú desde 2022. El Congreso, por su parte, ha aprobado medidas que reducirían la recaudación en S/34,564 millones y, además, ha elevado su propio presupuesto en un promedio de S/366 millones anuales por encima de lo propuesto inicialmente por el MEF desde 2022. Solo el último incremento, equivalente a S/485 millones, habría bastado para cubrir más de la mitad del déficit presupuestal que enfrenta Pronabec este año.</p>
<p id="ember62" class="ember-view reader-text-block__paragraph">La Beca Generación del Bicentenario (BGB) es, en este contexto, una de las líneas más pequeñas del presupuesto público, apenas 0,028% del presupuesto anual de Educación, que, a su vez, concentra cerca de una quinta parte del presupuesto público total. Sin embargo, desde 2012 ha adjudicado 2,785 becas a profesionales peruanos de alto rendimiento académico y recursos limitados para cursar maestrías y doctorados en las 400 mejores universidades del mundo, bajo compromiso de retorno y servicio profesional al país, con un costo aproximado de S/232 mil por maestría y S/411 mil por doctorado. Su magnitud queda clara al compararla con lo que el Congreso gasta en bonos de planilla. Entre 2021 y 2025, las cinco convocatorias anuales de la BGB demandaron un presupuesto de S/45 millones, tres veces menos que los S/ 134 millones que el Congreso asigna en un solo año a la partida donde se registra escolaridad, aguinaldos, gratificaciones, bono de productividad y bono por crecimiento económico. Esos S/ 134 millones habrían financiado 580 maestrías o más de 320 doctorados en el extranjero.</p>
<p id="ember63" class="ember-view reader-text-block__paragraph">La BGB es una de las pocas políticas públicas con capacidad real de transformar de manera sostenible la vida de los peruanos, dado que interviene simultáneamente en tres dimensiones: (i) la formación de capital humano avanzado, (ii) la movilidad social intergeneracional, y (iii) la capacidad de un país para multiplicar conocimiento en nuevas generaciones. Al articular estas tres dimensiones, la beca contribuye a mejorar la oferta laboral, reducir la pobreza y elevar la productividad en el largo plazo</p>
<p id="ember64" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Por un lado, el programa contribuye a cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de talento en el mercado laboral peruano. Actualmente, nueve de cada diez empresas reportan dificultades para encontrar trabajadores con las calificaciones que requieren, especialmente en tecnologías de información, ingeniería e investigación aplicada. Los becarios se forman justamente en esas disciplinas, donde la oferta local es más escasa.</p>
<p id="ember65" class="ember-view reader-text-block__paragraph">La beca es también uno de los pocos canales reales de movilidad intergeneracional que ofrece el sistema peruano. De hecho, los trabajadores con posgrado perciben ingresos 63,5% mayores que quienes solo culminaron el pregrado y registran una tasa de empleo informal de 13,1%, menos de la mitad del 31,2% observado entre quienes tienen educación universitaria completa. Además del ingreso mayor que reciben los trabajadores con posgrado, hay que tomar en cuenta que el 70,5% de sus beneficiarios proviene de universidades públicas y el 49,3% postula desde fuera de Lima. En la práctica, el programa financia la distancia que separa a estudiantes talentosos de bajos ingresos de instituciones académicas de excelencia global, una brecha que el mercado no resuelve por sí solo.</p>
<p id="ember66" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Además, el impacto del programa no termina en el becario. De acuerdo con el más reciente estudio de Pronabec sobre experiencias de retorno, el 75,9% de los beneficiarios pasa más tiempo en el Perú que en el extranjero luego de culminar el posgrado. Una proporción relevante, además, se incorpora a la docencia universitaria, multiplicando el efecto de la inversión pública sobre nuevas generaciones de talento. En conjunto, esto puede contribuir a elevar la productividad del país en el largo plazo.</p>
<p id="ember67" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Cada año que se posterga esta inversión, el país renuncia a una cohorte de ingenieros, médicos, investigadores y servidores públicos formados al más alto nivel. También renuncia a los encadenamientos que esa formación genera sobre la productividad y la movilidad social de familias que no pueden costear un posgrado en el extranjero. El Ejecutivo todavía puede corregir el rumbo: asegurar los recursos y, evitar que otro grupo de estudiantes quede fuera no por falta de mérito, sino por falta de voluntad política.</p>
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		<title>EncontrarNos por el Perú: nueve propuestas para el próximo gobierno</title>
		<link>https://www.apoyoconsultoria.com/es/encontrarnos-por-el-peru-nueve-propuestas-para-el-proximo-gobierno-6/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[APOYO Consultoría]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión AC]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; Propuesta 6 de 9 &#124; Reformar la carrera policial para profesionalizar a la PNP Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a class="button primary" >
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<h3><strong>Propuesta 6 de 9 | <em>Reformar la carrera policial para profesionalizar a la PNP</em></strong></h3>
<p>Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano. Entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de seguridad ciudadana, reformar la carrera policial para mejorar la formación de la PNP y su desarrollo profesional.</p>
<p>La Policía Nacional es una de las principales instituciones de las que depende la respuesta del Estado frente a la inseguridad, pero hoy enfrenta una crisis de desempeño y legitimidad. Esto se refleja en que solo 19% de la población confía en la PNP. Entre las razones de esa desconfianza, 55% cree que se explica por pedidos o recepción de coimas, 23% percibe que no hay vigilancia ni patrullaje efectivo y 22% afirma que la policía no acude cuando se le llama, según la ENAPRES 2024. Asimismo, 67% de la ciudadanía percibe que la corrupción en policías, jueces y fiscales dificulta sancionar los delitos. El problema, entonces, no es solo de imagen. Es una debilidad institucional que afecta la capacidad real del Estado para enfrentar delitos cada vez más complejos.</p>
<p>Parte importante de esta situación responde a fallas estructurales en la formación y en la carrera policial. Por un lado, la mala formación debilita el desempeño. Lo que hoy aprenden suboficiales y oficiales no siempre responde a las exigencias del trabajo policial actual. En los suboficiales sigue predominando la disciplina y el esfuerzo físico, con poca formación técnica y analítica para funciones complejas. En los oficiales, el énfasis continúa puesto en el mando y los contenidos normativos, con escasa profundización en investigación criminal, inteligencia y análisis estratégico. A ello se suman alta rotación de docentes, escasa profesionalización pedagógica y brechas de infraestructura y equipamiento. Por otro lado, una carrera policial que no premia el mérito ni la especialización también debilita la integridad institucional. Los ascensos dependen en buena medida de la antigüedad, los instrumentos de evaluación están desactualizados y no existen incentivos claros para especializarse y permanecer en áreas estratégicas como inteligencia e investigación criminal.</p>
<p>En este contexto, desde APOYO Consultoría proponemos tres medidas para profesionalizar a la PNP y alinear mejor la formación y la carrera policial con las exigencias reales de la lucha contra el crimen organizado.</p>
<ol>
<li><strong>Reformar de manera efectiva la formación inicial de suboficiales y oficiales.</strong> La reforma debe incluir un rediseño curricular con enfoque por competencias que priorice el análisis de información, e ir acompañada de inversiones iniciales en infraestructura y equipamiento de las escuelas policiales, incluyendo aulas adecuadas, bibliotecas especializadas, laboratorios, simuladores y recursos tecnológicos. Asimismo, es indispensable fortalecer la docencia policial, atrayendo y reteniendo personal con capacidades pedagógicas modernas y experiencia técnica, y consolidando la enseñanza como una trayectoria más estable y especializada dentro de la institución.</li>
<li><strong>Rediseñar la carrera policial para que premie mérito y desempeño.</strong> La reforma debe modernizar los instrumentos de evaluación y ascenso, para vincular la progresión profesional al desempeño efectivo y a la acumulación de capacidades técnicas. Eso implica establecer criterios meritocráticos más transparentes y predecibles, que reduzcan la percepción de arbitrariedad y den señales claras sobre qué se espera de un buen policía.</li>
<li><strong>Hacer de la especialización un eje del desarrollo profesional policial.</strong> La reforma debe establecer incentivos claros para que la especialización en áreas estratégicas como investigación criminal e inteligencia se consolide como una trayectoria profesional estable y atractiva, con condiciones de permanencia que permitan acumular capacidades institucionales sostenidas.</li>
</ol>
<p>La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El Ejecutivo debe conformar un equipo técnico dentro del MININTER y encargarle el diseño del plan. Sobre esa base, en los primeros 100 días debe identificarse con claridad qué cambios normativos requiere la reforma. Esto supone revisar y, de ser necesario, modificar normas como la Ley de la Policía Nacional del Perú, la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP y su reglamento, la Ley del Régimen Educativo de la PNP y la Ley que regula el régimen disciplinario de la PNP. En paralelo, debe iniciarse el rediseño curricular, el fortalecimiento de la docencia policial, las inversiones iniciales en infraestructura y equipamiento, y los pilotos de líneas de carrera especializadas.</p>
<p>Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con diagnóstico claro, sustento técnico y una ruta concreta para construir una Policía más profesional, más especializada y mejor preparada para enfrentar el crimen organizado. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.</p>
<hr class="reader-divider-block__horizontal-rule" />
<p><em>Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, <a href="https://drive.google.com/file/d/1B1oCx8oOtETOIrdi0do4B5DlceYSX8Aa/view"><strong>revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí. </strong></a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>EncontrarNos por el Perú: nueve propuestas para el próximo gobierno</title>
		<link>https://www.apoyoconsultoria.com/es/encontrarnos-por-el-peru-nueve-propuestas-para-el-proximo-gobierno-5/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[APOYO Consultoría]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión AC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apoyoconsultoria.com/?p=11479</guid>

					<description><![CDATA[Propuesta 5 de 9 &#124; Fortalecer las unidades de inteligencia operativa de la PNP para adelantarse a la inseguridad Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><a class="button primary" >
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<h3><strong><br />
Propuesta 5 de 9</strong><em><strong> | Fortalecer las unidades de inteligencia operativa de la PNP para adelantarse a la inseguridad</strong></em></h3>
<p>Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de seguridad ciudadana: fortalecer las unidades de inteligencia operativa y de investigación para adelantarse al crimen organizado.</p>
<p>La inseguridad en el Perú ha crecido más rápido que la capacidad del Estado para contenerla. Entre 2018 y 2023, según el INEI, las denuncias por extorsión se triplicaron y los homicidios aumentaron cerca del 40%. Sin embargo, menos del 20% de los casos de homicidio fueron resueltos, y apenas una fracción mínima de denuncias por extorsión culminó en condena. El crimen organizado opera mediante redes que combinan violencia, control territorial y adaptación rápida —extorsión, sicariato, narcotráfico, minería ilegal—, mientras que el Estado sigue respondiendo tarde y de forma reactiva. Para la ciudadanía, detrás de este deterioro hay una débil capacidad de las unidades de inteligencia e investigación policial para identificar y desarticular redes delictivas. De hecho, el 36% la señala como un factor determinante del incremento de la inseguridad.</p>
<p>Las unidades de inteligencia operativa y de investigación contra el crimen organizado existen, pero en la práctica operan sin el respaldo necesario para ser efectivas. De acuerdo con especialistas consultados, su creación ha sido fundamentalmente declarativa: no ha sido acompañada con la disponibilidad real de herramientas que permitan una implementación efectiva. Falta tecnología, personal especializado y financiamiento estable. No hay coordinación fluida entre las entidades que tienen información clave para la lucha contra el crimen organizado —como el Ministerio Público, RENIEC, OSIPTEL, Migraciones, SUNAT y la UIF—, y las unidades no están protegidas de presiones políticas, económicas ni de la corrupción. El resultado es que el Estado carece de capacidad para anticipar amenazas e intervenir sobre las estructuras logísticas, financieras y territoriales del crimen organizado, y se limita a reaccionar con capturas aisladas que no afectan la operación de las redes.</p>
<p>Desde APOYO Consultoría proponemos fortalecer las unidades de inteligencia operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) para anticipar y desarticular al crimen organizado a partir de tres líneas de acción. Esta propuesta es, además, la segunda más respaldada por la ciudadanía entre las opciones de seguridad consultadas en la encuesta nacional de IPSOS: el 45% considera prioritario contar con grupos especializados en inteligencia y lucha contra el crimen organizado, con respaldo del más alto nivel de gobierno. Esta medida implica:</p>
<ol>
<li><strong>Dotar a las unidades de inteligencia y de investigación de recursos reales.</strong> El nuevo gobierno debe diseñar e implementar un Plan de Fortalecimiento de Actividades de Inteligencia Operativa e Investigación contra el Crimen Organizado, comandado desde un equipo técnico de alto nivel en el Ministerio del Interior. El punto de partida es un diagnóstico territorial que identifique brechas críticas en recursos humanos, tecnología y financiamiento, con foco en los territorios con mayor presencia de economías ilegales. Sobre esa base, se asignan personal especializado, tecnología moderna y presupuesto sostenido a las unidades que enfrentan de manera prioritaria extorsión, sicariato, trata de personas, minería ilegal, narcotráfico y ciberdelitos.</li>
<li><strong>Establecer protocolos obligatorios de acceso e intercambio de información entre entidades clave.</strong> Se deben institucionalizar mecanismos formales de cooperación entre la PNP y entidades como el Ministerio Público, RENIEC, OSIPTEL, Migraciones, SUNAT y la UIF, para asegurar acceso oportuno a información financiera, migratoria, telefónica y tributaria. Esto debe ir acompañado de reglas claras sobre uso de datos, responsabilidades y trazabilidad del intercambio de información.</li>
<li><strong>Blindar las unidades con gobernanza, autonomía y rendición de cuentas.</strong> Las unidades de inteligencia e investigación necesitan una estructura de gobernanza que les dé institucionalidad y las proteja de interferencias políticas, económicas y de la corrupción. Al mismo tiempo, deben operar bajo mecanismos claros de supervisión, con indicadores verificables de desempeño y resultados. La rendición de cuentas debe aplicar tanto a las propias unidades como a las instituciones con las que se articulan.</li>
</ol>
<p>La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El Ejecutivo conformaría un equipo técnico de alto nivel en el MININTER, con participación de especialistas independientes, encargado de diseñar y coordinar el Plan. Su primera tarea sería elaborar un diagnóstico de capacidades y brechas, con enfoque territorial, para definir qué unidades deben fortalecerse, dónde desplegarlas y qué recursos requieren. En los primeros 100 días, el Plan debe traducirse en el fortalecimiento efectivo de unidades especializadas con personal, tecnología y presupuesto, en la puesta en marcha de operaciones desconcentradas en territorios priorizados y en la formalización de protocolos de cooperación e intercambio de información con las entidades clave.</p>
<p>Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.</p>
<div class="is-divider medium"></div>
<p><em>Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, </em><a class="wIMnxsbLvWuchZgIBdcFECHLvfKGbzRQyRJs " tabindex="0" href="https://drive.google.com/file/d/1B1oCx8oOtETOIrdi0do4B5DlceYSX8Aa/view" target="_self" data-test-app-aware-link=""><strong><em>revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí</em></strong></a><em>.</em></p>
]]></content:encoded>
					
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