El concepto de economía circular está presente en la agenda de sostenibilidad desde hace varios años. Aunque su definición varía, pues se relaciona con ramas diversas como la ecología o los negocios, siempre hace referencia a la necesidad de extender la vida útil y el valor de los bienes finales y de los insumos usados para su producción (Blomsma y Brennan, 2017). Su nombre alude al cambio que se busca generar: pasar de modelos lineales de producción a modelos circulares. En los modelos lineales el ciclo de vida de un bien empieza con la obtención de insumos para su producción y termina cuando los consumidores usan el bien y lo desechan. Por el contrario, los modelos circulares incorporan mecanismos para que tanto el bien final como los insumos tengan más durabilidad y, finalizado su consumo, sean reutilizados en lugar de ser descartados. Esta “circularidad” permite el uso sostenible y eficiente de los recursos (Nussholz, 2017).

En una economía circular las empresas deben desarrollar modelos de negocios que incorporen la reparación, el reacondicionamiento, la remanufactura y el reciclaje de productos como parte de su propuesta de valor. Para ello, deben modificar sus cadenas de producción para incluir la recuperación de los bienes descartados, adoptar tecnologías para la reutilización de insumos, diseñar productos con horizontes de vida más largos, incluir servicios de mantenimiento como parte de la experiencia de compra, etc.

De acuerdo con el Centro de Innovación y Economía Circular (CIEC), Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde el sector público ha implementado más iniciativas para promover la economía circular, solo superado por Chile. De hecho, la Política Nacional de Competitividad y Productividad plantea brindar incentivos para la adopción de modelos circulares a través de dos instrumentos: Hojas de Ruta, que orientan el tránsito hacia la economía circular en determinados sectores, y Acuerdos de Producción Limpia (APL), que recogen compromisos de empresas individuales para adoptar modelos circulares de producción.

En 2020, por ejemplo, se publicó la hoja de ruta para el sector industrial. Esta incluye cuatro objetivos: avanzar hacia una producción industrial sostenible, promover el consumo sostenible, transitar hacia una gestión circular de residuos industriales, y fomentar la innovación y el financiamiento para adoptar prácticas circulares. Incluye también propuestas para lograr esos objetivos, como el uso de un signo distintivo de economía circular que diferencie a los bienes producidos con este enfoque, la elaboración de normas técnicas para minimizar el impacto ambiental de empaques y envases, la implementación de estrategias de comunicación para fomentar el consumo sostenible, la formalización de recicladores, entre otras iniciativas.

A través de los APL, por otro lado, las empresas se comprometen a seleccionar insumos con bajo impacto ambiental, incorporar material reciclado en sus procesos productivos, minimizar los residuos sólidos, adoptar prácticas de recuperación y reutilización de materiales, entre otros. El APL firmado por Coca Cola y Arca Continental Lindley en 2018, por ejemplo, incluye acciones relacionadas con la incorporación de material reciclado en los envases de plástico, implementar mecanismos para el retorno de los envases de vidrio, realizar alianzas para facilitar el reciclaje de botellas de plástico, entre otros. Otras empresas como, Backus y Aceros Arequipa también tienen acuerdos firmados.

Según las Naciones Unidas, a nivel agregado, la adopción de modelos circulares permitiría reducir en 80% los desechos industriales, así como el 79% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograrlo, se debe avanzar no solo en el desarrollo de nuevos modelos de negocio, también en la generación de tecnologías y capacidades, lo que requiere una articulación adecuada entre empresas de distinto tamaño, gobierno y academia.

Desde hace unos años, las empresas están adoptando un rol más activo en generar bienestar en las comunidades a las que pertenecen. Además de los beneficios asociados con su actividad productiva; como la generación de empleo, la formación de sus trabajadores, la innovación o el pago de tributos; las empresas realizan actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente, el fomento de actividades culturales, la promoción de la igualdad de género y la inversión en temas sociales. Michael Porter y Mark Kramer explican este comportamiento a partir del concepto de valor compartido: las empresas crean y comparten valor al modificar sus procesos productivos o invertir en proyectos sociales pensando no solo en el beneficio propio, sino en el de su comunidad.

Que las empresas adopten este enfoque es muy importante. Las Naciones Unidas enfatizan su rol como agentes de cambio imprescindibles en su entorno. Existe, además, una demanda clara por parte de los consumidores para que lo hagan. Por ejemplo, un trabajo de APOYO Comunicación del 2019 muestra que el 53% de los consumidores que habían realizado activismo contra las empresas en redes lo habían hecho porque percibía que estas no realizaban acciones firmes de responsabilidad social, lucha contra la corrupción, preservación del medio ambiente y reducción de la discriminación. Además, del 2019 al 2020, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, el porcentaje de consumidores que había realizado activismo negativo pasó de 30% a 85%.

Poner en práctica el enfoque de valor compartido implica, algunas veces, modificar procesos productivos, y otras, implementar actividades ajenas a la operación principal de las empresas. Cuando estas capacitan a sus proveedores en el control de calidad de sus productos, por ejemplo, están compartiendo valor pues no solo obtendrán mejores insumos, sino que estos proveedores podrán utilizar lo aprendido para atender a cualquier cliente. Actividades menos relacionadas con su operación y que benefician directamente a su entorno incluyen la construcción de infraestructura educativa, el apoyo a los sistemas de salud, la contribución con el desarrollo de planes regionales, entre otras.

Sin embargo, algunas de estas actividades requieren un expertise y dedicación distintos al de las operaciones productivas; y por ello pueden implementarse con debilidades. Algunas empresas desarrollan proyectos dispersos, sin un plan previo. En algunos casos, las inversiones no son pertinentes para la comunidad; otras veces, se terceriza la implementación de las iniciativas sin un esquema de supervisión y monitoreo que permita hacer seguimiento a su ejecución. También sucede que los resultados de estos esfuerzos no se miden, por lo que su visibilidad es muy limitada. De esta manera, las iniciativas pueden ser poco efectivas y generar efectos poco sostenibles.

Lo ideal es que estas iniciativas respondan a un diagnóstico que priorice las necesidades de la comunidad. También, que la ejecución se haga siguiendo un plan de implementación con objetivos, metas y responsabilidades definidas; y que sea monitoreado regularmente para atender cuellos de botella oportunamente y obtener aprendizajes para el futuro. Además, debe existir un sistema de indicadores que se midan y sean reportados periódicamente en distintas etapas del proyecto, incluyendo la medición de los efectos que las iniciativas tienen en la comunidad.

Un trabajo más especializado en esta área contribuirá a que el impacto de estas inversiones sea alto. Además, permitirá consolidar la reputación de la empresa tanto interna como externamente. Internamente, los colaboradores pueden sentirse participes de la generación de valor, lo que fortalece su identificación con la institución y mejora el clima laboral. Externamente, se mejora la calidad de vida de la población y se consolida la sostenibilidad del negocio al afianzar sus vínculos con la comunidad.