El reciente anuncio sobre un mayor empleo de la franja de precios para las importaciones de productos agrícolas, en el contexto de la denominada segunda reforma agraria, fue sorpresivo debido a que una reforma de política pública ha debido plantear más bien su eliminación.

La franja de precios se introdujo en el país a inicios de los años noventa con el objetivo de proteger de las fluctuaciones de precio de los principales productos importados en un contexto en que se desmanteló el sistema de cuotas a la importación y se eliminaron las intervenciones deficitarias de las empresas públicas Enci y Ecasa. Básicamente, la franja aplicaba sobretasas arancelarias si el precio internacional se encontraba muy por debajo del promedio histórico, y dejaba de aplicar aranceles cuando el precio estaba muy alto respecto al promedio. Debía de ser neutral respecto a la protección a la producción nacional. El nivel de protección se debe definir más bien en base al arancel. Sin embargo, con los años dejó de ser neutral y empezó a ser empleado para elevar la protección discrecionalmente.

La franja de precios no es un instrumento que tenga un acuerdo y una institucionalidad acordada a nivel internacional, a diferencia de los derechos antidumping o los derechos compensatorios para los casos de subsidios de gobiernos que se basan en acuerdos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y en el Indecopi a nivel del país. Por el contrario, las resoluciones de los paneles de solución de diferencias de la OMC han concluido que no es un mecanismo alineado con los principios de comercio internacional, por la falta de predictibilidad y de transparencia para los participantes.

Actualmente, las franjas de precio no tienen mucho sentido si se busca ayudar a la agricultura familiar y a los de subsistencia. En general, los campesinos y pequeños agricultores no siembran los cultivos que están o que podrían estar bajo la franja de precios. La franja ha estado dirigida más bien a proteger a los medianos agricultores consolidados.

Varios de los productos en la franja no requieren de protección de precios. En el caso del azúcar, volveríamos a ser exportadores netos en los próximos años debido a la mejor gestión de las empresas azucareras luego del fracaso cooperativista, y con el ingreso de la mayor producción de Olmos. En el caso del trigo nacional, este tiene un uso primordialmente de consumo familiar directo, a diferencia del grano importado que es idóneo para la industria molinera.

Además, los subsidios internacionales vía distorsiones en precios de los productos que importamos han disminuido en los últimos años.

Finalmente, no toman en cuenta los efectos sobre la cadena agroindustrial y sobre los consumidores finales, quienes serían los más perjudicados. El país es exportador de productos que usan azúcar en su producción, de productos lácteos, y de productos oleaginosos. No sería conveniente tampoco que se adquieran alimentos vía compras públicas a precios más elevados debido a la aplicación de la propia franja de precios.

Es más conveniente apoyar con mayor énfasis a través de infraestructura rural, provisión de bienes públicos agrarios como titulación e innovación, y transferencias de ingreso condicionadas para las familias campesinas.

Han pasado siete años desde que el Grupo El Comercio (GEC) compró Epensa, momento en el que se mencionó que con esta operación se afectaría el pluralismo y la libertad de expresión. APOYO Consultoría realizó un estudio por encargo del GEC, dejando claro la independencia de sus conclusiones.

¿Cómo se definiría la concentración de medios?

Hay varias maneras de definir. En este caso lo analizamos desde la concentración del pluralismo informativo sobre la base del mercado. Es decir, guiarnos por la demanda, por lo que buscan los lectores, según la información que requieren para tener las noticias. En este escenario se ha dado un cambio hacia los medios digitales.

¿Cómo ven esa tendencia o cambio hacia lo digital?

Cuando hablamos de concentración de medios desde el pluralismo informativo, hemos visto que el 85% de las personas buscan información online, el 70% en redes sociales, 63% en televisión y un 28% a través de los medios impresos. Si nos concentramos en los medios impresos, vemos que existe un pluralismo informativo.

Y desde esa perspectiva, ¿hay concentración en el país?

En medios impresos no hay una concentración, vemos más una pluralidad de la información. Existen muchos medios desde ese formato a los que pueden acceder las personas y lo que observamos es que se puede llegar a diversos medios, líderes de opinión, ya sean periodistas o políticos, sin la necesidad de la infraestructura de un medio específico.

Pero la presencia de GEC es importante en el mercado…

No se puede negar que el GEC es un grupo importante en el mercado de medios, pero otra cosa es que esa presencia dificulte la competencia. Lo que nosotros observamos en los medios escritos impresos, fuera de los medios digitales, es que las barreras de entrada son bajas.

¿Qué significan barreras bajas?

Muchos dicen que hay una barrera de entrada por los costos de distribución y de impresión, además de la elaboración de contenidos. Sin embargo, el propio GEC brinda el servicio a sus competidores de diarios en distribución e impresión. El costo al que brinda el servicio es similar o menor al costo que incurren ellos mismos. No es necesario que un competidor tenga que invertir en una imprenta o una red de distribución.

A un menor costo, ¿es posible?

Es posible, por un tema de número de hojas del diario, por su alcance en la distribución, de la calidad del papel, ahí depende de lo que busque el diario. Una empresa editora que toma los servicios del GEC ve que también son baratos, en impresión y distribución.

¿Ello ha permitido que surjan más medios?

Definitivamente hay más medios impresos entrando al mercado, en los últimos meses vemos al diario El Sombrero ingresando, lo que muestra que hay costos de entrada razonable y precios competitivos. El número de diarios cambia cada mes y hoy vemos que hay más de 75 diarios a nivel nacional, eso habla de un dinamismo que dista de un oligopolio.

¿Pero hay un control de la distribución y la atención de la demanda?

En la distribución lo que se maneja es un sistema de canillitas que se agrupan en asociaciones y quienes se encargan de ver la distribución de todas las empresas, no hay exclusividad.

¿Hay una reducción de los medios impresos por los medios online?

Hay una presión fuerte, en el 2016 los diarios impresos del GEC eran 343 millones de ejemplares, y en el 2020 era 136 millones. Los medios impresos ya no son la fuente principal en el pluralismo informativo.

¿Y cómo ven ese cambio para los impresos y los otros medios?

Cada medio tiene un nicho específico. Cuando decimos que no hay oligopolio, una de las razones para llegar a esa conclusión es que este es un mercado donde existe competencia porque los consumidores son heterogéneos y cada medio puede llegar a distintos nichos de mercado. Un medio puede llegar a ser rentable incluso si no tiene una participación de mercado muy alta porque está apuntando a un nicho. Eso permite tener lectores, consumidores muy heterogéneos que buscan diferentes contenidos, opiniones y formatos.

¿Hay casos en los que han visto que ocurra?

Hicimos un análisis porque queríamos llegar al fondo del asunto, sobre la concentración de la propiedad de medios, si existe un nexo causal entre la concentración de la propiedad de medios impresos y el pluralismo de ideas.

¿A qué resultados llegaron?

Analizamos cinco eventos: la vacancia de Vizcarra, la toma de mando de Sagasti, vacunagate, primera y segunda vuelta. Para ello, se vieron los dos días siguientes a cada evento, sobre el alcance de algunos líderes de opinión en Twitter vs. las columnas de opinión de El Comercio versión web, y se observó que un twitter tenía igual o mayor alcance que algunas columnas de opinión.

¿Esto qué significa?

La conclusión es que la infraestructura que brinda un diario online o impreso no es necesaria para tener un nivel de alcance importante de las noticias, opiniones e información de los principales líderes de opinión, pues sin ella se puede llegar a diferentes lectores desde diferentes plataformas.

¿Y en caso de la compra de Epensa?

No observamos para nada una concentración, lo que vemos es un incremento de la migración a los medios digitales e incluso la aparición de más medios impresos.

¿Es posible que se logre una concentración en los medios impresos?

En el mercado de medios escritos es difícil que ocurra ello porque es complicado acaparar un mercado en el que no hay límites. En el supuesto caso que una empresa compre todo, la demanda buscará otros medios de información y el mercado rápidamente se desconcentrará.

Nacen medios nativos digitales

Diversidad. Andrés Caro comenta que en los medios de comunicación muchos son nativos online, es decir, que han nacido desde la propia red y su medio de difusión principal suelen ser las redes sociales. “Hay personas que tienen cierto renombre o cierta llegada, usan sus redes sociales para generar contenidos y ello les permite generar tráfico a ese portal y realizar la monetización necesaria”, indica.

La pandemia ha hecho evidente los beneficios de la conectividad al permitir seguir desarrollando un sinfín de actividades económicas mediante el teletrabajo, el comercio electrónico, y las plataformas de comunicación virtuales. Pero también hizo evidente la falta del cierre de la brecha en el acceso del internet, especialmente para poblaciones rurales y desatendidas. Si bien la brecha se ha ido cerrando, especialmente debido a la mayor penetración del internet móvil, actualmente un 24% de la población peruana aún no tiene acceso al internet.

Para cerrar la brecha no se requiere establecerlo como un derecho ciudadano. Tampoco sobre regularlo o peor aún entretener la idea del Estado operador. Lo que se requiere es generar las condiciones para invertir en el cierre de la brecha, y ejecutar mejor el rol subsidiario del Estado en este servicio.

Desafortunadamente, la difícil geografía del país y la dispersión de la población en más de noventa mil centros poblados, hacen que los tamaños de los mercados locales del internet sean pequeños, y que los costos de inversión para llegar a los pobladores sean altos. Ambos factores inciden sobre la poca viabilidad de ampliar el servicio.

La estrategia implementada en el gobierno del presidente Humala a través de la promoción de proyectos de inversión para construir una red dorsal nacional y regional bajo la titularidad del Estado no fue la adecuada. Se invirtió en regiones donde ya existían redes y se asumió que el crecimiento de la cobertura geográfica del sector privado no iba a ser suficiente. Sin embargo, las redes de fibra óptica de los operadores se extendieron de manera significativa, y se produjo un exceso de capacidad con la implementación del proyecto público que provocó un desplome en los precios mayoristas lo que quitó viabilidad a la red dorsal. En buena cuenta, no se siguió el principio del rol subsidiario del Estado.

Ello muestra nuevamente el despropósito que el Estado haya especificado y apostado en una sola tecnología como solución para el cierre de brechas que en sectores con alta innovación pueden caer fácilmente en un flagrante off-side.

No obstante, la altísima innovación en el sector de telecomunicaciones ha permitido ampliar la cobertura del internet en los últimos años, especialmente mediante el internet móvil. Así, la penetración del internet subió 35% en el último quinquenio. La propia dinámica del mercado y la competencia entre las empresas de servicios móviles, se encargarán por sí solas de cubrir la mayor parte de la demanda insatisfecha del internet móvil. Hay, sin embargo, una agenda pública para facilitar y acelerar este cierre de la brecha de internet. Básicamente es la asignación y gestión del espectro radioeléctrico, facilitar el despliegue de infraestructura mediante la eliminación de trabas burocráticas, y la reducción de los sobrecostos regulatorios.

Algunas tendencias recientes en las innovaciones ofrecen mejores perspectivas. Así, por ejemplo, la figura de operadores móviles rurales que extienden la infraestructura compartiéndola con otros operadores está mostrando un potencial para cerrar parte de la brecha de internet. Es muy promisorio también la introducción del internet satelital con el empleo de los satélites de órbita baja. Estos satélites ofrecen una baja latencia en la transmisión, pueden comunicarse entre ellos como una red en tierra y permitirían así que los usuarios muy alejados de las redes convencionales puedan acceder al internet.

Se requiere retomar el enfoque de aplicar una estrategia de las asociaciones público-privadas que sean neutras respecto a la tecnología y que los factores de competencia de las licitaciones sean basadas en metas de cobertura y de niveles de servicio, focalizar el presupuesto público en cofinanciar el acceso a nivel local en lugares públicos que concentren demanda, y adoptar un mecanismo de compras públicas que agregue efectivamente la demanda del servicio de internet de las entidades del sector público. La inversión privada juntamente con las intervenciones del Pronatel del MTC, dirigidas para la población de bajos ingresos y de interés social, deberían poder cerrar la brecha del internet en los próximos años.

Hace unas semanas, el presidente Pedro Castillo Terrones mencionó al grupo nini —como se conoce a los jóvenes que no estudian ni trabajan— en su discurso ante el Congreso, e indicó que estos “deberán acudir al servicio militar”. El tema fue abordado en la sección “Rondas y Seguridad Ciudadana” de su mensaje, dando a entender que sería una política para mitigar la delincuencia. La propuesta acaba de ser ratificada por el ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, quien plantea la posibilidad de que el servicio militar sea obligatorio para esta población.

Discursos de este tipo refuerzan las ideas más comúnmente relacionadas a los jóvenes que no estudian ni trabajan: que son unos “vagos” o “potenciales delincuentes”. Sin embargo, las razones que llevan a la gran mayoría de ninis a esa situación no son individuales ni antojadizas. Por el contrario, están ancladas a temas estructurales de precariedad laboral, pobreza y desigualdades de género, que quedan invisibilizadas por los prejuicios.

Si queremos encontrar una solución a la problemática de los ninis, primero hay que entender quiénes son y por qué se encuentran en una situación como esa. Con esta idea, hace tres años, cuatro investigadoras de GRADE desarrollamos el estudio «Más allá de los ninis: los jóvenes urbano-vulnerables en el Perú». Dicha investigación nos permitió identificar que no son un grupo uniforme, sino jóvenes con características muy distintas; lo que plantea la necesidad de diferentes tipos de políticas para atenderlos.

Para empezar, más del 60 % de los jóvenes que “no estudian ni trabajan” son mujeres. De estas, el 70 % se dedica al trabajo doméstico. Es decir, al cuidado de niños y adultos mayores y labores del hogar. Al no ser remunerado, este tipo de trabajo no es contabilizado como empleo. Además, muchas de ellas son madres jóvenes; algo que, generalmente, está vinculado al embarazo adolescente y la interrupción de los estudios secundarios o superiores.

Difícilmente una política de servicio militar sería adecuada para atender a este grupo de mujeres, consideradas como ninis, a menos que se busque impulsar mayor participación femenina en las Fuerzas Armadas. Incluso si así fuera, esto tendría implicancias en las labores de cuidado: ¿Qué ocurrirá con los hogares y personas dependientes de estas mujeres? ¿Qué políticas de cuidado se propondrán en ese caso?

También están los jóvenes ninis que están buscando trabajo y no logran insertarse en empleos estables. La mayoría de ellos son mayores de 20 años y provienen de hogares de clase media y media-alta. Estos representan tan solo el 10 % de los jóvenes ninis, y requieren de políticas que los ayuden a transitar adecuadamente al trabajo formal. Esta problemática se suma a la naturaleza transitoria de muchos ninis, que entran y salen de empleos en un contexto de precariedad laboral, sin poder mantenerse en un puesto.

Luego, entre los jóvenes ninis, encontramos a los que actualmente no están buscando un empleo. ¿Será a ellos a quienes se refería el presidente Castillo Terrones en su discurso? Estos representan el 40 % de lo que se entiende como ninis y más de la mitad de estos jóvenes tienen entre 15 y 19 años.

En este caso también se podría cuestionar si la política de servicio militar sería la más adecuada o, en todo caso, podría enfocarse en reducir la interrupción de sus estudios y mitigar eventos fortuitos que los hayan llevado a esta condición. Del mismo modo, sería clave identificar las dificultades que enfrentan en la vida post escolar, como el costo de los estudios superiores, orientación vocacional, o en temas de salud mental.

Por otro lado, en un contexto como el peruano, donde la informalidad laboral alcanza al 70 % de la población económicamente activa y donde los jóvenes ingresan a un mercado laboral altamente precario, el indicador de ninis no incluye a los jóvenes que, si bien cuentan con algún trabajo, este no tiene las condiciones mínimas adecuadas. En el estudio mencionado, por ejemplo, identificamos que estos empleos —inestables, volátiles y de paga ínfima— no permiten a los jóvenes construir una trayectoria laboral que los proteja de potenciales eventos fortuitos (como alguna enfermedad), lo cual los mantiene en una situación de precariedad continua.

Este último aspecto también es crucial pues, si queremos discutir la vulnerabilidad de los jóvenes y políticas destinadas a este tema, debemos ampliar nuestro entendimiento de lo que implica esa vulnerabilidad en un contexto como el nuestro. En otras palabras, los jóvenes que tienen trabajos informales inestables y precarios también corren un alto riesgo de exclusión social.

Los ninis durante la pandemia

Es innegable el efecto negativo que ha tenido la pandemia en el aspecto laboral y educativo a nivel nacional. Para conocer su alcance, replicamos la metodología del estudio mencionado, esta vez con datos de 2019 y 2020. Así, identificamos que se ha registrado un incremento en la cantidad de jóvenes que componen cada uno de los cuatro grupos vulnerables (ver gráfico 1).

Asimismo, detectamos que, entre 2015 y 2020, se redujo la proporción de jóvenes que se encontraban estudiando o trabajando en condiciones adecuadas. Esto ha generado, a la vez, un incremento en la proporción de jóvenes en cada grupo de ninis, y la de jóvenes con empleos precarios (ver gráfico 2).

Entonces, los ninis y jóvenes con empleos precarios no eligen serlo, sino que se encuentran en trayectorias de vida vulnerables. Nuestro estudio de 2018 identificó múltiples factores que afectan su trayectoria y los llevan a esta situación. Entre ellos sobresalen la convivencia a temprana edad —que incrementa las probabilidades de las mujeres de quedar embarazadas, así como de ser ninis; y en el caso de los hombres, de ser trabajadores en condiciones precarias—.

La interrupción de los estudios secundarios es otro aspecto significativo, ya que corta el proceso de desarrollo de habilidades y tiene un peso en su desarrollo. Las razones detrás de esta interrupción suelen estar relacionadas con la necesidad de dedicar tiempo a actividades remuneradas de forma inmediata.

Como mencionan los investigadores Rafael de Hoyos, Halsey Rogers y Miguel Székely en un estudio del Banco Mundial sobre estos jóvenes, “la mayoría de los ninis hombres abandona la escuela secundaria no para jugar videojuegos o ver la televisión sino para ganar dinero”. Sin embargo, esos trabajos son de condiciones precarias e inestables, lo cual los mantiene en un estado de vulnerabilidad ante cualquier crisis económica, y no promueve su crecimiento profesional.

A los factores mencionados se suman, también, las enfermedades o lesiones que pueden sufrir los jóvenes —no contar con protección social, les impide trabajar o estudiar— y casos de enfermedad en su grupo familiar —algo que puede generar presiones económicas o responsabilidades de cuidado con impactos distintos por género—. Y, finalmente, la migración interna, que en ocasiones puede promover la interrupción de estudios y generar presiones para tomar empleos en el corto plazo, pero en condiciones precarias.

Asimismo, el estudio que realizamos en el 2018 encontró que las condiciones de seguridad y movilidad dentro del barrio afectan sus trayectorias de manera importante. A esto se suma que, muchas veces, el costo de oportunidad de continuar con la educación o tener ingresos en el corto plazo es muy alto. Así, las condiciones de los empleos que se ofrecen en el barrio pueden determinar incluso si estos jóvenes se insertan en la delincuencia.

En esta línea, los investigadores del Banco Mundial encontraron que, si bien en contextos de mayor criminalidad existe un vínculo entre la delincuencia y los ninis, en contextos de menor criminalidad ese vínculo desaparece. En otras palabras, no existe una relación unidireccional entre ninis y delincuencia. Esta asociación esconde lo que realmente existe detrás: pobreza, interrupción de estudios, precariedad laboral y falta de oportunidades laborales, entre otros.

¿Políticas públicas integrales para ninis?

Si queremos romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza tenemos que tener un enfoque multidimensional del problema. Estos jóvenes se encuentran en un momento crucial de sus vidas. Sus decisiones -—que no son tan libres— de trabajo y estudio pueden determinar su desarrollo pleno o establecer una trayectoria precaria.

Entonces, ¿cuál es la solución de política pública? Para responder este interrogante es necesario entender qué determinantes y procesos del contexto llevan a los jóvenes a establecer estas trayectorias. Por más buenas intenciones que existan detrás de una política, esta no debería guiarse por estereotipos. Las consecuencias no deseadas de las políticas que no parten de un conocimiento profundo del tema, pueden ser tan nocivas como la problemática en sí misma. Por eso, es clave diseñar propuestas con un entendimiento cercano de lo que ocurre.

En ese sentido, las soluciones que el nuevo gobierno proponga para jóvenes ninis y en situación de precariedad laboral deben, en primer lugar, considerar que están abordando un conjunto de grupos con características y condiciones distintas, y no un grupo homogéneo y estático. Para eso, será clave incorporar sus voces desde la participación política y ciudadana, así como transversalizar el enfoque de juventudes en la gestión pública.

Espacios importantes para ello son, por ejemplo, los impulsados por la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju). Este organismo, dedicado a formular y proponer políticas de Estado para el sector, ha presentado recientemente una propuesta de reforma institucional necesaria para fortalecer sus capacidades a la hora de atender a las juventudes.

Asimismo, será fundamental entender las distintas causas que llevan a los jóvenes a insertarse en los circuitos de trabajo precario. En esta línea destaca la necesidad de plantear políticas que promuevan la generación de habilidades técnicas, así como prestar mayor atención al vínculo entre la educación secundaria y el mercado laboral. Y, en paralelo, realizar una reforma y ordenamiento de la educación superior —que no incluya únicamente universidades sino también institutos técnicos— y  en el sector trabajo, con miras a que los jóvenes puedan tener una inserción estable en el mercado laboral.

Por otro lado, que el mayor porcentaje de ninis corresponda a mujeres es revelador: deja en evidencia la necesidad de cimentar el enfoque de género y, en particular, la educación sexual integral en la educación. También será importante comenzar a plantear este enfoque en el mercado laboral, para las mujeres que son madres y no logran conseguir un empleo remunerado por esta razón. Un primer paso en este sentido sería, por ejemplo, potenciar los servicios de cuidado diurno.

Como hemos visto, las condiciones y necesidades de los distintos tipos de nini son diversas y van más allá de una propuesta como la del servicio militar obligatorio. La pregunta es, ¿en qué se sostendrán las políticas para la juventud de este gobierno? ¿en base a prejuicios o a evidencia?

El reporte Microscopio Global del 2020, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, coloca al Perú, junto con Colombia, en el primer puesto en un ranking que ordena a 55 países en vías de desarrollo según sus avances en inclusión financiera. El ranking evalúa cinco dimensiones en las que Perú obtuvo puntajes más altos que el promedio. En la dimensión referida al apoyo gubernamental y político a la inclusión financiera y en la que evalúa si las regulaciones facilitan la estabilidad e integridad del sistema financiero, Perú obtuvo 84 puntos sobre un máximo de 100. Asimismo, en las dimensiones que evalúan la calidad de la protección al consumidor y la infraestructura, sobre todo la digital, obtuvo puntajes de 88 y 83, respectivamente. Finalmente, obtuvo el puntaje máximo posible en la dimensión referida a la promoción de mayor diversidad de productos y puntos de venta.

Estos resultados muestran los avances que hubo en el país desde hace varios años. Tanto el auge de las microfinanzas, que crecieron significativamente desde fines de la década del 90, como los esfuerzos de instituciones financieras más grandes por atender nuevos mercados, y el aprovechamiento de tecnologías de la información para innovar en productos y formas de acercamiento a clientes, han contribuido con ello. Las facilidades existentes para la apertura remota de cuentas, la gran presencia de cajeros, la diversidad de agentes que sirven como puntos de venta financieros, son manifestaciones de este avance.

La contribución del sector público en este desarrollo también ha sido importante. El 2015 se publicó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), una iniciativa de distintas entidades del Estado que trabajaban independientemente en este tema (como el Banco de la Nación, la SBS, el MIDIS, el MEF, entre otros) para potenciar el impacto de sus esfuerzos a través de su acción conjunta. A partir de esta experiencia, en 2019 se aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), lo que brinda a estas iniciativas el carácter de política de Estado. Y en la PNIF, además, se establece la necesidad de tener un plan de acción que continúe los esfuerzos iniciados con la ENIF, y que establezca metas cuantitativas específicas que puedan ser monitoreadas permanentemente.

Continuar con este trabajo es importante. A pesar de los buenos resultados agregados, aún existen evidentes oportunidades para seguir incluyendo. Por ejemplo, de acuerdo con datos del INEI para 2020, 72% de hogares a nivel nacional tiene una cuenta bancaria, pero existen 15 puntos de diferencia entre el sector urbano y el sector rural, en donde este porcentaje llega a 61%. Las diferencias entre niveles socioeconómicos también son relevantes: mientras en el NSE A el 94% de hogares tienen cuenta bancaria, en los NSE más pobres, este porcentaje disminuye hasta 60%.

Otros indicadores reflejan mayores oportunidades de expansión, y, nuevamente, diferencias entre segmentos de la población. Es el caso, por ejemplo, del uso de medios digitales para realizar pagos. Por la pandemia del COVID-19, durante 2020 el uso de medios digitales aumentó, pero aún se mantiene en niveles relativamente bajos. Según datos del INEI, en los NSE más altos aproximadamente 20% de hogares ha reportado el uso de medio digitales para realizar transacciones, en los NSE más bajos el porcentaje es la décima parte, y en el sector rural es estadísticamente inexistente.

La pandemia ha mostrado la utilidad de los servicios financieros para ayudar a paliar situaciones críticas. Pero, además, a través de la inclusión financiera, cualquier persona, incluidas aquellas con menores ingresos, pueden ampliar sus oportunidades de consumo, de inversión, de generación de ingresos y, mejorar sostenidamente su calidad de vida.

Por los daños ambientales y sociales que genera, la minería ilegal es considerada una de las actividades más destructivas del mundo. En nuestro país, Madre de Dios es la región más afectada. Según datos de Torres (2015), el 90% de la producción minera en esa región proviene de operaciones informales e ilegales; y según datos del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP), solo entre el año 2019 y 2020 se han perdido más de 750 hectáreas de bosque producto de esta actividad.

Por esa razón, desde hace varios años, el Estado ha implementado medidas diversas para combatir este flagelo. Se ha tipificado la minería ilegal como delito y se han combinado acciones de fiscalización e interdicción con operativos de gran magnitud como la “Operación Mercurio”, implementada en 2019 para erradicar la actividad minera ilegal en la Amazonía, principalmente en la zona conocida como La Pampa.

Aunque la Operación Mercurio permitió disminuir, en promedio, el 80% de la deforestación en las áreas donde se implementó, en los últimos meses, la minería ilegal se ha expandido en zonas como Pariamanu, Apaylon y Chaspa debido a la capacidad de movilización de los campamentos ilegales. Según el MAAP, la zona del Pariamanu se ha convertido en el nuevo foco de la minería ilegal. En esta zona –denominada la “Nueva Pampa”– los enclaves mineros están ubicados en concesiones forestales castañeras y en zonas muy cercanas a las comunidades nativas (Mongabay Latam, 2021).

¿Qué factores están detrás de que estas actividades persistan? Definitivamente, las debilidades inherentes al sector público peruano, tales como ineficiencias en el uso de recursos, escaso apoyo del nivel central, inadecuada articulación institucional, la ausencia de enfoque territorial en el diseño e implementación de intervenciones y la corrupción; que debilitan la efectividad de los mecanismos de control y sanción. Pero tal vez la razón más importante es que la minería ilegal representa una oportunidad de obtención de ingresos significativos para los pobladores y emprendimientos que participan en distintas etapas de su cadena de valor.

Un estudio realizado por APOYO Consultoría para el Proyecto Prevenir de USAID encontró, referencialmente, que en una operación minera ilegal pequeña una cocinera puede ganar mensualmente S/1,200, un machetero S/1,500 y un traquero S/3,700; montos que representan hasta cinco veces los salarios locales (Gogan, 2016). El “dueño” de la operación, por otro lado, podía obtener ganancias de aproximadamente S/120 mil al año.

El estudio también encontró que existen clústeres de proveedores de insumos, tanto en Puerto Maldonado como en las comunidades de las zonas aledañas a la operación minera ilegal, que facilitan el alquiler y compra de maquinaria y equipos, combustible, mercurio, servicios de mantenimiento, entre otros bienes necesarios para la operación. Asimismo, también existen conexiones entre la actividad minera ilegal y los titulares de algunas concesiones forestales, quienes facilitan el acceso a sus terrenos a cambio de una retribución de acuerdo con la cantidad de oro extraída ilegalmente.

En ese sentido, una medida complementaria para fortalecer el éxito de las intervenciones del sector público es la promoción de medios de vida alternativos en la región a través de proyectos productivos rentables. En Madre de Dios, por ejemplo, se pueden impulsar las concesiones castañeras, plantaciones de cacao y café, entre otras. Pero es necesario que estos emprendimientos tengan potencial de crecimiento. Para ello, la participación del sector privado es fundamental, pues puede colaborar brindando asistencia técnica, estrategias de comercialización y acceso a mercados o formar asociaciones para que emprendimientos pequeños puedan atender mercados más grandes. Solo si los negocios alternativos permiten la obtención de ingresos atractivos y sostenibles serán una opción real a la extracción ilegal de oro.

El concepto de economía circular está presente en la agenda de sostenibilidad desde hace varios años. Aunque su definición varía, pues se relaciona con ramas diversas como la ecología o los negocios, siempre hace referencia a la necesidad de extender la vida útil y el valor de los bienes finales y de los insumos usados para su producción (Blomsma y Brennan, 2017). Su nombre alude al cambio que se busca generar: pasar de modelos lineales de producción a modelos circulares. En los modelos lineales el ciclo de vida de un bien empieza con la obtención de insumos para su producción y termina cuando los consumidores usan el bien y lo desechan. Por el contrario, los modelos circulares incorporan mecanismos para que tanto el bien final como los insumos tengan más durabilidad y, finalizado su consumo, sean reutilizados en lugar de ser descartados. Esta “circularidad” permite el uso sostenible y eficiente de los recursos (Nussholz, 2017).

En una economía circular las empresas deben desarrollar modelos de negocios que incorporen la reparación, el reacondicionamiento, la remanufactura y el reciclaje de productos como parte de su propuesta de valor. Para ello, deben modificar sus cadenas de producción para incluir la recuperación de los bienes descartados, adoptar tecnologías para la reutilización de insumos, diseñar productos con horizontes de vida más largos, incluir servicios de mantenimiento como parte de la experiencia de compra, etc.

De acuerdo con el Centro de Innovación y Economía Circular (CIEC), Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde el sector público ha implementado más iniciativas para promover la economía circular, solo superado por Chile. De hecho, la Política Nacional de Competitividad y Productividad plantea brindar incentivos para la adopción de modelos circulares a través de dos instrumentos: Hojas de Ruta, que orientan el tránsito hacia la economía circular en determinados sectores, y Acuerdos de Producción Limpia (APL), que recogen compromisos de empresas individuales para adoptar modelos circulares de producción.

En 2020, por ejemplo, se publicó la hoja de ruta para el sector industrial. Esta incluye cuatro objetivos: avanzar hacia una producción industrial sostenible, promover el consumo sostenible, transitar hacia una gestión circular de residuos industriales, y fomentar la innovación y el financiamiento para adoptar prácticas circulares. Incluye también propuestas para lograr esos objetivos, como el uso de un signo distintivo de economía circular que diferencie a los bienes producidos con este enfoque, la elaboración de normas técnicas para minimizar el impacto ambiental de empaques y envases, la implementación de estrategias de comunicación para fomentar el consumo sostenible, la formalización de recicladores, entre otras iniciativas.

A través de los APL, por otro lado, las empresas se comprometen a seleccionar insumos con bajo impacto ambiental, incorporar material reciclado en sus procesos productivos, minimizar los residuos sólidos, adoptar prácticas de recuperación y reutilización de materiales, entre otros. El APL firmado por Coca Cola y Arca Continental Lindley en 2018, por ejemplo, incluye acciones relacionadas con la incorporación de material reciclado en los envases de plástico, implementar mecanismos para el retorno de los envases de vidrio, realizar alianzas para facilitar el reciclaje de botellas de plástico, entre otros. Otras empresas como, Backus y Aceros Arequipa también tienen acuerdos firmados.

Según las Naciones Unidas, a nivel agregado, la adopción de modelos circulares permitiría reducir en 80% los desechos industriales, así como el 79% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograrlo, se debe avanzar no solo en el desarrollo de nuevos modelos de negocio, también en la generación de tecnologías y capacidades, lo que requiere una articulación adecuada entre empresas de distinto tamaño, gobierno y academia.

Desde hace unos años, las empresas están adoptando un rol más activo en generar bienestar en las comunidades a las que pertenecen. Además de los beneficios asociados con su actividad productiva; como la generación de empleo, la formación de sus trabajadores, la innovación o el pago de tributos; las empresas realizan actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente, el fomento de actividades culturales, la promoción de la igualdad de género y la inversión en temas sociales. Michael Porter y Mark Kramer explican este comportamiento a partir del concepto de valor compartido: las empresas crean y comparten valor al modificar sus procesos productivos o invertir en proyectos sociales pensando no solo en el beneficio propio, sino en el de su comunidad.

Que las empresas adopten este enfoque es muy importante. Las Naciones Unidas enfatizan su rol como agentes de cambio imprescindibles en su entorno. Existe, además, una demanda clara por parte de los consumidores para que lo hagan. Por ejemplo, un trabajo de APOYO Comunicación del 2019 muestra que el 53% de los consumidores que habían realizado activismo contra las empresas en redes lo habían hecho porque percibía que estas no realizaban acciones firmes de responsabilidad social, lucha contra la corrupción, preservación del medio ambiente y reducción de la discriminación. Además, del 2019 al 2020, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, el porcentaje de consumidores que había realizado activismo negativo pasó de 30% a 85%.

Poner en práctica el enfoque de valor compartido implica, algunas veces, modificar procesos productivos, y otras, implementar actividades ajenas a la operación principal de las empresas. Cuando estas capacitan a sus proveedores en el control de calidad de sus productos, por ejemplo, están compartiendo valor pues no solo obtendrán mejores insumos, sino que estos proveedores podrán utilizar lo aprendido para atender a cualquier cliente. Actividades menos relacionadas con su operación y que benefician directamente a su entorno incluyen la construcción de infraestructura educativa, el apoyo a los sistemas de salud, la contribución con el desarrollo de planes regionales, entre otras.

Sin embargo, algunas de estas actividades requieren un expertise y dedicación distintos al de las operaciones productivas; y por ello pueden implementarse con debilidades. Algunas empresas desarrollan proyectos dispersos, sin un plan previo. En algunos casos, las inversiones no son pertinentes para la comunidad; otras veces, se terceriza la implementación de las iniciativas sin un esquema de supervisión y monitoreo que permita hacer seguimiento a su ejecución. También sucede que los resultados de estos esfuerzos no se miden, por lo que su visibilidad es muy limitada. De esta manera, las iniciativas pueden ser poco efectivas y generar efectos poco sostenibles.

Lo ideal es que estas iniciativas respondan a un diagnóstico que priorice las necesidades de la comunidad. También, que la ejecución se haga siguiendo un plan de implementación con objetivos, metas y responsabilidades definidas; y que sea monitoreado regularmente para atender cuellos de botella oportunamente y obtener aprendizajes para el futuro. Además, debe existir un sistema de indicadores que se midan y sean reportados periódicamente en distintas etapas del proyecto, incluyendo la medición de los efectos que las iniciativas tienen en la comunidad.

Un trabajo más especializado en esta área contribuirá a que el impacto de estas inversiones sea alto. Además, permitirá consolidar la reputación de la empresa tanto interna como externamente. Internamente, los colaboradores pueden sentirse participes de la generación de valor, lo que fortalece su identificación con la institución y mejora el clima laboral. Externamente, se mejora la calidad de vida de la población y se consolida la sostenibilidad del negocio al afianzar sus vínculos con la comunidad.