Propuesta 4 de 9 | Impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal para investigar y sancionar eficazmente el crimen organizado

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de seguridad ciudadana: impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal para investigar y sancionar eficazmente el crimen organizado.

En los últimos años, la inseguridad en el Perú ha empeorado por la expansión y consolidación del crimen organizado, vinculado a actividades como extorsión, narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilegales. La percepción ciudadana apunta directamente a las causas. El 37% de la población considera que las leyes y penas vigentes son poco severas y no evitan que se cometan delitos, mientras que el 29% identifica que los cambios normativos recientes han dificultado la labor de investigación y sanción del crimen organizado (IPSOS, 2025).

Parte importante de este deterioro responde a cambios recientes en el marco normativo. Entre 2023 y 2025, el Congreso aprobó al menos nueve leyes que, en conjunto, han debilitado las herramientas que el Estado necesita para investigar y sancionar al crimen organizado. De hecho, desde las modificaciones normativas aprobadas en agosto de 2024, las denuncias por extorsión aumentaron 35% a nivel nacional, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Estas normas introdujeron restricciones a la colaboración eficaz, modificaron las reglas de allanamiento e incautación, limitaron el uso de la detención preliminar a casos de flagrancia y elevaron los requisitos para el decomiso de activos ilícitos. Si bien algunas de estas reformas responden a objetivos procesales legítimos, en la práctica reducen la capacidad operativa del sistema de justicia frente a delitos complejos.

A este debilitamiento se suma un problema de diseño en el régimen de sanciones. El Código Penal presenta desajustes de proporcionalidad que erosionan la función disuasiva de las penas. El homicidio simple tiene una pena mínima de 6 años, mientras que el robo agravado inicia en 12. Asu vez, la extorsión sin violencia grave puede tener una pena cercana a la de un homicidio. Cuando la diferencia entre un delito patrimonial y un delito contra la vida se reduce a pocos años, el sistema deja de enviar señales claras sobre qué conductas son más graves.

Para devolver al Estado las herramientas legales que necesita para investigar y sancionar eficazmente el crimen organizado, es necesario impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal. Se trata de la solución más respaldada por la ciudadanía entre las opciones de seguridad consultadas en la encuesta nacional de IPSOS: el 51% considera prioritario revisar y corregir las leyes que han debilitado la lucha contra el crimen. Esto implica:

1. Conformar una comisión técnica independiente. El Ejecutivo debe conformar una comisión especializada encargada de revisar, como mínimo, las nueves leyes aprobadas entre 2023 y 2025 que han debilitado herramientas procesales clave, entre ellas la Ley 31990 (que redujo plazos de colaboración eficaz), la Ley 32108 (que redefinió «organización criminal» y modificó los allanamientos), la Ley 32181 (que limitó la detención preliminar a casos de flagrancia) y la Ley 32260 (que elevó los requisitos para confiscar bienes). La evaluación debe incluir análisis comparado, revisión de evidencia operativa y consultas con Fiscalía, Poder Judicial y PNP.
2. Presentar un paquete normativo integral al Congreso. Con base en el diagnóstico de la comisión, el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que corrija las disposiciones que hoy limitan la colaboración eficaz, los allanamientos, la detención preliminar y el decomiso de activos ilícitos. El paquete debe asegurar un equilibrio entre garantías procesales y capacidad operativa, e incluir mejoras en los mecanismos de recuperación de activos vinculados a economías ilegales, así como lineamientos operativos y capacitación para la implementación efectiva de las reformas.
3. Corregir los desajustes de proporcionalidad en la escala de penas. Revisar el Código Penal para que las sanciones reflejen la gravedad real de cada delito y refuercen la función disuasiva del sistema, con énfasis en delitos asociados a violencia, economías ilegales y crimen organizado.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El Ejecutivo, a través del MINJUSDH y el MININTER, conformaría la comisión técnica con participación de especialistas independientes y consultas con actores del sistema de justicia —Fiscalía, Poder Judicial, PNP. Sobre la base de su diagnóstico, el Ejecutivo presentaría al Congreso un paquete normativo integral orientado a fortalecer la capacidad del Estado para investigar y sancionar al crimen organizado. En paralelo, la comisión desarrollaría la revisión técnica de la escala de penas del Código Penal. La prioridad es que las reformas legislativas más urgentes se impulsen dentro de los primeros 100 días de gobierno.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

Propuesta 3 de 9 | Un paquete de mecanismos para alinear la formación técnica y universitaria con la demanda laboral

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las nueve propuestas: un paquete de mecanismos para alinear la formación técnica y universitaria con la demanda laboral.

La desconexión entre lo que el sistema educativo forma y lo que el mercado laboral demanda tiene un costo concreto y medible. Solo alrededor del 50% de los egresados universitarios accede a un empleo formal, y para casi 7 de cada 10 la inserción toma más de dos años. Al mismo tiempo, más del 90% de las empresas reporta dificultades para encontrar perfiles adecuados. El resultado es una sobreoferta en carreras de bajos retornos y cerca del 46% de los egresados universitarios subempleados —una inversión en capital humano que el país no está aprovechando.

El desajuste responde, en gran parte, a tres fallas que se refuerzan mutuamente. Primero, una asimetría de información: estudiantes y familias eligen carreras sin datos comparables sobre retornos laborales, demanda futura ni trayectorias de empleo formal. Segundo, brechas de financiamiento que hacen que el acceso a programas de mayor calidad dependa casi enteramente de la capacidad económica del hogar —la proporción de adultos con educación superior alcanza el 82% en el NSE A y cae a 3% en el NSE E. Tercero, fallas de coordinación entre el sistema educativo y el sector productivo: el marco normativo vigente impone requisitos y trámites que desincentivan la formación en la empresa, especialmente en las MYPE, limitando la adopción de esquemas de formación dual y co-diseño curricular.

En este contexto, la propuesta es un paquete integrado de tres mecanismos complementarios para alinear la educación superior con las necesidades del mercado laboral. Una propuesta que, al ser consultada en una encuesta a nivel nacional, obtuvo el respaldo del 90% de la población, con acuerdo consistente entre Lima y regiones y entre niveles socioeconómicos. Esta medida implica:

1. Relanzar la plataforma MiCarrera. Convertirla en una herramienta pública que reporte, de manera comparable y actualizada, indicadores de empleo formal, salario promedio, tiempo de inserción y demanda por ocupación para cada carrera e institución. Con esa información disponible, estudiantes y familias pueden tomar decisiones de matrícula más alineadas con la demanda laboral real.
2. Un esquema de becas por impuestos. Las empresas realizan donaciones a PRONABEC para financiar becas en programas específicos, deducibles como gasto con un factor de 1.5. Al decidir qué carreras financiar, las empresas señalan directamente dónde enfrentan mayor escasez de talento. El Estado cofinancia vía beneficio tributario sin desembolso fiscal directo: por cada S/ 50,000 de beca financiada por una empresa, el costo efectivo para ella es S/ 27,875.
3. Impulsar la formación dual. Habilitar que universidades e institutos licenciados implementen automáticamente la modalidad de Aprendizaje con Predominio en la Empresa (APE), simplificando requisitos y estableciendo reglas claras sobre plan formativo, certificación y subvención mínima. Los estudiantes adquieren experiencia laboral relevante antes de egresar; las instituciones reciben señales directas de la demanda.

La ruta de implementación requiere tres cambios normativos en paralelo, todos al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El MEF incorpora en la Ley del Impuesto a la Renta el tratamiento tributario para las donaciones empresariales a PRONABEC. El MINEDU modifica el reglamento de la Ley de Modalidades Formativas Laborales para habilitar la APE automáticamente en instituciones licenciadas. Y el MTPE integra y estandariza los registros administrativos existentes para relanzar MiCarrera con información comparable. Los tres cambios operan sobre marcos legales e institucionales ya existentes.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

El Congreso ha venido acelerando la aprobación de leyes populistas con alto costo fiscal ante la ausencia de contrapesos institucionales efectivos.

Solo en las últimas dos semanas, se aprobaron por insistencia varias medidas orientadas a elevar el gasto corriente, pese a las objeciones del Consejo Fiscal. La semana pasada, con una mayoría abrumadora, el Congreso aprobó por insistencia un proyecto de ley que eleva las pensiones de los docentes de colegios públicos jubilados, vinculándolas al piso salarial de la primera escala magisterial —equivalente a S/3,300 mensuales—, cifra muy superior a la pensión promedio actual de aproximadamente S/800. Esta medida se produce apenas días después de que el Congreso aprobara también por insistencia una reforma al régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que vincula progresivamente las pensiones futuras al sueldo del personal activo del mismo grado, y tras la aprobación de nuevos beneficios laborales para trabajadores públicos con contratos temporales, incluyendo el pago de gratificaciones y CTS.

El problema de fondo va más allá del costo directo de estas medidas y se encuentra en lo que revelan sobre el deterioro de los controles institucionales que deberían ordenar las decisiones de gasto público. De las últimas 32 leyes con impacto fiscal negativo, el Ejecutivo no observó 29. Además, estas iniciativas contravienen el Decreto Legislativo N.° 1276, que prohíbe aumentar el gasto en personal y pensiones durante los primeros meses de un año de elecciones generales. En la práctica, el Congreso viene desplazando el rol del Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto, pese a que la Constitución asigna expresamente esa función al Gobierno y restringe al Legislativo de proponer incrementos de gasto sin su aprobación.

Estas medidas son, además, sintomáticas de un deterioro más amplio en la institucionalidad de las finanzas públicas que se viene gestando desde hace varios años. Según nuestras estimaciones, las medidas ya aprobadas para maestros jubilados y trabajadores temporales implicarían un costo fiscal anual equivalente a alrededor de 0,8% del PBI, con efectos desde el próximo año. En el caso de la reforma de pensiones militares y policiales tiene un horizonte de impacto más largo. El costo fiscal de esta reforma comenzaría a acumularse desde inicios de la década de 2030, con un incremento del gasto anual de aproximadamente 0,3% del PBI. En otras palabras, parte del riesgo es inmediato, mientras que otra parte se está incorporando a la estructura fiscal en el mediano plazo.

Estas medidas generan que el gasto corriente sea más rígido, que haya menos espacio para gasto productivo como infraestructura, y mayor dependencia de un entorno externo favorable para preservar la estabilidad fiscal. Por ahora, los altos precios de los metales están ayudando a disimular estas presiones. Con el cobre alrededor de US$5,50 por libra y el oro cerca de US$4.500 por onza, los mayores ingresos fiscales han permitido mantener el déficit nominalmente bajo control. Pero esa situación también vuelve al país más vulnerable ante una eventual caída en los precios de las materias primas o un endurecimiento de las condiciones de financiamiento internacional, en un entorno global y geopolítico particularmente incierto.

Ese deterioro ya empieza a reflejarse en la composición del gasto público. En el presupuesto inicial de 2026 aprobado por el Congreso, las remuneraciones del sector público aumentaron de manera marcada, mientras que la inversión pública fue recortada significativamente, lo que resultó en un incremento apenas moderado del gasto agregado. La señal es preocupante: el gasto corriente gana rigidez y desplaza progresivamente usos más productivos del presupuesto. Los primeros datos de ejecución de 2026 refuerzan esa lectura. El gasto en remuneraciones sigue creciendo a tasas de dos dígitos, mientras que la inversión pública enfrenta presiones crecientes. Entre ellas, resalta la incertidumbre alrededor de los marcos de proyectos gobierno a gobierno, donde se han anunciado revisiones contractuales cuya implementación concreta sigue siendo incierta tras los recientes cambios de gabinete.

Las perspectivas para el resto del período congresal son profundamente preocupantes. A medida que se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los incentivos de los partidos para respaldar medidas de alto impacto político y alta visibilidad se intensifican. No se trata solo de posicionamiento nacional, sino también de la necesidad de fortalecer bases electorales con miras a las elecciones regionales y locales previstas para octubre. Ese contexto podría sostener un ritmo elevado de iniciativas con costo fiscal durante lo que resta de 2026. Los proyectos actualmente en discusión refuerzan ese riesgo. Entre ellos figuran una nueva ronda de retiros de AFP, con costos fiscales de largo plazo por la ampliación de la población que eventualmente dependería del Estado en la vejez; propuestas para liberar fondos de la ONP; la ampliación de la edad obligatoria de jubilación de trabajadores públicos de 65 a 75 años; y nuevos beneficios para trabajadores de gobiernos regionales. De acuerdo con estimaciones del Consejo Fiscal, estas medidas podrían elevar el costo fiscal anual en otro 0,4% del PBI.

Contener esta dinámica será aún más difícil por la postura que ha adoptado el Ministerio de Economía desde el inicio de la administración del presidente Balcázar. El MEF ha optado por no llevar estas medidas al Tribunal Constitucional, aun cuando el Consejo Fiscal ha advertido de manera explícita sobre sus riesgos. Esa decisión debilita la capacidad del Ejecutivo para poner límites al avance de iniciativas fiscalmente irresponsables y, al mismo tiempo, profundiza un deterioro institucional que el próximo gobierno heredará en condiciones mucho más difíciles de corregir.

Lo que está en juego no es únicamente el impacto fiscal de estas medidas, sino la pérdida gradual de los contrapesos que deberían evitar que el gasto público quede sometido a incentivos políticos de corto plazo.

EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, construyó una agenda de nueve propuestas concretas para el próximo gobierno. La agenda se elaboró a partir de encuentros de diálogo ciudadano estructurado en Lima, Arequipa, Cusco, Loreto y La Libertad, donde se recogieron demandas ciudadanas sobre tres temas clave: seguridad, salud y empleo.

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de empleo: un incentivo tributario para reducir el costo de contratar jóvenes formalmente por primera vez.

Los jóvenes enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al empleo formal, y quienes logran entrar al mercado laboral lo hacen mayoritariamente en la informalidad, a tasas muy por encima del promedio nacional. Solo 23 de cada 100 tiene un empleo formal, uno de cada cinco no estudia ni trabaja, y el desempleo juvenil alcanza el 12%. Esto importa más allá del corto plazo: la evidencia muestra que las condiciones del primer empleo determinan en buena parte el desarrollo profesional futuro, y un joven que inicia en la informalidad acumula menos experiencia relevante, accede a menores ingresos a lo largo de su vida y desaprovecha la inversión en su educación.

Una de las principales barreras que limitan la contratación de jóvenes en el sector formal es el salario mínimo. Al ser el piso legal de contratación, fija el costo de entrada por encima de lo que la productividad inicial de un joven sin experiencia justifica, y ante esa ecuación muchas empresas optan por no contratarlos formalmente o por no contratarlos del todo. La ciudadanía percibe exactamente eso: el 43% considera que muchas empresas simplemente no pueden pagar el salario mínimo, porcentaje que sube a 50% entre los propios jóvenes, para quienes es la principal razón detrás de la falta de empleo formal. No sorprende entonces que el 55% vea los incentivos a la contratación juvenil como una vía efectiva para impulsar la formalización.

En este contexto, la propuesta es un subsidio temporal y focalizado al primer empleo juvenil formal. Una medida que, al ser consultada en una encuesta a nivel nacional, obtuvo el respaldo del 80% de la población. Esto implica:

1. Un incentivo tributario a la contratación. Las empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 29 años podrán deducir, además del salario pagado, un monto adicional en el impuesto a la renta. Para un joven que percibe la remuneración mínima, esto equivale a reducir el costo efectivo de contratación en cerca de 30%.

2. Un subsidio escalonado y focalizado. El beneficio se concentra en los primeros años de contrato y en los salarios más bajos, donde la brecha entre costo y productividad inicial es mayor, y se reduce gradualmente conforme sube la remuneración.

3. Sin pérdida de derechos. Los jóvenes contratados bajo este esquema mantienen todos sus derechos laborales: salario, beneficios sociales y protección social.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El MEF tendría que presentar una modificación a la Ley del Impuesto a la Renta para incorporar el incentivo tributario a la contratación juvenil. En el caso de la SUNAT, esta puede operarlo a través de los sistemas que ya tiene, sin crear demasiada carga administrativa adicional para las empresas.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

EncontrarNos Por El Perú es una iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, en alianza con Transparencia Perú, Ipsos Perú y RPP. Promueve espacios de diálogo plural para convertir la voz ciudadana y la evidencia técnica en propuestas viables en tres temas clave: seguridad, salud y empleo.

Artículo en El Comercio.

En Lima, ir al trabajo toma cada vez más tiempo. En los últimos 15 años, el tiempo de traslado hacia el centro de trabajo pasó de 1 hora con 7 minutos a 1 hora con 43 minutos, según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). En 13 distritos, que representan aproximadamente un cuarto de la población de Lima y Callao, el tiempo de traslado supera las 2 horas.

La congestión le cuesta a Lima horas de trabajo y producción. El Banco Mundial estima que el tiempo perdido en traslados equivale a 1.8% del PBI al año. Sin embargo, el costo no se limita a las horas improductivas. Los elevados tiempos de traslado también (i) limitan el acceso a mejores trabajos, (ii) reducen la productividad y (iii) elevan la rotación laboral.

Primero, deja a miles de limeños sin acceso a empleo formal e incluso fuera del mercado laboral. En una ciudad donde solo 18% de los empleos puede alcanzarse en menos de 45 minutos en transporte público, muchos empleos dejan de ser viables. Esto empuja a muchas personas fuera del mercado laboral o hacia ocupaciones más cercanas, más flexibles y, muchas veces, informales.

El efecto es más fuerte entre las mujeres, que enfrentan mayores restricciones para compatibilizar empleo y responsabilidades domésticas. Nuestras estimaciones sugieren que el aumento acumulado del tiempo de traslado en los últimos 15 años habría dejado fuera del mercado laboral a cerca de 250,000 personas, de ese total, 170.000 habrían sido mujeres. Esto implica que, sin ese deterioro en el tiempo de traslado, hoy tendríamos 7% más mujeres empleadas.

Segundo, reduce las horas efectivas de trabajo. Los trayectos más largos no solo restan tiempo y aumentan el desgaste, sino que en la práctica funcionan como una extensión de la jornada laboral. De hecho, el tiempo de transporte puede representar hasta 35% de la jornada laboral. En ese contexto, entre los trabajadores con jornada completa, cada media hora adicional de viaje se asocia con casi una hora menos de trabajo efectivo.

Tercero, eleva la rotación laboral. En una encuesta de APOYO Consultoría a trabajadores, 30% señaló que la lejanía de su actual trabajo era una razón para considerar cambiarse de empleo, especialmente entre los jóvenes. Esto impone un costo sobre los trabajadores, que enfrentan trayectorias laborales más inestables y deben dedicar tiempo y recursos a buscar una nueva ocupación. También impone un costo sobre las empresas, que asumen mayores gastos de búsqueda, selección y entrenamiento de personal.

Estos tres efectos responden a dos fallas estructurales: un sistema de transporte público fragmentado, y una ciudad con serias deficiencias en infraestructura vial y gestión del tránsito.  

La primera falla es que el transporte público formal tiene una cobertura aún reducida, y el vacío lo llena una oferta atomizada e informal. Aunque el Metropolitano y las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao movilizan grandes volúmenes de pasajeros, en conjunto representan apenas 12.1% de los viajes en transporte público.

En consecuencia, la mayor parte de la movilidad urbana recae sobre un sistema altamente fragmentado compuesto por aproximadamente 27,000 unidades habilitadas, distribuidas en más de 465 rutas y operadas por alrededor de 364 empresas. Esta atomización se refleja en su baja escala operativa, cada unidad del sistema tradicional realiza en promedio 733 viajes al día, muy por debajo de los 4,714 viajes diarios que alcanza una unidad del sistema integrado —Metropolitano, Líneas 1 y 2 y corredores complementarios—. A esta fragmentación se suma la informalidad. Cerca de 60% de los limeños depende de combis de baja capacidad, sin integración tarifaria y con escasa regulación. En conjunto, estas fallas prolongan los tiempos de traslado, dificultan el acceso al empleo y perjudican especialmente a 8 de cada 10 trabajadores, que dependen del transporte público para trabajar.

La segunda falla está en una gestión del tránsito fragmentada y sin capacidad efectiva de coordinación ni fiscalización. La congestión en Lima no se explica por el número de vehículos. De hecho, otras ciudades tienen más autos por habitante y, aun así, menos tráfico.

Aquí el problema pasa por vías mal diseñadas, semáforos deficientes, señalización que no sigue criterios técnicos homogéneos.

Un factor transversal que ayuda a explicar ambas fallas es la debilidad de la gobernanza del sistema de movilidad. En transporte público, ello se refleja en la fragilidad institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), cuya consolidación ha sido lenta y cuya autonomía se debilitó aún más con la modificación reglamentaria introducida en 2023 mediante decreto supremo, que incorporó la “pérdida de confianza” como causal de remoción de sus directivos.

En tránsito e infraestructura vial, se refleja en dos vacíos. El primero es la fragmentación institucional. En una intervención vial pueden participar múltiples entidades, incluso al menos seis en una obra como un bypass, sin una instancia con capacidad real para articular decisiones, plazos y responsabilidades. El segundo es la débil fiscalización del cumplimiento de estándares técnicos, aunque el MTC cuenta con manuales para infraestructura vial y señalización, no existe un seguimiento eficaz que asegure su aplicación.

Reducir los tiempos de traslado y sus costos económicos y sociales exige acciones tanto del Estado como del sector privado. El Estado tiene la responsabilidad principal de corregir las fallas de transporte, tránsito y gobernanza que explican este problema. Pero las empresas también pueden adoptar decisiones que, en el corto plazo, mitiguen sus efectos sobre el empleo, la rotación y el bienestar de sus trabajadores. En esa línea, desde APOYO Consultoría proponemos cinco medidas.

Para el Estado:

1. Priorizar la inversión en transporte según su impacto sobre el acceso al empleo. Los proyectos de movilidad deberían evaluarse por cuánto reducen el tiempo de viaje hacia los centros de trabajo y por cuántas personas logran acceder a ellos dentro de umbrales razonables de tiempo. Si el principal costo de la mala movilidad es que achica el mercado laboral al que se puede acceder, ese también debería ser el criterio central para decidir dónde invertir.

1. Fortalecer la autonomía institucional de la ATU. Revertir la modificación de 2023 que incorporó la causal de «pérdida de confianza» como mecanismo de remoción de su presidencia. La continuidad de la política de transporte no puede depender del ciclo político. La ATU debe poder ejecutar su plan maestro con horizonte de largo plazo y sin interferencia discrecional.
2. Acelerar la integración y formalización del sistema de transporte público. El plan maestro de la ATU ofrece una hoja de ruta. Esto implica reducir el número de rutas, migrar hacia operadores formales con esquemas de concesiones regulados, e integrar tarifariamente el sistema. La expansión de la red formal de transporte masivo debe priorizarse para aumentar su participación actual con énfasis en corredores de alta demanda.
3. Priorizar intervenciones de bajo costo y alto impacto en la gestión del tránsito. Intervenciones de bajo costo y alto impacto, como la optimización de la semaforización, pueden generar mejoras inmediatas. En esa línea, el proyecto de modernización vial financiado por el Banco Mundial propone la intervención de 488 intersecciones mediante la instalación de semáforos inteligentes, sensores de tráfico, redes de fibra óptica y sistemas de prioridad al transporte público, además del fortalecimiento del Centro de Control de Tráfico. Este tipo de inversiones tendría un retorno social mayor al 100%.

Para las empresas:

5. Incorporar criterios de proximidad en la asignación de personal. El sector privado también puede contribuir a mitigar parte de los costos de una movilidad deficiente. En empresas con personal desplegado en distintas zonas de la ciudad, incorporar criterios de distancia y tiempo de traslado en las decisiones de asignación puede ayudar a ubicar a los trabajadores a distancias razonables de sus domicilios. Herramientas de analítica e inteligencia artificial pueden facilitar esa tarea.

Lima no puede seguir aceptando que llegar al trabajo tome tanto tiempo que termine por dejar a miles fuera del mercado laboral o atrapados en empleos de menor calidad.

*Agradecemos los comentarios de David Fairlie, Aldo Facho Dede y Felipe Targa, así como al proyecto Perú Debate 2026 del CIES.

Propuesta 1 de 9 | Reformar las regulaciones para que las MYPE crezcan y se formalicen

EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, construyó una agenda de nueve propuestas concretas para el próximo gobierno. La agenda se elaboró a partir de encuentros de diálogo ciudadano estructurado en Lima, Arequipa, Cusco, Loreto y La Libertad, donde se recogieron demandas ciudadanas sobre tres temas clave: seguridad, salud y empleo.

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las nueve propuestas: la reforma del régimen laboral y tributario de las MYPE para generar más empleo formal.

Cualquier esfuerzo serio por reducir la informalidad laboral tiene que empezar por las MYPE, porque ahí es donde el problema vive. El 99% de las empresas peruanas son micro o pequeñas y concentran la mayor parte del empleo del país, pero cerca del 80% de este es informal —frente a apenas 4% en empresas grandes. No hay otro segmento donde la brecha sea tan grande ni donde el impacto de una reforma bien diseñada pueda ser tan significativo.

Uno de los principales problemas es que, para una MYPE que empieza a crecer, la regulación laboral y tributaria pronto se convierte en un freno. Sus umbrales imponen saltos abruptos de obligaciones que encarecen la formalización de un momento a otro. Eso podría explicar, en parte, por qué solo 1 de cada 3 MYPE supera los 10 años de vida. En el plano laboral, al superar los 20 trabajadores la empresa queda obligada de golpe a repartir utilidades, disparando el costo laboral de un momento a otro. El resultado es que muchas empresas simplemente prefieren no llegar a ese umbral. En el plano tributario, los regímenes vigentes para MYPE —el RER y el RMT— tienen topes de ingresos que, al superarse, obligan a la empresa a saltar de golpe a esquemas con mayores exigencias contables y carga tributaria más alta. Además, en esos regímenes el impuesto se calcula sobre las ventas y no sobre la ganancia real, de modo que registrar trabajadores en planilla no reduce la carga fiscal ni amortigua ese salto. No sorprende entonces que, según encuestas realizadas por IPSOS, el 35% de la ciudadanía identifique que crear un empleo formal es demasiado costoso y que 48% considere que hay que modernizar las normas y regulaciones para facilitar la creación de empleo decente.

En este contexto, la propuesta es crear un régimen laboral-tributario gradual para las MYPE, desarrollada inicialmente por Elmer Cuba y Claudia Cooper. Una medida que, al ser consultada en una encuesta a nivel nacional, obtuvo el respaldo del 86% de la población, con acuerdo consistente entre Lima y regiones y entre niveles socioeconómicos. Esta implica:

1. Hacer progresivo el reparto de utilidades. Reemplazar el umbral discreto de 20 trabajadores por un esquema que incorpore la obligación de forma gradual entre los 15 y 25 trabajadores, eliminando el salto brusco que hoy desincentiva la contratación formal.
2. Cambiar la base del impuesto a la renta de ventas a utilidades. Eliminar el RER y el RMT y establecer un régimen con tasas marginales progresivas sobre la ganancia real. Este cambio hace que los salarios —al ser costos deducibles— reduzcan la carga tributaria, alineando por primera vez el incentivo fiscal con la formalización laboral.
3. Reducir los costos de cumplimiento. Que la SUNAT use los comprobantes electrónicos para preconstruir la base imponible, sin crear nuevas obligaciones administrativas para las empresas.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El MEF tendría que presentar un proyecto de ley para modificar la Ley del Impuesto a la Renta —eliminando el RER y el RMT y estableciendo el nuevo régimen progresivo sobre utilidades— y el MTPE presentaría uno para reemplazar el umbral discreto de reparto de utilidades por un esquema gradual. Ambas son modificaciones al marco legal vigente. En el plano operativo, la SUNAT puede implementar el nuevo régimen sobre la infraestructura que ya tiene, sin crear muchas nuevas cargas administrativas para las empresas.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

EncontrarNos Por El Perú es una iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, en alianza con Transparencia Perú, Ipsos Perú y RPP. Promueve espacios de diálogo plural para convertir la voz ciudadana y la evidencia técnica en propuestas viables en tres temas clave: seguridad, salud y empleo

El 6 de marzo, el Ministerio de Educación dispuso que los colegios de Lima Metropolitana y el Callao pasaran a clases remotas durante una semana. La razón: una deflagración en el gasoducto de Camisea, en Cusco, que interrumpió el suministro de gas natural hacia Lima. El Gobierno argumentó que la medida buscaba reducir la movilidad urbana mientras se restablecía el abastecimiento. Efectivamente la crisis energética es real y exige respuestas, pero la medida educativa es muy cuestionable.

¿Por qué es una mala idea?

No resuelve el problema de movilidad que dice resolver. El racionamiento ya ocurrió donde correspondía: los vehículos que dependían del GNV fueron cortados del suministro desde el 2 de marzo. La mayoría de usuarios de transporte público se moviliza en buses a gasolina o diésel, combustibles para los que no hay problemas de desabastecimiento, y el Metropolitano y los corredores que sí usan gas siguen operando porque fueron declarados prioridad. El impacto real recae sobre los taxis con GNV, pero incluso ahí el mercado tiene cómo absorberlo. La mayor parte de esos vehículos son duales y pueden operar con gasolina. Es un ajuste incómodo, pero no una parálisis.

Agrava la crisis energética que pretende aliviar. Una parte importante de la generación eléctrica del país depende del gas natural, por lo que la emergencia en Camisea ya pone presión sobre el sistema eléctrico. Las clases virtuales aumentan esa presión: millones de estudiantes conectados desde casa implican un mayor consumo eléctrico agregado, justo cuando el sistema tiene menos capacidad para responder.

Sus costos recaen sobre quienes menos pueden absorberlos. Mandar a los niños a casa asume que todos tienen con qué conectarse, y no es así: según el INEI, casi 4 de cada 10 hogares en la capital no tienen el equipo mínimo para que un niño tome clases desde casa. Aún cuando hay equipo, no siempre hay aprendizaje: encuestas a padres de familia encontraron que casi la mitad consideraba que el rendimiento de sus hijos había empeorado con la educación a distancia durante pandemia, cifra que subía al 63% en los niveles socioeconómicos más bajos. Además, cuando el colegio cierra, alguien tiene que quedarse a cuidar a los niños —y en el Perú, esa persona casi siempre es una mujer. Para las que trabajan generando ingresos diarios —vendedoras, trabajadoras ambulantes, pequeñas comerciantes— el cierre de colegios es directamente una semana sin ingresos.

Y no es la primera vez. En 2023, el ciclón Yaku llevó a suspender clases en varias regiones. En 2024 y 2025, la ola de extorsiones obligó a más de 450 colegios privados a cerrar o migrar a la virtualidad. Ahora, una emergencia energética. Ante contingencias distintas, la respuesta es siempre la misma: el colegio es la primera variable de ajuste. Lo preocupante es que esta vez el riesgo puede escalar: el año escolar de los colegios públicos comienza el 16 de marzo, y si la emergencia se extiende, el daño recaerá sobre los estudiantes que dependen del colegio no solo para aprender, sino para comer — más de 3,5 millones de niños reciben a través de Wasi Mikuna su única comida garantizada del día.

Hay alternativas que no pasan por las aulas.

La primera es dejar que el mercado de transporte se ajuste. Al no haber GNV disponible, los taxistas con vehículos duales migran naturalmente a la gasolina. Simultáneamente, el encarecimiento del taxi genera incentivos para que más conductores con autos a gasolina o diésel aumenten su oferta, poniendo más horas en la calle. Es el mecanismo básico de ajuste ante una escasez: el precio señaliza, la oferta se adapta, el mercado se equilibra. No se necesita intervenir en las aulas para que esto ocurra.

La segunda es compensar directamente a los afectados usando los mecanismos que ya existen. El programa de conversión a GNV opera con un chip registrado por vehículo a través del cual se cobra la cuota mensual del crédito: eso es un padrón de beneficiarios listo para usar, sin necesidad de construir nada. El propio Gobierno lo reconoció al anunciar el 6 de marzo que asumirá la cuota de S/120 para 165,000 vehículos convertidos. Esa misma lógica —identificar a los afectados y compensarlos directamente— es más eficiente y más justa que cerrar colegios.

La tercera es usar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para amortiguar el alza de la gasolina, que llega presionada no solo por la crisis de Camisea sino también por el encarecimiento del petróleo tras la escalada del conflicto en Irán. Inyectarle recursos de manera temporal y acotada permitiría moderar el impacto en el bolsillo de los hogares sin tocar las aulas.

Defender las aulas no es una postura romántica. Es la diferencia entre una política pública responsable y una que convierte un problema puntual en consecuencias de largo plazo para quienes menos pueden absorberlas.

Artículo en El Comercio.

En enero de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una revisión integral de los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), señalando que la cartera heredada supera los US$30 mil millones —equivalente a cerca del 9% del PBI o casi dos años de inversión pública—. Poco después, se procedió a la resolución del contrato con la PMO francesa encargada de la Nueva Carretera Central y de los accesos al aeropuerto.

La revisión se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido del gasto en remuneraciones que obliga al gobierno a ajustar la inversión pública para contener el déficit fiscal. El presupuesto 2026 refleja esa tendencia: las remuneraciones crecen 12% mientras la inversión pública cae 13%. Ya en 2025, el MEF optó por no ampliar las asignaciones para varios proyectos de prevención de inundaciones bajo G2G, paralizando parte de esta cartera para cumplir con la meta de déficit. Aun así, la inversión ejecutada bajo este esquema alcanzó los US$2,000 millones —equivalente al 12% de la inversión pública total —.

El problema de fondo no es el G2G como instrumento, sino el desorden en la gestión de infraestructura pública del país. Los G2G han aportado calidad y velocidad de ejecución, pero terminaron usándose como una salida fácil para el desarrollo de cualquier tipo de infraestructura, sin considerar los límites presupuestales ni una evaluación de la capacidad del Estado para sostener los compromisos en el tiempo. Cuatro factores explican ese desorden.

1. El Perú carece de un plan nacional de infraestructura con horizonte de largo plazo y carácter realmente vinculante. El país ha tenido diversos planes —el PNISC 2022-2025 es el más reciente—, pero ninguno ha operado como instrumento rector efectivo. Al ser aprobados por decreto supremo, pueden ser modificados o ignorados por la siguiente gestión sin mayor trámite. De hecho, el PNIC 2019-2022 cerró su vigencia con apenas 22% de avance financiero. Así, con demasiada frecuencia, cada gestión redefine prioridades y cambia mecanismos.
2. El portafolio creció sin una regla fiscal multianual explícita. Varios contratos firmados en 2021 se aprobaron sin opinión técnica del MEF sobre capacidad presupuestal, como advirtió, en su momento, el Consejo Fiscal. Con los acuerdos ya firmados, se esperaba que el gasto bajo este esquema crezca hasta representar cerca de 60% de la inversión pública en el 2028, en línea con el ingreso a fase de construcción de proyectos relevantes en los próximos dos años.
3. La alternancia de mecanismos sin criterios consistentes. Las grandes obras han alternado entre obra pública regular, Asociaciones Público-Privadas (APP) y G2G sin reglas claras que definan cuándo corresponde usar cada modalidad, desaprovechando las ventajas comparativas de cada instrumento.
4. La fragmentación institucional impide sostener una cartera priorizada y hacer un seguimiento transversal del portafolio. No existe una entidad con el mandato, la capacidad y la continuidad suficientes para planificar, priorizar y hacer seguimiento de la infraestructura de manera integrada, incluyendo la articulación con los gobiernos subnacionales. La ANIN fue creada para ejecutar grandes proyectos de inversión nacional y forma parte de un esfuerzo de articulación, pero su mandato actual no le permite diseñar política de infraestructura ni articular la cartera entre sectores y niveles de gobierno.

La nueva gestión del Ejecutivo deberá definir, además del futuro de la Nueva Carretera Central, si mantiene el esquema G2G en los seis acuerdos aún pendientes de renegociación —entre ellos un proyecto de irrigación en Piura recientemente adjudicado a China— o si opta por otro mecanismo. M, el país necesita reglas claras para asignar cada instrumento según su ventaja comparativa. Desde APOYO Consultoría proponemos los siguientes lineamientos.

1. Publicar un nuevo Plan Nacional de Infraestructura con carácter vinculante y un horizonte de planificación más amplio. El PNISC 2022–2025 ya venció y su versión sucesora continúa retrasada. El nuevo plan debería contar con rango de ley para garantizar su carácter vinculante y definir un horizonte más acorde con los plazos reales de los proyectos prioritarios. Asimismo, debería incorporar reportes bianuales de avance que fortalezcan la rendición de cuentas sin afectar la continuidad de la planificación.
2. Establecer un techo multianual vinculante para los compromisos de infraestructura. Todo proyecto nuevo —sea G2G, APP u obra pública regular— debe registrarse con su flujo completo de obligaciones futuras y evaluarse frente a una regla explícita de espacio fiscal. Entre 2012 y 2023, más del 80% de los proyectos nuevos ingresaron al presupuesto recién durante la ejecución, vía modificaciones presupuestales (PIM), sin pasar por una priorización ex ante rigurosa, según el Public Finance Review del Banco Mundial.
3. Usar el esquema G2G solo cuando permite compensar brechas de capacidad, acelerar la ejecución o gestionar proyectos donde el Estado carece de experiencia. Es pertinente en intervenciones especializadas —como las soluciones integrales de prevención— o cuando la agilidad es crítica, como ocurrió con los Juegos Panamericanos. También puede ser útil para agrupar y ejecutar paquetes de infraestructura social —colegios, establecimientos de salud— especialmente en gobiernos subnacionales con cartera relevante pero limitada capacidad de ejecución, donde la transferencia de conocimiento a través de una PMO fortalece capacidades. En cada caso, el tipo de contrato dentro del esquema debe adecuarse a las características del proyecto. Una obra donde la prioridad es la velocidad de ejecución requiere un modelo contractual distinto al de proyectos con diseños replicables, donde es posible optimizar costos con plazos más holgados. Su expansión indiscriminada, sin anclaje fiscal ni adecuación contractual, es lo que debe corregirse, no el instrumento en sí.
4. Concentrar las APPs en proyectos de gran escala y carácter estratégico. Este mecanismo es apropiado cuando la integración de diseño, construcción, operación y mantenimiento en un solo contrato permite transferir riesgos al sector privado —de construcción y operación— que de otra forma recaerían íntegramente en el Estado, alineando incentivos para reducir sobrecostos y mejorar el desempeño del activo. Aunque las APPs no exigen desembolso inmediato del Estado, sí generan obligaciones firmes y contingentes de largo plazo; en el Perú, el stock total de compromisos APP está acotado a 12% del PBI. Además, sus costos de estructuración solo se justifican en proyectos de gran escala, y su implementación exige capacidad técnica para estructurar y supervisar contratos complejos —condición especialmente exigente en el ámbito subnacional—.
5. Avanzar hacia un ente rector con capacidad real de planificación y coordinación. En el corto plazo, la prioridad debería ser fortalecer la ANIN y consolidar su rol ejecutor, dotándola del mandato y los recursos para articular la cartera entre sectores y niveles de gobierno. En el mediano plazo, el país debería avanzar hacia la creación de un Ministerio de Infraestructura que centralice la planificación, priorización y seguimiento de la infraestructura con mayor autoridad institucional y presupuesto propio. Para que ese traspaso sea exitoso, es esencial que la ANIN primero se consolide como entidad ejecutora con resultados demostrables que justifiquen su evolución institucional.

La discusión actual sobre los G2G es una oportunidad para ir más allá del instrumento y abordar el problema de fondo: el Perú necesita una política de infraestructura con horizonte largo, reglas fiscales explícitas y una institucionalidad que sobreviva los cambios de gestión. Sin esos tres elementos, cualquier mecanismo —sea G2G, APP u obra pública— seguirá siendo vulnerable al mismo patrón de sobreacumulación, parálisis y reinicio.

Artículo en El Comercio.

La situación de Petroperú es insostenible y responde a problemas estructurales de solvencia, no a factores coyunturales. Tras años de mala gestión, la empresa acumula pérdidas por más de US$2,200 millones y una deuda cercana a US$7,900 millones, lo que la ha llevado a una situación de impagos. Incluso, tras una leve mejora operativa en el último trimestre, Petroperú acumulaba de enero a septiembre del 2025 pérdidas por US$355 millones, confirmando que no genera suficiente caja para sostener su operación.

Este deterioro ocurre pese a salvatajes estatales recurrentes. En los últimos 4 años, el Estado ha comprometido aproximadamente US$5,000 millones en capital, garantías y líneas de crédito –cifra cercana a la inversión inicial en la Nueva Refinería de Talara (US$6,500 millones) –. Con ese monto, el Estado podría haber financiado casi el 80% de la Nueva Carretera Central. En la práctica, sin embargo, este apoyo ni siquiera se tradujo en los cambios estructurales necesarios para asegurar la viabilidad de la empresa.

Frente a este escenario, el decreto de urgencia N°010-2025 publicado hace unas semanas ofrece una ruta razonable para estabilizar a la empresa y abrir, de manera gradual, espacios a la inversión privada mediante una reestructuración por activos. Al amparo del DL 674 (Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado), la petrolera puede separarse en bloques y cada uno de ellos puede ser gestionado de manera diferente mediante contratos de gestión privada, concesiones o liquidaciones. Este marco legal evita un proceso concursal, el cual podría resultar más lento y menos flexible, aun cuando otorgaría mayor claridad a los acreedores.

Desde APOYO Consultoría consideramos que el DU 010-2025 es un primer paso necesario, pero alertamos que el proceso enfrenta riesgos que podrían retrasarlo o incluso frenarlo. Por lo tanto, consideramos que para que la transición sea ordenada, el Estado debe asegurar, como mínimo, cuatro condiciones fundamentales.

1. Primero, es indispensable definir una estrategia de corto plazo clara que priorice la continuidad operativa de Petroperú y que aborde, de alguna manera, los impagos a proveedores críticos. Las cuentas por pagar a proveedores superan los US$740 millones y siguen acumulándose. El riesgo es una eventual paralización de las operaciones de la refinería por carencia de insumos críticos. La respuesta debe enfocarse en atender esta urgencia, minimizando o evitando generar mayores costos a los contribuyentes, mediante la venta rápida de activos prescindibles; complementada –solo si es estrictamente necesario– por líneas de crédito garantizadas u otros mecanismos.
2. Segundo, la restructuración de la Refinería de Talara debiera incluir la incorporación de operadores y capital privado, que aporte conocimiento técnico y disciplina financiera. La experiencia reciente muestra que Petroperú no ha demostrado tener la capacidad necesaria para gestionar una planta de esta complejidad. Las pérdidas asociadas a las interrupciones y a una puesta en marcha deficiente de la refinería han debilitado su posición competitiva y contribuido a la caída de su participación de mercado, del 44% en 2019 al 25% a la fecha, lo que además dificulta cubrir sus altos costos fijos. El proceso habilitado por el decreto de urgencia permite evaluar el interés real del mercado y conocer en qué condiciones un operador privado estaría dispuesto a involucrarse en la refinería.
3. Tercero, el proceso de reestructuración requiere un manejo político efectivo para evitar que el ciclo electoral o el Congreso lo afecten. Existe oposición desde un sector del Legislativo, donde distintas bancadas han presentado 12 proyectos de ley orientados a bloquear la reestructuración. Frente a ello, ProInversión debe contar con herramientas legales sólidas que aseguren la continuidad del proceso, incluyendo mecanismos que permitan una venta rápida de activos prescindibles. A ello debe sumarse una estrategia de comunicación clara y sostenida, que respalde el mandato, reduzca la incertidumbre y minimice el riesgo de reversión.
4. Cuarto, la gobernanza debe aclararse y ordenarse desde el Ejecutivo, con una coordinación efectiva entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem). La intención de renuncia de la gerente general, Rita López, tras tensiones internas y un incidente con un asesor del Minem, junto con el cambio del presidente del Directorio, refleja la falta de consensos sobre cómo conducir el proceso y alimenta preocupaciones por interferencia política. El decreto de urgencia es claro al asignar a ProInversión la conducción del proceso de reestructuración. Sin embargo, ese mandato requiere un respaldo político explícito y una delimitación clara de responsabilidades: mientras ProInversión lidera la reestructuración, la coordinación con acreedores y las medidas para evitar quiebres en la cadena de pagos corresponden al MEF. La falta de alineamiento entre MEF, Minem y Petroperú solo retrasa decisiones críticas y eleva la incertidumbre.

El éxito de este proceso de reestructuración es muy importante para asegurar la salud de las cuentas fiscales y el adecuado uso del presupuesto público. El actual DU 010-2025 es un paso inicial muy importante en esa dirección. Sin embargo, tan importante como superar esta urgencia, también es indispensable evitar que una crisis de esta magnitud vuelva a repetirse. Para ello, resultaría pertinente conformar una comisión independiente que esclarezca cómo se gestó esta situación, que identifique responsabilidades y que extraiga lecciones para el futuro.

¿Qué explica esta elevada informalidad? Dos factores centrales. Primero, la baja productividad de muchos negocios comerciales, asociada a su pequeña escala. La mayoría no genera ingresos suficientes para cubrir los costos de la formalidad, lo que perpetúa un círculo vicioso de baja inversión, baja productividad y empleo precario. Segundo, un marco regulatorio —laboral y tributario— que desincentiva el crecimiento. Los saltos discretos de costos entre regímenes tributarios, la burocracia de las municipalidades y una normativa rígida penalizan a quienes intentan formalizarse o ampliar su actividad. A ello se suma un salario mínimo que, en proporción al salario promedio del sector, se ubica entre los más altos de América Latina, especialmente fuera de Lima.

Estas condiciones frenan el crecimiento, pero también explican por qué los cambios bien orientados pueden generar impactos tan grandes. Justamente aquí hay una oportunidad: el comercio es un sector donde ajustes puntuales producen mejoras significativas en formalidad, ingresos y bienestar.

En APOYO Consultoría estimamos que una mejora de solo 10% en la productividad laboral podría reducir en 2 puntos porcentuales la tasa de informalidad del sector y, si viene acompañada de un incremento similar en los salarios reales, reduciría la pobreza urbana total en 0,6 puntos porcentuales. Es decir, sacaría de la pobreza a más de 200 mil personas. Este impacto es mucho mayor al que se daría por un incremento similar en la productividad del sector agrícola, pues, si bien en este último hay más trabajadores en situación de pobreza, en el sector comercio aquellos están más cerca de salir de ella.

Así, el esfuerzo para formalizar el sector debe enfocarse en tres frentes: primero, elevar la productividad del pequeño comercio mediante asistencia técnica, digitalización e integración a cadenas de valor. Segundo, construir un marco laboral que combine mejor la protección del trabajador con la flexibilidad que necesitan las empresas para adaptarse y crecer. Y tercero, simplificar el sistema tributario y regulatorio para que deje de penalizar el crecimiento empresarial.

Reformas previas se concentraron únicamente en menores costos laborales, sin abordar los otros factores estructurales. Esta vez debemos aprender la lección. Si aspiramos a reducir la pobreza urbana de manera sostenida, necesitamos convertir al comercio en un motor de formalidad, productividad e inclusión.