Gianfranco Castagnola, socio y presidente de APOYO Consultoría, conversó con Perú 21 acerca de los riesgos que se vislumbran para el país en un entorno marcado por la proliferación y recrudecimiento de los conflictos sociales, la erosión del sistema de pensiones y el deterioro de la institucionalidad y la gestión pública.

La proliferación y recrudecimiento de los conflictos sociales han generado alarma porque podrían pasar factura a todos los peruanos al desacelerar la economía y golpear el empleo. Sin embargo, ese no es el único problema, pues la erosión del sistema de pensiones y el deterioro de la institucionalidad pueden desencadenar escenarios negativos en otros frentes. En conversación con Perú21, el presidente de APOYO Consultoría, Gianfranco Castagnola, explica qué riesgos se vislumbran para los peruanos.

La conflictividad ya perjudica la producción del sector minero, que cayó en marzo. ¿Qué tanto pueden afectar los conflictos al crecimiento de la economía?

La economía está en un claro proceso de desaceleración y es algo que no nos debe sorprender porque está respondiendo a lo que ocurre en el Gobierno y en la política. No puedes esperar que te vaya bien cuando haces las cosas mal, y este Gobierno viene haciendo las cosas muy mal (…). La proyección de crecimiento del PBI que tenemos en APOYO Consultoría para este año es de 2.6%. Lo podemos dividir en dos partes, una primera mitad de 2022, en la que se iba a crecer cerca de 4% porque se está rebotando respecto de 2021. Entonces, este 4% es engañoso porque recoge una recuperación natural de algunas actividades vinculadas, como el turismo o restaurantes. Pero en la mitad del año es muy probable que la economía crezca por debajo de 2%. Hay muchos factores que influyen en este bajo crecimiento.

Si comenzamos a revisar el aspecto de la minería y la conflictividad social, ¿cuál es la evolución que podemos prever en este sector?

En Cuajone, si no es por la presión de los trabajadores, seguiríamos con las actividades paralizadas. Y lo de Las Bambas es vergonzoso. Tenemos ya más de un mes de paralización. A Apurímac le está costando ingresos fiscales mayores de S/100 millones. La conflictividad va a hacer que este año la minería, en vez de crecer 7%, crezca 4%. Y también afecta al turismo, lo acabamos de ver hace poco en Cusco, con las carreteras (cerradas). Todo esto es producto de expectativas que generó este Gobierno y que luego, cuando le ha tocado salir a la cancha y tratar de manejar estos conflictos, los ha manejado realmente mal.

¿Los recientes cambios de funcionarios y la politización de altos cargos técnicos le están pasando factura al gobierno? ¿Es esta la materialización del deterioro del sector público?

Definitivamente sí, y en muchos ámbitos del manejo de la cosa pública. En los últimos 30 años, el Perú fue construyendo una tecnoloburocracia, que es una mezcla de tecnocracia con burocracia, que empezaba a manejar espacios en el Estado de forma profesional y cada vez mejor. Había campos donde siempre nos fue muy bien, como el Banco Central de Reserva o la SBS, por ejemplo (…). Poco a poco comenzaron a haber nuevos ámbitos y muchos fueron manejados por gente calificada y los distintos gobiernos fueron mejorando diversos espacios del Estado. Lo que tenemos ahora es una reversión total de esos avances. Tenemos un gobierno que cree que el Estado es un botín, que ha entrado a la administración pública con el afán de copamiento.

¿En qué sectores observa que ha habido un mayor deterioro?

En el caso del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, entiendo que hay entre 15 y 20 nuevos funcionarios que provienen del Gobierno Regional de Junín, que nunca fue un ejemplo de buen gobierno (…). Otro es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que concentra la mayor parte del presupuesto de la República. Es una vergüenza lo que está pasando ahí. Este es un sector que pareciera privilegiar los intereses informales y cuasi ilegales sobre la necesidad de promover la inversión privada y de calidad en infraestructura.

En cuanto al sistema de pensiones, ¿qué tan nocivo puede ser un retiro de fondos?

Lo que más me preocupa es que se sigue erosionando al sistema previsional. Hoy, debido a los retiros, que van a sumar en total como S/100,000 millones en los últimos años, casi podemos decir que no va a quedar un sistema previsional en el Perú. Y esto está hipotecando el futuro de nuevas generaciones porque, si la gente no ahorra para la vejez, ¿de qué van a vivir entonces? La preocupación es en qué medida estamos terminando de destruir lo poco que se había construido del sistema previsional en el Perú.

La propuesta del nuevo Código de Trabajo, que ha recibido muchas críticas por la informalidad que podría generar, va a ser discutida en el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Qué daño podría causar la aprobación del proyecto actual?

Confío en que el CNT sea un espacio de reflexión donde se discutan todas las propuestas que presentó la ministra (Betssy Chávez) y se llegue a un consenso que no vuelva más rígido ni más difícil contratar personal, porque hoy es más difícil para las empresas privadas contratar, tercerizar, hacer contratos a plazo fijo, despedir; es muy costoso (…). Una medida así precarizaría más el mercado laboral. La gran empresa tendría que ver cómo se acomoda, pero la mediana y pequeña empresa, que lucha con la formalidad, que está en el límite, terminaría siendo empujada crecientemente hacia la informalidad porque no podría soportar esos altos costos.

El Gobierno tiene un comportamiento en el que el favoritismo político en la administración pública se observa fácilmente. ¿Es el populismo que ya se ha visto antes en América Latina o un mercantilismo que se adapta al vaivén de la crisis que genera?

Es una experiencia un poco inédita. Es tener un Gobierno absolutamente improvisado de gente que no tiene la visión de qué hacer con el país, que cree que el hecho de haber ganado unas elecciones le genera el privilegio de copar el sector público con independencia, con prescindencia de las capacidades para ello. No tiene una agenda ni una visión (…). Creo que los años que vienen por delante van a ser duros y hay que asumirlo así, y creo que tenemos que levantar nuestra voz. Hoy solo se están pronunciando los medios de comunicación, algunos gremios, algunas ONG, pero hay un silencio muy triste.

La población en pobreza extrema del país reside mayoritariamente en el área rural y recibe una porción importante de sus ingresos de actividades vinculadas con el sector agrario. Pero su nivel de acceso a servicios productivos es mínimo y la dotación de activos para realizar sus actividades es aún muy baja. Por ejemplo, la mitad de los productores agrarios no tienen un sistema de riego y un 40% de los que lo tienen, no emplean semillas certificadas.  Un tercio no acceden a servicios de extensión.

Ya existen experiencias positivas de provisión de bienes públicos a esta población. Un ejemplo son los proyectos productivos realizados por Foncodes y luego por Agrorural, así como por programas apoyados por entidades como el FIDA que han aplicado un enfoque territorial para proveer “combos” de servicios y activos, y al mismo tiempo proveen asistencia para una mejor gestión pública local en esas áreas.

De lo que se trata ahora es de escalar esas experiencias agresivamente, ampliando la cobertura al mayor número de la población con la finalidad de cerrar la brecha en esos servicios, que tienen un fuerte impacto en los ingresos de estas familias.

Será necesario complementar estas intervenciones con una adecuada provisión de servicios públicos en el sector, especialmente en sanidad e inocuidad, innovación, información, acceso a la tierra y al agua, y en medidas que faciliten la adaptación del cambio climático. Para ello es conveniente brindar una mayor autonomía a los organismos públicos que gestionan estos servicios, en algunos casos con el diseño de organismos reguladores; y elevar la participación en la gestión y financiamiento del sector privado y de los gobiernos subnacionales.

La política pública clave es, simplemente, una mejor gestión del presupuesto. Primero para elevarlos con un compromiso de más largo plazo en los casos en los que se justifican por la presencia de fallas de mercado o por equidad. Pero más importante es redistribuir los recursos del pliego hacia los programas priorizados, reduciendo y eliminando rubros generales y de aquellos no relacionados a productos y servicios. Además, es importante reintroducir la disciplina de evaluar previamente las bondades de las intervenciones, lo que se ha perdido en los últimos años.  Finalmente asegurar una buena ejecución, el talón de Aquiles del sector público. Es conveniente sistematizar buenas experiencias en ejecución de programas y de los equipos de gestión, como las del Senasa y el PNIA, y en particular, fortalecer el modelo de núcleo ejecutor que se ha aplicado con éxito en varios contextos.

Contribuirá también a una mejor ejecución y una mayor cobertura de los bienes públicos y a menores costos promedio, el uso intensivo de plataformas que empleen el internet. El trabajo virtual a raíz de la pandemia, con todas sus imperfecciones, ha mostrado que es posible atender a la población que se busca focalizar, incluso de manera individual.

El cambio de prioridad que ha anunciado el Ministerio de Agricultura para dedicarse a la agricultura familiar es el correcto. Ojalá no se pierda el paso con la transferencia del nuevo gobierno.