El reciente anuncio sobre un mayor empleo de la franja de precios para las importaciones de productos agrícolas, en el contexto de la denominada segunda reforma agraria, fue sorpresivo debido a que una reforma de política pública ha debido plantear más bien su eliminación.

La franja de precios se introdujo en el país a inicios de los años noventa con el objetivo de proteger de las fluctuaciones de precio de los principales productos importados en un contexto en que se desmanteló el sistema de cuotas a la importación y se eliminaron las intervenciones deficitarias de las empresas públicas Enci y Ecasa. Básicamente, la franja aplicaba sobretasas arancelarias si el precio internacional se encontraba muy por debajo del promedio histórico, y dejaba de aplicar aranceles cuando el precio estaba muy alto respecto al promedio. Debía de ser neutral respecto a la protección a la producción nacional. El nivel de protección se debe definir más bien en base al arancel. Sin embargo, con los años dejó de ser neutral y empezó a ser empleado para elevar la protección discrecionalmente.

La franja de precios no es un instrumento que tenga un acuerdo y una institucionalidad acordada a nivel internacional, a diferencia de los derechos antidumping o los derechos compensatorios para los casos de subsidios de gobiernos que se basan en acuerdos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y en el Indecopi a nivel del país. Por el contrario, las resoluciones de los paneles de solución de diferencias de la OMC han concluido que no es un mecanismo alineado con los principios de comercio internacional, por la falta de predictibilidad y de transparencia para los participantes.

Actualmente, las franjas de precio no tienen mucho sentido si se busca ayudar a la agricultura familiar y a los de subsistencia. En general, los campesinos y pequeños agricultores no siembran los cultivos que están o que podrían estar bajo la franja de precios. La franja ha estado dirigida más bien a proteger a los medianos agricultores consolidados.

Varios de los productos en la franja no requieren de protección de precios. En el caso del azúcar, volveríamos a ser exportadores netos en los próximos años debido a la mejor gestión de las empresas azucareras luego del fracaso cooperativista, y con el ingreso de la mayor producción de Olmos. En el caso del trigo nacional, este tiene un uso primordialmente de consumo familiar directo, a diferencia del grano importado que es idóneo para la industria molinera.

Además, los subsidios internacionales vía distorsiones en precios de los productos que importamos han disminuido en los últimos años.

Finalmente, no toman en cuenta los efectos sobre la cadena agroindustrial y sobre los consumidores finales, quienes serían los más perjudicados. El país es exportador de productos que usan azúcar en su producción, de productos lácteos, y de productos oleaginosos. No sería conveniente tampoco que se adquieran alimentos vía compras públicas a precios más elevados debido a la aplicación de la propia franja de precios.

Es más conveniente apoyar con mayor énfasis a través de infraestructura rural, provisión de bienes públicos agrarios como titulación e innovación, y transferencias de ingreso condicionadas para las familias campesinas.

La población en pobreza extrema del país reside mayoritariamente en el área rural y recibe una porción importante de sus ingresos de actividades vinculadas con el sector agrario. Pero su nivel de acceso a servicios productivos es mínimo y la dotación de activos para realizar sus actividades es aún muy baja. Por ejemplo, la mitad de los productores agrarios no tienen un sistema de riego y un 40% de los que lo tienen, no emplean semillas certificadas.  Un tercio no acceden a servicios de extensión.

Ya existen experiencias positivas de provisión de bienes públicos a esta población. Un ejemplo son los proyectos productivos realizados por Foncodes y luego por Agrorural, así como por programas apoyados por entidades como el FIDA que han aplicado un enfoque territorial para proveer “combos” de servicios y activos, y al mismo tiempo proveen asistencia para una mejor gestión pública local en esas áreas.

De lo que se trata ahora es de escalar esas experiencias agresivamente, ampliando la cobertura al mayor número de la población con la finalidad de cerrar la brecha en esos servicios, que tienen un fuerte impacto en los ingresos de estas familias.

Será necesario complementar estas intervenciones con una adecuada provisión de servicios públicos en el sector, especialmente en sanidad e inocuidad, innovación, información, acceso a la tierra y al agua, y en medidas que faciliten la adaptación del cambio climático. Para ello es conveniente brindar una mayor autonomía a los organismos públicos que gestionan estos servicios, en algunos casos con el diseño de organismos reguladores; y elevar la participación en la gestión y financiamiento del sector privado y de los gobiernos subnacionales.

La política pública clave es, simplemente, una mejor gestión del presupuesto. Primero para elevarlos con un compromiso de más largo plazo en los casos en los que se justifican por la presencia de fallas de mercado o por equidad. Pero más importante es redistribuir los recursos del pliego hacia los programas priorizados, reduciendo y eliminando rubros generales y de aquellos no relacionados a productos y servicios. Además, es importante reintroducir la disciplina de evaluar previamente las bondades de las intervenciones, lo que se ha perdido en los últimos años.  Finalmente asegurar una buena ejecución, el talón de Aquiles del sector público. Es conveniente sistematizar buenas experiencias en ejecución de programas y de los equipos de gestión, como las del Senasa y el PNIA, y en particular, fortalecer el modelo de núcleo ejecutor que se ha aplicado con éxito en varios contextos.

Contribuirá también a una mejor ejecución y una mayor cobertura de los bienes públicos y a menores costos promedio, el uso intensivo de plataformas que empleen el internet. El trabajo virtual a raíz de la pandemia, con todas sus imperfecciones, ha mostrado que es posible atender a la población que se busca focalizar, incluso de manera individual.

El cambio de prioridad que ha anunciado el Ministerio de Agricultura para dedicarse a la agricultura familiar es el correcto. Ojalá no se pierda el paso con la transferencia del nuevo gobierno.