La Comisión multipartidaria del Congreso encargada de elaborar una propuesta de reforma del sistema previsional ha aprobado el proyecto de ley marco de creación del sistema integrado universal de pensiones. Es un muy mal proyecto. Se origina en un diagnóstico que ignora la realidad laboral y las restricciones fiscales del país, y destruye lo poco que funciona en materia de pensiones. Este Congreso ya ha generado mucho daño a la economía, a la credibilidad del país en su manejo de las finanzas públicas y a la capacidad de recuperación de la actividad productiva cuando se supere la pandemia. Esperemos que no añada esto a su lista de desaciertos.

Son dos los principales elementos que propone la reforma. El primero es la creación del Organismo Público de Pensiones que se encargaría de la afiliación, recaudación, prestaciones y políticas de inversión de todo el sistema. El segundo es la creación de una estructura “multipilar”, compuesta por un primer pilar no contributivo, con financiamiento estatal, que otorgaría una pensión básica universal a todos los mayores de 65 años; un segundo pilar contributivo, al cual aportarían los afiliados y sus empleadores, a dos fondos: uno de riesgo compartido y uno de riesgo individual; y un tercer pilar de ahorro voluntario.

Ninguna de estas propuestas apunta a solucionar sus verdaderos retos, pero, sobre todo, no toman en cuenta las variables que condicionan la reforma: la informalidad, la realidad fiscal y las capacidades institucionales del Estado. La informalidad produce un muy bajo nivel de cobertura del sistema. Apenas una cuarta parte de la población económicamente activa es aportante y, por lo tanto, podrá eventualmente aspirar a una pensión. La propuesta no contempla ningún esquema concreto y realista que empiece gradualmente a incorporar a ese 75% que está fuera del sistema. Por el contrario, al incluir un aporte de los empleadores (entre 1% y 5% de la remuneración), incrementa el costo de la contratación de las empresas formales. Ampliar la base constituye un desafío inmenso, que requiere creatividad y la revisión de experiencias de otros países, pero sin el cual, cualquier intento de reforma quedará restringido a los actuales afiliados.

Si no se logra que una parte significativa de los trabajadores ahorre en un sistema previsional, resulta inviable el ofrecimiento de una pensión básica universal financiada por el Estado, para todos los peruanos mayores de 65 años o con discapacidad absoluta o permanente, por más gradual que sea el proceso. Su aprobación constituiría una promesa vacía que solo generaría expectativas infundadas y presiones permanentes para su ampliación. Son muchas las necesidades que compiten por escasos recursos fiscales, que serán aún más escasos luego de la pandemia. Cualquier ejercicio sensato de proyección de ingresos tributarios mostraría la imposibilidad de implementar ese primer pilar propuesto más allá del actual Pensión 65.

Por tanto, la reforma parece centrarse en cambios para ese minoritario 25% del país que ya cotiza en una AFP o en la ONP. El Congreso pretende unificarlos en un solo sistema, gestionado por el nuevo organismo público, y tendrá un componente de capitalización individual, como el SPP, pero también un componente de reparto, como el de la ONP. Debe quedar claro que el fondo denominado de riesgo compartido es uno de reparto. Ambas son malas ideas. Es extremadamente riesgoso otorgar la administración de un portafolio que equivale al 20% del PBI a un nuevo ente público. Requiere de capacidades de gestión que carece el Estado y puede ser susceptible de presiones políticas. En segundo lugar, la creación del fondo de riesgo compartido implica que los ahorros de unos afiliados contribuyen a cubrir la pensión de otros. La incorporación de un elemento redistributivo en el sistema debiera ser financiado por el Tesoro Público, con la recaudación impositiva general, y no por los trabajadores sujetos a planilla. En una eventual transición a ese sistema, sería posible –como han sugerido economistas asesores de la comisión– que una parte significativa de los ahorros de las cuentas individuales de los afiliados a las AFP existentes sean transferidos al fondo compartido. Ello constituiría una flagrante confiscación que seguramente conllevaría acciones judiciales.

Así, pareciera que la principal motivación de la reforma fuera la de destruir el sistema privado de pensiones para obtener réditos políticos. Sin embargo, la percepción de los congresistas es incorrecta, pues no escuchan a quienes son los directamente afectados sino solo a los críticos del sistema, muchos de los cuales no pertenecen a ningún sistema. Según una encuesta de Ipsos realizada a afiliados, el 93% prefiere uno de cuentas individuales y el 69%, que este sea manejado por las AFP.

Es evidente la necesidad de una reforma dirigida a resolver los problemas centrales del sistema: su limitada cobertura y el insuficiente nivel de las pensiones. Nada de esto arregla el proyecto. Una reforma que funcione será el resultado de un debido proceso, basado en un profundo análisis técnico y de la construcción de consensos políticos entre el Congreso, el MEF, entidades autónomas y conocedoras como la SBS y el BCRP y, por cierto, los propios afiliados. Es un grave error de un Congreso transitorio pretender apurar una reforma cuyos efectos nos acompañarán por décadas.

Hace semanas, comentábamos en este espacio cómo la combinación de una degradación en las políticas públicas –exacerbada por el aluvión de proyectos legislativos populistas que el Congreso generaba– y los cuestionamientos, muchas veces infundados, a la empresa privada, venían creando un entorno adverso para la inversión y, por tanto, para la recuperación económica. Estábamos aún lejos de un proceso de “argentinización” de nuestra economía –país del cual muchas empresas se están marchando–, pero la tendencia resultaba preocupante. Los eventos de las últimas dos semanas no hacen otra cosa que agravar esta percepción.

Tales eventos fueron el coletazo final de la crisis a la frágil institucionalidad política del país, acentuada a inicios de este quinquenio con la elección de un presidente con un Congreso mayoritariamente opositor. Cuatro presidentes de la República, un cierre del Congreso y cuatro intentos de vacancia presidencial –además de censuras a ministros y un gabinete sin voto de investidura, acto sin precedentes bajo la Constitución de 1993–, configuran un escenario de inestabilidad no distante de aquel período en la historia de Ecuador entre 1996 y el 2006, cuando tuvo siete presidentes y un lapso de tres días con gobierno acéfalo. En ese entonces, Ecuador era calificado como un país extremadamente inestable. No estamos hoy lejos de esa calificación. Y no debiéramos confundir con optimismo la sensación de alivio respecto a cómo se resolvió esta crisis. Optimismo teníamos –hoy queda claro que con infundadas razones– hace cinco o seis años, cuando pensábamos que podríamos acceder a la OCDE antes del bicentenario. En términos futbolísticos, en ese entonces celebrábamos la posibilidad de jugar la final de la Copa América; hoy, celebramos salvarnos del descenso.

Los analistas políticos resultan más calificados para evaluar las razones estructurales y circunstanciales que nos llevaron a esta crisis y la forma cómo, luego de meternos en un hoyo profundo y gracias al activismo de la población –sobre todo, de jóvenes que hasta entonces parecían indiferentes a la política–, logramos salir de él. Desde la perspectiva de la economía, podemos afirmar que este ha sido un quinquenio perdido. El crecimiento económico en el período 2016-21 será de apenas 1,4%, por debajo del correspondiente a la población. Cierto que la pandemia afectó esa tasa, pero su costo en actividad productiva pudo haber sido bastante menor con un manejo más inteligente, comparado con 4,7% del quinquenio previo y 6,8% del quinquenio 2006-11. La inversión privada en este quinquenio decreció a un promedio anual de 2,1%, frente a crecimientos de 3,3% y 15,1% entre el 2011-16 y entre el 2006-11, respectivamente. Como sabemos, sin crecimiento ni inversión privada no hay generación de empleo ni de tributos para financiar los servicios que demanda la población. La indolencia del gobierno del expresidente Vizcarra ha hecho que gran parte de los proyectos de inversión pendientes en el 2016 sigan sin iniciarse o retomarse: Majes Siguas, Chavimochic III, Tía María, tramos inconclusos de autopistas en el norte y sur del país, proyectos regionales como el aeropuerto de Chinchero o locales como la Costa Verde del Callao, etc. Y el mayor desafío de obra pública que teníamos, la Reconstrucción del Norte luego del Fenómeno del Niño Costero, muestra avances vergonzantes.

Ha sido un quinquenio perdido también porque no se sembró para el futuro en materia de reformas estructurales institucionales ni económicas. El gobierno de Vizcarra no nos deja legado en ninguno de los dos. En materia económica no impulsó ninguna reforma. Su Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y su Plan Nacional de Competitividad y Productividad muestran mínimos o nulos avances. Se dijo que reservaría su capital político para reformas en el sistema político, cosa que hizo poco y mal. Su principal iniciativa, la no reelección de congresistas, fue contraproducente y sus consecuencias seguirán sintiéndose en las próximas elecciones. Por ello, el actual Congreso resulta, mal que bien, fruto de su populismo; y su relación con él –sin una bancada propia ni el intento por conformar una dialogante–, expresión de su torpeza política.

El presidente Francisco Sagasti –persona íntegra, capaz y con la voluntad de hacer las cosas bien– puede contribuir a que cerremos este quinquenio con un mejor sabor. Su mandato es el de conducir democráticamente el país hasta el 28 de julio del 2021. Tiene el desafío de combatir la pandemia, reactivar la economía y lidiar con un Congreso que no sabemos si tendrá un cabal entendimiento del mensaje que la ciudadanía le envío en esta crisis y si continuará con el modus operandi de forzar respuestas populares facilistas y antitécnicas para problemas complejos.

No son tareas fáciles y su responsabilidad no es menor. La calidad de su gobierno tendrá un impacto, entre otras cosas, en el proceso electoral. Y el Perú no puede permitirse perder un quinquenio más. Esperemos que un ambiente de estabilidad permita recuperar en el 2021 la agenda reformista económica e institucional que se requiere y no distraigamos esfuerzos en abrirnos frentes promovidos por sectores radicales con agendas muy distintas, como el de promover una asamblea constituyente. Una nueva Constitución no hará surgir, por arte de magia, una nueva clase política, no transformará nuestro Estado en uno del primer mundo ni, mucho menos, impulsará nuestra economía.

Las primeras dos modificaciones debilitarían enormemente el trabajo de la Sunedu y eliminarían los logros del proceso de licenciamiento. Este proceso tuvo por objetivo garantizar que las universidades cumplan con condiciones básicas e indispensables para asegurar la calidad de sus servicios educativos. Estas incluyen, entre otras: la disponibilidad de infraestructura y equipamiento adecuado (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros); la presencia de personal docente calificado, con estudios de postgrado y al menos 25% trabajando a tiempo completo; la existencia de mecanismos formales para promover la inserción laboral de sus egresados, etc.

Como resultado de ese proceso se negó la licencia a 45 universidades que llevaban años operando sin cumplir con estas condiciones. Por ello, ahora tienen la obligación de cesar sus actividades e implementar un plan de cierre que minimice el daño para sus estudiantes, que, por lo demás, ya habían sido perjudicados al recibir servicios educativos de baja calidad. Con los cambios arriba mencionados, estas universidades podrían seguir operando, y recibir financiamiento del Estado para intentar conseguir mejoras en la calidad de los servicios que por años no tuvieron intención de implementar.

El tercer cambio, la creación del Consejo, también sería un retroceso. Se pretendía que esta entidad esté encargada de revisar, en segunda instancia, las resoluciones de licenciamiento expedidas por la Sunedu, y, además, que esté compuesta por miembros elegidos por las autoridades de las universidades. De esta forma, se replicaría el esquema que existía cuando la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (conformado por representantes de las universidades), autorizaban el funcionamiento y controlaban la calidad de sus propias instituciones. La independencia entre el regulador y el regulado quedaría eliminada con la creación de esta instancia.

En esta coyuntura en la que la independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo es prácticamente inexistente, resalta la invocación de la Sunedu para cautelar la reforma universitaria. Las medidas que se han discutido en el pasado en el Congreso y que probablemente se busque aprobar en los próximos días, podrían ir en el sentido contrario.

La velocidad experimentada es menor que la contratada por varias razones —como el uso simultáneo de la conexión por varias personas, la cantidad de memoria libre que tiene el equipo informático, la calidad y estado del router —, pero la principal es la tecnología de acceso al internet.

Las tecnologías más comunes en el país son las de banda ancha fija (alámbricas) y las móviles (inalámbricas).

Dentro las de banda ancha fija predominan tres: las que emplean la red de cobre, las híbridas que emplean la red coaxial de televisión por cable con las de fibra óptica, y las que son solo de fibra óptica. Las dos primeras sufren de problemas de congestión si hay muchos usuarios conectados al mismo tiempo y no permiten acceso a muy altas velocidades. A pesar de ello, aún son las de mayor presencia en el mercado. Solamente un 5% de las conexiones de internet fijo son de fibra óptica.

Por otro lado, la banda ancha móvil ha ido creciendo muy fuerte. La migración hacia tecnologías móviles de últimas generaciones ha permitido elevar también el acceso a mayores velocidades de internet de 45% a 70% en los últimos tres años. Sin embargo, las velocidades móviles aún se encuentran muy por debajo que las de internet fijo de fibra óptica, situación que podría revertirse con la llegada del 5G, que ofrecería velocidades cien veces más rápidas.

La prevalencia de tecnologías de acceso de baja velocidad relativa y sujetas a congestión, es lo que ha motivado que el servicio generalmente se ofrezca bajo el atributo de “velocidad mínima garantizada”. Actualmente la regulación establece que este parámetro debe ser de 40%.

Uno de los proyectos de ley del Congreso en ciernes plantea elevar la velocidad mínima garantizada de las conexiones a la internet ofrecida en los contratos del 40% al 90%

A primera vista parece razonable la propuesta. Sin embargo, esta desconoce que una industria de redes como la de telecomunicaciones se diseña en base a una congestión esperada óptima De lo contrario, sería demasiado caro el servicio e ineficiente.

En la época de la telefonía fija tradicional del mundo analógico, los usuarios tenían que esperar muchos minutos en la hora pico simplemente para recibir el tono de marcar. Supuestamente el servicio telefónico contratado “garantizaba” hacer llamadas, pero solo con la implementación de la tecnología digital se pudo superar esta restricción en la calidad del servicio. Ello implicó un fuerte programa de inversiones y la existencia de un marco institucional y reglas de juego estables.

Ahora la situación es similar en el sentido que se requiere reemplazar la obsoleta red de cobre por una red de fibra óptica, y promover la mayor penetración de la tecnología 4G y así como la transición hacia la generación 5G en banda ancha inalámbrica.

Son esfuerzos de inversión bien elevados: aproximadamente mil dólares por vivienda atendida en el caso de banda ancha fija. Más que regular parámetros de calidad, se trata de promover inversiones en banda ancha tanto fija como móvil  en un entorno de competencia. En lugar de generar sobrecostos regulatorios como la “mínima velocidad garantizada”, o de otras iniciativas igualmente desenfocadas como la de regular vía una ley los contratos entre empresas y usuarios, o la acumulación de megas de internet; la solución pasa por un marco regulatorio que incentive a las empresas a que inviertan en fibra en un entorno de competencia, y en asignar una mayor cantidad de espectro radioeléctrico para la banda ancha inalámbrica

El internet es un mercado con varias empresas compitiendo en tecnologías, precios, y calidades de servicio. Pero subsisten riesgos regulatorios que disminuyen los inventivos a la inversión. Solo se debe regular precios y calidad de servicio en el caso de la presencia de un monopolio, y este no es el caso del mercado de internet. Más que añadir regulaciones, se requiere eliminar los riesgos regulatorios. El Proyecto de Ley no solo es redundante, sino que constituye también una transgresión a la autonomía técnica de organismo regulador especializado.

No debemos olvidar que el Perú, luego de la terrible hiperinflación de los 80, adoptó un modelo basado en una economía de mercado y un manejo macroeconómico responsable, que se tradujo en una mejora sustantiva de la calidad de vida de la gran mayoría de la población y sentó las bases para enfrentar y resolver mejor equipados los inmensos retos institucionales y sociales que arrastramos desde épocas coloniales. No puede atribuirse al manejo de la economía la pobre respuesta a estos retos. La pandemia –agravada por la deficiente respuesta del Gobierno– nos está haciendo retroceder una década en ese esfuerzo de sacar familias de la pobreza y en fortalecer la clase media. En el trimestre mayo- julio el empleo en Lima Metropolitana se redujo en 40%. La degradación de las políticas públicas y de la gestión del Estado hará muy difícil recuperarnos en indicadores sociales a niveles similares a los de antes de la pandemia.

Lo que ocurre en Chile, país que parecía ya enrumbado hacia el desarrollo, nos puede ayudar a comprender mejor los riesgos. El prestigioso economista chileno Sebastián Edwards escribió recientemente lo siguiente: “Durante las últimas semanas me ha embargado un pesimismo profundo […]. Me temo que esto va a terminar mal, y que Chile volverá a sus orígenes de país latinoamericano del montón. Un país con un Estado de Derecho endeble, con instituciones débiles y baja productividad. Un país desigual, segregado, violento y pobretón. Mi pronóstico es este: en una generación –en 25 años– Chile estará entre Ecuador y Costa Rica. Hoy día Chile tiene un ingreso per cápita que es más del doble que Ecuador, y 50% más alto que Costa Rica. De acuerdo con el PNUD, las condiciones sociales son sustancialmente mejores en Chile. […] Ubicarse entre Ecuador y Costa Rica significa, en términos relativos, un enorme retroceso. Es volver a la mediocridad. […] La selección de Ecuador y Costa Rica como puntos de referencia no es arbitraria. En 1990 los dos países y Chile eran, estadísticamente hablando, casi idénticos. El mismo ingreso per cápita, prácticamente el mismo nivel de desigualdad, y una incidencia de la pobreza similar”.

Es difícil explicar cómo en sus cinco meses de funcionamiento el Congreso puede haber gestado, según una recopilación realizada por APOYO Consultoría, 81 proyectos de ley sobre sistemas de pensiones, 36 sobre el sistema financiero o 26 sobre controles de precios. Encabeza este aluvión la Comisión de Defensa del Consumidor, convertida hoy en un pequeño Congreso en sí mismo capaz de producir normas sobre cualquier tema del ámbito productivo –pues, al final del día, siempre habrá algún consumidor directo o indirecto del bien o servicio en cuestión–. Peor aún es la forma cómo aprueba sus dictámenes, algunos sin debates ni opiniones de expertos calificados –recientemente aprobó uno sobre sistema de pensiones en apenas 10 minutos–.

Un buen ejemplo es el proyecto que pretende poner un tope a las tasas de interés. En Chile una norma similar se aprobó en el 2013. En los siguientes tres años el número de nuevos deudores de grandes préstamos creció en 28%; el número de nuevos pequeños deudores cayó en 32%. Esos pequeños deudores quedaron excluidos del sistema financiero, En el Perú, se afectaría seriamente el desarrollo de las microfinanzas –el 70% de los créditos a este segmento lo realizan entidades especializadas– y se empujaría a las microempresas a los prestamistas informales, que según un reciente estudio del BCR, cobran tasas mensuales entre 10 y 30% (214% a 2.200% anual). Muchos microempresarios no podrían continuar operando. Una sola mala ley no quiebra un país, pero sí afecta seriamente a empresas y familias. Muchas malas leyes socavan y limitan el crecimiento. La factura se paga en el mediano y largo plazo.

Por ello, en los siguientes once meses resulta indispensable frenar estas malas iniciativas, y no solo en el ámbito económico. Pronto deberán definirse las reglas del proceso electoral y la conformación del Tribunal Constitucional. Es impensable soñar con avances en la reforma política. Pero, al menos frenemos una mayor degradación en ese frente.

A fines de los 80 visitó Lima un importante economista argentino. El Perú estaba en medio de su mayor crisis económica y social del siglo XX. Le preguntamos cuándo creía que tocaríamos fondo y nos respondió con el usual sentido de humor rioplatense: “Los países nunca tocan fondo… mirá sino a Egipto, que hace más de tres mil años que viene de bajada”. Tenemos que dar vuelta al timón.

Los cuatro últimos años han parecido una eternidad. Hemos atravesado un período de intensa confrontación política donde se produjeron dos intentos de vacancia y una renuncia presidencial, un controvertido cierre del Congreso y la elección de uno nuevo –poco experimentado y con un peligroso sesgo populista–, con el telón de fondo de una profunda crisis política generada por las denuncias de Lava Jato, que sepultó a buena parte del elenco estable de nuestros partidos de este siglo, arrasó con parte de nuestro sistema judicial y trabó aun más la operatividad de nuestro disfuncional Estado. Increíblemente, la economía peruana, si bien fue inevitablemente afectada por todos estos acontecimientos, resistió: el PBI creció a un promedio de 3,2% entre el 2016 y el 2019. Sin embargo, la pandemia la doblegó, con sus efectos devastadores para la salud y la actividad productiva, agravados por una deficiente respuesta de las autoridades.

Los siguientes 12 meses son, como pocas veces, de importancia crucial para nuestro país. El Gabinete Cateriano está bastante mejor provisto que el anterior para el desafío de controlar la pandemia y, a la vez, reactivar la economía. Esto, tanto a nivel de las calificaciones personales de ministros clave –Salud quizás sea el caso más evidente– como del mayor alineamiento entre sus miembros, lo que debería evitar las divergencias que llegaron al obstruccionismo en el anterior. Asimismo, también se percibe un cambio en la relación gobierno-sector privado. De la amenaza de expropiación a las clínicas privadas a la declaración del primer ministro Cateriano de que la minería es un motor para la reactivación, hay una distancia considerable. Con frecuencia nos olvidamos de que quien genera riqueza, empleo e impuestos es la empresa privada.

Pero el ministro Cateriano también enfrenta otro inmenso reto: construir una relación funcional con el Congreso. Esto es, hacer política, labor en la que su antecesor mostró incompetencia. Ya ha dado primeros pasos para construir estos puentes. Es importante para la gobernabilidad del país en este último año, pero también para evitar que los impulsos populistas de distintos sectores del Congreso minen los fundamentos de nuestra economía y causen un daño que torne aun más difícil la recuperación de la actividad productiva. En esta materia, en los últimos meses hemos estado jugando con fuego.

Finalmente, el primer ministro tiene la tarea de encauzar las siguientes elecciones generales. Aún no se conocen sus reglas de juego ni se sabe quiénes serán sus protagonistas. Este nivel de incertidumbre es extremadamente peligroso para la democracia y la economía. Ojalá que en esta nueva etapa de relacionamiento Congreso-Ejecutivo se pueda avanzar pronto y por buen camino, algo ya bastante complicado por la distorsión que la pandemia genera en el proceso electoral en sí.

Tenemos mucho en riesgo. Si se cumplen los pronósticos del SAE de APOYO Consultoría (caída de 14% en el 2020, rebote de 9% en el 2021), el PBI en julio del 2021 será 1,3% menor que el de agosto del 2016. No podemos desperdiciar otro quinquenio más; menos, destruir lo avanzado en el campo económico. Precisamente, este 8 de agosto se cumplirán 30 años del mensaje a la Nación del entonces primer ministro y ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller, en el que anunció un drástico programa de estabilización económica y remató con la apocalíptica invocación: “Que Dios nos ayude”. El ineludible ajuste impuso un tremendo sacrificio a la población, pero también sentó las bases para la total transformación de la economía. A lo largo de estos 30 años, sucesivos gobiernos mantuvieron las líneas de estas políticas en lo fundamental y cada uno de ellos hizo importantes avances. Gracias a esta perseverancia y consistencia poco vista en nuestra historia, el Perú gozó en este siglo de un crecimiento económico sin precedentes, que permitió reducir la pobreza de manera significativa. Ministros y funcionarios honestos impulsaron y mantuvieron esas reformas, enfrentando la resistencia, desde dentro y fuera del Gobierno, de intereses mercantilistas, populistas y muchas veces corruptos. Deberemos optar entre regresar a modelos que precisamente nos llevaron a la profunda crisis que hubo que corregir con el plan de Hurtado Miller, o perseverar en la actual ruta y, más bien, acelerar las reformas necesarias para superar los grandes retos del país en temas de institucionalidad política, funcionamiento del Estado y competitividad.

A inicios de mayo, el Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley 5145-2020-PE, con el objetivo de ampliar la moratoria para la creación de nuevas universidades hasta abril de 2021, y permitir a las universidades licenciadas la creación de filiales universitarias, siempre con autorización de la Sunedu.

Postergar el permiso para la creación de nuevas universidades busca que, antes de que esto suceda, se avance en la formulación de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva. Se espera que esta Política brinde lineamientos para que la oferta educativa superior sea pertinente a la demanda laboral en las regiones, y para que existan vínculos eficaces entre instituciones educativas que fomenten el desarrollo ordenado de la oferta laboral.

Por otro lado, permitir la creación de filiales a las universidades ya licenciadas ayudaría a cubrir la ampliación de la brecha educativa -sobre todo al interior del país-, producto del cierre de aquellas universidades que no pudieron cumplir las condiciones básicas de calidad, y de la crisis actual, producto de la pandemia.

Sin embargo, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso ha incorporado cambios que modifican sustancialmente el espíritu de este proyecto de ley y que benefician a las universidades con licencia denegada.

El más discutido ha sido la creación del «Consejo Nacional de Asuntos Universitarios«, cuyos miembros serían elegidos por las autoridades de las universidades, y que estaría encargado de revisar, en segunda instancia, las resoluciones de licenciamiento expedidas por la Sunedu. Esta propuesta implica retornar a un esquema auto regulatorio similar al que existía antes del inicio de la reforma, cuando la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (conformado por representantes de las universidades), autorizaban el funcionamiento y eran los encargados de controlar la calidad de sus propias instituciones. Este evidente conflicto de interés en el esquema auto regulatorio fue eliminado a través de la reforma universitaria que se inició con la Ley Universitaria de 2014.

De acuerdo con información periodística, este cambio ha sido ya retirado, pero existen cambios adicionales que también contradicen el objetivo de la ley enviada por el Ejecutivo. Por un lado, se pretende eliminar el cese de actividades de las universidades que no obtuvieron licenciamiento, y establecer que estas reciban fondos del Estado para mejorar sus condiciones de calidad. Aprobar la ley con este cambio implicaría que las universidades sin licencia no tengan que cumplir sus obligaciones de cese antes de optar nuevamente por el licenciamiento. Además, se busca que sean los contribuyentes quienes financien el costo de lograr los estándares mínimos de calidad que no pudieron cumplir en un inicio.

Otros cambios van en la misma línea de beneficiar a las universidades sin licencia. Primero, se pretende que las universidades con licencia no puedan abrir filiales por tres años, y, segundo, que la ampliación de la moratoria solicitada originalmente por el Ejecutivo se reduzca a 4 meses. Así, en conjunto, estos cambios evitarían que universidades que ya han garantizado condiciones mínimas de calidad atiendan a otras provincias por tres años, y haría posible que aquellas universidades con la licencia denegada sean las que abran en dichas provincias (después de haber implementado mejoras con dinero del contribuyente).

Según la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, es posible que 10 universidades a nivel nacional sean cerradas debido a la crisis. En esa coyuntura es necesario evitar que la brecha, en cantidad y calidad, se amplíe. Aprobar el proyecto de ley con estos cambios, claramente, no es el camino.

El pasado 3 de junio, durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso de la República, la superintendenta de la SBS, Socorro Heysen, mostró su preocupación por los 19 proyectos de ley (PL) que el Legislativo tiene en cartera y que plantean la condonación e imposición de topes a los intereses que cobran las entidades del sistema financiero por los créditos otorgados. Es entendible que se evalúen alternativas para aliviar a familias y pequeños negocios, cuyos ingresos han sido fuertemente afectados por la crisis económica. Sin embargo, estas medidas generarían serios impactos en la estabilidad del sistema financiero y sobre la inclusión financiera de los sectores más afectados.

Si se condonan temporalmente los intereses de las deudas, las entidades tendrían una fuerte caída en sus ingresos, pues los intereses son su principal fuente de recursos. Esto se agravaría dado que más del 30% de las colocaciones del sistema se han reprogramado y en donde –solo en Lima– más de 1.2 millones de personas han perdido su empleo y tendrán dificultades para cumplir con sus pagos. Esto podría llevar a las entidades a una posible situación de insolvencia. Las más perjudicadas serían aquellas concentradas en consumo y MYPE, como las financieras, cajas municipales y rurales, que representan el 65% de las colocaciones a la microempresa y despliegan parte fundamental del esfuerzo de bancarización a nivel regional. Parte de los intereses que reciben estas es utilizada para pagar los intereses por los depósitos de los ahorristas. Si no hay intereses por los créditos, no se podría cumplir con los depositantes.

Además, si las entidades sufrieran estas pérdidas, algunas tendrían que ser rescatadas con fondos del Tesoro debido al impacto que su quiebra generaría en la cadena de pagos, o gatillarían la necesidad de inyectar recursos al Fondo de Seguro de Depósitos para honrar los depósitos de personas naturales y jurídicas. Actualmente, el Tesoro tendría mayores dificultades para este propósito, como sostiene la calificadora Fitch Ratings en su último reporte, en el que rebaja la clasificación crediticia de la deuda soberana del Perú e indica que nuestras finanzas públicas ya no son una fortaleza.

Por otro lado, si se impusieran topes a los intereses que cobran las entidades financieras, estas probablemente no otorgarían créditos a las personas o empresas con mayores necesidades, que requerirían una tasa de interés más alta. Así, los sectores más riesgosos y que representan los mayores costos operativos para las entidades – familias de bajos ingresos y microempresas no bancarizadas– serían los más perjudicados, su acceso a la oferta crediticia sería restringido y se verían obligados a buscar a prestamistas informales, a tasas muy por encima de las que obtienen en el sistema.

En resumen, con estas medidas, los principales perjudicados serían los sectores a los que los PL buscan aliviar. Al igual que con el caso de los cobros de los peajes y la liberación de los fondos de las AFP, estas iniciativas legislativas no evalúan adecuadamente los costos que generan. Es crucial que los parlamentarios contemplen los efectos que tendrían sobre la sostenibilidad del sistema financiero, que representa uno de los pilares de la estabilidad económica e inclusión financiera del país.

Recientemente se publicó la Ley 31018, que suspende el cobro de peajes en las redes viales concesionadas en el país. Esta ley, aprobada por insistencia por el Congreso, es otro ejemplo de regulación cuyos efectos no han sido evaluados técnicamente. Para darse cuenta de ello basta citar el proyecto que dio pie a su aprobación: en el acápite correspondiente al análisis costo-beneficio señala que esta ley “no genera costos para el erario público (…) y genera beneficio social y económico”. Sin embargo, como se ha señalado en diversos medios, esta ley puede tener varios impactos negativos.

La suspensión del cobro de los peajes modifica, de manera unilateral e imprevista, contratos entre el Estado y los concesionarios, sin que haya existido una negociación previa o una razón imputable a estos últimos que lo justifique. Así, la ley cambia el marco jurídico bajo el que se han comprometido las inversiones y en el que operan los actores privados. Por ello, es posible que se generen controversias y arbitrajes que, al resolverse, obliguen al Estado peruano a pagar sumas importantes por compensación, lo que constituye una clara afectación al erario. Ello ha quedado demostrado, recientemente, con el fallo por el que la Municipalidad Metropolitana de Lima perdió el arbitraje que sostenía con la concesionaria Rutas de Lima por la suspensión del peaje del Río Chillón. Como consecuencia, la MML tendrá que pagar una compensación de 230 millones de soles. Situaciones similares podrían darse en el futuro si la aplicación de esta Ley prospera.

Tal vez menos evidente es que, además de afectar la estabilidad jurídica de los contratos de concesión ya firmados, la ley afecta la confianza en el marco institucional, necesaria para atraer nuevas inversiones. Según estimaciones del SAE de APOYO Consultoría, en el 2020 el PBI disminuirá entre 14% y 20% con respecto al 2019 y recién en el año 2022 recuperará los niveles que exhibía antes de la pandemia. Estimular y atraer inversiones es clave para lograr dicha recuperación. Por lo tanto, estas no deben desincentivarse a través de regulaciones que generan desconfianza entre los inversionistas actuales y potenciales al poner en evidencia la posibilidad de cambios arbitrarios en las reglas de juego. Perder potenciales inversionistas podría implicar, además que los proyectos de infraestructura no se realicen o que tengan que ser financiados por el contribuyente.

Por otro lado, es necesario recordar que existe una racionalidad económica detrás del cobro de peajes. Se paga peaje para circular por una vía que recibe mantenimiento, a la que se le hacen ampliaciones, se le dota de señalización, y en la que existen servicios para atender emergencias. Suspender el financiamiento de estos servicios puede ser perjudicial. Según información de Ositran, durante el periodo de cuarentena se han atendido ya 700 emergencias viales.

Por último, cabe preguntarse cuáles son los beneficios adicionales de la ley. Ositran reporta que en 56 peajes, aquellos administrados por el Estado o a través de concesiones cofinanciadas, ya se habían suspendido los cobros por el estado de emergencia. Además, en los restantes 22, las concesiones autofinanciadas y afectadas por esta ley, no se está cobrando peaje a los vehículos que transportan personal médico, de las fuerzas armadas o policiales. Por lo tanto, no se perciben beneficios económicos adicionales importantes, salvo para grupos de transportistas que ya estaban operando durante el estado de emergencia.

El Ministerio de Justicia ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para detener la aplicación de esta ley. Se espera que la decisión se emita favorablemente sobre la base del derecho constitucional. Pero es importante notar la importancia de evitar estos perjuicios.

El Congreso de la República parece andar sin rumbo analizando soluciones vinculadas al control de precios de medicamentos. Sin embargo, la evidencia muestra que tratar al enfermo con dicha receta no funciona. Por un lado, prohibir el incremento de precios omite el hecho de que el precio final no solo depende de la voluntad del vendedor, sino además del costo que se genera a lo largo de toda la cadena de valor. Por el otro, cuando el Estado fija un precio inferior al precio que se define en el mercado, los productores no tienen mayores incentivos para participar. Esto sucedió en Italia, donde la reciente imposición de un precio tope para mascarillas redujo su disponibilidad para los ciudadanos y desincentivó la entrada de nuevos competidores.

En el fondo, las alternativas planteadas por algunos parlamentarios han perdido de vista los problemas subyacentes. Al respecto, ponemos en discusión tres temas que requieren una intervención urgente.

Primero, los medicamentos innovadores, aquellos que sirven para curar enfermedades complejas como las oncológicas y que no se consiguen en farmacias, se demoran hasta siete años más en conseguir un permiso de comercialización con respecto a Estados Unidos. Para solucionarlo, se requiere verificaciones con silencio administrativo positivo para aquellos medicamentos ya aprobados por las principales autoridades sanitarias del mundo como la FDA (Estados Unidos) y la EMA (Europa).

Segundo, el 59% de los demandantes que acude a farmacias privadas son pacientes que no encuentran medicamentos en el sector público. Es indispensable mejorar el sistema de adquisición y distribución de medicamentos en el sector público, fortaleciendo las compras centralizadas para buscar mejores precios y haciendo alianzas con el sector privado para ampliar su red de atención donde sea necesario.

Tercero, este es un mercado con asimetría de información. El 50% de ciudadanos prefiere comprar medicamentos de marca, que aseguran cierta calidad, a pesar de que son más costosos. Se calcula que extender la certificación de intercambiabilidad (garantizar que son equivalentes en términos terapéuticos) ahorraría más de S/2 mil millones a los hogares peruanos.

Los verdaderos ahorros para los peruanos no se van a generar controlando los precios de medicamentos, sino resolviendo los problemas estructurales que nuestro sistema de salud arrastra desde hace años. Regular precios debe ser una medida de última instancia. Incluso Stephen Littlechild, el pionero de la regulación tarifaria para servicios públicos, declaró que el objetivo de un regulador debe ser de “sostener la muralla hasta la llegada de competencia”. En esa línea, los tres ejemplos mencionados en este artículo tienen mucho potencial para fomentar la competencia en múltiples eslabones del sector salud y, sobre todo, beneficiar al paciente.