Entrevista en Gestión.
Un año electoral es uno de los momentos más pertinentes para analizar el fenómeno de las “cuerdas separadas” entre la economía y la política. Aunque distintos analistas consideran que hay “divorcio” en el Perú, Hugo Santa María, socio y economista jefe en APOYO Consultoría, apuntó que hay matices.
Además, criticó severamente la eficiencia de las inversiones que viene realizando el Estado, desde hace años, tanto a nivel del servicio público, como el desarrollo de infraestructura.
La economía creció alrededor de 3% en el 2025 y se estima que repetiría ese resultado este año de elecciones. ¿Cómo evalúa esta situación? ¿Cuál es el lado positivo de esto?
Si nada catastrófico ocurre en las elecciones, creceremos más de 3%. Y, la variable que más me gusta ver, la demanda interna, lo haría en casi 4%.
Consultados nuestros clientes sobre las estrategias que implementarán en el periodo electoral, un porcentaje realmente bajo, solo entre 15% y 16%, dicen que pondrá algunas acciones en stand by: desacelerar la inversión o la contratación de personal.
Entonces, una actitud en los inversionistas de esperar o desacelerar no la vemos tan difundida como en procesos electorales previos.
¿Y cuál es el lado negativo?
El impulso de los precios de exportación es muy importante, es mucho mayor, por ejemplo, al que ha recibido Chile u otros vecinos.
Entonces, [el punto central] es que crecemos, pero debería ser más. Con estos niveles de precios, y una política y Estado mínimamente funcionales, Perú podría haber llegado a [crecer] un 5%.
IMPACTO DEL GOBIERNO ACTUAL
¿Qué puede decir sobre la gestión del presidente José Jerí y las acciones sobre la economía?
[El presidente] dio una buena primera impresión, pero después se fue deteriorando. En lo económico, un mérito de su equipo fue recuperar en las conversaciones el valor de algunos temas que se habían perdido: resaltó la importancia de la inversión privada y del trabajo conjunto entre Estado y privados ante la brecha de infraestructura.
Además, inició el larguísimo camino –ojalá que termine– para solucionar la hemorragia de Petroperú, y puso sobre la mesa la necesidad de mantener un manejo fiscal ordenado y protegido de la influencia política.
¿Cómo ha golpeado o podría golpear el ánimo de los inversionistas el nuevo escándalo (“Chifagate”) que involucra al presidente?
Percibo a los empresarios, a los que operan aquí y a los que lo siguen de afuera, tomando todo esto con bastante calma. En los últimos años vivimos permanentemente en crisis política. Dicho de otra manera, estamos “estables” en inestabilidad política.
Como una “normalización” del deterioro político…
Normalizar suena a que la situación se ve con indiferencia y no lo creo. Lo que creo es que se ve con calma: manejan distintos escenarios y reconocen que no se pueden quedar parados, ni personas ni empresas, a esperar que las cosas se solucionen. Hay que seguir avanzando. Es como una aceptación de que esta es la cancha en la que nos toca jugar.
¿Las elecciones ya escalaron como preocupación?
Si bien es el elemento externo que más les preocupa a los inversionistas, las expectativas siguen positivas. Tanto las empresas como las personas han decidido seguir avanzando y no esperar a que el Perú se arregle.
El Índice de Confianza del Consumidor de APOYO Consultoría presenta que el porcentaje de las familias que piensa que su economía va a mejorar está en un nivel muy alto, comparado con el histórico. Sin embargo, el porcentaje de personas que piensa que el Perú va a mejorar, sigue bajo. Hemos separado nuestro propio optimismo respecto al del país.
Aunque suele ser una pregunta recurrente, a estas alturas parece ya no parecer tan claro: ¿economía y política van por cuerdas separadas?
Hablamos de la calma electoral y cómo la política se ha divorciado de la economía, pero hay matices: ese divorcio es muy aparente. Responde a la estabilidad macro, pero no con capacidad del país para crecer. Estamos resignándonos a que tenemos un país que resiste, que es resiliente, pero tenemos que aspirar a tener un país que avanza más rápido.
MAL MANEJO DE IMPUESTOS RECAUDADOS
Regresando al panorama fiscal, se logró la meta del déficit. Si bien para lograrlo hubo algunas medidas de austeridad, ¿se orientaron bien o pudo hacerse más?
Se busca dar señales correctas. Si hacemos sumas y restas, [las acciones realizadas] son de bajo impacto, pero el mensaje es correcto. Más allá de ajustes fiscales, para el manejo que hace el Estado de nuestro dinero se requiere, primero, un choque institucional enorme para protegerlo nuevamente de la politiquería.
También se necesita un choque de eficiencia gigantesco. No solo seguir el porcentaje de ejecución. Necesitamos un Estado que recupere un poco de responsabilidad y vergüenza frente a sus ciudadanos.
Cumplimos la meta [de déficit] porque la recaudación que recibimos por los precios de metales altos fue muy fuerte. Además, aumentó el gasto corriente, pero “trituramos” el gasto en inversión.
En Gestión identificamos que, de cada S/ 100, el Gobierno central destina solo S/ 17 para el rubro de obras.
Se está dirigiendo el gasto a algunos ámbitos, pero sin mejorar el servicio. El sector público recibe aumentos, pero no se ve una mejora en el trabajo que hacen. Siento que el Estado peruano está perdiendo un poco la vergüenza sobre lo que hace con cada sol que los peruanos, con mucho esfuerzo, le damos.
LA LUPA EN PETROPERÚ
Moody’s le rebajó la calificación crediticia a Petroperú, en medio de su proceso de reorganización. ¿Cuál es su lectura?
Se ha dado el primer paso en una carrera larga, difícil y sobre la que no sabemos la ruta. El inicio es positivo, pero todavía todo está en planeamiento. Estamos lejos del final de este esfuerzo. Además, veo varios riesgos: se han presentado proyectos de ley para blindar a Petroperú de esta reestructuración.
En Gestión identificamos que son 12 proyectos de ley…
Hay un gran riesgo de politización. Hay mucho interés en una empresa que ha sido usada como “caja [chica]” para personas otorgándoles beneficios inauditos en un contexto de toma de decisiones terrible. Con el dinero que hemos gastado, podríamos haber hecho buena parte de la nueva Carretera Central o avanzar en otra línea de metro. El costo de oportunidad es gigantesco.
¿Cuál es la preocupación?
Petroperú tiene bonos en el mercado. ¿Cómo esta reestructuración, en plan y ejecución, conversa con los bonos que tiene? El informe de Moody’s ya insinuó sobre ese riesgo.
Mencionó al proyecto de la nueva Carretera Central, que viene siendo noticia por la reducida asignación de su presupuesto…
Todas las disfuncionalidades del Estado peruano que hacen que la inversión en infraestructura progrese tan lentamente no se han solucionado. [Darle alguna solución] podría ser una buena herencia de este Gobierno. Pero, el caso de la carretera y otras obras reflejan una continua disfuncionalidad.
SEGURIDAD CIUDADANA
Pasando a otra gran preocupación en el país, ¿en sus conversaciones con empresas perciben una mejora de la seguridad ciudadana?
Para las empresas y los peruanos continúa siendo la preocupación número uno. Esto trasciende al periodo electoral y, a su vez, es la primera demanda [de la población] a los candidatos a la presidencia.
Esto evidencia que no hubo medidas efectivas gubernamentales al respecto…
Los números que circulan de distintas instituciones, casi todos, indican que no se ha logrado, al menos, quitarle la velocidad o desacelerar, la criminalidad.
Pero el optimismo sobre la economía se sobrepone. Puntualmente, ¿qué factores destacaría que explican este escenario?
Si hablamos de lo concreto, [lo que se destaca] es la inflación baja, controlada y predecible, así como el tipo de cambio controlado, un sol fuerte y estable. Hay pocas cosas más antipáticas para un inversionista extranjero que perder dinero por el tipo de cambio.
Sin embargo, diría que no hay que dejarse deslumbrar por la buena macro. Es indispensable para comenzar a progresar, pero no es suficiente. Estamos tan bien en la solidez macroeconómica que nos olvidamos un poco de la degradación del funcionamiento del Estado en aspectos básicos, por ejemplo.
Estos indicadores están relacionados a la gestión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). ¿Preocupa a los inversionistas un eventual cambio en la presidencia?
Es gestión del BCRP, pero no solo de ellos. Hay un sentido común en favor de la disciplina fiscal que se gatilla. Por ejemplo, apenas nos debíamos un poco de [la meta del] déficit y el Consejo Fiscal alerta.
Dicho esto, sin duda, la figura de Julio Velarde es fundamental. En algún momento se va a retirar, pero ha liderado una institución que es de clase mundial. El secreto de la fórmula está en que se trata de una institución sumamente fuerte.
PLANO ELECTORAL
En Gestión revisamos las propuestas tributarias de los casi 40 candidatos presidenciales: algunos buscan reducción y hasta eliminación de impuestos.
Creo que es una mala idea. Hay muy poca evidencia. En contiendas pasadas, se discutió reducir el IGV para promover la formalización y aumentar la recaudación. Eso es una ilusión. El Perú no necesita seguir manipulando las tasas, sino ampliar la base tributaria: controlar exoneraciones, tratos preferenciales, etcétera. Si se otorga [una reducción de las tasas], debe ser cumpliendo con condicionamientos. Es fundamental no agujerear más nuestro marco tributario que ya lo está bastante.
Otro tema en los planes de gobierno es la discusión sobre el número de ministerios. Varios apuntan a su reducción. ¿Hay espacio para una medida así?
Sí. Perú tiene un número alto de ministerios. Pero, sinceramente, los peruanos gastamos un montón de energía en normas que se ven muy bien, pero no les damos vida. El reto es avanzar hacia un Estado funcional. Con un número “X” de ministerios, pero apuntando a que se ordene, por ejemplo, la obra pública, que está tan fragmentada.
Sobre el desarrollo de infraestructura, estamos limitados fiscalmente. ¿Qué opción resultaría la ideal?
El menú de opciones es amplio. Desde la administración directa, los G2G, asesoramiento público-privado, las APP pueden ser autosostenibles o financiadas. La brecha de infraestructura es gigante, las intenciones son enormes y el espacio fiscal es limitado. No hay espacio para todo. El Estado decidirá qué combinación es mejor y ahí, obviamente, las obras autosostenibles lo son. Pero, realmente, la pregunta aquí es: ¿cómo hacemos para que operen en un plazo razonable?
