En entrevista con Perú21, el socio y economista principal de Apoyo Consultoría, José Carlos Saavedra, advirtió sobre la presión al alza en el tipo de cambio desde que Roberto Sánchez pasó al segundo lugar. También habló acerca de la situación de Petroperú y el impacto de los proyectos con iniciativas de gasto aprobados en el Congreso.

Las iniciativas de gasto del Congreso para incrementar sueldos en el sector público no cesan. ¿Cuáles son las implicancias para la economía peruana? ¿Será complicado el cumplimiento de la regla fiscal para la próxima administración?

Esas iniciativas reducen el espacio fiscal para inversiones de mayor retorno, como la inversión pública en general. Asimismo, al incrementar el gasto corriente, se genera una rigidez presupuestaria que limita la capacidad del Estado para reasignar recursos en situaciones de emergencia, como un fenómeno El Niño. Respecto al cumplimiento de la regla fiscal, aunque el año pasado se cumplieron las metas de déficit fiscal y de deuda pública gracias a ingresos extraordinarios por buenos precios de metales, se incumplieron las metas de gasto corriente y gasto público. Para este año, la meta de déficit podría cumplirse “con las justas” debido a un entorno aún favorable de los precios de los metales y al empuje de la actividad económica.  Sin embargo, el panorama que se le deja a la siguiente administración es muy complicado, especialmente el próximo año. Se está dejando un entorno con excesivos gastos adicionales aprobados y compromisos financieros importantes (como beneficios laborales adicionales para trabajadores CAS, nueva escala de pensiones para docentes jubilados, régimen pensionario militar y policial, y la compra de aviones), lo que hará muy desafiante cumplir la meta del próximo año, que es más rigurosa que este año (pasando de un déficit de 1.8% a uno de 1.4%).

¿Se le debe brindar respaldo financiero a Petroperú cuando ha incumplido reiteradamente sus obligaciones con el Estado?

Los problemas de liquidez de Petroperú generan riesgos financieros sobre sus proveedores, que pueden comenzar a incumplir sus pagos, y sobre las familias en su zona de influencia, cuyas economías dependen de la actividad. En este sentido, se puede considerar un apoyo acotado (no por todo el monto de su deuda, sino pagos de corto plazo), excepcional y sujeto al cumplimiento de condiciones, que evite un rompimiento en su cadena de pagos. Creemos que estas serían condiciones que se pueden poner al traspaso de recursos:

• Continuar y agilizar el proceso de reestructuración a través de Proinversión.

• Avanzar en la separación de unidades de negocio.

• Establecer procesos para la incorporación de capital privado en todas las unidades operativas de la empresa.

• Implementar mejoras estrictas en la gobernanza corporativa.

Si el proceso de reestructuración se viera interrumpido o fallara, se debiera considerar seriamente la venta de unidades o la liquidación de la empresa.

Hay un candidato antisistema que podría pasar a la segunda vuelta. ¿Cuáles son los riesgos que representa para la economía? ¿Se está observando una salida de capitales y de personas del país? ¿Qué políticas no han funcionado en el pasado?

Un candidato de este perfil (antisistema) representa riesgos significativos para la economía con impacto a través de los siguientes canales:

• Incertidumbre política: Impacta directamente en la confianza para invertir y contratar. Propuestas como Asamblea Constituyente, nacionalización de yacimientos mineros, revisión unilateral del marco tributario minero y de Tratados de Libre Comercio elevan los riesgos percibidos sobre el entorno de negocios, aun cuando no se concretan.

• Endurecimiento regulatorio: Especialmente iniciativas que generen mayor rigidez y sobrecostos en el mercado laboral.

• Deterioro de la gestión pública: Existe el riesgo de que se acentúe la tendencia de deterioro del aparato estatal (personal menos técnico y cuotas políticas). Esto reduce la capacidad del Estado para responder ante crisis (como ocurrió con la crisis de fertilizantes o el FEN), proveer servicios de calidad al ciudadano (que incluye la drástica reducción de la inseguridad ciudadana) y planificar e implementar políticas de largo aliento.

Sobre la salida de capitales, se ha observado cierta presión al alza sobre el tipo de cambio desde que Sánchez pasó a segundo lugar y Banco Central, aunque aún no ha habido presión en la magnitud vista durante el periodo de Pedro Castillo (mayor salida de capitales externos de corto plazo desde 1950 (US$ 17,000 millones)). En ese sentido, ese sigue siendo un potencial riesgo.

Y las políticas que no han funcionado en los últimos años son:

• Medidas de rigidez laboral, como la Agenda 19 propuesta durante el gobierno de Pedro Castillo (restricciones a la tercerización, aumentos de salario mínimo sin sustento, reposiciones automáticas), que se suman a otras políticas que ya vuelven rígido al mercado laboral peruano. Esto dificulta la reducción de la informalidad y ha llevado a que los contratos a plazo fijo (más enfocados en el corto plazo) tengan mayor peso sobre los contratos indeterminados (más enfocados en el mediano-largo plazo).

• El exceso de trámites para la inversión minera, que ha frenado el crecimiento de la cartera de proyectos.

• Los retiros de fondos de AFP, que han reducido la rentabilidad del sistema y la capacidad de las personas para financiar su jubilación.

Cuando Pedro Castillo asumió la presidencia, ¿qué se perdió que no debería repetirse?

Durante ese periodo, se perdieron elementos institucionales críticos, lo cual no debería repetirse:

• Un MEF fuerte: Se perdió la capacidad del Ministerio de Economía para oponerse a aumentos de gasto público irresponsables.

• Estado funcional: La alta rotación ministerial impidió cualquier planificación de largo plazo, sumado a deficiencias en la gestión de inversiones.

• Crecimiento potencial: No se aprovecharon los contextos de altos precios de metales para impulsar la economía de manera sostenida.

• Espacio fiscal: Se consumieron recursos que debieran haber servido para responder a emergencias.

• Seguridad ciudadana: Inacción ante avance de economías ilegales y mal manejo de la conflictividad social.

¿El crecimiento de la economía peruana para este y el próximo año está en riesgo? ¿La inversión y el empleo también lo están?

El crecimiento económico para este año y el próximo podría ser afectado principalmente a través del canal de inversión privada: al ser muy sensible a la incertidumbre, podría verse afectada significativamente, lo que impacta directamente en la generación de empleo formal. Y más allá de los números macro, está en riesgo la capacidad para sacar a la gente de la pobreza y generar bienestar.

Para mitigar estos riesgos ante un eventual gobierno antisistema, el mínimo indispensable es respetar el capítulo económico de la Constitución, lo que incluye:

• Respeto a la propiedad privada.

• Respeto a los contratos.

• Independencia del BCR y que no financie al Tesoro Público.

• Rol subsidiario del Estado.

• Respeto a los tratados de libre comercio.

• Libre disponibilidad de moneda extranjera.

• Trato igualitario a la inversión extranjera y local.

Propuesta 6 de 9 | Reformar la carrera policial para profesionalizar a la PNP

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano. Entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de seguridad ciudadana, reformar la carrera policial para mejorar la formación de la PNP y su desarrollo profesional.

La Policía Nacional es una de las principales instituciones de las que depende la respuesta del Estado frente a la inseguridad, pero hoy enfrenta una crisis de desempeño y legitimidad. Esto se refleja en que solo 19% de la población confía en la PNP. Entre las razones de esa desconfianza, 55% cree que se explica por pedidos o recepción de coimas, 23% percibe que no hay vigilancia ni patrullaje efectivo y 22% afirma que la policía no acude cuando se le llama, según la ENAPRES 2024. Asimismo, 67% de la ciudadanía percibe que la corrupción en policías, jueces y fiscales dificulta sancionar los delitos. El problema, entonces, no es solo de imagen. Es una debilidad institucional que afecta la capacidad real del Estado para enfrentar delitos cada vez más complejos.

Parte importante de esta situación responde a fallas estructurales en la formación y en la carrera policial. Por un lado, la mala formación debilita el desempeño. Lo que hoy aprenden suboficiales y oficiales no siempre responde a las exigencias del trabajo policial actual. En los suboficiales sigue predominando la disciplina y el esfuerzo físico, con poca formación técnica y analítica para funciones complejas. En los oficiales, el énfasis continúa puesto en el mando y los contenidos normativos, con escasa profundización en investigación criminal, inteligencia y análisis estratégico. A ello se suman alta rotación de docentes, escasa profesionalización pedagógica y brechas de infraestructura y equipamiento. Por otro lado, una carrera policial que no premia el mérito ni la especialización también debilita la integridad institucional. Los ascensos dependen en buena medida de la antigüedad, los instrumentos de evaluación están desactualizados y no existen incentivos claros para especializarse y permanecer en áreas estratégicas como inteligencia e investigación criminal.

En este contexto, desde APOYO Consultoría proponemos tres medidas para profesionalizar a la PNP y alinear mejor la formación y la carrera policial con las exigencias reales de la lucha contra el crimen organizado.

1. Reformar de manera efectiva la formación inicial de suboficiales y oficiales. La reforma debe incluir un rediseño curricular con enfoque por competencias que priorice el análisis de información, e ir acompañada de inversiones iniciales en infraestructura y equipamiento de las escuelas policiales, incluyendo aulas adecuadas, bibliotecas especializadas, laboratorios, simuladores y recursos tecnológicos. Asimismo, es indispensable fortalecer la docencia policial, atrayendo y reteniendo personal con capacidades pedagógicas modernas y experiencia técnica, y consolidando la enseñanza como una trayectoria más estable y especializada dentro de la institución.
2. Rediseñar la carrera policial para que premie mérito y desempeño. La reforma debe modernizar los instrumentos de evaluación y ascenso, para vincular la progresión profesional al desempeño efectivo y a la acumulación de capacidades técnicas. Eso implica establecer criterios meritocráticos más transparentes y predecibles, que reduzcan la percepción de arbitrariedad y den señales claras sobre qué se espera de un buen policía.
3. Hacer de la especialización un eje del desarrollo profesional policial. La reforma debe establecer incentivos claros para que la especialización en áreas estratégicas como investigación criminal e inteligencia se consolide como una trayectoria profesional estable y atractiva, con condiciones de permanencia que permitan acumular capacidades institucionales sostenidas.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El Ejecutivo debe conformar un equipo técnico dentro del MININTER y encargarle el diseño del plan. Sobre esa base, en los primeros 100 días debe identificarse con claridad qué cambios normativos requiere la reforma. Esto supone revisar y, de ser necesario, modificar normas como la Ley de la Policía Nacional del Perú, la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP y su reglamento, la Ley del Régimen Educativo de la PNP y la Ley que regula el régimen disciplinario de la PNP. En paralelo, debe iniciarse el rediseño curricular, el fortalecimiento de la docencia policial, las inversiones iniciales en infraestructura y equipamiento, y los pilotos de líneas de carrera especializadas.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con diagnóstico claro, sustento técnico y una ruta concreta para construir una Policía más profesional, más especializada y mejor preparada para enfrentar el crimen organizado. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí. 

Propuesta 5 de 9 | Fortalecer las unidades de inteligencia operativa de la PNP para adelantarse a la inseguridad

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de seguridad ciudadana: fortalecer las unidades de inteligencia operativa y de investigación para adelantarse al crimen organizado.

La inseguridad en el Perú ha crecido más rápido que la capacidad del Estado para contenerla. Entre 2018 y 2023, según el INEI, las denuncias por extorsión se triplicaron y los homicidios aumentaron cerca del 40%. Sin embargo, menos del 20% de los casos de homicidio fueron resueltos, y apenas una fracción mínima de denuncias por extorsión culminó en condena. El crimen organizado opera mediante redes que combinan violencia, control territorial y adaptación rápida —extorsión, sicariato, narcotráfico, minería ilegal—, mientras que el Estado sigue respondiendo tarde y de forma reactiva. Para la ciudadanía, detrás de este deterioro hay una débil capacidad de las unidades de inteligencia e investigación policial para identificar y desarticular redes delictivas. De hecho, el 36% la señala como un factor determinante del incremento de la inseguridad.

Las unidades de inteligencia operativa y de investigación contra el crimen organizado existen, pero en la práctica operan sin el respaldo necesario para ser efectivas. De acuerdo con especialistas consultados, su creación ha sido fundamentalmente declarativa: no ha sido acompañada con la disponibilidad real de herramientas que permitan una implementación efectiva. Falta tecnología, personal especializado y financiamiento estable. No hay coordinación fluida entre las entidades que tienen información clave para la lucha contra el crimen organizado —como el Ministerio Público, RENIEC, OSIPTEL, Migraciones, SUNAT y la UIF—, y las unidades no están protegidas de presiones políticas, económicas ni de la corrupción. El resultado es que el Estado carece de capacidad para anticipar amenazas e intervenir sobre las estructuras logísticas, financieras y territoriales del crimen organizado, y se limita a reaccionar con capturas aisladas que no afectan la operación de las redes.

Desde APOYO Consultoría proponemos fortalecer las unidades de inteligencia operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) para anticipar y desarticular al crimen organizado a partir de tres líneas de acción. Esta propuesta es, además, la segunda más respaldada por la ciudadanía entre las opciones de seguridad consultadas en la encuesta nacional de IPSOS: el 45% considera prioritario contar con grupos especializados en inteligencia y lucha contra el crimen organizado, con respaldo del más alto nivel de gobierno. Esta medida implica:

1. Dotar a las unidades de inteligencia y de investigación de recursos reales. El nuevo gobierno debe diseñar e implementar un Plan de Fortalecimiento de Actividades de Inteligencia Operativa e Investigación contra el Crimen Organizado, comandado desde un equipo técnico de alto nivel en el Ministerio del Interior. El punto de partida es un diagnóstico territorial que identifique brechas críticas en recursos humanos, tecnología y financiamiento, con foco en los territorios con mayor presencia de economías ilegales. Sobre esa base, se asignan personal especializado, tecnología moderna y presupuesto sostenido a las unidades que enfrentan de manera prioritaria extorsión, sicariato, trata de personas, minería ilegal, narcotráfico y ciberdelitos.
2. Establecer protocolos obligatorios de acceso e intercambio de información entre entidades clave. Se deben institucionalizar mecanismos formales de cooperación entre la PNP y entidades como el Ministerio Público, RENIEC, OSIPTEL, Migraciones, SUNAT y la UIF, para asegurar acceso oportuno a información financiera, migratoria, telefónica y tributaria. Esto debe ir acompañado de reglas claras sobre uso de datos, responsabilidades y trazabilidad del intercambio de información.
3. Blindar las unidades con gobernanza, autonomía y rendición de cuentas. Las unidades de inteligencia e investigación necesitan una estructura de gobernanza que les dé institucionalidad y las proteja de interferencias políticas, económicas y de la corrupción. Al mismo tiempo, deben operar bajo mecanismos claros de supervisión, con indicadores verificables de desempeño y resultados. La rendición de cuentas debe aplicar tanto a las propias unidades como a las instituciones con las que se articulan.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El Ejecutivo conformaría un equipo técnico de alto nivel en el MININTER, con participación de especialistas independientes, encargado de diseñar y coordinar el Plan. Su primera tarea sería elaborar un diagnóstico de capacidades y brechas, con enfoque territorial, para definir qué unidades deben fortalecerse, dónde desplegarlas y qué recursos requieren. En los primeros 100 días, el Plan debe traducirse en el fortalecimiento efectivo de unidades especializadas con personal, tecnología y presupuesto, en la puesta en marcha de operaciones desconcentradas en territorios priorizados y en la formalización de protocolos de cooperación e intercambio de información con las entidades clave.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

Propuesta 4 de 9 | Impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal para investigar y sancionar eficazmente el crimen organizado

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de seguridad ciudadana: impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal para investigar y sancionar eficazmente el crimen organizado.

En los últimos años, la inseguridad en el Perú ha empeorado por la expansión y consolidación del crimen organizado, vinculado a actividades como extorsión, narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilegales. La percepción ciudadana apunta directamente a las causas. El 37% de la población considera que las leyes y penas vigentes son poco severas y no evitan que se cometan delitos, mientras que el 29% identifica que los cambios normativos recientes han dificultado la labor de investigación y sanción del crimen organizado (IPSOS, 2025).

Parte importante de este deterioro responde a cambios recientes en el marco normativo. Entre 2023 y 2025, el Congreso aprobó al menos nueve leyes que, en conjunto, han debilitado las herramientas que el Estado necesita para investigar y sancionar al crimen organizado. De hecho, desde las modificaciones normativas aprobadas en agosto de 2024, las denuncias por extorsión aumentaron 35% a nivel nacional, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Estas normas introdujeron restricciones a la colaboración eficaz, modificaron las reglas de allanamiento e incautación, limitaron el uso de la detención preliminar a casos de flagrancia y elevaron los requisitos para el decomiso de activos ilícitos. Si bien algunas de estas reformas responden a objetivos procesales legítimos, en la práctica reducen la capacidad operativa del sistema de justicia frente a delitos complejos.

A este debilitamiento se suma un problema de diseño en el régimen de sanciones. El Código Penal presenta desajustes de proporcionalidad que erosionan la función disuasiva de las penas. El homicidio simple tiene una pena mínima de 6 años, mientras que el robo agravado inicia en 12. Asu vez, la extorsión sin violencia grave puede tener una pena cercana a la de un homicidio. Cuando la diferencia entre un delito patrimonial y un delito contra la vida se reduce a pocos años, el sistema deja de enviar señales claras sobre qué conductas son más graves.

Para devolver al Estado las herramientas legales que necesita contra el crimen organizado, desde APOYO Consultoría proponemos tres medidas. Se trata de la solución más respaldada por la ciudadanía entre las opciones de seguridad consultadas en la encuesta nacional de IPSOS: el 51% considera prioritario revisar y corregir las leyes que han debilitado la lucha contra el crimen. Esto implica:

1. Conformar una comisión técnica independiente. El Ejecutivo debe conformar una comisión especializada encargada de revisar, como mínimo, las nueves leyes aprobadas entre 2023 y 2025 que han debilitado herramientas procesales clave, entre ellas la Ley 31990 (que redujo plazos de colaboración eficaz), la Ley 32108 (que redefinió «organización criminal» y modificó los allanamientos), la Ley 32181 (que limitó la detención preliminar a casos de flagrancia) y la Ley 32260 (que elevó los requisitos para confiscar bienes). La evaluación debe incluir análisis comparado, revisión de evidencia operativa y consultas con Fiscalía, Poder Judicial y PNP.
2. Presentar un paquete normativo integral al Congreso. Con base en el diagnóstico de la comisión, el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que corrija las disposiciones que hoy limitan la colaboración eficaz, los allanamientos, la detención preliminar y el decomiso de activos ilícitos. El paquete debe asegurar un equilibrio entre garantías procesales y capacidad operativa, e incluir mejoras en los mecanismos de recuperación de activos vinculados a economías ilegales, así como lineamientos operativos y capacitación para la implementación efectiva de las reformas.
3. Corregir los desajustes de proporcionalidad en la escala de penas. Revisar el Código Penal para que las sanciones reflejen la gravedad real de cada delito y refuercen la función disuasiva del sistema, con énfasis en delitos asociados a violencia, economías ilegales y crimen organizado.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El Ejecutivo, a través del MINJUSDH y el MININTER, conformaría la comisión técnica con participación de especialistas independientes y consultas con actores del sistema de justicia —Fiscalía, Poder Judicial, PNP. Sobre la base de su diagnóstico, el Ejecutivo presentaría al Congreso un paquete normativo integral orientado a fortalecer la capacidad del Estado para investigar y sancionar al crimen organizado. En paralelo, la comisión desarrollaría la revisión técnica de la escala de penas del Código Penal. La prioridad es que las reformas legislativas más urgentes se impulsen dentro de los primeros 100 días de gobierno.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

Propuesta 3 de 9 | Un paquete de mecanismos para alinear la formación técnica y universitaria con la demanda laboral

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las nueve propuestas: un paquete de mecanismos para alinear la formación técnica y universitaria con la demanda laboral.

La desconexión entre lo que el sistema educativo forma y lo que el mercado laboral demanda tiene un costo concreto y medible. Solo alrededor del 50% de los egresados universitarios accede a un empleo formal, y para casi 7 de cada 10 la inserción toma más de dos años. Al mismo tiempo, más del 90% de las empresas reporta dificultades para encontrar perfiles adecuados. El resultado es una sobreoferta en carreras de bajos retornos y cerca del 46% de los egresados universitarios subempleados —una inversión en capital humano que el país no está aprovechando.

El desajuste responde, en gran parte, a tres fallas que se refuerzan mutuamente. Primero, una asimetría de información: estudiantes y familias eligen carreras sin datos comparables sobre retornos laborales, demanda futura ni trayectorias de empleo formal. Segundo, brechas de financiamiento que hacen que el acceso a programas de mayor calidad dependa casi enteramente de la capacidad económica del hogar —la proporción de adultos con educación superior alcanza el 82% en el NSE A y cae a 3% en el NSE E. Tercero, fallas de coordinación entre el sistema educativo y el sector productivo: el marco normativo vigente impone requisitos y trámites que desincentivan la formación en la empresa, especialmente en las MYPE, limitando la adopción de esquemas de formación dual y co-diseño curricular.

En este contexto, la propuesta es un paquete integrado de tres mecanismos complementarios para alinear la educación superior con las necesidades del mercado laboral. Una propuesta que, al ser consultada en una encuesta a nivel nacional, obtuvo el respaldo del 90% de la población, con acuerdo consistente entre Lima y regiones y entre niveles socioeconómicos. Esta medida implica:

1. Relanzar la plataforma MiCarrera. Convertirla en una herramienta pública que reporte, de manera comparable y actualizada, indicadores de empleo formal, salario promedio, tiempo de inserción y demanda por ocupación para cada carrera e institución. Con esa información disponible, estudiantes y familias pueden tomar decisiones de matrícula más alineadas con la demanda laboral real.
2. Un esquema de becas por impuestos. Las empresas realizan donaciones a PRONABEC para financiar becas en programas específicos, deducibles como gasto con un factor de 1.5. Al decidir qué carreras financiar, las empresas señalan directamente dónde enfrentan mayor escasez de talento. El Estado cofinancia vía beneficio tributario sin desembolso fiscal directo: por cada S/ 50,000 de beca financiada por una empresa, el costo efectivo para ella es S/ 27,875.
3. Impulsar la formación dual. Habilitar que universidades e institutos licenciados implementen automáticamente la modalidad de Aprendizaje con Predominio en la Empresa (APE), simplificando requisitos y estableciendo reglas claras sobre plan formativo, certificación y subvención mínima. Los estudiantes adquieren experiencia laboral relevante antes de egresar; las instituciones reciben señales directas de la demanda.

La ruta de implementación requiere tres cambios normativos en paralelo, todos al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El MEF incorpora en la Ley del Impuesto a la Renta el tratamiento tributario para las donaciones empresariales a PRONABEC. El MINEDU modifica el reglamento de la Ley de Modalidades Formativas Laborales para habilitar la APE automáticamente en instituciones licenciadas. Y el MTPE integra y estandariza los registros administrativos existentes para relanzar MiCarrera con información comparable. Los tres cambios operan sobre marcos legales e institucionales ya existentes.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

En un entorno marcado por la posibilidad de un Gobierno populista, el deterioro institucional y el aumento de la inseguridad ciudadana, se esperaría una reacción defensiva. Sin embargo, los resultados apuntan en otra dirección: el empresariado no está paralizado; ajusta su forma de gestionar el riesgo. El 71% de los CEO menciona que no postergará decisiones empresariales por el proceso electoral.

Esto contrasta con episodios previos, en particular con la elección del 2021, en la que la incertidumbre política sí se tradujo en la postergación de decisiones y en un menor dinamismo empresarial. Hoy la lectura es distinta.

El riesgo político no ha desaparecido. De hecho, sigue encabezando la lista de preocupaciones. La posibilidad de un Gobierno radical y la inestabilidad institucional dominan la agenda. Estas preocupaciones son un claro reflejo de la coyuntura de los últimos años.

OTRAS CONSIDERACIONES

A los riesgos políticos se suman dos adicionales que vienen ganando espacio en el país: la inseguridad ciudadana y las economías ilegales. La extorsión, la informalidad y otras actividades ilícitas no siempre afectan directamente a las grandes empresas, pero sí impactan en sus proveedores, clientes y cadenas de valor, porque distorsionan la competencia y elevan los costos de operación en el país.

En contraste, un temor que ha perdido relevancia es el de la desaceleración económica. A diferencia de años pasados, cuando este aparecía como una de las principales preocupaciones (62% del total de encuestados en el 2024 frente a 22% en el 2026), el dinamismo reciente de la economía ha cambiado esa percepción.

Esto se refleja en las expectativas de crecimiento: los CEO proyectan un aumento promedio de 12% en ingresos y 11.7% en utilidades para este año. Es la lectura más optimista desde que se realiza la encuesta.

CRECIMIENTO CON CONDICIONES

Sin embargo, este crecimiento tiene condiciones. El entorno competitivo se ha vuelto más exigente. A diferencia de periodos de crecimiento pasados, en los que este era más agresivo, hoy los CEO buscan crecer de forma más disciplinada y sostenible.

La entrada de nuevos jugadores internacionales, particularmente en sectores industriales y de consumo, genera cambios en la dinámica competitiva de los sectores, con mayor presión en precios y márgenes. Además, eleva los estándares de calidad, reconfigura modelos de negocio y abre oportunidades de venta de negocios a grupos locales.

Casos como el ingreso de la empresa china Sunda en el mercado de cerámicos, con una estrategia agresiva de precios, o el del conglomerado suizo Holcim en el mercado de cemento, que incrementa los estándares de calidad, generan nuevas dinámicas competitivas en los rubros donde participan.

Adicionalmente, el crecimiento vendrá con una mirada más disciplinada y sostenible. Más de la mitad de los CEO señala la protección de la rentabilidad como su principal prioridad estratégica, seguida por la mejora de eficiencias y la reducción de costos.

Lo más relevante no es la prioridad, sino su carácter. La eficiencia ya no es una respuesta coyuntural a un periodo de crisis, como en el pasado. Se convierte en una capacidad estructural necesaria para competir y asegurar el crecimiento sostenible.

Esto se traduce en iniciativas concretas: automatización de procesos, digitalización de operaciones, optimización de estructuras de costos y uso creciente de herramientas tecnológicas, incluida la IA como palanca de productividad. En un entorno donde los precios se comprimen, la única ventaja sostenible es operar de forma más eficiente.

Casos como la automatización del centro de distribución de Falabella para mejorar la eficiencia operativa o el uso de la automatización robótica de procesos en las etapas productivas por parte de Aceros Arequipa ejemplifican esta tendencia, que adquiere cada vez más importancia en el empresariado.

LA ESCASEZ DE TALENTO COMO OBSTÁCULO

Más de la mitad de los CEO identifica a la escasez de talento como el principal obstáculo para ejecutar sus planes de crecimiento. La brecha no se limita a perfiles altamente especializados; también afecta niveles operativos. A esto se suma un cambio generacional que redefine expectativas laborales y dificulta la retención.

En este contexto, el problema no es solo atraer talento, sino desarrollar capacidades internas que permitan sostener el crecimiento en el tiempo. La formación, la capacitación y la construcción de una cultura organizacional pasan a ser elementos centrales de la estrategia.

El panorama combina tres tensiones claras: riesgo político, presión competitiva y escasez de talento. Frente a ello, el empresariado opta por un crecimiento disciplinado y ve este 2026 como un año con alto potencial de crecimiento, pero que exige mayor control, mayor eficiencia y mejor ejecución.

EL EMPRESARIO PERUANO

Por Javier Tabata, socio de APOYO Consultoría

La quinta edición del estudio de perspectivas empresariales de CEO en el Perú, realizado por APOYO Consultoría en febrero, deja señales claras sobre el momento que atraviesa el sector empresarial. Primero, las decisiones de inversión, crecimiento y contratación no se han detenido.

Esto evidencia un cambio de enfoque: las empresas operan con una visión de largo plazo y menor dependencia del ciclo político. La gestión empresarial ha ganado en disciplina y resiliencia frente a la incertidumbre.

En segundo lugar, la rentabilidad y la eficiencia operativa se consolidan como principales prioridades del negocio. La cultura de eficiencia ha dejado de ser una respuesta a contextos adversos para convertirse en un pilar estructural.

Finalmente, el principal reto para sostener el crecimiento a largo plazo no está solo dentro de la empresa. La inseguridad, la expansión de economías ilegales y el deterioro institucional introducen riesgos que afectan directamente la operación y la inversión. En este contexto, el sector privado debe asumir un rol más activo, tanto en la articulación de esfuerzos como en la generación de propuestas.

]]> https://www.apoyoconsultoria.com/es/el-populismo-del-congreso-erosiona-la-sostenibilidad-fiscal-del-pais/ Tue, 31 Mar 2026 21:10:08 +0000 https://www.apoyoconsultoria.com/?p=11365 Descarga la versión en PDF

El Congreso ha venido acelerando la aprobación de leyes populistas con alto costo fiscal ante la ausencia de contrapesos institucionales efectivos.

Solo en las últimas dos semanas, se aprobaron por insistencia varias medidas orientadas a elevar el gasto corriente, pese a las objeciones del Consejo Fiscal. La semana pasada, con una mayoría abrumadora, el Congreso aprobó por insistencia un proyecto de ley que eleva las pensiones de los docentes de colegios públicos jubilados, vinculándolas al piso salarial de la primera escala magisterial —equivalente a S/3,300 mensuales—, cifra muy superior a la pensión promedio actual de aproximadamente S/800. Esta medida se produce apenas días después de que el Congreso aprobara también por insistencia una reforma al régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que vincula progresivamente las pensiones futuras al sueldo del personal activo del mismo grado, y tras la aprobación de nuevos beneficios laborales para trabajadores públicos con contratos temporales, incluyendo el pago de gratificaciones y CTS.

El problema de fondo va más allá del costo directo de estas medidas y se encuentra en lo que revelan sobre el deterioro de los controles institucionales que deberían ordenar las decisiones de gasto público. De las últimas 32 leyes con impacto fiscal negativo, el Ejecutivo no observó 29. Además, estas iniciativas contravienen el Decreto Legislativo N.° 1276, que prohíbe aumentar el gasto en personal y pensiones durante los primeros meses de un año de elecciones generales. En la práctica, el Congreso viene desplazando el rol del Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto, pese a que la Constitución asigna expresamente esa función al Gobierno y restringe al Legislativo de proponer incrementos de gasto sin su aprobación.

Estas medidas son, además, sintomáticas de un deterioro más amplio en la institucionalidad de las finanzas públicas que se viene gestando desde hace varios años. Según nuestras estimaciones, las medidas ya aprobadas para maestros jubilados y trabajadores temporales implicarían un costo fiscal anual equivalente a alrededor de 0,8% del PBI, con efectos desde el próximo año. En el caso de la reforma de pensiones militares y policiales tiene un horizonte de impacto más largo. El costo fiscal de esta reforma comenzaría a acumularse desde inicios de la década de 2030, con un incremento del gasto anual de aproximadamente 0,3% del PBI. En otras palabras, parte del riesgo es inmediato, mientras que otra parte se está incorporando a la estructura fiscal en el mediano plazo.

Estas medidas generan que el gasto corriente sea más rígido, que haya menos espacio para gasto productivo como infraestructura, y mayor dependencia de un entorno externo favorable para preservar la estabilidad fiscal. Por ahora, los altos precios de los metales están ayudando a disimular estas presiones. Con el cobre alrededor de US$5,50 por libra y el oro cerca de US$4.500 por onza, los mayores ingresos fiscales han permitido mantener el déficit nominalmente bajo control. Pero esa situación también vuelve al país más vulnerable ante una eventual caída en los precios de las materias primas o un endurecimiento de las condiciones de financiamiento internacional, en un entorno global y geopolítico particularmente incierto.

Ese deterioro ya empieza a reflejarse en la composición del gasto público. En el presupuesto inicial de 2026 aprobado por el Congreso, las remuneraciones del sector público aumentaron de manera marcada, mientras que la inversión pública fue recortada significativamente, lo que resultó en un incremento apenas moderado del gasto agregado. La señal es preocupante: el gasto corriente gana rigidez y desplaza progresivamente usos más productivos del presupuesto. Los primeros datos de ejecución de 2026 refuerzan esa lectura. El gasto en remuneraciones sigue creciendo a tasas de dos dígitos, mientras que la inversión pública enfrenta presiones crecientes. Entre ellas, resalta la incertidumbre alrededor de los marcos de proyectos gobierno a gobierno, donde se han anunciado revisiones contractuales cuya implementación concreta sigue siendo incierta tras los recientes cambios de gabinete.

Las perspectivas para el resto del período congresal son profundamente preocupantes. A medida que se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los incentivos de los partidos para respaldar medidas de alto impacto político y alta visibilidad se intensifican. No se trata solo de posicionamiento nacional, sino también de la necesidad de fortalecer bases electorales con miras a las elecciones regionales y locales previstas para octubre. Ese contexto podría sostener un ritmo elevado de iniciativas con costo fiscal durante lo que resta de 2026. Los proyectos actualmente en discusión refuerzan ese riesgo. Entre ellos figuran una nueva ronda de retiros de AFP, con costos fiscales de largo plazo por la ampliación de la población que eventualmente dependería del Estado en la vejez; propuestas para liberar fondos de la ONP; la ampliación de la edad obligatoria de jubilación de trabajadores públicos de 65 a 75 años; y nuevos beneficios para trabajadores de gobiernos regionales. De acuerdo con estimaciones del Consejo Fiscal, estas medidas podrían elevar el costo fiscal anual en otro 0,4% del PBI.

Contener esta dinámica será aún más difícil por la postura que ha adoptado el Ministerio de Economía desde el inicio de la administración del presidente Balcázar. El MEF ha optado por no llevar estas medidas al Tribunal Constitucional, aun cuando el Consejo Fiscal ha advertido de manera explícita sobre sus riesgos. Esa decisión debilita la capacidad del Ejecutivo para poner límites al avance de iniciativas fiscalmente irresponsables y, al mismo tiempo, profundiza un deterioro institucional que el próximo gobierno heredará en condiciones mucho más difíciles de corregir.

Lo que está en juego no es únicamente el impacto fiscal de estas medidas, sino la pérdida gradual de los contrapesos que deberían evitar que el gasto público quede sometido a incentivos políticos de corto plazo.

EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, construyó una agenda de nueve propuestas concretas para el próximo gobierno. La agenda se elaboró a partir de encuentros de diálogo ciudadano estructurado en Lima, Arequipa, Cusco, Loreto y La Libertad, donde se recogieron demandas ciudadanas sobre tres temas clave: seguridad, salud y empleo.

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de empleo: un incentivo tributario para reducir el costo de contratar jóvenes formalmente por primera vez.

Los jóvenes enfrentan barreras desproporcionadas para acceder al empleo formal, y quienes logran entrar al mercado laboral lo hacen mayoritariamente en la informalidad, a tasas muy por encima del promedio nacional. Solo 23 de cada 100 tiene un empleo formal, uno de cada cinco no estudia ni trabaja, y el desempleo juvenil alcanza el 12%. Esto importa más allá del corto plazo: la evidencia muestra que las condiciones del primer empleo determinan en buena parte el desarrollo profesional futuro, y un joven que inicia en la informalidad acumula menos experiencia relevante, accede a menores ingresos a lo largo de su vida y desaprovecha la inversión en su educación.

Una de las principales barreras que limitan la contratación de jóvenes en el sector formal es el salario mínimo. Al ser el piso legal de contratación, fija el costo de entrada por encima de lo que la productividad inicial de un joven sin experiencia justifica, y ante esa ecuación muchas empresas optan por no contratarlos formalmente o por no contratarlos del todo. La ciudadanía percibe exactamente eso: el 43% considera que muchas empresas simplemente no pueden pagar el salario mínimo, porcentaje que sube a 50% entre los propios jóvenes, para quienes es la principal razón detrás de la falta de empleo formal. No sorprende entonces que el 55% vea los incentivos a la contratación juvenil como una vía efectiva para impulsar la formalización.

En este contexto, la propuesta es un subsidio temporal y focalizado al primer empleo juvenil formal. Una medida que, al ser consultada en una encuesta a nivel nacional, obtuvo el respaldo del 80% de la población. Esto implica:

1. Un incentivo tributario a la contratación. Las empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 29 años podrán deducir, además del salario pagado, un monto adicional en el impuesto a la renta. Para un joven que percibe la remuneración mínima, esto equivale a reducir el costo efectivo de contratación en cerca de 30%.

2. Un subsidio escalonado y focalizado. El beneficio se concentra en los primeros años de contrato y en los salarios más bajos, donde la brecha entre costo y productividad inicial es mayor, y se reduce gradualmente conforme sube la remuneración.

3. Sin pérdida de derechos. Los jóvenes contratados bajo este esquema mantienen todos sus derechos laborales: salario, beneficios sociales y protección social.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El MEF tendría que presentar una modificación a la Ley del Impuesto a la Renta para incorporar el incentivo tributario a la contratación juvenil. En el caso de la SUNAT, esta puede operarlo a través de los sistemas que ya tiene, sin crear demasiada carga administrativa adicional para las empresas.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

EncontrarNos Por El Perú es una iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, en alianza con Transparencia Perú, Ipsos Perú y RPP. Promueve espacios de diálogo plural para convertir la voz ciudadana y la evidencia técnica en propuestas viables en tres temas clave: seguridad, salud y empleo.

Artículo en El Comercio.

En Lima, ir al trabajo toma cada vez más tiempo. En los últimos 15 años, el tiempo de traslado hacia el centro de trabajo pasó de 1 hora con 7 minutos a 1 hora con 43 minutos, según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT). En 13 distritos, que representan aproximadamente un cuarto de la población de Lima y Callao, el tiempo de traslado supera las 2 horas.

La congestión le cuesta a Lima horas de trabajo y producción. El Banco Mundial estima que el tiempo perdido en traslados equivale a 1.8% del PBI al año. Sin embargo, el costo no se limita a las horas improductivas. Los elevados tiempos de traslado también (i) limitan el acceso a mejores trabajos, (ii) reducen la productividad y (iii) elevan la rotación laboral.

Primero, deja a miles de limeños sin acceso a empleo formal e incluso fuera del mercado laboral. En una ciudad donde solo 18% de los empleos puede alcanzarse en menos de 45 minutos en transporte público, muchos empleos dejan de ser viables. Esto empuja a muchas personas fuera del mercado laboral o hacia ocupaciones más cercanas, más flexibles y, muchas veces, informales.

El efecto es más fuerte entre las mujeres, que enfrentan mayores restricciones para compatibilizar empleo y responsabilidades domésticas. Nuestras estimaciones sugieren que el aumento acumulado del tiempo de traslado en los últimos 15 años habría dejado fuera del mercado laboral a cerca de 250,000 personas, de ese total, 170.000 habrían sido mujeres. Esto implica que, sin ese deterioro en el tiempo de traslado, hoy tendríamos 7% más mujeres empleadas.

Segundo, reduce las horas efectivas de trabajo. Los trayectos más largos no solo restan tiempo y aumentan el desgaste, sino que en la práctica funcionan como una extensión de la jornada laboral. De hecho, el tiempo de transporte puede representar hasta 35% de la jornada laboral. En ese contexto, entre los trabajadores con jornada completa, cada media hora adicional de viaje se asocia con casi una hora menos de trabajo efectivo.

Tercero, eleva la rotación laboral. En una encuesta de APOYO Consultoría a trabajadores, 30% señaló que la lejanía de su actual trabajo era una razón para considerar cambiarse de empleo, especialmente entre los jóvenes. Esto impone un costo sobre los trabajadores, que enfrentan trayectorias laborales más inestables y deben dedicar tiempo y recursos a buscar una nueva ocupación. También impone un costo sobre las empresas, que asumen mayores gastos de búsqueda, selección y entrenamiento de personal.

Estos tres efectos responden a dos fallas estructurales: un sistema de transporte público fragmentado, y una ciudad con serias deficiencias en infraestructura vial y gestión del tránsito.  

La primera falla es que el transporte público formal tiene una cobertura aún reducida, y el vacío lo llena una oferta atomizada e informal. Aunque el Metropolitano y las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao movilizan grandes volúmenes de pasajeros, en conjunto representan apenas 12.1% de los viajes en transporte público.

En consecuencia, la mayor parte de la movilidad urbana recae sobre un sistema altamente fragmentado compuesto por aproximadamente 27,000 unidades habilitadas, distribuidas en más de 465 rutas y operadas por alrededor de 364 empresas. Esta atomización se refleja en su baja escala operativa, cada unidad del sistema tradicional realiza en promedio 733 viajes al día, muy por debajo de los 4,714 viajes diarios que alcanza una unidad del sistema integrado —Metropolitano, Líneas 1 y 2 y corredores complementarios—. A esta fragmentación se suma la informalidad. Cerca de 60% de los limeños depende de combis de baja capacidad, sin integración tarifaria y con escasa regulación. En conjunto, estas fallas prolongan los tiempos de traslado, dificultan el acceso al empleo y perjudican especialmente a 8 de cada 10 trabajadores, que dependen del transporte público para trabajar.

La segunda falla está en una gestión del tránsito fragmentada y sin capacidad efectiva de coordinación ni fiscalización. La congestión en Lima no se explica por el número de vehículos. De hecho, otras ciudades tienen más autos por habitante y, aun así, menos tráfico.

Aquí el problema pasa por vías mal diseñadas, semáforos deficientes, señalización que no sigue criterios técnicos homogéneos.

Un factor transversal que ayuda a explicar ambas fallas es la debilidad de la gobernanza del sistema de movilidad. En transporte público, ello se refleja en la fragilidad institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), cuya consolidación ha sido lenta y cuya autonomía se debilitó aún más con la modificación reglamentaria introducida en 2023 mediante decreto supremo, que incorporó la “pérdida de confianza” como causal de remoción de sus directivos.

En tránsito e infraestructura vial, se refleja en dos vacíos. El primero es la fragmentación institucional. En una intervención vial pueden participar múltiples entidades, incluso al menos seis en una obra como un bypass, sin una instancia con capacidad real para articular decisiones, plazos y responsabilidades. El segundo es la débil fiscalización del cumplimiento de estándares técnicos, aunque el MTC cuenta con manuales para infraestructura vial y señalización, no existe un seguimiento eficaz que asegure su aplicación.

Reducir los tiempos de traslado y sus costos económicos y sociales exige acciones tanto del Estado como del sector privado. El Estado tiene la responsabilidad principal de corregir las fallas de transporte, tránsito y gobernanza que explican este problema. Pero las empresas también pueden adoptar decisiones que, en el corto plazo, mitiguen sus efectos sobre el empleo, la rotación y el bienestar de sus trabajadores. En esa línea, desde APOYO Consultoría proponemos cinco medidas.

Para el Estado:

1. Priorizar la inversión en transporte según su impacto sobre el acceso al empleo. Los proyectos de movilidad deberían evaluarse por cuánto reducen el tiempo de viaje hacia los centros de trabajo y por cuántas personas logran acceder a ellos dentro de umbrales razonables de tiempo. Si el principal costo de la mala movilidad es que achica el mercado laboral al que se puede acceder, ese también debería ser el criterio central para decidir dónde invertir.

1. Fortalecer la autonomía institucional de la ATU. Revertir la modificación de 2023 que incorporó la causal de «pérdida de confianza» como mecanismo de remoción de su presidencia. La continuidad de la política de transporte no puede depender del ciclo político. La ATU debe poder ejecutar su plan maestro con horizonte de largo plazo y sin interferencia discrecional.
2. Acelerar la integración y formalización del sistema de transporte público. El plan maestro de la ATU ofrece una hoja de ruta. Esto implica reducir el número de rutas, migrar hacia operadores formales con esquemas de concesiones regulados, e integrar tarifariamente el sistema. La expansión de la red formal de transporte masivo debe priorizarse para aumentar su participación actual con énfasis en corredores de alta demanda.
3. Priorizar intervenciones de bajo costo y alto impacto en la gestión del tránsito. Intervenciones de bajo costo y alto impacto, como la optimización de la semaforización, pueden generar mejoras inmediatas. En esa línea, el proyecto de modernización vial financiado por el Banco Mundial propone la intervención de 488 intersecciones mediante la instalación de semáforos inteligentes, sensores de tráfico, redes de fibra óptica y sistemas de prioridad al transporte público, además del fortalecimiento del Centro de Control de Tráfico. Este tipo de inversiones tendría un retorno social mayor al 100%.

Para las empresas:

5. Incorporar criterios de proximidad en la asignación de personal. El sector privado también puede contribuir a mitigar parte de los costos de una movilidad deficiente. En empresas con personal desplegado en distintas zonas de la ciudad, incorporar criterios de distancia y tiempo de traslado en las decisiones de asignación puede ayudar a ubicar a los trabajadores a distancias razonables de sus domicilios. Herramientas de analítica e inteligencia artificial pueden facilitar esa tarea.

Lima no puede seguir aceptando que llegar al trabajo tome tanto tiempo que termine por dejar a miles fuera del mercado laboral o atrapados en empleos de menor calidad.

*Agradecemos los comentarios de David Fairlie, Aldo Facho Dede y Felipe Targa, así como al proyecto Perú Debate 2026 del CIES.

Propuesta 1 de 9 | Reformar las regulaciones para que las MYPE crezcan y se formalicen

EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, construyó una agenda de nueve propuestas concretas para el próximo gobierno. La agenda se elaboró a partir de encuentros de diálogo ciudadano estructurado en Lima, Arequipa, Cusco, Loreto y La Libertad, donde se recogieron demandas ciudadanas sobre tres temas clave: seguridad, salud y empleo.

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las nueve propuestas: la reforma del régimen laboral y tributario de las MYPE para generar más empleo formal.

Cualquier esfuerzo serio por reducir la informalidad laboral tiene que empezar por las MYPE, porque ahí es donde el problema vive. El 99% de las empresas peruanas son micro o pequeñas y concentran la mayor parte del empleo del país, pero cerca del 80% de este es informal —frente a apenas 4% en empresas grandes. No hay otro segmento donde la brecha sea tan grande ni donde el impacto de una reforma bien diseñada pueda ser tan significativo.

Uno de los principales problemas es que, para una MYPE que empieza a crecer, la regulación laboral y tributaria pronto se convierte en un freno. Sus umbrales imponen saltos abruptos de obligaciones que encarecen la formalización de un momento a otro. Eso podría explicar, en parte, por qué solo 1 de cada 3 MYPE supera los 10 años de vida. En el plano laboral, al superar los 20 trabajadores la empresa queda obligada de golpe a repartir utilidades, disparando el costo laboral de un momento a otro. El resultado es que muchas empresas simplemente prefieren no llegar a ese umbral. En el plano tributario, los regímenes vigentes para MYPE —el RER y el RMT— tienen topes de ingresos que, al superarse, obligan a la empresa a saltar de golpe a esquemas con mayores exigencias contables y carga tributaria más alta. Además, en esos regímenes el impuesto se calcula sobre las ventas y no sobre la ganancia real, de modo que registrar trabajadores en planilla no reduce la carga fiscal ni amortigua ese salto. No sorprende entonces que, según encuestas realizadas por IPSOS, el 35% de la ciudadanía identifique que crear un empleo formal es demasiado costoso y que 48% considere que hay que modernizar las normas y regulaciones para facilitar la creación de empleo decente.

En este contexto, la propuesta es crear un régimen laboral-tributario gradual para las MYPE, desarrollada inicialmente por Elmer Cuba y Claudia Cooper. Una medida que, al ser consultada en una encuesta a nivel nacional, obtuvo el respaldo del 86% de la población, con acuerdo consistente entre Lima y regiones y entre niveles socioeconómicos. Esta implica:

1. Hacer progresivo el reparto de utilidades. Reemplazar el umbral discreto de 20 trabajadores por un esquema que incorpore la obligación de forma gradual entre los 15 y 25 trabajadores, eliminando el salto brusco que hoy desincentiva la contratación formal.
2. Cambiar la base del impuesto a la renta de ventas a utilidades. Eliminar el RER y el RMT y establecer un régimen con tasas marginales progresivas sobre la ganancia real. Este cambio hace que los salarios —al ser costos deducibles— reduzcan la carga tributaria, alineando por primera vez el incentivo fiscal con la formalización laboral.
3. Reducir los costos de cumplimiento. Que la SUNAT use los comprobantes electrónicos para preconstruir la base imponible, sin crear nuevas obligaciones administrativas para las empresas.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El MEF tendría que presentar un proyecto de ley para modificar la Ley del Impuesto a la Renta —eliminando el RER y el RMT y estableciendo el nuevo régimen progresivo sobre utilidades— y el MTPE presentaría uno para reemplazar el umbral discreto de reparto de utilidades por un esquema gradual. Ambas son modificaciones al marco legal vigente. En el plano operativo, la SUNAT puede implementar el nuevo régimen sobre la infraestructura que ya tiene, sin crear muchas nuevas cargas administrativas para las empresas.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

EncontrarNos Por El Perú es una iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, en alianza con Transparencia Perú, Ipsos Perú y RPP. Promueve espacios de diálogo plural para convertir la voz ciudadana y la evidencia técnica en propuestas viables en tres temas clave: seguridad, salud y empleo