El Perú arrancó el 2026 con la mejor racha económica en varios años. La inversión privada se expandió 13%, el empleo formal privado creció 6%, las exportaciones aumentaron 38% en valor y las ventas de vehículos livianos subieron casi 40%, luego de haber crecido ya 20% el año anterior. A fines del primer trimestre de este año, cerca del 30% de consumidores limeños señalaba que su situación económica había mejorado respecto al año anterior, el porcentaje más alto desde antes de la pandemia.

¿Por qué tan bien? Varios factores se alinearon simultáneamente. Los precios de los metales alcanzaron niveles máximos históricos, impulsando los ingresos del sector exportador y la recaudación tributaria. La confianza empresarial para invertir se había consolidado luego de años de incertidumbre política. Y la inflación baja —alrededor de 2%— permitió que los salarios reales recuperaran terreno a buen ritmo, fortaleciendo el consumo de los hogares. Era, en suma, un crecimiento fuerte y generalizado.

Sin embargo, ese entorno ya cambió. Y lo hizo por tres razones simultáneas que vale la pena entender con claridad.

La primera es el conflicto en Medio Oriente. La guerra ha derivado en el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha reducido significativamente la oferta global de petróleo y disparado su precio. El efecto no se limita a los combustibles: también se encarecieron el gas, los fertilizantes y varios commodities agrícolas. En el Perú, la inflación saltó de 2% a 4% en abril y mayo, su tasa más alta desde el 2023. Si estas presiones persisten, los márgenes empresariales —que hasta ahora han absorbido parte del golpe— empezarán a trasladarlas a los precios al consumidor, erosionando la capacidad adquisitiva de las familias justamente cuando empezaba a recuperarse.

La segunda es el clima. El calentamiento del mar frente a la costa peruana alcanzó niveles similares a los del fenómeno de El Niño del 2023, que generó un invierno cálido y seco. Esto ya afecta la pesca: la primera temporada de anchoveta avanza con apenas el 25% de su cuota capturada y parte de la zona centro permanece con veda hasta mediados de junio. Asimismo, el otoño inusualmente cálido ha comenzado a afectar al retail. Hay una probabilidad cercana al 60% de que esta anomalía climática se sostenga durante el invierno, lo que pone en riesgo la agroindustria y las siembras del sur en la segunda mitad del año.

La tercera es la incertidumbre política. El pase a segunda vuelta de un candidato que nuevamente plantea modificar el modelo económico peruano generó un quiebre abrupto en la confianza del sector privado. El índice de confianza empresarial que mide APOYO Consultoría —construido a partir de un sondeo a los CEO de las empresas más grandes del país y que históricamente anticipa con precisión lo que ocurre con la inversión privada en los siguientes seis meses— se desplomó luego de la primera vuelta: el porcentaje de empresas que planea acelerar sus inversiones cayó de 37% en enero a 15% en mayo, mientras que el porcentaje que planea reducirlas se duplicó, de 4% a 9%. En términos del índice neto, eso representa una caída de 33 a 6 puntos en apenas cuatro meses.

La confianza del consumidor también cayó bruscamente en mayo. El índice había alcanzado en febrero y marzo su nivel más alto en seis años, pero retrocedió casi 10 puntos en dos meses. Una caída de esa magnitud y velocidad no se registraba desde marzo-abril del 2020, cuando el inicio de la pandemia y el primer confinamiento sacudieron la economía. El deterioro fue generalizado, pero se concentró en las expectativas sobre la situación familiar a 12 meses y en la percepción de que los precios son hoy más altos que hace un año.

Ambos indicadores apuntan en la misma dirección: una moderación de la demanda interna —inversión, empleo y consumo— en la segunda mitad del año.

En esta campaña electoral se han planteado varias propuestas de cambio al Banco Central de Reserva: ampliar su mandato para que contribuya al “desarrollo nacional”; usar una porción de las reservas internacionales para financiar gasto público; aumentar el peso del oro en la composición de esas reservas; y reducir las tasas de interés mediante topes más estrictos. Este artículo explica por qué cada una de esas propuestas es un error —y por qué la autonomía del BCR, su mandato único y el manejo técnico de las reservas son, en el sentido más estricto del término, no negociables.

¿Por qué es un error ampliar el mandato del BCRP?

¿Por qué el Perú necesita reservas internacionales robustas?

• Propuesta: Ampliar el mandato del BCR al “desarrollo nacional”
• El argumento a favor: El BCR debería contribuir al crecimiento y al empleo, no solo controlar la inflación.
• ¿Por qué es un error? El mandato único de control de la inflación ha sido exitoso precisamente porque es creíble: empresas y trabajadores anclan sus expectativas a él. Los países con bancos centrales que tienen metas explícitas de inflación creíbles logran inflaciones más bajas y estables que el resto. Ampliar el mandato arriesga esa credibilidad, y con ella, el principal logro del BCR.

Fuentes: BCRP, INEI (ENAHO), Bureau of Labor Statistics (BLS), FMI, World Gold Council, Banco Central de Bolivia. Elaboración: APOYO Consultoría.

• Propuesta: Usar las reservas internacionales para financiar gasto público
• El argumento a favor: El Perú tiene US$100.000 millones en reservas mientras hay necesidades urgentes.
• ¿Por qué es un error? Las reservas internacionales no son una cuenta corriente: son el seguro macroeconómico del país, se usan para evitar que caídas de precios de commodities o las salidas de capitales generen crisis cambiarias, saltos inflacionarios o recesiones. Bolivia usó sus reservas para financiar empresas estatales ineficientes, subsidios y déficits —pasaron del 50% al 4% del PBI entre 2014 y 2024, dejando al país sin defensa frente a los choques externos. Venezuela, Argentina y el Perú de los ochenta financiaron gasto con el banco central. El resultado fue siempre el mismo: inflación desbocada y pobreza masiva.

Fuentes: BCRP, INEI (ENAHO), Bureau of Labor Statistics (BLS), FMI, World Gold Council, Banco Central de Bolivia. Elaboración: APOYO Consultoría.

• Propuesta: Fijar constitucionalmente el 50% de las reservas internacionales en oro
• El argumento a favor: El Perú es productor de oro; con 50% en oro hoy tendríamos US$300.000 millones.
• ¿Por qué es un error? Definir la composición de las reservas internacionales por mandato político es antitécnico. Ningún país de América Latina tiene más del 5% de sus reservas en oro y ningún país emergente llega al 40% (con excepción de Turquía). El oro es más volátil que el dólar y menos líquido: como explicó el gerente general del BCRP, Paul Castillo, “el dólar transa 22 veces más en un día que el oro.” Entre 1980 y 1985 el precio del oro cayó 65% en términos reales; entre 2011 y 2015, 45%.

Fuentes: BCRP, INEI (ENAHO), Bureau of Labor Statistics (BLS), FMI, World Gold Council, Banco Central de Bolivia. Elaboración: APOYO Consultoría.

• Propuesta: Bajar tasas de interés mediante topes más estrictos
• El argumento a favor: Las tasas son muy altas y empujan a los peruanos al “gota a gota”.
• ¿Por qué es un error? Los topes generan exactamente el problema que denuncian. Cuando se fija un techo, los bancos excluyen a los deudores de mayor riesgo —mypes y hogares de bajos ingresos— que terminan pagando 500% anual en el mercado informal. Según estimaciones del BCR en 2022, el tope de tasas generó que más de 220 mil clientes queden fuera del sistema financiero formal (casi 7% del total de clientes existentes antes de la norma). Colombia y Chile aplicaron topes y los derogaron al comprobar sus efectos. Corresponde eliminar los topes a las tasas de interés.

Fuentes: BCRP, INEI (ENAHO), Bureau of Labor Statistics (BLS), FMI, World Gold Council, Banco Central de Bolivia. Elaboración: APOYO Consultoría.

Según el último sondeo de APOYO Consultoría, el 52% de las empresas reconoce dificultades para demostrar su impacto real.

ANÁLISIS DE APOYO CONSULTORÍA

Las grandes empresas son el principal motor de la economía peruana. Ese peso económico viene acompañado de una responsabilidad que varios CEO ya internalizaron: la empresa no opera en el vacío. Cada decisión de inversión, cada política de personal y cada modelo de relacionamiento con el territorio impacta en el bienestar de las personas que hacen posible ese resultado.

La pregunta clave deja de ser si el impacto existe, sino si lo estamos midiendo bien. Según el último sondeo de APOYO Consultoría, el 52% de las empresas reconoce dificultades para demostrar su impacto real. Más de la mitad de las empresas corre el riesgo de no saber qué cambios está generando, qué aspectos de sus operaciones deben mejorar, o si se están atendiendo las brechas prioritarias de forma estratégica.

Las empresas que están fortaleciendo su presencia en su entorno comparten un rasgo: miden. La pregunta que se hacen es: ¿en qué dimensión del bienestar de nuestra gente tenemos las mayores brechas y qué podemos mover?

EL DATO

Bienestar. Las empresas que hoy miden el bienestar de sus trabajadores con una mirada integral están construyendo ventaja competitiva: mejor retención de talento, mejor relación con el territorio, mejor anticipación de riesgos sociales y menor rotación en zonas donde reclutar es costoso. La información también permite priorizar: no todas las dimensiones tienen el mismo margen de mejora ni el mismo costo de intervención.

Una brújula para medir

Un índice de bienestar multidimensional —como el que construyó APOYO Consultoría a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)— no mide cuánto gana un trabajador, sino en qué condiciones vive y qué tan bien está cubierto en las dimensiones que determinan el bienestar. El instrumento agrega más de 20 indicadores en tres dimensiones: necesidades básicas (nutrición, agua, vivienda), fundamentos del bienestar (educación básica, salud, internet) y oportunidades (calidad del empleo, educación superior, bancarización).

¿Qué nos dice este índice acerca del trabajador entre 2021 y 2025? El índice nacional pasa de 60 a 63 puntos sobre 100. Intuitivamente, el trabajador peruano típico cubre 6 de cada 10 condiciones de bienestar.

Sin embargo, detrás de este promedio hay diferencias relevantes. Los trabajadores del sector agrario tradicional tienen niveles de bienestar significativamente menores a los de servicios. Asimismo, hay avances reales y retrocesos que preocupan. Los mayores avances ocurrieron en acceso a servicios de salud, digitalización y bancarización. Los retrocesos más graves están en la confianza institucional —que colapsa— y en la calidad del agua, la dieta y el logro educativo de los hijos.

Lo que uno aprende

El índice construido permite identificar no solamente qué indicadores han progresado más o menos, sino también caracterizar qué grupos de la población están más desarrollados o rezagados. Al respecto, el hallazgo más robusto del índice es la brecha que separa al trabajador formal del informal.

En promedio, en todos los sectores, el bienestar de los hogares cuyo jefe de hogar es trabajador formal supera al del informal en casi 8 puntos. La diferencia es más marcada en el agro, donde el hogar del trabajador formal supera a su par informal en 13 puntos. Detrás de ese número hay una historia concreta: los hogares de los trabajadores agro-formales naturalmente tienen mayor acceso a pensiones y a cuentas bancarias, pero también a agua y saneamiento (36% vs. 6%) y a combustible limpio dentro del hogar (79% vs. 37%).

La diferencia formal-informal es semejante en distintos tamaños de empresa, lo que sugiere que la palanca es la capacidad de absorber y generar puestos de trabajo formales. Esto tiene implicancias concretas para las políticas de cadena de suministro de grandes empresas.

Ahora bien, incluso en los trabajadores formales, se aprecian retos heterogéneos por sector económico. Al comparar el agro y la minería formal, por ejemplo, ambos tienen índices idénticos (66 puntos, por encima del promedio total), pero los datos revelan perfiles distintos de sus trabajadores. Una empresa minera que quiera invertir en el bienestar de su gente no debería replicar los programas de una agroexportadora, ni viceversa. Esta distinción es exactamente la que hace valiosa una mirada multidimensional.

Importancia. Más de la mitad de las empresas corre el riesgo de no saber qué cambios está generando si no mide.

Columna de Opinión: Medir impacto ya no es opcional

El Perú atraviesa un momento de alta polarización política y desconfianza institucional. La población tiene muy bajos niveles de confianza hacia el Poder Judicial, la Policía, los partidos políticos y el Gobierno en general. En ese contexto hay una excepción notable: el empleador.

Ese capital de confianza es un activo, pero frágil. Se construye despacio y se pierde rápido. En un entorno de riesgo regulatorio creciente, la empresa que puede demostrar con evidencia que el bienestar de sus trabajadores es alto y mejora año a año tiene un argumento de legitimidad poderoso. Gestionar ese impacto requiere medirlo con rigor.

La pregunta relevante para un CEO no es cuánto se invierte en bienestar, sino en qué dimensión se están cerrando brechas y en cuál se está retrocediendo. Esa pregunta tiene respuesta, pero solo si uno se da el trabajo de medirla. La empresa que mide, focaliza y demuestra impacto tiene una ventaja que no aparece en el balance, pero que se nota en el territorio.

Miguel Figallo, gerente de proyectos APOYO Consultoría, analiza los principales desafíos del sector hidrocarburos en el Perú, desde la baja exploración y la falta de predictibilidad regulatoria hasta el futuro de Camisea, la seguridad energética y la urgencia de una reforma en Petroperú.

¿Cómo describiría el estado de salud del sector hidrocarburos en el Perú? ¿Qué oportunidades y desafíos observa actualmente?

Pensando en la “salud” del sector, yo diría que hoy parece no estar tan mal, pero es un enfermo crónico. Lo pondría así porque hay muchos problemas que arrastramos desde hace años y que no hemos solucionado. Quizás en el corto plazo no se ven los efectos, pero sí pueden impactar en el mediano y largo plazo, y hacernos perder oportunidades importantes.

Uno de los principales problemas es el muy bajo nivel de exploración. Y eso ocurre porque no están bien puestos los incentivos regulatorios, empezando por la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En el caso del gas natural, además, no se ha impulsado un mecanismo que aumente la demanda. Esa demanda podría venir de una mayor exportación, de la petroquímica o de otros sectores, pero eso también requiere cambios regulatorios.

Si no hay más demanda, ¿por qué se va a explorar más gas, si hoy incluso tenemos que reinyectar parte del gas que extraemos? Ese es un problema importante que hoy quizá no se note, pero que más adelante puede tener un impacto significativo.

Otro gran dolor de cabeza es Petroperú. Muchas veces participa como socio o comprador dentro de la cadena de valor del sector, pero por falta de recursos no paga y eso debilita toda la cadena de pagos.

Y en el caso del gas natural, ya estamos a unos ocho años de que venzan los contratos originalmente diseñados a 30 años con Camisea, y todavía no tenemos una estrategia clara sobre qué viene después. Ya financiamos toda la infraestructura que hoy existe y que le ha generado resultados positivos al país, pero falta discutir qué queremos hacer en la siguiente etapa. Ahí hay una gran oportunidad que todavía no estamos aprovechando.

¿Cómo nos deja este panorama frente a otros países de la región? ¿Estamos dejando pasar oportunidades?

Sí. Un ejemplo muy claro es lo que está pasando con Venezuela. Se ha vuelto nuevamente un país atractivo para actores internacionales vinculados a la extracción de petróleo. Hay empresas de talla internacional, como Chevron, entrando allí, y también contratistas colombianos mirando ese mercado como una oportunidad.

En el Perú, por ejemplo, Chevron también está presente como socio de Anadarko, porque ve la región como un conjunto y evalúa dónde avanza más rápido. Pero hoy solo tenemos cinco lotes en exploración. Los grandes descubrimientos vienen de lotes antiguos y, actualmente, la actividad exploratoria es muy baja. En tres de esos cinco lotes participa Chevron como socio de Oxy y Anadarko, pero todavía está en estudios ambientales y no es claro si llegará a producir. Al final, este tipo de empresas va a decidir dónde destinar sus recursos de inversión, dependiendo de qué país les da mejores condiciones y más rapidez en su recuperación.

Entonces, si estos actores ya están mirando la región, la pregunta es cómo aprovechamos eso y qué incentivos damos para que se interesen más en explorar en el Perú.

Sobre la inversión de Anadarko frente a las costas de La Libertad, ¿qué cree que ha visto la empresa en esa zona?

En la medida en que existan recursos y se encuentren reservas de petróleo, claro que habrá interés. El problema aparece cuando los plazos para explorar son demasiado ajustados y los procedimientos toman demasiado tiempo.

Los estudios ambientales y las evaluaciones son necesarios, el problema es cuando esos procesos se extienden tanto que impiden que las empresas determinen cuántos recursos existen, qué calidad tienen y si la inversión es viable. En ese escenario, la inversión termina cayendo a cero por defecto.

Por eso hay que ampliar los plazos de los contratos de concesión de lotes, facilitar los temas vinculados a costos y penalidades, y mejorar la capacidad del Estado para evaluar de manera más rápida y eficiente a los operadores. Lo importante es dar predictibilidad a los inversionistas y decirles: “En estas condiciones sí vas a poder operar”. Hoy muchos instrumentos de gestión ambiental no son predecibles y eso termina siendo un problema.

¿Qué tan importante sigue siendo el sector hidrocarburos para la economía y para regiones alejadas como Loreto?

Es muy importante para ciertas economías regionales. Quizás no tiene el mismo peso que la minería en la recaudación nacional, pero sí es fundamental para determinadas zonas. En la costa norte del país, por ejemplo, donde se concentran los lotes petroleros, el canon representa recursos muy relevantes para los gobiernos subnacionales. Lo mismo ocurre con el canon gasífero en Cusco.

Además, hay otro tema importante. A veces hablamos de hidrocarburos como si fueran tecnologías del pasado, pero cuando uno analiza cómo ha crecido la demanda, encuentra que la demanda de hidrocarburos crece incluso más rápido que el PBI. Eso muestra que la necesidad de ellos todavía no está desapareciendo.

El diésel sigue siendo difícil de reemplazar en ciertas industrias y el gas natural ha sido fundamental para darle estabilidad energética al país. Gracias a ese gas hemos tenido electricidad barata y un sistema energético más estable, lo que ha permitido al Perú avanzar de manera ordenada en la transición energética.

Por eso, hablar de hidrocarburos no significa hablar de una industria que está muriendo. Hay un proceso de convivencia y de complementariedad con la transición energética.

Hace poco hubo una incidencia en el ducto de gas natural que generó problemas en Lima. ¿Qué se puede hacer para fortalecer la seguridad energética?

Lo que vimos tras la ruptura del ducto de Camisea fueron los efectos: problemas logísticos para el GNV y el GLP, alzas en los precios spot de electricidad, industrias que tuvieron que reducir operaciones y hasta impactos indirectos en agroexportación. Por ejemplo, hubo problemas para fabricar envases de vidrio porque esa industria es muy intensiva en gas natural. Entonces, incluso sectores que aparentemente no tenían relación directa terminaron afectados.

Ahora, pensando en cómo evitar que eso vuelva a ocurrir, hay varias alternativas. Una es construir ductos redundantes, pero eso es muy costoso, especialmente en zonas de difícil acceso. Otra opción es desarrollar sistemas de almacenamiento de gas natural en Lima mediante plantas de licuefacción y regasificación. Eso permitiría contar con reservas para momentos de escasez e incluso importar GNL si fuera necesario. Hemos visto modelos así en Colombia y el costo sería de alrededor de US$ 1,500 millones.

También existe la alternativa del llamado “anillo energético”, conectando el sur y la costa mediante un sistema integrado de ductos. Eso daría mayor seguridad, pero el costo sería muchísimo más alto, alrededor de US$ 7,000 millones.

Cualquiera de esas opciones requiere un nivel muy alto de coordinación. Cuando se desarrolló Camisea no se hizo solamente un ducto: también se desarrollaron las exportaciones de GNL, centrales termoeléctricas y toda una estrategia integral. Entonces, si queremos una segunda etapa de Camisea, tenemos que discutir qué queremos hacer como país (más exportación, petroquímica, mayor seguridad energética, más exploración). Todo eso requiere coordinación y visión de largo plazo.

¿Cuáles deberían ser las medidas urgentes para el próximo gobierno respecto del sector?

Diría que hay tres temas urgentes. El primero es la reestructuración de Petroperú. Todos los peruanos terminamos respaldando el préstamo de hasta US$ 2,000 millones que, con sus resultados financieros actuales, la empresa tendría un alto riesgo de no devolver ese dinero. El problema de fondo es que Petroperú pierde dinero todos los años. Y esto no es solo un problema fiscal. Petroperú es socio en algunos lotes, es el principal comprador de petróleo del país y además abastece zonas alejadas. Si ese actor no funciona eficientemente, el sector tampoco puede funcionar bien. Su reestructuración implica fortalecer el gobierno corporativo y alejarlo de intereses políticos.

El segundo tema es la licitación de los lotes petroleros. Hoy el Estado ni siquiera ha podido licitar algunos lotes y ha tenido que ampliar contratos temporalmente para evitar una caída en la producción. Hay que pensar en contratos más largos que permitan seguir invirtiendo y optimizando la producción.

Y el tercer punto es definir qué se hará con los contratos vinculados a Camisea, que vencen en ocho años. Necesitamos discutir desde ahora cómo queremos que sea el sector gasífero en los próximos 30 años: si queremos más exportación, petroquímica o nuevas inversiones en infraestructura.

Todo eso hay que discutirlo ya.

¿También debería abrirse una discusión más amplia sobre cambios regulatorios y el rol de Perúpetro?

Totalmente. Necesitamos mucha más exploración. Tenemos recursos valiosos y precios internacionales atractivos, pero hoy prácticamente no se está explorando. En gas natural casi no hay exploración y, en petróleo, solo tenemos cinco lotes con actividades exploratorias. Claramente, algo estamos haciendo mal como país para atraer inversión.

Por eso, sí creo que hay que revisar de manera consensuada los incentivos regulatorios. Hace algunos años el propio Ministerio de Energía y Minas trabajó propuestas de cambios para la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pero finalmente no se aprobaron.

Son debates que tenemos que retomar porque al final eso puede traducirse en más inversión y mayores beneficios para el país.

Finalmente, ¿qué tanto afecta la inestabilidad política al sector?

Muchísimo. Hasta el 2016, un ministro de Energía y Minas duraba en promedio 20 meses. Entre el 2016 y el 2021 el promedio bajó a seis meses y en este último quinquenio ha sido de apenas cinco meses. Cada vez que cambia el ministro, también cambian viceministros y directores generales. Con un interlocutor que cambia constantemente es casi imposible sostener conversaciones de mediano plazo sobre lo que el país necesita.

Cuando ya estás avanzando una discusión, cambia el interlocutor y tienes que empezar de nuevo. Esa degradación institucional, que afecta a muchos sectores del país, también está impactando de manera preocupante al sector Energía y Minas.

Lo que el Perú necesita es un Estado que cumpla bien las funciones que solo él puede hacer. Eso requiere reforma de la gestión pública, no demolición del marco que la financia.

En el Perú hay muchas cosas que deben cambiar. Los resultados en educación primaria son peores que hace diez años. La anemia infantil afecta a uno de cada tres niños. La inseguridad ha crecido sostenidamente y más de la mitad de la población siente que el país retrocede. Más del 80% está insatisfecho con los servicios públicos. Esa frustración es legítima. Sin embargo, el problema no está en el capítulo económico de la Constitución, sino más bien en la incapacidad del gobierno central, regional y local de gestionar adecuadamente los recursos que el modelo ha generado.

Este es el primero de una serie de artículos sobre los aspectos del modelo económico que definitivamente no deben modificarse: aquellos que son condición necesaria para atraer inversión, crear empleos de calidad y mantener la estabilidad macroeconómica que permite que las familias planifiquen, ahorren y progresen. Los llamaremos los «no negociables».

¿Por qué son no negociables? La respuesta es una cadena causal sencilla pero poderosa. Cuando las reglas de juego son predecibles, invertir es menos riesgoso. Esto incrementa la inversión —grande y pequeña, nacional y extranjera—. Cuando hay más inversión, se crea más empleo de calidad y las familias tienen más ingresos. Y en todo este proceso se pagan más impuestos para financiar los gastos del Estado. Esa cadena funciona en ambas direcciones: si las reglas cambian de manera impredecible, la inversión cae, el empleo se deteriora y los ingresos de las familias se resienten. El Estado termina con menos recursos.

El gran aporte del capítulo económico de la Constitución es que le da predictibilidad a los que operan exactamente sobre esa cadena. La seguridad de los contratos y la garantía que un contrato es ley entre las partes permite que quien invierte en una mina, una planta, un proyecto inmobiliario o un proyecto de largo plazo pueda confiar en que las condiciones no cambiarán arbitrariamente a mitad del camino. La igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera le dice al mundo que en el Perú se compite en igualdad de condiciones. El rol subsidiario del Estado lo enfoca en funciones que solo él puede cumplir cabalmente —seguridad, justicia, defensa del medio ambiente, programas sociales— en lugar de arriesgar recursos públicos en empresas donde el sector privado es más eficiente. Y la autonomía del BCR nos protege: cuando el banco central financia al gobierno, la inflación destruye primero la capacidad adquisitiva de los más pobres. Eliminar todo esto no nos generará mejores servicios públicos, sino todo lo contrario.

Lo que propone Juntos por el Perú no es original. Es una réplica de los cambios que Ecuador introdujo en 2008, Bolivia en 2009 y Venezuela antes que ambos países: los mismos argumentos y los mismos resultados. En los tres casos hubo años de aparente bonanza, pero ese crecimiento era artificial. Descansaba en el boom de materias primas y en una expansión insostenible del gasto público, mientras la inversión privada se retiraba silenciosamente. Cuando los precios cayeron, no había con qué reemplazar esos ingresos. Las reservas se agotaron, el déficit fiscal y la deuda pública se dispararon y el control de precios que vino después solo produjo escasez. Bolivia, que muchos citan como el caso exitoso, cerró la década con reservas internacionales desplomadas, escasez de combustibles y alimentos, y sin haber diversificado la actividad productiva. Ni qué decir de Venezuela, que de ser uno de los países con mayores ingresos pasó ahora a tener más del 80% de su población en pobreza y generó una emigración sin precedentes, separando familias en busca de sobrevivencia en otros países.

El Perú tomó el camino opuesto. Desde 1994, el PBI per cápita creció de manera sostenida, impulsado por inversión privada y exportaciones. El Estado tuvo más recursos que nunca. El problema es que no los gastó bien. La corrupción, la mala gestión y la ausencia de rendición de cuentas convirtieron un Estado con ingresos crecientes en uno incapaz de cumplir sus funciones básicas. Los números lo dicen sin rodeos: la tasa de homicidios casi se duplicó entre 2019 y 2025, pasando de 7 a 14 por cada 100.000 personas. El número de proyectos de inversión pública paralizados o abandonados pasó de 30 mil a 65 mil en el mismo período. Y el porcentaje de hogares sin acceso a desagüe subió de 17% a 23%. La pobreza, que se había reducido desde 54% hasta 20% en 2019, hoy está en 26%, siendo uno de los pocos países que no ha recuperado su nivel prepandemia. Más presupuesto, peores resultados.

Ahí está la trampa. El discurso de cambio radical le habla a una población justificadamente frustrada, pero apunta al lugar equivocado. En vez de corregir cómo el Estado gasta lo que el modelo genera, propone destruir la fuente de esos recursos. El resultado sería menos inversión, menos empleo de calidad, menos ingresos para las familias y, en consecuencia, más insatisfacción —no menos—. Lo que el Perú necesita es un Estado que cumpla bien las funciones que solo él puede hacer. Eso requiere reforma de la gestión pública, no demolición del marco que la financia.

El Perú ya vivió el experimento que hoy se propone repetir. Fue entre 1979 y 1990: estatismo, empresas públicas, control de precios, banco central al servicio del gobierno. Terminó en hiperinflación y pobreza masiva. Repetir este experimento una vez más, con evidencia irrefutable en contra, no es valentía. Es negligencia.

Fact-Checking: Lo que se propone cambiar en el plan de gobierno de JPP y por qué es un error

Art. 66 — Recursos Naturales

Propuesta: El Estado debe explotar los recursos estratégicos (Camisea, litio, petróleo, cobre, oro). Los privados solo pueden operar pagando una renta al Estado.

Por qué es un error: La extracción de recursos naturales es técnicamente compleja y financieramente riesgosa. El sector privado tiene las capacidades y asume ese riesgo. En el caso del sector minero, el Estado obtiene el 40%-50% de las utilidades vía impuestos y regalías —como si hubiese aportado esa parte del capital, pero sin arriesgar un sol—. Donde se intentó la estatización, fracasó: la capacidad productiva de petróleo o gas de Venezuela, Ecuador y Bolivia declinó cuando el Estado tomó el control. Perú tuvo décadas perdidas en los años setenta y ochenta por seguir este modelo.

Art. 62 — Estabilidad contractual

Propuesta: Derogar la estabilidad contractual para que el Estado pueda renegociar contratos que considere lesivos para el país.

Por qué es un error: Una mina, una central eléctrica o un gasoducto puede tardar más de cinco años en construirse, incluso más años en recuperar la inversión y operar durante décadas. Nadie invierte a largo plazo si las reglas pueden cambiar arbitrariamente a mitad del camino. La OCDE la reconoce como condición estándar para atraer inversión de largo plazo. Venezuela rompió contratos con Exxon, Shell y BP —y terminó con producción colapsada y arbitrajes internacionales millonarios en su contra.

Art. 63 — Inversión nacional y extranjera / CIADI

Propuesta: Eliminar la igualdad de trato entre inversión nacional y extranjera. Prohibir el arbitraje internacional (CIADI) y someter todos los conflictos al Poder Judicial peruano.

Por qué es un error: Antes de la Constitución de 1993, la inversión extranjera directa (IED) en el Perú era prácticamente inexistente (0% del PBI). Tras los cambios constitucionales, subió a 5% del PBI. Ecuador, Bolivia y Venezuela salieron del CIADI, y su IED cayó significativamente en los años siguientes. Someter disputas solo al Poder Judicial peruano no genera confianza: 75% de peruanos desconfía del Poder Judicial.

Arts. 58 y 60 — Economía social de mercado / Subsidiariedad

Propuesta: Eliminar el rol subsidiario del Estado y crear empresas públicas en minería y sectores estratégicos. El Estado debe ser gestor y socio activo en la economía.

Por qué es un error: El rol del Estado no es competir con el privado: es regular la actividad empresarial para maximizar su impacto —garantizando libre competencia, protección ambiental y respeto de derechos— mientras se concentra en lo que solo él puede hacer bien. Además, el Estado peruano es un mal gestor de empresas. Petro-Perú acumula pérdidas por más de US$2.200 millones, una deuda de US$7.900 millones, y ha requerido rescates por US$5.000 millones en cuatro años —recursos que pudieron financiar hospitales, colegios y carreteras—.

Arts. 84 y 85 — BCR y reservas internacionales

Propuesta: Ampliar el mandato del BCR para incluir el «desarrollo nacional». Exigir que el 50% de las Reservas Internacionales Netas (RIN) estén en oro.

Por qué es un error: El mandato único de inflación le ha funcionado extraordinariamente bien al Perú: desde que opera con metas explícitas, la inflación peruana ha sido la más baja de América Latina y el sol la moneda más sólida de la región. A quien más ha beneficiado es a los hogares de menores ingresos, que tienen menos posibilidades de protegerse frente al alza de precios. Exigir que el 50% de las RIN esté en oro es un error técnico: el precio del oro es mucho más volátil que el dólar y no genera rentabilidad. Aumentar su peso en las RIN afectaría su rol como seguro frente a los vaivenes del entorno internacional.

Fundador de APOYO Consultoría reflexiona sobre este ejercicio peruano de caminar al borde del abismo cada cinco años y el miedo como arma en una elección. Sin embargo, confía en que es posible la reconciliación nacional.

—Cada cinco años decimos que estamos en las elecciones más cruciales de la historia. ¿Hasta cuándo?

TTR: ¿Cómo ven el panorama de M&A en América Latina este año, considerando un mercado más selectivo, con menor volumen, pero mayor tamaño de operaciones y un fuerte peso del capital internacional?

El mercado de M&A en América Latina está entrando en una etapa más selectiva, pero no necesariamente menos dinámica. De hecho, durante los últimos trimestres hemos visto una recuperación de la actividad respecto a niveles prepandemia, especialmente en operaciones de mayor escala y en sectores estratégicos como energía, infraestructura, telecomunicaciones, minería y servicios financieros.

América Latina sigue siendo atractiva para capital internacional por varias razones estructurales: brechas relevantes en infraestructura y digitalización, una clase media todavía en expansión en ciertos mercados, abundancia de recursos naturales críticos para la transición energética y oportunidades de consolidación en industrias fragmentadas. Todo ello genera espacio para tasas de crecimiento superiores a las de mercados desarrollados.

Lo que observamos es un mercado con transacciones de mayor tamaño. Los inversionistas, particularmente internacionales, están priorizando activos líderes, con ventajas competitivas claras, capacidad de expansión regional que permita acelerar el crecimiento y generación resiliente de caja – un claro “flight to quality” en M&A.

El principal cambio frente a años anteriores es la mayor rigurosidad en el proceso de inversión. Tanto inversionistas estratégicos como financieros están siendo mucho más disciplinados en el análisis de sinergias y creación de valor post-transacción. Los procesos toman más tiempo, las ofertas indicativas son más trabajadas y existe un foco mucho mayor en el due diligence operativo, regulatorio y comercial.

Finalmente, en mercados como Perú y Colombia, creemos que una mayor estabilidad política podría convertirse en un catalizador relevante para reactivar aún más la actividad de M&A durante los próximos años.

TTR: En términos sectoriales, ¿qué industrias están liderando hoy el flujo de transacciones en Perú, como energía, minería, infraestructura, inmobiliario, consumo o fintech y dónde están viendo las oportunidades más claras de creación de valor?

En Perú, las transacciones se están concentrando principalmente en sectores donde el país tiene ventajas competitivas estructurales y una tesis clara de crecimiento de largo plazo: energía, minería, infraestructura, logística y recursos naturales.

Energía ha sido uno de los sectores más activos en los últimos meses, con operaciones relevantes como la adquisición de Orygen por Grupo Romero y la compra de una participación en Inkia Energy por CPPIB. Esto refleja una tendencia regional y global: el creciente apetito por activos vinculados a la generación eléctrica, la transición energética y la estabilidad de flujos de caja de largo plazo.

Minería y los servicios a la minería continúan siendo un sector central para el mercado peruano, particularmente por el posicionamiento del país en cobre y otros minerales estratégicos vinculados a electrificación, inteligencia artificial y transición energética. Perú sigue siendo uno de los mercados más relevantes en este sector.

También vemos oportunidades cada vez más importantes en infraestructura y logística. El desarrollo del Puerto de Chancay tiene el potencial de posicionar al Perú como un hub logístico relevante para la costa oeste de Sudamérica, generando oportunidades de inversión no solo en transporte y almacenamiento, sino también en servicios conexos, industria, comercio exterior y desarrollo inmobiliario industrial.

En términos de creación de valor, hoy vemos que el foco está menos en crecimiento financiero y mucho más en transformación operativa y estratégica. Las mayores oportunidades están en compañías con activos sólidos, pero con espacio para mejorar el gobierno corporativo, eficiencias, digitalización, y estructura de capital. Esto es especialmente evidente en el middle market peruano, donde muchas empresas familiares tienen negocios muy competitivos y están en procesos de profesionalización para atraer capital internacional.

TTR: En un contexto donde sectores como tecnología, energía y servicios financieros concentran el interés inversor global, ¿qué está haciendo Perú para posicionarse competitivamente dentro de esos verticales frente a otros mercados de la región?

Perú mantiene una posición competitiva relevante dentro de la región, especialmente en sectores donde tiene ventajas estructurales claras como energía, minería, infraestructura y recursos naturales. La presencia sostenida de capital extranjero, particularmente de inversionistas asiáticos y fondos globales, confirma que el país continúa siendo visto como una plataforma atractiva para inversiones de largo plazo.

Uno de los principales atributos del Perú sigue siendo su estabilidad macroeconómica relativa frente a otros mercados de la región. Niveles de inflación más controlados, estabilidad cambiaria y una tradición de disciplina fiscal generan mayor confianza para el inversionista internacional, especialmente en un entorno global donde el costo de capital sigue siendo más exigente.

Sin embargo, para fortalecer aún más su posicionamiento regional, el país necesita avanzar en mayor predictibilidad regulatoria, acelerar procesos asociados a permisos y destrabar proyectos de inversión relevantes.

En energía y minería, Perú tiene una oportunidad relevante por la demanda global asociada a la transición energética, electrificación e inteligencia artificial. El interés por el cobre seguirá posicionando al país como un actor estratégico dentro de las cadenas globales de suministro.

En tecnología y servicios financieros, vemos una oportunidad importante vinculada a la baja penetración financiera y los altos niveles de informalidad. Lo cual abre el espacio para el desarrollo de fintechs y plataformas tecnológicas enfocadas en pagos, crédito alternativo, infraestructura financiera, soluciones B2B y digitalización de pymes. Más que competir por tamaño de mercado frente a países como Brasil o México, Perú puede posicionarse como un mercado con alto potencial de crecimiento y espacio para emprender.

Finalmente, desde el sector privado, la preparación de las compañías será cada vez más determinante para atraer capital. Hoy los inversionistas buscan empresas con un buen gobierno corporativo, capacidades digitales y métricas claras de creación de valor.

TTR: Dado el protagonismo de sectores como transición energética, data centers e infraestructuras, ¿dónde identifican ustedes el mayor gap entre percepción de riesgo y oportunidad real para los inversores en Perú?

En sectores vinculados a energía e infraestructura, uno de los principales gaps entre percepción de riesgo y oportunidad real sigue siendo el componente regulatorio y de ejecución. Esto está asociado principalmente a procesos de permisos, renovaciones de concesiones y adendas, así como a los tiempos requeridos para llevar proyectos a operación. Sin embargo, muchos inversionistas con experiencia en mercados emergentes entienden que estos riesgos son gestionables y que, precisamente por esa percepción de complejidad, existen oportunidades para adquirir activos estratégicos con mejores retornos relativos frente a mercados más desarrollados.

En infraestructura digital y data centers, la brecha es distinta y está más relacionada con escala y madurez del mercado. América Latina todavía tiene una oferta limitada de plataformas regionales suficientemente grandes para absorber la creciente demanda por conectividad, almacenamiento de datos, servicios cloud e inteligencia artificial. Perú aún está en una etapa temprana de desarrollo en este segmento, lo cual abre oportunidades atractivas para inversionistas con visión de largo plazo que puedan construir escala mediante adquisiciones pequeñas y estrategias de consolidación/add-ons.

En ambos casos, la estructuración de las transacciones se ha vuelto un elemento central para cerrar operaciones y reducir brechas entre compradores y vendedores. Hoy vemos procesos con mayor nivel de due diligence, estructuras de adquisición gradual, earnouts, joint ventures y uso creciente de seguros de R&W. Este tipo de herramientas está ganando relevancia en la región porque permite ejecutar transacciones en entornos más exigentes sin frenar el apetito de inversión de largo plazo.

TTR: De cara al segundo semestre, ¿cuáles serán los principales desafíos para APOYO Consultoría en términos de ejecución, pipeline y cierre de operaciones en un entorno de mayor exigencia por parte de los inversores?

Actualmente estamos viendo un pipeline dinámico e interesante, en un entorno donde los procesos son más exigentes y toman más tiempo que hace algunos años. Los inversionistas están realizando due diligence mucho más profundo, los comités de inversión requieren mayor visibilidad sobre riesgos y creación de valor, y existe una disciplina mucho más marcada en la valorización y estructuración de la transacción.

Por ello nosotros elevamos el nivel de preparación de cada proceso. Hoy ya no basta con presentar una compañía atractiva; es necesario construir una tesis de inversión sólida, anticipar contingencias, preparar información financiera y operativa de alta calidad y diseñar estructuras que funcionen tanto para compradores como vendedores. En ese contexto, el enfoque multidisciplinario de APOYO Consultoría es especialmente relevante, porque nos permite complementar la asesoría financiera con capacidades sectoriales, regulatorias y estratégicas. Además, a través de nuestra plataforma global de Oaklins, accedemos a compradores internacionales y experiencia sectorial especializada que amplían de manera importante el alcance en los procesos.

También estamos utilizando cada vez más herramientas orientadas a reducir la fricción y aumentar la probabilidad de cierre. Procesos que incorporan un vendor due diligence y análisis de riesgos regulatorios permiten anticipar contingencias antes de salir al mercado. Asimismo, estructuras como adquisiciones parciales y/o earnouts están ganando relevancia porque ayudan a cerrar brechas de valorización y facilitan acuerdos en un entorno más riguroso.

En los últimos años, el Estado peruano ha destinado recursos a una amplia gama de prioridades, pero becar a sus mejores estudiantes no ha sido una de ellas. El reciente anuncio de que cerca de 300 jóvenes admitidos en las mejores universidades del mundo quedarían sin poder postular a las 150 plazas que el programa ofrece cada año, sumado a los problemas previos de presupuesto en torno a Beca 18, revela las prioridades del Estado. Esto ocurre en un contexto en el que el Ejecutivo ha comprometido cerca de S/20 mil millones en nueve rescates a Petroperú desde 2022. El Congreso, por su parte, ha aprobado medidas que reducirían la recaudación en S/34,564 millones y, además, ha elevado su propio presupuesto en un promedio de S/366 millones anuales por encima de lo propuesto inicialmente por el MEF desde 2022. Solo el último incremento, equivalente a S/485 millones, habría bastado para cubrir más de la mitad del déficit presupuestal que enfrenta Pronabec este año.

La Beca Generación del Bicentenario (BGB) es, en este contexto, una de las líneas más pequeñas del presupuesto público, apenas 0,028% del presupuesto anual de Educación, que, a su vez, concentra cerca de una quinta parte del presupuesto público total. Sin embargo, desde 2012 ha adjudicado 2,785 becas a profesionales peruanos de alto rendimiento académico y recursos limitados para cursar maestrías y doctorados en las 400 mejores universidades del mundo, bajo compromiso de retorno y servicio profesional al país, con un costo aproximado de S/232 mil por maestría y S/411 mil por doctorado. Su magnitud queda clara al compararla con lo que el Congreso gasta en bonos de planilla. Entre 2021 y 2025, las cinco convocatorias anuales de la BGB demandaron un presupuesto de S/45 millones, tres veces menos que los S/ 134 millones que el Congreso asigna en un solo año a la partida donde se registra escolaridad, aguinaldos, gratificaciones, bono de productividad y bono por crecimiento económico. Esos S/ 134 millones habrían financiado 580 maestrías o más de 320 doctorados en el extranjero.

La BGB es una de las pocas políticas públicas con capacidad real de transformar de manera sostenible la vida de los peruanos, dado que interviene simultáneamente en tres dimensiones: (i) la formación de capital humano avanzado, (ii) la movilidad social intergeneracional, y (iii) la capacidad de un país para multiplicar conocimiento en nuevas generaciones. Al articular estas tres dimensiones, la beca contribuye a mejorar la oferta laboral, reducir la pobreza y elevar la productividad en el largo plazo

Por un lado, el programa contribuye a cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de talento en el mercado laboral peruano. Actualmente, nueve de cada diez empresas reportan dificultades para encontrar trabajadores con las calificaciones que requieren, especialmente en tecnologías de información, ingeniería e investigación aplicada. Los becarios se forman justamente en esas disciplinas, donde la oferta local es más escasa.

La beca es también uno de los pocos canales reales de movilidad intergeneracional que ofrece el sistema peruano. De hecho, los trabajadores con posgrado perciben ingresos 63,5% mayores que quienes solo culminaron el pregrado y registran una tasa de empleo informal de 13,1%, menos de la mitad del 31,2% observado entre quienes tienen educación universitaria completa. Además del ingreso mayor que reciben los trabajadores con posgrado, hay que tomar en cuenta que el 70,5% de sus beneficiarios proviene de universidades públicas y el 49,3% postula desde fuera de Lima. En la práctica, el programa financia la distancia que separa a estudiantes talentosos de bajos ingresos de instituciones académicas de excelencia global, una brecha que el mercado no resuelve por sí solo.

Además, el impacto del programa no termina en el becario. De acuerdo con el más reciente estudio de Pronabec sobre experiencias de retorno, el 75,9% de los beneficiarios pasa más tiempo en el Perú que en el extranjero luego de culminar el posgrado. Una proporción relevante, además, se incorpora a la docencia universitaria, multiplicando el efecto de la inversión pública sobre nuevas generaciones de talento. En conjunto, esto puede contribuir a elevar la productividad del país en el largo plazo.

Cada año que se posterga esta inversión, el país renuncia a una cohorte de ingenieros, médicos, investigadores y servidores públicos formados al más alto nivel. También renuncia a los encadenamientos que esa formación genera sobre la productividad y la movilidad social de familias que no pueden costear un posgrado en el extranjero. El Ejecutivo todavía puede corregir el rumbo: asegurar los recursos y, evitar que otro grupo de estudiantes quede fuera no por falta de mérito, sino por falta de voluntad política.

En entrevista con Perú21, el socio y economista principal de Apoyo Consultoría, José Carlos Saavedra, advirtió sobre la presión al alza en el tipo de cambio desde que Roberto Sánchez pasó al segundo lugar. También habló acerca de la situación de Petroperú y el impacto de los proyectos con iniciativas de gasto aprobados en el Congreso.

Las iniciativas de gasto del Congreso para incrementar sueldos en el sector público no cesan. ¿Cuáles son las implicancias para la economía peruana? ¿Será complicado el cumplimiento de la regla fiscal para la próxima administración?

Esas iniciativas reducen el espacio fiscal para inversiones de mayor retorno, como la inversión pública en general. Asimismo, al incrementar el gasto corriente, se genera una rigidez presupuestaria que limita la capacidad del Estado para reasignar recursos en situaciones de emergencia, como un fenómeno El Niño. Respecto al cumplimiento de la regla fiscal, aunque el año pasado se cumplieron las metas de déficit fiscal y de deuda pública gracias a ingresos extraordinarios por buenos precios de metales, se incumplieron las metas de gasto corriente y gasto público. Para este año, la meta de déficit podría cumplirse “con las justas” debido a un entorno aún favorable de los precios de los metales y al empuje de la actividad económica.  Sin embargo, el panorama que se le deja a la siguiente administración es muy complicado, especialmente el próximo año. Se está dejando un entorno con excesivos gastos adicionales aprobados y compromisos financieros importantes (como beneficios laborales adicionales para trabajadores CAS, nueva escala de pensiones para docentes jubilados, régimen pensionario militar y policial, y la compra de aviones), lo que hará muy desafiante cumplir la meta del próximo año, que es más rigurosa que este año (pasando de un déficit de 1.8% a uno de 1.4%).

¿Se le debe brindar respaldo financiero a Petroperú cuando ha incumplido reiteradamente sus obligaciones con el Estado?

Los problemas de liquidez de Petroperú generan riesgos financieros sobre sus proveedores, que pueden comenzar a incumplir sus pagos, y sobre las familias en su zona de influencia, cuyas economías dependen de la actividad. En este sentido, se puede considerar un apoyo acotado (no por todo el monto de su deuda, sino pagos de corto plazo), excepcional y sujeto al cumplimiento de condiciones, que evite un rompimiento en su cadena de pagos. Creemos que estas serían condiciones que se pueden poner al traspaso de recursos:

• Continuar y agilizar el proceso de reestructuración a través de Proinversión.

• Avanzar en la separación de unidades de negocio.

• Establecer procesos para la incorporación de capital privado en todas las unidades operativas de la empresa.

• Implementar mejoras estrictas en la gobernanza corporativa.

Si el proceso de reestructuración se viera interrumpido o fallara, se debiera considerar seriamente la venta de unidades o la liquidación de la empresa.

Hay un candidato antisistema que podría pasar a la segunda vuelta. ¿Cuáles son los riesgos que representa para la economía? ¿Se está observando una salida de capitales y de personas del país? ¿Qué políticas no han funcionado en el pasado?

Un candidato de este perfil (antisistema) representa riesgos significativos para la economía con impacto a través de los siguientes canales:

• Incertidumbre política: Impacta directamente en la confianza para invertir y contratar. Propuestas como Asamblea Constituyente, nacionalización de yacimientos mineros, revisión unilateral del marco tributario minero y de Tratados de Libre Comercio elevan los riesgos percibidos sobre el entorno de negocios, aun cuando no se concretan.

• Endurecimiento regulatorio: Especialmente iniciativas que generen mayor rigidez y sobrecostos en el mercado laboral.

• Deterioro de la gestión pública: Existe el riesgo de que se acentúe la tendencia de deterioro del aparato estatal (personal menos técnico y cuotas políticas). Esto reduce la capacidad del Estado para responder ante crisis (como ocurrió con la crisis de fertilizantes o el FEN), proveer servicios de calidad al ciudadano (que incluye la drástica reducción de la inseguridad ciudadana) y planificar e implementar políticas de largo aliento.

Sobre la salida de capitales, se ha observado cierta presión al alza sobre el tipo de cambio desde que Sánchez pasó a segundo lugar y Banco Central, aunque aún no ha habido presión en la magnitud vista durante el periodo de Pedro Castillo (mayor salida de capitales externos de corto plazo desde 1950 (US$ 17,000 millones)). En ese sentido, ese sigue siendo un potencial riesgo.

Y las políticas que no han funcionado en los últimos años son:

• Medidas de rigidez laboral, como la Agenda 19 propuesta durante el gobierno de Pedro Castillo (restricciones a la tercerización, aumentos de salario mínimo sin sustento, reposiciones automáticas), que se suman a otras políticas que ya vuelven rígido al mercado laboral peruano. Esto dificulta la reducción de la informalidad y ha llevado a que los contratos a plazo fijo (más enfocados en el corto plazo) tengan mayor peso sobre los contratos indeterminados (más enfocados en el mediano-largo plazo).

• El exceso de trámites para la inversión minera, que ha frenado el crecimiento de la cartera de proyectos.

• Los retiros de fondos de AFP, que han reducido la rentabilidad del sistema y la capacidad de las personas para financiar su jubilación.

Cuando Pedro Castillo asumió la presidencia, ¿qué se perdió que no debería repetirse?

Durante ese periodo, se perdieron elementos institucionales críticos, lo cual no debería repetirse:

• Un MEF fuerte: Se perdió la capacidad del Ministerio de Economía para oponerse a aumentos de gasto público irresponsables.

• Estado funcional: La alta rotación ministerial impidió cualquier planificación de largo plazo, sumado a deficiencias en la gestión de inversiones.

• Crecimiento potencial: No se aprovecharon los contextos de altos precios de metales para impulsar la economía de manera sostenida.

• Espacio fiscal: Se consumieron recursos que debieran haber servido para responder a emergencias.

• Seguridad ciudadana: Inacción ante avance de economías ilegales y mal manejo de la conflictividad social.

¿El crecimiento de la economía peruana para este y el próximo año está en riesgo? ¿La inversión y el empleo también lo están?

El crecimiento económico para este año y el próximo podría ser afectado principalmente a través del canal de inversión privada: al ser muy sensible a la incertidumbre, podría verse afectada significativamente, lo que impacta directamente en la generación de empleo formal. Y más allá de los números macro, está en riesgo la capacidad para sacar a la gente de la pobreza y generar bienestar.

Para mitigar estos riesgos ante un eventual gobierno antisistema, el mínimo indispensable es respetar el capítulo económico de la Constitución, lo que incluye:

• Respeto a la propiedad privada.

• Respeto a los contratos.

• Independencia del BCR y que no financie al Tesoro Público.

• Rol subsidiario del Estado.

• Respeto a los tratados de libre comercio.

• Libre disponibilidad de moneda extranjera.

• Trato igualitario a la inversión extranjera y local.

Propuesta 6 de 9 | Reformar la carrera policial para profesionalizar a la PNP

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano. Entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de seguridad ciudadana, reformar la carrera policial para mejorar la formación de la PNP y su desarrollo profesional.

La Policía Nacional es una de las principales instituciones de las que depende la respuesta del Estado frente a la inseguridad, pero hoy enfrenta una crisis de desempeño y legitimidad. Esto se refleja en que solo 19% de la población confía en la PNP. Entre las razones de esa desconfianza, 55% cree que se explica por pedidos o recepción de coimas, 23% percibe que no hay vigilancia ni patrullaje efectivo y 22% afirma que la policía no acude cuando se le llama, según la ENAPRES 2024. Asimismo, 67% de la ciudadanía percibe que la corrupción en policías, jueces y fiscales dificulta sancionar los delitos. El problema, entonces, no es solo de imagen. Es una debilidad institucional que afecta la capacidad real del Estado para enfrentar delitos cada vez más complejos.

Parte importante de esta situación responde a fallas estructurales en la formación y en la carrera policial. Por un lado, la mala formación debilita el desempeño. Lo que hoy aprenden suboficiales y oficiales no siempre responde a las exigencias del trabajo policial actual. En los suboficiales sigue predominando la disciplina y el esfuerzo físico, con poca formación técnica y analítica para funciones complejas. En los oficiales, el énfasis continúa puesto en el mando y los contenidos normativos, con escasa profundización en investigación criminal, inteligencia y análisis estratégico. A ello se suman alta rotación de docentes, escasa profesionalización pedagógica y brechas de infraestructura y equipamiento. Por otro lado, una carrera policial que no premia el mérito ni la especialización también debilita la integridad institucional. Los ascensos dependen en buena medida de la antigüedad, los instrumentos de evaluación están desactualizados y no existen incentivos claros para especializarse y permanecer en áreas estratégicas como inteligencia e investigación criminal.

En este contexto, desde APOYO Consultoría proponemos tres medidas para profesionalizar a la PNP y alinear mejor la formación y la carrera policial con las exigencias reales de la lucha contra el crimen organizado.

1. Reformar de manera efectiva la formación inicial de suboficiales y oficiales. La reforma debe incluir un rediseño curricular con enfoque por competencias que priorice el análisis de información, e ir acompañada de inversiones iniciales en infraestructura y equipamiento de las escuelas policiales, incluyendo aulas adecuadas, bibliotecas especializadas, laboratorios, simuladores y recursos tecnológicos. Asimismo, es indispensable fortalecer la docencia policial, atrayendo y reteniendo personal con capacidades pedagógicas modernas y experiencia técnica, y consolidando la enseñanza como una trayectoria más estable y especializada dentro de la institución.
2. Rediseñar la carrera policial para que premie mérito y desempeño. La reforma debe modernizar los instrumentos de evaluación y ascenso, para vincular la progresión profesional al desempeño efectivo y a la acumulación de capacidades técnicas. Eso implica establecer criterios meritocráticos más transparentes y predecibles, que reduzcan la percepción de arbitrariedad y den señales claras sobre qué se espera de un buen policía.
3. Hacer de la especialización un eje del desarrollo profesional policial. La reforma debe establecer incentivos claros para que la especialización en áreas estratégicas como investigación criminal e inteligencia se consolide como una trayectoria profesional estable y atractiva, con condiciones de permanencia que permitan acumular capacidades institucionales sostenidas.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El Ejecutivo debe conformar un equipo técnico dentro del MININTER y encargarle el diseño del plan. Sobre esa base, en los primeros 100 días debe identificarse con claridad qué cambios normativos requiere la reforma. Esto supone revisar y, de ser necesario, modificar normas como la Ley de la Policía Nacional del Perú, la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP y su reglamento, la Ley del Régimen Educativo de la PNP y la Ley que regula el régimen disciplinario de la PNP. En paralelo, debe iniciarse el rediseño curricular, el fortalecimiento de la docencia policial, las inversiones iniciales en infraestructura y equipamiento, y los pilotos de líneas de carrera especializadas.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con diagnóstico claro, sustento técnico y una ruta concreta para construir una Policía más profesional, más especializada y mejor preparada para enfrentar el crimen organizado. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.