Entrevista. En conversación con Gestión, Hugo Santa María, socio y economista jefe de APOYO Consultoría, habló sobre la posibilidad real de crecer 6% en los siguientes años y cuáles son los riesgos que lo impedirían.

—Después de El Niño, ¿se podrá alcanzar el 6% de crecimiento?

Una vez pasado El Niño, Perú tiene una oportunidad muy alcanzable de acelerar su crecimiento. Creo que esa meta alcanzable está entre 4% y 4.5%. Pero, para llegar al 6%, tenemos que recuperar y mejorar nuestra capacidad de aprovechar los vientos a favor […].

La capacidad del Perú de aprovechar los vientos a favor se ha debilitado. Esto ha sucedido por razones que son evidentes. Un Estado que estuvo ausente; y cuando “apareció”, fue indolente o trabó. Pocas veces ha sido un Estado al servicio del ciudadano o habilitador para la creación de empleo.

Si pensamos que va a haber una transformación en la manera que funciona nuestro Estado en todos los niveles, sí, Perú puede aspirar al 6%. La gran revolución es justamente esa: cómo pasamos de tener un Estado ausente o indolente a uno que esté al servicio del ciudadano y sea promotor del crecimiento.

—La inversión privada es el motor de crecimiento, ¿qué ven para este indicador?

Este año crecería 15% y el próximo año se mantendría a doble dígito, por encima del 12%. Completaríamos tres años (si se suma el 2025: 10%) de un muy buen crecimiento incluso con El Niño. Eso hay que mantenerlo, pero, con el objetivo de entrar a un cambio de “régimen” en el que comienza a crecer nuevamente en forma acelerada y no solo es recuperación.

—En contraparte, la inversión pública enfrenta dificultades…

Si ves la inversión pública, como ha dicho el propio titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, los ratios sobre producto no son malos, pero la mitad de cada sol que asignamos [para obras] se queda “tirado en la calle” en proyectos abandonados o paralizados.

Estamos regalando la mitad de la inversión pública o la estamos botando a la basura. Eso tiene que cambiar. La inversión pública es complemento de la privada y sin infraestructura de uso público no vamos a poder crecer.

—Volviendo al 6%, ¿igual deberíamos tenerlo como meta?

Creo que el 6% es una ambición y no debemos perderla. Podemos lograrlo si es que hacemos la gran transformación de tener un Estado al servicio de los ciudadanos y habilitador […].

—El Niño, aparentemente, no ha afectado las expectativas para invertir como sí sucedía en el pasado. ¿Qué percibe que ha cambiado?

El Niño nos va a golpear y si piensas en actividad económica, va a ser un año en “U”. Vamos a ver una desaceleración en la primera parte del año y una aceleración bien importante en la segunda mitad del 2027 […].

Dicho esto, siento que la comunidad empresarial está de buen ánimo, con ganas de seguir invirtiendo, esfuerzo de crecimiento, etcétera. Pero, también está evaluando la situación con cautela. Tiene que haberla porque no sabemos de qué magnitud va a ser [El Niño], todos dicen que va a ser el peor que hayamos visto desde el 97-98.

Sí veo preparación, hay más experiencia […] [El sector privado] se está movilizando para esperar [El Niño] y llegar a la segunda parte del 2027 donde creo que va a haber una recuperación fuerte. El país puede cerrar el próximo año creciendo encima de 5% y entrar al 2028 con un impulso de crecimiento bien importante.

—El 2027 no solo se afectaría por El Niño, sino también por las nuevas autoridades regionales y municipales que tendrán las mismas limitaciones de siempre para invertir…

Si cada año un nuevo color político toma alguna municipalidad o gobierno regional, cambia a todos los funcionarios y los nuevos son trabajadores que no tienen una responsabilidad con el ciudadano, sino con el grupo político que lo llevó a la función, va a ser difícil salir de esto.

La solución es difícil, es más política que técnica. La ley de descentralización, en el papel, tiene todo. Transfiere capacidades cuando estas existen, las retira cuando no existen, pero eso en la práctica no se da. Se ha convertido en un problema político que hace que toda la provisión de servicios públicos del Estado esté sumamente fragmentada […].

Si yo tuviera un solo deseo que pedir, creo que sería el arreglar la descentralización, cómo hacemos que funcione. Sin eso vamos a estar poniendo parches.

—En el país se aumenta presupuesto de gasto corriente, sobre todo para planillas, pero se afecta el gasto de capital…

Cuando ves las cuentas fiscales, tenemos un déficit muy controlado. Incluso con lo que el ministro Cuba ha señalado de ampliar la meta del déficit fiscal, vamos a estar bien. El déficit y ratio de deuda sobre producto hasta ahora están contenidos.

Nuestro problema está en cómo todas estas “bombas” han variado muy fuertemente la composición de cómo gastamos la plata: va hacia gasto corriente en detrimento de la inversión. Eso lo vamos a ver en la calidad de servicio que entregamos.

—¿Nos estamos rindiendo ante las economías ilegales?

Espero que no. Nosotros ponemos a la penetración de las economías criminales en general, y la minería ilegal en particular, como el principal riesgo para el país, un riesgo estructural cuando piensas en el futuro.

[…] Ya tienes a las actividades criminales penetrando segmentos del mundo de los negocios y de la vida diaria de los peruanos. Si ves las encuestas de pequeños negocios se refleja con mucha claridad: cierran más temprano, pagan cupos, etcétera. Las personas, por su parte, cambian su hábito de consumo: van a ciertos lugares y a otros no, circulan hasta ciertas horas de la noche. Te genera distorsiones en la vida diaria, además del riesgo de inseguridad en sí mismo y costos que tenemos que enfrentar.

Si me preguntas qué hacer, no sé, no soy experto, pero lo único que escucho hace años es que todo lo que se anuncia es insuficiente según los entendidos en la materia. No sé qué es lo “suficiente”. Pero, sí creo en el caso de la minería ilegal, se puede hacer labores de fiscalización, tratar de hacer algunos esquemas de trazabilidad del mineral, fiscalización tributaria a plantas procesadoras, aumentar el costo económico de la actividad ilegal. Lo que debe quedar claro es que no es verdad que se pueda convivir con la minería criminal.

—El Gobierno planteó el alza de la remuneración mínima vital (RMV) dividida en dos tramos. Uno de ellos se gatillaría este año. ¿Qué piensa de la propuesta?

Todos sabemos que lo que hace el [alza] de la RMV es favorecer a un grupo reducido de trabajadores, pero aleja a un montón de peruanos de la formalidad. ¿Es una decisión política? Siempre ha sido política. Ahora, dado el compromiso, los ministros del sector deben ver cómo moderarlo.

Esta cifra de que aleja al peruano de la formalidad y destruye empleos es como grande y abstracta, y la gente puede decir: “bueno, eso se diluye”. Pero hay sectores bien afectados. Agroindustria por ejemplo. Tiene el bono indexado a la RMV. ¿Le vas a poner aumento del salario mínimo cuando viene El Niño y Estados Unidos ha subido los aranceles? O empresas de comercio que trabajan con márgenes muy chiquitos y esto le pega.

—El ministro Cuba planteó cambiar los regímenes tributarios, que se calculen por renta y ya no por ventas…

Estoy de acuerdo con la propuesta del ministro, hay que suavizar la transición. La empresa va creciendo y si quiere pasar, por ejemplo, de 20 a 21 trabajadores, ya tiene que repartir utilidades. Es como llegar al borde del abismo. Es muy brusco. Creo que hay que darle una progresividad para poder hacer que los que quisieron entrar a la formalidad se queden y puedan crecer dentro de un espacio que es más amable con la empresa. No digo que les dé beneficios, sino que se entienda la lógica de crecimiento.

—El Gobierno ha puesto su mirada en revisar las exoneraciones tributarias, ¿cómo lo evalúa?

Esta discusión tiene más de 20 años. APOYO Consultoría hizo un estudio de esto en el 2003. Las exoneraciones tienen un marco legal que no se cumple. Dice que cuando estén por llegar a término o se vaya a crear una nueva se debe evaluar su eficiencia y correcto funcionamiento.

Hay algunas que tienen mucho sentido que existan, otras no. Pero esta es una discusión que en este momento no sé si vale la pena tener. Hay temas más urgentes que solucionar […] Lo que haría es cumplir la ley: evaluarlas cuando expiran, determinar si se extienden o no.

—Se ha anunciado que se buscará quitar los topes a las tasas de interés a través de las facultades legislativas delegadas. ¿Es un paso necesario?

Así como hay muchas normas laborales que son leyes que lamentablemente promueven la informalidad, esta es una ley de promoción del crédito gota a gota. Si yo fuera estos “prestamistas” gota a gota lo que más quiero es que haya una ley de topes. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya hizo este estudio que mostraba cómo se había excluido a la población con la ley de topes.

—¿Qué reformas realmente puede hacer este Gobierno?

Si alguien está esperando un Gobierno que tenga capacidad de implementar su agenda económica y política a plenitud está equivocado.

[…] cuando digo que creo que Perú podría crecer entre 4% y 4.5% en el 2027, pero cerrando ese año más cerca del 5%, no estoy esperando grandes reformas, sino mejoras relevantes en la gestión pública producto de dos cosas: menos rotación de funcionarios y mejor calidad de servicios. Además, sobre la estabilidad política, saber que la presidenta esta vez va a durar hasta el 2031, te estira el horizonte de inversión.

Entonces, ¿qué reformas espero? No muchas. Pero, sí mejoras en la gestión pública y un Estado que ojalá se reenfoque en lo que tiene que hacer y que se sienta responsable frente a sus ciudadanos sobre todo.

“OJALÁ NO SEAMOS VÍCTIMAS DE PELEAS ENTRE LOS GRANDES”

Al ser una economía abierta al mundo, Perú debe estar con la mirada puesta sobre las economías internacionales.

Al respecto, Hugo Santa María recordó, por ejemplo, que el precio del petróleo retornó a los US$ 100 el barril y si bien el país ha podido “navegar” este escenario, es cierto que presiona precios y costos. “Aun así, hemos crecido, seguimos creciendo bien”, se mostró optimista.

Otro tema que puso sobre la mesa es el arancelario. “Cómo se maneje este asunto, me preocupa. Me preocupa que en algún momento haya una guerra comercial entre los grandes [Estados Unidos y China] que nos afecte a nosotros”, señaló.

Santa María agregó: “Ojalá no seamos víctimas de las peleas entre los grandes. Para mí un riesgo es que EE.UU. y China se disputen América Latina. ¿Cómo quedaríamos nosotros? Confío en la Cancillería, siempre hemos sido inteligentes para manejar nuestras relaciones. Perú necesita tener buenas relaciones diplomáticas con todo el mundo”.

PETROPERÚ AÚN NO DEJA DE PREOCUPAR

Sobre Petroperú, Hugo Santa María fue claro:

“¿Nos deja de preocupar la petrolera? No. Creo que recién estamos viendo a ProInversión, con el nuevo directorio y el Gobierno, realmente tomar control de la empresa y parece que están comenzando a ejecutar el plan que hace años se dice que deberíamos implementar […] Estamos en las primeras semanas de un partido bien largo”.

Estas perspectivas están relativamente en línea con el crecimiento que APOYO Consultoría espera para la demanda interna (sin inventarios) de 9% en términos nominales (5% después de ajustar por inflación).

APOYO Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas e instituciones miembros de su Servicio de Asesoría Empresarial (SAE). El sondeo recogió sus perspectivas de ingresos y utilidades, de cuándo iniciarán sus planes de inversión del 2027, de qué los agilizaría y de cuáles son sus destinos prioritarios para invertir en América Latina.

En balance, los miembros del SAE, entre el 27 y el 31 de agosto, respondieron que esperan un alto crecimiento de sus ingresos para el cierre de este año, el mejor resultado desde el 2012 si se excluye el rebote pospandemia.

Esto refleja el dinamismo de la economía. La inversión privada crece a doble dígito por segundo año consecutivo, en un contexto de precios históricamente altos de los metales que exportamos, menor riesgo de cambios constitucionales antimercado desde hace un par de años y, en consecuencia, niveles optimistas de confianza para invertir.

Ello ha favorecido la generación de empleo formal privado, el aumento de los ingresos familiares y ha permitido que el consumo mantenga tasas de crecimiento sólidas.

Así se ve el 2027

Este optimismo se extiende a los resultados esperados para el 2027, a pesar del fenómeno de El Niño (FEN). Según el ENFEN, las condiciones de un FEN extraordinario se extenderían hasta el invierno del próximo año. Incluso en ese escenario adverso, los miembros del SAE esperan crecer, en promedio, cerca de 11% en términos nominales el próximo año.

Estas perspectivas están relativamente en línea con el crecimiento que la consultora espera para la demanda interna (sin inventarios) de 9% en términos nominales (5% después de ajustar por inflación).

El sustento de estas expectativas, a pesar del contexto climático adverso, es la evolución esperada para la inversión privada, la cual sería el principal motor del crecimiento en el 2027. En APOYO Consultoría se proyecta que crecerá 12.5%, después de ajustar por inflación. A los buenos precios de los metales se suma que la elección presidencial generó un quiebre positivo y muy relevante en las expectativas.

Este quiebre está asociado tanto a un entorno político con mínimo riesgo de vacancia, que sostiene el bajo riesgo de cambios constitucionales antimercado —lo que da más visibilidad para el planeamiento de mediano plazo—, como a la expectativa de simplificación administrativa en procesos y permisos, lo cual agilizaría los planes de inversión.

Este giro ha llevado a que la mayoría de los miembros del SAE adelante el inicio de la ejecución de sus planes al 2026 o que prevea hacerlo durante el primer semestre del 2027, aun en medio del FEN. Así, el 76% ya ha comenzado a ejecutarlos o lo hará en los siguientes diez meses.

Aun con el FEN, la inversión privada podría crecer en el 2027 más de lo que se prevé hoy. Cerca de la mitad de los miembros del SAE señala que superar el FEN les permitiría acelerar sus inversiones, lo que abre espacio a flujos mayores a los actualmente esperados para el segundo semestre del próximo año.

El 37% indica que las agilizaría si se confirma que el crecimiento de la demanda es sostenido y otro tercio, si el Gobierno avanza de forma decidida en la simplificación de procesos. Esto último sería especialmente relevante para los grandes proyectos de infraestructura concesionada (transmisión eléctrica, transportes, etcétera), y para los proyectos mineros y energéticos, en los que el aumento de la carga de permisos de la última década ha dilatado las aprobaciones y desincentivado a las empresas de avanzar.

En adición a las condiciones favorables, las grandes empresas tienen intenciones de apostar por el Perú. La mayoría de los miembros del SAE afirma que sería su principal destino de inversión en el 2027, por cuarto año consecutivo.

Chile le sigue en segundo lugar, que en febrero del año pasado estaba en el tercero, probablemente por los esfuerzos activos que se están haciendo para atraer inversión (reducción de tasas impositivas, simplificación de procesos, entre otros).

Eso sirve como recordatorio de que mantener esas intenciones y convertirlas en flujos exigirá un gobierno que fortalezca los cuadros públicos para que el sector privado tenga una contraparte efectiva y que empiece a implementar sus ideas de simplificación de procesos y de permisos.

En conclusión, las grandes empresas esperan crecer con fuerza este año y el próximo, aun con el FEN de por medio. La inversión privada sería el motor de ese resultado, dado que el sector corporativo tiene espacio e intenciones de seguir invirtiendo. Avanzar en la simplificación de procesos y en el fortalecimiento de las capacidades del Estado será la vía más directa para que el ciclo de inversión se extienda más allá del 2027.

Apuesta. La mayoría de los miembros del SAE afirma que el país sería su principal destino de inversión en el 2027, por cuarto año consecutivo.

COLUMNA DE OPINIÓN: “Una meta alcanzable”

Es factible que la economía crezca 5% al año, después de ajustar por inflación, hacia el cierre de este periodo gubernamental, en la medida que los precios de los metales se mantengan altos. Lograr eso (en vez de conformarnos con 3%) requerirá de un gobierno que mejore la calidad de los servicios públicos, facilite la inversión privada y eleve la productividad.

Eso es más fácil decirlo que hacerlo. El país necesita muchas reformas —política, judicial, educativa, laboral, tributaria, etcétera— y el Gobierno tiene poco capital político, con la inseguridad y el FEN absorbiendo, acertadamente, sus primeros días. Como consecuencia, tendrá que priorizar.

El premier Luis Galarreta dijo en la Convención Anual de APOYO Consultoría que se trata de una maratón y no de una carrera de 100 metros. Sabemos dónde está la meta; no es claro aún cuál es la ruta que plantea el Gobierno para alcanzarla, específicamente, cuáles serán las dos o tres grandes reformas por las que arriesgará capital político.

Sin eso, será más difícil anclar las expectativas del sector privado en los niveles actuales de optimismo.

“Tomar en cuenta este componente de protección social probablemente no mueva mucho el PBI, pero para los hogares más vulnerables será la diferencia entre un golpe temporal a sus ingresos y una catástrofe con efectos permanentes”, escribe José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría para La Mirada.

La economía peruana está creciendo a un buen ritmo y las expectativas son positivas, sobre todo las relacionadas con la inversión privada. El impulso viene de los elevados precios de los metales y del repunte de la confianza empresarial, que ya alcanzó su nivel más alto en 15 años, tras un breve bache de nerviosismo luego de la primera vuelta. La inversión privada creció 17% en el segundo trimestre del año y se espera que siga creciendo a doble dígito en la segunda parte del año y en el 2027.

La lectura fácil es que todo el país repunta. Pero detrás de estos promedios se esconde una historia distinta: una recesión que las cifras macro no mostrarán, porque golpeará de manera muy desigual a diferentes segmentos socioeconómicos, regiones del país y sectores económicos. Algo de eso ya empezó, mientras que la inversión crece fuerte, en junio el sector pesca cayó 52%, el sector agrícola lo hizo en 12%, y los hogares de menores ingresos sienten el golpe de la mayor inflación de alimentos y transporte.

Estas diferencias probablemente se intensificarán los próximos meses. Tanto así que, si viéramos el año, no de enero a diciembre sino de agosto 2026 a julio 2027, probablemente sería un año de recesión para los hogares del nivel socioeconómico DE (los de menores ingresos). En este segmento y en ese período, APOYO Consultoría anticipa que la masa salarial se contraerá entre 1% y 2%, en términos reales, debido al incremento de la inflación y al impacto negativo esperado del fenómeno de El Niño (FEN) fuerte o extraordinario. En contraste, la masa salarial de los hogares de los niveles socioeconómicos AB (los de mayores ingresos) probablemente seguirá creciendo a tasas superiores al 5%, en términos reales, gracias al impulso de los sectores vinculados con la inversión privada, la mayor demanda de trabajadores calificados y a su menor exposición al incremento de la inflación.

La geografía confirma el patrón: la masa de ingresos laborales en Lima Metropolitana probablemente crecerá al doble que la del resto del país, debido a que el FEN afecta más al sur por las sequías y al norte por el calor y las intensas lluvias. En las zonas pesqueras, la pesca puede explicar hasta un tercio de la masa salarial. En el caso de las zonas agroexportadoras, dicho porcentaje llega a ser 40%. En el sur, cerca de 900 mil empleos dependen de cultivos tradicionales como la papa y la cebolla, que tendrían malas cosechas por las sequías.

Sin embargo, el FEN no sólo impacta al PBI y a los ingresos laborales.

Lo que hemos visto en FEN anteriores es que, en zonas más expuestas como el norte del país, la mora de los créditos de consumo y de las microempresas sube, y eso genera una restricción del crédito justo para quienes más lo necesitan, en el momento en que más lo necesitan. Según la Encuesta Nacional de Hogares, cuando un hogar es afectado por un desastre natural, sus ingresos caen en promedio 18% si no tiene acceso a crédito.

El golpe también es patrimonial, y aquí la vulnerabilidad urbana es estructural. En los últimos diez años, el 90% del crecimiento de las ciudades peruanas se ha dado mediante construcción informal, muchas veces sin estándares técnicos y en zonas expuestas a huaicos e inundaciones. En la región Piura, por ejemplo, casi 80% de hogares no tienen techo de concreto. El antecedente de 2017 es preocupante: más de 45 mil viviendas colapsaron o quedaron inhabitables, alrededor de 700 colegios tuvieron daños graves o severos y varias postas médicas fueron afectadas, justo cuando los casos de dengue se triplicaron.

El impacto puede ser severo, no solo porque los hogares de menores ingresos tienen menos capacidad de respuesta, sino porque buena parte de su patrimonio —principalmente la vivienda— está expuesto. Cuando se pierden también vehículos, cocinas o herramientas de trabajo, el daño trasciende la emergencia. Combinado con un acceso más limitado al crédito, reduce la capacidad de reconstruir activos y recuperar las fuentes de ingreso una vez pasado el FEN, haciendo que sus efectos duren mucho más que el fenómeno mismo.

Por lo tanto, la preparación ante el FEN no puede ser solo de infraestructura. El debate se concentra en defensas ribereñas, limpieza de cauces y reconstrucción. Eso importa, pero no basta. Si la recesión oculta golpea el ingreso, los activos, la salud y la educación de los hogares más vulnerables al mismo tiempo, la respuesta necesita un componente de protección social y financiero tan robusto como el de infraestructura. Se deben evaluar intervenciones como transferencias focalizadas que apoyen la expansión de las billeteras digitales, mecanismos que sostengan el acceso al crédito y continuidad de los programas de alimentación escolar y salud pública en las zonas de mayor exposición.

Tomar en cuenta este componente de protección social probablemente no mueva mucho el PBI, pero para los hogares más vulnerables será la diferencia entre un golpe temporal a sus ingresos y una catástrofe con efectos permanentes.

En el caso de la percepción sobre la objetividad de la asignación salarial, por ejemplo, existe una brecha de 7% entre hombres y mujeres en posiciones de liderazgo. La falta de flexibilidad, la percepción de ascensos poco objetivos y la desconfianza en los canales internos pueden convertirse en factores de rotación.

Las empresas pueden tener políticas de inclusión, protocolos y programas de bienestar, pero si estas medidas no llegan a la experiencia cotidiana de sus trabajadores, pueden terminar enfrentando un riesgo que hoy resulta particularmente costoso, la pérdida de talento.

Ese es uno de los principales hallazgos del estudio “La señal que el negocio aún no está escuchando”, elaborado por Aequales junto con APOYO Consultoría, a partir de la percepción de más de 21.000 personas de tres países de América Latina y trabajadores de más de 35 empresas.

El estudio encuentra diferencias de hasta 17 puntos porcentuales entre grupos y dimensiones de la experiencia laboral. Y una de las brechas más relevantes aparece precisamente en la gestión del talento: la percepción favorable sobre la equidad en los procesos de gestión llega a 61%, frente a niveles de 75% y 80% en otros componentes analizados.

Para José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría, esta información adquiere mayor relevancia en un mercado donde las empresas ya enfrentan dificultades para encontrar trabajadores calificados.

“Si yo no doy flexibilidad adecuada a las mujeres, estoy negándole, haciéndole difícil el entorno a la mitad del talento y luego me quejo de que no encuentro personal calificado”, señaló.

Flexibilidad: una variable que puede definir la permanencia

Uno de los principales focos de alerta aparece en las políticas de flexibilidad y bienestar. La investigación identifica una diferencia importante entre quienes tienen responsabilidades de cuidado y quienes no, pero también encuentra una brecha entre hombres y mujeres dentro del grupo que sí tiene estas responsabilidades.

Esto resulta especialmente relevante porque las personas con responsabilidades de cuidado perciben una menor utilidad y seguridad para utilizar los beneficios de flexibilidad disponibles.

En otras palabras, no basta con que una empresa tenga horarios flexibles, trabajo híbrido u otros beneficios. El trabajador debe sentir que puede utilizarlos sin que ello afecte su desarrollo profesional o genere un juicio negativo de sus superiores.

El impacto puede ser mayor entre las mujeres. Según Saavedra, un análisis previo de APOYO Consultoría sobre rotación laboral encontró que los factores que influyen en la salida de trabajadores cambian según la etapa profesional.

En los primeros años de carrera, por ejemplo, adquieren mayor relevancia las oportunidades de ascenso y la percepción de liquidez, objetividad y transparencia en estos procesos. Para las mujeres en etapas posteriores, la flexibilidad puede convertirse en un factor determinante.

Así, una política diseñada para facilitar la conciliación entre vida laboral y personal puede perder efectividad si la cultura de la organización genera temor a utilizarla.

Los ascensos también pueden convertirse en un problema

Otra de las principales señales que encuentra el estudio está relacionada con la gestión del talento. La diferencia entre grupos respecto de la percepción de objetividad de los mecanismos de ascenso y promoción alcanza 13%, más del doble del umbral de seis puntos que los investigadores utilizan para identificar una brecha relevante.

La percepción también cambia según la posición que ocupa la persona dentro de la organización. Los niveles de liderazgo tienden a evaluar de manera más favorable los procesos, mientras que la valoración disminuye conforme se baja hacia los mandos medios y posiciones de base.

Para Saavedra, esto plantea un desafío de autocrítica para las organizaciones, debido a que quienes participan directamente en las decisiones de promoción tienden a tener una percepción más positiva de estos mecanismos.

El problema no se limita, además, a las mujeres que buscan llegar a posiciones de liderazgo. Incluso entre las mujeres que ya ocupan cargos de liderazgo persisten diferencias respecto de sus pares hombres.

En el caso de la percepción sobre la objetividad de la asignación salarial, por ejemplo, existe una brecha de 7% entre hombres y mujeres en posiciones de liderazgo.

Esto puede estar relacionado con sesgos o con diferencias en procesos de negociación de salarios y bonos, según Aequales.

Tener una política no significa que el trabajador la conozca

El estudio también muestra una diferencia entre lo que las organizaciones diseñan y lo que efectivamente conoce el personal. Mientras entre las posiciones de liderazgo alrededor de 86%-87% conoce los canales para reportar situaciones de acoso, en las posiciones de base este porcentaje cae a alrededor de 75%. La brecha alcanza 11%.

Algo similar ocurre con la confianza en estos canales. La diferencia entre los niveles de liderazgo y las posiciones de base llega a siete puntos.

Para Andrea de la Piedra, CEO y cofundadora de Aequales, este resultado muestra que las empresas necesitan mirar más allá de sus estructuras formales. “Cada población requiere una lectura distinta”, sostuvo.

El reto, explicó, consiste en identificar cómo se viven las políticas y beneficios en cada grupo, en lugar de asumir que una misma medida funciona de la misma manera para toda la organización.

El 44% ha vivido o escuchado alguna forma de acoso

El estudio también identifica una señal de alerta en materia de acoso y discriminación. El 44% de las personas encuestadas afirmó haber vivido, escuchado o percibido alguna forma de acoso. Entre las situaciones reportadas aparecen bromas o comentarios sexistas (38%), contacto físico no solicitado (18%), acoso (12%) y violencia física (11%).

La situación es aún más crítica entre las personas LGBTIQ+ y con discapacidad, grupos en los que, según Aequales, las brechas de percepción son mayores. Esto ocurre pese a que más de 90% de las empresas evaluadas cuenta con una política o protocolo para prevenir el acoso.

La diferencia entre tener el documento y conseguir que funcione en la práctica es precisamente uno de los problemas que busca visibilizar el estudio.

El costo de no escuchar

Para las empresas, las consecuencias no se limitan a una percepción negativa del ambiente laboral. Aequales y APOYO Consultoría identifican cuatro tipos de riesgos asociados a las brechas de inclusión: operacional, legal, de talento y reputacional.

El primero aparece cuando una empresa destina recursos a diseñar políticas, capacitaciones y programas, pero estos no producen el cambio esperado en la experiencia de los trabajadores.

En el estudio, una mejora en las estrategias, planes y políticas está asociada con apenas un punto de mejora en la percepción que tienen los trabajadores sobre esas políticas. Esto no significa que las políticas no sean necesarias, sino que evidencia el reto de llevarlas de la planificación a la ejecución.

El riesgo de talento aparece cuando las condiciones laborales hacen más difícil retener o atraer trabajadores clave. En un mercado donde las empresas ya reportan dificultades para encontrar personal calificado, perder trabajadores por problemas que podrían anticiparse puede tener un costo adicional.

El riesgo legal surge cuando una organización considera que tener un protocolo es suficiente para mitigar una eventual contingencia, sin verificar si los trabajadores conocen el procedimiento y confían en los canales disponibles.

Y está también el riesgo reputacional: trabajadores que tienen una mala experiencia pueden convertirse en embajadores negativos de una empresa como lugar de trabajo.

Una política de talla única ya no alcanza

El estudio plantea que la percepción agregada puede ocultar diferencias relevantes entre grupos. Una organización puede obtener un resultado positivo cuando consulta a toda su plantilla, pero encontrar brechas importantes cuando separa los resultados por género, edad, responsabilidades de cuidado, discapacidad, pertenencia a la comunidad LGBTIQ+ o nivel jerárquico.

Por ejemplo, las mujeres reportan una menor percepción de flexibilidad y seguridad psicológica. Las personas con responsabilidades de cuidado sienten menos seguridad para utilizar los beneficios de flexibilidad. Y las personas con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+ presentan brechas más pronunciadas en distintos indicadores.

La conclusión es que las organizaciones necesitan pasar de una lógica de políticas generales a una gestión más vinculada con las distintas etapas y condiciones de sus trabajadores. “Cada colaborador tiene una etapa de vida diferente”, concluyó De la Piedra.

Artículo en Gestión.

APOYO Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas e instituciones miembros del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE), entre el 7 y el 11 de agosto, para conocer sus intenciones de invertir en estas primeras semanas de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori y tras un primer mensaje a la nación y conformación del Gabinete ministerial.

Los resultados de este mes muestran una consolidación del registro de julio: la confianza para invertir alcanza su nivel más alto en 15 años. Es una señal positiva para la inversión privada de los próximos meses, que terminaría creciendo 10% o más este año y contribuiría a la generación de empleo formal.

Sin embargo, el Gobierno enfrentará cuatro retos clave que podrían complicar el avance de sus propuestas, incluyendo las económicas.

¿EN QUÉ SE BASÓ LA CONFIANZA?

Esta reacción responde probablemente a que las comunicaciones y decisiones del Gobierno han sido percibidas, en balance, como positivas. Entre ellas destacan el mensaje a la nación, la conformación del Gabinete y algunos de los nombramientos de funcionarios clave (Banco Central de Reserva del Perú, Sunat, Petroperú, por ejemplo).

Estas decisiones han transmitido la intención de mejorar la gestión y la implementación de políticas públicas, y comprensión sobre cuáles son los temas urgentes, como enfrentar el fenómeno de El Niño (FEN) y la inseguridad ciudadana. De hecho, el 99% de los clientes SAE considera que los principales anuncios del mensaje de 28 de julio estuvieron en línea con sus expectativas o las superaron. Esto sugiere que los anuncios habrían contribuido a sostener la confianza empresarial.  

La conformación del Gabinete ha tenido un papel particularmente relevante: el 93% de los clientes SAE tiene una opinión positiva o muy positiva. La selección de ministros combina perfiles técnicos con políticos, lo que reflejaría que el Gobierno es consciente de sus limitaciones de capital político y buscaría enfoques pragmáticos. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha priorizado un perfil técnico, lo que da una señal contundente de seriedad y credibilidad respecto de la política económica. El ministro actual, Elmer Cuba, ha fijado metas en crecimiento económico (4% en promedio entre 2026 y 2031), pobreza monetaria (15% de la población al 2031) e informalidad laboral (50% de los trabajadores al 2031), con prioridades estratégicas claras: aumentar la productividad y reducir la desigualdad social. Esto representaría una mejora en la gestión económica frente a los cinco años previos y ofrece un marco para evaluar si las medidas que se adopten en los próximos años acercan al Gobierno a esos objetivos.

Además, tiene una agenda bien definida para el corto plazo. Esta abarca asuntos urgentes vinculados al FEN, a la alta inflación y a contener presiones que amenazan la sostenibilidad fiscal. Por un lado, incluye el financiamiento para la respuesta a la emergencia del FEN (con una asignación de S/ 2,500 millones) y subsidios a transportistas para la compra de diésel para amortiguar el impacto negativo del aumento en los precios internacionales del petróleo sobre costos de empresas y poder adquisitivo de los hogares. Por otro lado, planea presentar demandas de inconstitucionalidad contra cuatro leyes de gasto aprobadas por el Congreso anterior, lo que podría evitar cerca de S/18 mil millones de gasto rígido adicional en los próximos cinco años. De manera similar, está respaldando políticamente la reestructuración de Petroperú, de modo que haya mejoras en gobernanza y gestión que se traduzcan gradualmente en resultados financieros más sólidos. Y, ha comentado acciones vinculadas a temas tributarios y laborales para reducir la informalidad. Aun así, algunas medidas, como aumentar el salario mínimo o mantener el número de feriados, no contribuyen a los objetivos de mejorar la productividad y reducir la informalidad. Sin embargo, viéndolas como parte del conjunto, se pueden entender como concesiones para balancear aspectos políticos y técnicos, cuyos impactos negativos se han tratado de mitigar en cierta medida.  

RETOS QUE PUEDEN CAMBIAR TENDENCIA

Como se mencionó, el Gobierno enfrentará cuatro retos clave que podrían complicarlo.

Primero, tendrá que sostener su capital político inicial. Esto exigirá respuestas eficaces y rápidas a los temas más urgentes: el FEN y la inseguridad ciudadana, que ya golpean a empresas y familias y que limitarían el crecimiento económico en los próximos meses.

Segundo, el Poder Ejecutivo deberá administrar con cuidado su relación política con el Congreso de la República. Según un sondeo de APOYO Consultoría a más de 40 expertos políticos en julio, es altamente probable que el Gobierno obtenga facultades legislativas para prevenir y mitigar el FEN, luchar contra economías ilegales e impulsar la inversión privada.

Sin embargo, el control de la oposición sobre comisiones clave del Parlamento (economía y energía y minas, por ejemplo) y la ausencia de una mayoría oficialista podrían llevar a que el Ejecutivo tenga que realizar múltiples concesiones para que se aprueben sus iniciativas y eso podría atenuar o distorsionar sus impactos esperados sobre el entorno de negocios.

Tercero, el Gobierno tendrá que revertir el deterioro del aparato público del quinquenio previo, puesto que podría ralentizar la implementación de cambios, sobre todo aquellos que requieren coordinación intersectorial.

Cuarto, el Poder Ejecutivo tendrá que conseguir apoyo político regional, sobre todo en el sur, donde el respaldo es más débil, para contener potenciales brotes de conflictividad social. Si bien las elecciones municipales y regionales podrían ofrecer ese espacio, hay alta incertidumbre sobre la capacidad de Fuerza Popular para ampliar su presencia regional. En promedio, los expertos políticos asignan una probabilidad cercana al 50% a que el partido gane al menos una gobernación regional.  

Así, en resumen, el sector corporativo percibe un balance favorable de los mensajes y acciones del nuevo Ejecutivo en sus primeras semanas. Los buenos niveles de confianza empresarial y la percepción positiva sobre el Gabinete le dan al Gobierno un margen inicial para tener una relación positiva con el sector privado y trabajar conjuntamente para enfrentar escenarios de crisis y dinamizar la economía.

Sin embargo, ese margen es condicional. Si el Gobierno respondiese mal o tarde al FEN y a la inseguridad ciudadana, no lograse consensos con el Congreso y las regiones, y no mejorase la calidad del aparato público, tendría dificultades para implementar su agenda y para alcanzar las ambiciosas, pero logrables, metas del MEF. De ello dependerá que se mantenga el apetito del sector privado por invertir y contratar.

COLUMNA DE OPINIÓN: “Las dos reconstrucciones”

Hoy, todo apunta a un FEN fuerte o extraordinario en los siguientes meses: sequías en el centro y sur del país y lluvias intensas en la costa norte, posiblemente iguales o peores que en 1997. El gobierno está pensando, acertadamente, en cómo evitar mayores daños y afrontar la emergencia. Ya es hora también de pensar en el proceso de reconstrucción del norte; será tarde si se espera a hacerlo cuando se “caiga el cielo”.

Sin embargo, ninguna intención ni plan se concretará si no se avanza desde ahora con la otra reconstrucción: la de las capacidades del aparato público. Aunque este es un problema de larga data, empeoró significativamente en el último quinquenio y representa un reto serio para la ejecución. El Ejecutivo debe cubrir más de mil puestos de alta dirección en ministerios. A esto se suma una descentralización que no ha dado resultados, con 25 gobernadores y 1 892 alcaldes que asumirán funciones durante la peor parte del FEN. Sin esta primera reconstrucción, la segunda difícilmente pasará del papel.

“Prepararse no es solo una decisión económica. Es decidir cuánto estamos dispuestos a proteger a quienes menos pueden protegerse solos. La advertencia de 2017 es concreta: la demora en la respuesta se traduce en comidas que no llegan, controles que se postergan y pérdida de desarrollo que no se recupera”, escribe Carlos Córdova, director de proyectos del área de sostenibilidad y políticas públicas de APOYO Consultoría.

El Fenómeno El Niño ya está en curso y la costa norte vuelve a estar en alerta. La conversación pública girará, como siempre, en torno a las carreteras, los cultivos perdidos y el golpe al PBI regional. Todo eso importa. Pero hay un daño menos visible y mucho más difícil de revertir: el que sufre la infancia.

El Niño Costero de 2017 lo mostró con claridad. Según Indeci, 354 instituciones educativas quedaron destruidas y 3.266 afectadas; 64 establecimientos de salud fueron destruidos y 1.044 dañados. Detrás de esas cifras hubo niños sin clases, sin controles de salud y sin la comida que recibían en la escuela. En Apoyo Consultoría sistematizamos la respuesta a la emergencia: el problema no fue la falta de programas, sino de preparación para responder de forma inmediata y coordinada.

La escuela es más que un aula. Para miles de hogares también es un punto de acceso a alimentación. En 2017, Qali Warma suspendió la entrega del servicio alimentario por la postergación de las clases. Nuestro estudio constató que el programa tenía alimentos en almacén y no contaba con mecanismos para distribuirlos, cuando 88% de los damnificados en Piura reportaba necesitarlos.

La salud infantil enfrenta un riesgo similar. En Piura y La Libertad, cerca de la mitad de la población damnificada o afectada reportó impactos en su salud. El agua estancada favoreció la expansión del dengue. Hoy el punto de partida es más complejo, porque el dengue se sigue extendiendo y la anemia infantil se mantiene elevada.

Los más pequeños son especialmente vulnerables. Cuna Más suspendió el cuidado diurno y recurrió a visitas domiciliarias y raciones frías. Los módulos temporales se instalaron sin protocolo claro. En la primera infancia una respuesta tardía cuesta más: los primeros 36 meses son la ventana crítica para la nutrición y el desarrollo.

Hay margen para corregir esto a tiempo. La Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del fenómeno de El Niño, creada este mes, reúne al Midagri, que la preside, junto con Defensa, Economía, Vivienda, Indeci y la ANA. Es coherente con la urgencia de intervenir los puntos críticos de infraestructura. El riesgo es que, sin el Midis en la mesa, la continuidad de los programas sociales y la protección de la población vulnerable queden fuera de las decisiones de preparación: justamente donde 2017 mostró una brecha relevante.

Incorporarlo daría prioridad a medidas como actualizar el Sisfoh con información de los hogares más vulnerables, prever la continuidad de los servicios alimentarios, reforzar los establecimientos de salud más expuestos y planificar a tiempo los espacios de cuidado en los módulos temporales.

Prepararse no es solo una decisión económica. Es decidir cuánto estamos dispuestos a proteger a quienes menos pueden protegerse solos. La advertencia de 2017 es concreta: la demora en la respuesta se traduce en comidas que no llegan, controles que se postergan y pérdida de desarrollo que no se recupera.

Articulado publicado en El Comercio.

El debate sobre la flexibilización puede continuar. El régimen progresivo, el incentivo al empleo juvenil y la nueva definición del tiempo parcial deberían avanzar.

Un documento de trabajo del Ejecutivo, que circula desde fines de julio, reúne propuestas para un eventual pedido de facultades, pero aún no constituye una posición definitiva. El componente laboral ha generado controversia, sobre todo, por medidas percibidas como un posible recorte de derechos laborales, en particular las referidas al empleo juvenil y a la flexibilización laboral.

Ante la presión, excluir el componente laboral sería un error para un país que enfrenta una crisis de informalidad. Según el INEI, siete de cada diez trabajadores son informales y, entre los jóvenes, la cifra es ocho de cada diez. Evitar una disputa política no debería llevar al Gobierno a retirar todo el capítulo. Las medidas orientadas a reducir barreras concretas a la contratación formal pueden impulsarse desde ahora.

Existen múltiples factores que inciden en la informalidad, pero tres situaciones cotidianas muestran cómo algunas barreras pueden cerrar la puerta al empleo formal. Por ejemplo, una empresa con 20 trabajadores enfrenta un salto abrupto en sus obligaciones cuando evalúa contratar al trabajador número 21, pues pasa a estar obligada a repartir utilidades. Un empleador que evalúa incorporar a un joven asume desde el primer día un costo formal que puede resultar elevado frente a una productividad todavía baja. Asimismo, un estudiante disponible para trabajar tres jornadas de siete horas no califica como trabajador a tiempo parcial, aunque su semana laboral sume 21 horas.

Las reformas más amplias sobre flexibilización también son necesarias, pero su discusión no debería bloquear lo que puede avanzar ahora. Los costos de mantener y terminar una relación laboral influyen en la contratación y merecen revisarse, pero los cambios sobre beneficios y reglas de cese requieren mayor debate. Avanzar en una primera etapa con las medidas que reducen barreras concretas a la formalización permitiría mantener el rumbo de la reforma laboral, mientras se construyen consensos sobre los cambios más controversiales.

El pedido de facultades no tiene que resolver toda la agenda laboral, pero sí habilitar al menos tres medidas contra la informalidad. APOYO Consultoría propone que el texto final permita aprobar un régimen laboral único y progresivo, un incentivo tributario a la contratación formal de jóvenes y una definición semanal del trabajo a tiempo parcial. Ese debería ser el piso del componente laboral.

Dos de estas medidas avanzan en direcciones que cuentan con amplio respaldo ciudadano.

Ambas surgieron de los consensos alcanzados en EncontrarNos por el Perú, una iniciativa de APOYO Consultoría y EsHoy. De hecho, en una encuesta nacional realizada en febrero del 2026 como parte del proyecto, el 86% apoyó reformar el régimen laboral y tributario de las mype para impulsar su formalización y crecimiento, mientras que el 80% respaldó facilitar el primer empleo juvenil mediante un subsidio temporal que reduzca el costo de contratar en planilla sin recortar derechos laborales.

La primera medida busca eliminar el castigo regulatorio que aparece cuando una empresa crece.

El documento de trabajo ya recoge el objetivo de un régimen proformalización; la delegación debería traducirlo en un régimen único y progresivo que permita a las mype crecer en la formalidad. Las vacaciones y gratificaciones se equipararían desde el inicio con las del régimen general, mientras que los aportes a salud y pensiones aumentarían gradualmente con la remuneración hasta igualar los del régimen general cuando esta supere las 4 UIT anuales. El reparto de utilidades comenzaría con una tasa reducida desde el trabajador 15 y aumentaría hasta alcanzar la tasa general con el trabajador 25, en lugar de activarse abruptamente al superar los 20 trabajadores. Así, las obligaciones laborales aumentarían gradualmente conforme la empresa crezca, sin generar saltos abruptos ni afectar derechos adquiridos.

La segunda medida intenta reducir el costo de contratar formalmente a jóvenes sin experiencia.

El objetivo del documento de trabajo de promover el empleo juvenil debería concretarse mediante una deducción adicional y temporal del impuesto a la renta por cada joven de 18 a 29 años contratado formalmente y sin empleo formal reciente.

Además del sueldo, la empresa deduciría la diferencia entre este y dos salarios mínimos. Por ejemplo, por un joven que gana el salario mínimo (S/1130), la empresa deduciría S/2260. Para una empresa sujeta a la tasa general del impuesto a la renta, esto representaría un ahorro de unos S/5000 al año, cerca del 30% del costo salarial. El incentivo disminuiría conforme aumenta el sueldo y desaparecería al alcanzar dos salarios mínimos, sin recortar derechos. Para reducir el riesgo de reemplazos, el beneficio se aplicaría solo a empresas cuya planilla supera el promedio del año anterior. Estimamos que la medida generaría 35 000 empleos formales juveniles, con un costo fiscal directo equivalente al 0,15% de la recaudación actual del IR.

La tercera medida busca definir el trabajo a tiempo parcial con un criterio semanal y no diario.

Hoy se exige una jornada menor a cuatro horas diarias. En su lugar, debería considerarse como tiempo parcial toda jornada de hasta 24 horas semanales, sin importar su distribución. Así, una persona podría trabajar ocho horas por tres días y disponer de tiempo para estudiar, cuidar a un familiar o tener otra ocupación. La regla actual restringe estas opciones y puede dejar fuera del empleo formal a quienes necesitan compatibilizar el trabajo con otras responsabilidades.

Acotar el documento de trabajo no debería significar dejar fuera medidas que pueden aplicarse para facilitar el empleo formal. Estas propuestas no resolverán por sí solas la informalidad, pero eliminarían barreras para cuando una empresa crezca, un joven busque su primer empleo o una persona necesite una jornada reducida. El Gobierno puede postergar las reformas que requieren mayor discusión sin renunciar a estos avances.

En entrevista con José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría, comentó sobre la reciente encuesta a las familias sobre la situación del país y de sí mismas.

Es innegable que las expectativas empresariales se fortalecieron con el triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones generales. Sin embargo, las familias aún estarían esperando medidas que los impacte directamente. Por ejemplo, se redujo de 44% a 35% la población que cree que la situación económica de su hogar mejorará dentro de 12 meses. Así lo reveló José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría, quien compartió en exclusiva con Gestión los resultados de una reciente encuesta.

A manera de resumen, ¿cómo se ve la economía?

Venimos de trimestres con un fuerte crecimiento económico generalizado […]. Ahora, estamos en un punto de inflexión porque hacia adelante vamos a ver diferencias en el crecimiento y en cómo se percibe el entorno económico debido a lo que puede ocurrir con el impacto de El Niño y tras la elección de Keiko Fujimori como presidenta.

La confirmación del triunfo de Keiko Fujimori causó una mejora en las expectativas empresariales. ¿Qué mensajes destacaría?

La expectativa con el Gobierno de Keiko Fujimori responde, en parte, a la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores. Ojalá tengamos una vuelta a la “normalidad”: un país donde el presidente dura 5 años […]. De alguna manera se espera [que suceda] porque Fuerza Popular tendría los votos suficientes para evitar una eventual vacancia.

También se espera que este Gobierno pueda atraer personal calificado al Poder Ejecutivo y los diferentes organismos del Estado, lo que debería —en principio— mejorar la gestión pública y la calidad de las normas.

Hay expectativa de que exista algo más de convicción con el crecimiento económico y la promoción de la inversión privada. Por eso hemos visto un salto muy fuerte en la confianza para invertir por parte del sector privado a partir de la elección de Keiko Fujimori […].

MEDIDAS PARA EL CORTO Y MEDIANO PLAZO

Se repite que Perú no logra romper el “techo” de crecimiento de 3.5% y no reduce pobreza con mayor velocidad. Esto está ligado a la falta de reformas de segunda generación. ¿Qué debe priorizar este nuevo Gobierno tras casi una década sin cambios estructurales?

[…] Una de las reformas más relevantes es la mejora de los servicios públicos, los más cercanos al ciudadano: salud, educación y seguridad. El foco es buscar un consenso también a nivel del Congreso de la República para finalmente lograr el círculo virtuoso de crecimiento económico, recaudación, mejores servicios públicos y satisfacción de la población.

La clave es no seguir como hasta ahora: crecimiento, recaudación y gasto público, pero ineficiente, concentrado en mayores remuneraciones del Estado, sin condicionantes que aseguren un mejor servicio; o mayor gasto en infraestructura, pero con obras paralizadas.

¿Cuáles son las urgencias?

En el muy corto plazo, es importante atender la emergencia del fenómeno de El Niño. Antes que llegue el verano 2027 [donde se espera el mayor impacto de la anomalía climática], ya se afectó la pesca y el agro.

En el primer tramo del próximo año, si esto se mantiene, se esperan lluvias [y huaicos], lo cual podría afectar a la infraestructura. Se necesita, [desde ya], un nivel de preparación, revisar cómo está el nivel de avance de obras de prevención.

¿Qué más hacer en los 100 primeros días?

Un reto importante es iniciar la reconstrucción de la administración pública. Hacer nombramiento de personas calificadas.

Además, sería relevante anunciar la formación de un task force, un equipo especializado, tipo PMO, para que lidere y centralice toda la coordinación relacionada con la prevención y atención del riesgo que tenemos por El Niño.

Sumaría medidas concretas para recuperar la responsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales que hemos perdido en los últimos 5 años. Ojalá que iniciativas de gasto del Congreso sean enviadas ante el Tribunal Constitucional (TC). Y, sobre la proliferación de exoneraciones, sería buenísimo ver acciones orientadas a poner requisitos de análisis técnico para evaluarlas […].

Se necesitan también medidas orientadas a corregir el deterioro normativo de los últimos 5 años. Corregir un marco que ha causado que hacer negocio sea más complejo.

Petroperú. Ante la consulta sobre Petroperú, Saavedra respondió: “Si lo vemos relacionado con el manejo de las cuentas fiscales, se necesita continuar con la reestructuración y reforma de Petroperú, que es una bomba de tiempo. Espero se mantenga la reforma [que se aprobó a través de decretos de urgencia]”.

Las expectativas han mejorado claramente, pero ¿ve algo que podría ponerlas en riesgo? ¿La inseguridad?

La inseguridad es uno de los principales problemas de la población y las mypes la señalan como el principal límite al crecimiento de su negocio. Por ello, se exigen cambios: tener una unidad de inteligencia policial; análisis, revisión y eliminación de las normas llamadas “procrimen”; debe haber un consenso sobre cómo manejar estas leyes; revisar el tema de la carrera policial.

Hay una demanda ciudadana muy fuerte y esto, junto con el fenómeno de El Niño, son retos latentes que podrían afectar la percepción sobre el nuevo Gobierno.

PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS: ¿PROGRESO O TODO SIGUE “IGUAL”?

APOYO Consultoría ya tiene los resultados de su informe “Situación Económica y Percepción de Desarrollo” —encargado a Ipsos—. ¿Cómo resumiría la percepción que tiene la población del progreso del Perú?

El resultado de esta encuesta, que la hacemos hace más de 30 años, es interesante porque hoy se observa que ha bajado de manera significativa el porcentaje de la población que percibe que el Perú está retrocediendo. Llegó a ser el 75% [en 2023] y eso se ha reducido en 31 puntos hasta 44%.

Se percibe que Perú se quedó “ahí”. Que ha dejado de retroceder, sí, pero ahora se mantiene “igual” para un 47% de la población. Solo existe la percepción de progreso para el 8% de la población, casi 1 de cada 10.

Entonces, ese “está igual” no es necesariamente una buena noticia porque venimos de un periodo “negativo”. No estamos haciendo nada para recuperar el tiempo perdido.

¿Cómo se diferencia la percepción del progreso del país con la familiar/individual?

Las familias son más optimistas sobre su propio progreso comparado con lo que perciben para el país. Eso nos dice que estamos en deuda con la población a nivel de temas más institucionales, estabilidad política, servicios públicos […].

También se les consulta a los hogares sobre su situación económica. A diferencia de las empresas, que se muestran más optimistas, solo 16% señaló que su situación actual es buena o muy buena. Para los próximos 12 meses, caen a 35% los que responden favorablemente y, por el contrario, sube de 12% a 18% los que creen que estarán peor en un año…

Hay dos grandes contrastes en la encuesta que hemos hecho. El primero es el que mencioné: diferencias entre la percepción de cómo progresa el país versus cómo progresa la familia. Pero, el otro, es el contraste entre las expectativas muy positivas para los próximos 6 a 12 meses del sector empresarial a partir de elección de Keiko Fujimori —que ha gatillado la mayor intención generalizada para invertir— versus algo de deterioro en la percepción económica por parte de las familias sobre lo que se espera para los próximos meses.

¿Qué está detrás de eso?

Consideramos que hay dos factores. El primero es que la inflación pasó muy rápidamente de 2% a 4% debido al incremento de combustibles y de alimentos por factores externos a la economía nacional […]. Ese incremento de inflación ha afectado a la capacidad adquisitiva de la población y su impacto se ha dado principalmente en los hogares de menores ingresos.

Segundo, pensamos que los pronósticos del fenómeno de El Niño fuerte, su impacto sobre el empleo en algunos sectores y una eventual alza de precios por el impacto en el agro, está afectando la expectativa de los hogares en este momento.

De hecho, los hogares donde se ha deteriorado más la expectativa económica para los próximos 12 meses son los más expuestos a El Niño en la zona sur rural del país o en el norte. En Lima no se ha afectado tanto las expectativas.

¿Cómo espera que evolucione la percepción? ¿Cuánto tiempo le toma trasladarse a las familias las buenas expectativas empresariales? O, ¿no se reflejan?

Por El Niño, vamos a ver más diferencias entre hogares que les va bien y otros que sentirán un golpe. Los hogares a los que les va bien son los que se van a beneficiar más del crecimiento de la inversión privada, de la creación de empleo formal. Esos hogares probablemente estén más en Lima, del nivel socioeconómico AB. Por el contrario, los hogares de menores ingresos van a ser golpeados. Los hogares de menores ingresos en el agro y pesca.

Dicho esto, más allá de El Niño, las condiciones están dadas para que el crecimiento vuelva a ser generalizado.

BÚSQUEDA DE CONSENSO ENTRE EL GOBIERNO Y EL CONGRESO

¿Cómo “ganarse”, en el Congreso, a los bloques que hoy en día están totalmente en línea contraria a la visión del nuevo Gobierno? ¿Cómo lograr consensos reales para avanzar?

Para caminar hay que poner por encima de todo las demandas ciudadanas que son absolutamente válidas y razonables. Creo que nos hemos olvidado de poner por delante el objetivo final de la política pública que es mejorar la vida de la población.

Además, hay que salir un poco de la lógica de fijarnos en lo que nos diferencia y pensar más en lo que estamos de acuerdo.

Habría que ver cómo se comporta cada político ya en la “cancha”, pero por ahora, tras ver lo sucedido en los últimos 5 años, [llegar a un consenso total] no es un escenario base, sino uno optimista.

ALTAS TASAS DE CRECIMIENTO: ¿DIFÍCIL PROMESA?

Los precios de los metales nos han sostenido. ¿Qué pasará cuando esta ola favorable termine o empiece a reducirse?

Los precios internacionales son definitivamente bastante positivos para la economía peruana y “están ocultando”, entre comillas, un deterioro subyacente importante que se ha dado debido al mal manejo de las cuentas fiscales […]. De hecho, tenemos un cálculo que nos dice que, con precios de metales normales, el déficit fiscal estaría más cercano al 4% del PBI. Con ese nivel, la deuda empezaría a subir de manera importante.

Se ha prometido retomar altas tasas de crecimiento. ¿Se podría romper el techo?

Va a ser difícil romper el techo de 3.5% en el corto plazo porque tenemos a El Niño que muy probablemente afecte el crecimiento económico de algunos sectores y regiones. Sin embargo, también es verdad que pasado ese “bache”, podríamos pensar en un crecimiento algo mayor porque se ha activado nuevamente el ciclo de inversión minera y de infraestructura, que si lo logramos sostener hacia adelante podría darnos buenos niveles de crecimiento económico.

Pero, como conversábamos, para superar el 3.5% o 4% se requieren reformas estructurales de destrabe de proyectos, que incrementen la productividad, entre otras.

Encuesta a hogares: se encuestó a 1,210 personas —urbano-rural—. Para los resultados obtenidos se tiene un margen de error de +/-2.8% y se asume un nivel de confianza de 95%.

Articulado publicado en El Comercio.

Las señales actuales apuntan a un Niño Costero capaz de causar daños significativos durante el verano de 2026-2027. La experiencia de 1997-1998 y 2017 muestra la magnitud que pueden alcanzar las pérdidas cuando la preparación resulta insuficiente.

El país llega mejor preparado que en 2017, pero aún no está listo para enfrentar un evento extremo. Las obras ejecutadas han elevado la protección en algunas regiones, aunque los avances son desiguales y la preparación operativa de la respuesta de los gobiernos regionales y locales sigue siendo limitada.

La principal debilidad está en una gobernanza fragmentada. La rectoría, la evaluación técnica de prevención y reducción del riesgo, y la respuesta recaen en entidades distintas, mientras la ejecución de las obras se distribuye entre más de 2 000 entidades de los tres niveles de gobierno. No existe una instancia que conduzca el sistema de gestión del riesgo de desastres de punta a punta y asegure una cultura de prevención.

La doble transición política reduce aún más el margen de acción. El nuevo gobierno asumirá en julio y las autoridades regionales y locales lo harán en enero, cerca del periodo de mayor riesgo. Por ello, la prioridad es determinar qué intervenciones todavía pueden completarse y qué territorios requerirán una mayor preparación operativa antes del verano.

El siguiente cuadro muestra el nivel de protección de cada región según el avance físico de las soluciones integrales que ejecuta la ANIN bajo el acuerdo G2G.

Esta evaluación define dónde completar obras, dónde proteger lo avanzado y dónde reforzar la respuesta ante la ausencia de una solución definitiva. Estas prioridades deben guiar los recursos y las decisiones del nuevo gobierno. Desde APOYO Consultoría proponemos cuatro acciones inmediatas para llevarlas a la práctica.

1. Implementar un Comando de Acción Rápida FEN para liderar la preparación y respuesta del Ejecutivo desde 28/7 hasta pasado el pico del evento

La preparación frente al FEN exige un comando nacional con autoridad para priorizar acciones, coordinar entidades y destrabar la ejecución. Este comando debe operar bajo la dirección del presidente del Consejo de Ministros y contar con un mecanismo ágil de decisión y seguimiento.

Su primera tarea debe ser articular un paquete normativo de emergencia FEN, que habilite modificaciones presupuestarias excepcionales, cambios de alcance en contratos ANIN y compras centralizadas para acelerar la ejecución, y asegure mediante decreto supremo la vigencia de la declaratoria de emergencia.

2. Financiar primero lo que puede terminarse y priorizar intervenciones en tramos críticos

Las obras con mayor avance, que protegen a la población vulnerable y pueden culminarse antes del pico del FEN 2026-2027, deben encabezar la asignación de recursos. San Idelfonso es un caso claro y su brecha de financiamiento fue incorporada solo parcialmente en el dictamen del crédito suplementario, por lo que aún se requieren recursos para completar la obra. No es el único caso: las defensas ribereñas de los ríos Lacramarca, Casma y Huarmey, en Áncash, también podrían quedar bastante avanzadas antes del pico del evento.

Donde la solución integral no llegará a tiempo, la prioridad debe ser intervenir en los puntos críticos. Estos pueden identificarse con apoyo del socio de implementación británico en el marco del acuerdo G2G con la ANIN. El mecanismo dependerá de la situación contractual. En Tumbes, donde ya existe un contratista, corresponde evaluar un cambio de alcance o la activación de cláusulas de eventos compensables de emergencia. En Piura, donde no hay un contratista instalado, se requiere una contratación acelerada para realizar una limpieza estratégica del río.

Para viabilizar estas intervenciones, se requiere un decreto de urgencia para el FEN que habilite modificaciones presupuestarias y cambios de alcance contractual.

3. Ubicar anticipadamente bienes de ayuda humanitaria (BAH) y maquinaria

La maquinaria y los bienes de ayuda deben estar disponibles antes de las lluvias en todas las zonas de mayor riesgo. En Piura, deben complementar la limpieza y protección de los puntos críticos del río. En Chiclayo, donde no hay avance en las obras de drenaje, la respuesta dependerá en mayor medida de contar con motobombas, excavadoras, cisternas y bienes de ayuda.

Para lograrlo, el Comando FEN debe reunir en un solo registro los BAH y maquinarias disponibles en los almacenes nacionales, regionales y locales. Con esa información podrá identificar qué recursos tiene cada territorio y qué brechas deben cubrirse, incluidos los cerca de 18 500 kits adicionales estimados por el INDECI.

El Decreto de Urgencia FEN debe encargar a una unidad ejecutora la compra, el alquiler de los bienes y equipos faltantes, y la distribución anticipada con soporte operativo de INDECI. Esta distribución es especialmente urgente para los alimentos, cuyo stock se concentra en Lima, mientras Tumbes, Piura, La Libertad e Ica no reportan existencias regionales. Ubicarlos antes de las lluvias reducirá el riesgo de que una interrupción de la Panamericana Norte retrase la atención.

4. Preparar a las nuevas autoridades subnacionales para responder desde el primer día

Las nuevas autoridades regionales y locales asumirán cerca del periodo de mayor riesgo. La PCM debe aprobar y ejecutar antes de enero un programa de transición operativa para las nuevas autoridades regionales y locales. La inducción debe cubrir los protocolos básicos del SINAGERD, incluida la activación de los centros de operaciones de emergencia y el llenado del EDAN. En paralelo, deben identificarse y acondicionarse rutas de evacuación, zonas seguras y albergues temporales, y realizarse simulacros en las ciudades más expuestas.

Esta nota se concentra en los efectos del Niño Costero, pero un FEN global fuerte también podría reducir las precipitaciones en zonas del centro y sur andino. Allí, la respuesta debe prever transferencias para los hogares afectados, con un padrón y un mecanismo de entrega definidos antes de la emergencia.

Las medidas propuestas son temporales y buscan reducir daños en el corto plazo. No sustituyen las soluciones integrales en ríos, quebradas y drenajes ni la reforma de fondo sobre la gobernanza de la gestión del riesgo de desastres. La urgencia es proteger ahora.