EncontrarNos por el Perú: nueve propuestas para el próximo gobierno

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Propuesta 4 de 9 | Impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal para investigar y sancionar eficazmente el crimen organizado

Las nueve propuestas de EncontrarNos por el Perú, iniciativa impulsada por Es Hoy y APOYO Consultoría, no nacieron en un escritorio. Son el resultado de un proceso de escucha ciudadana, que incluyó encuestas de percepción a nivel nacional y trabajo participativo en cinco regiones —Lima, La Libertad, Cusco, Arequipa y Loreto— con más de 175 líderes de sociedad civil, academia, partidos políticos y sector empresarial, incluyendo representantes de 22 de los 38 partidos en campaña. De ahí emergieron acuerdos en tres ejes —seguridad ciudadana, empleo formal y salud— que distintos sectores del país, con visiones distintas, fueron capaces de construir. A esas prioridades se sumó el rigor técnico necesario para convertirlas en propuestas concretas e implementables en los primeros 100 días del próximo gobierno. El resultado son medidas que no solo tienen sustento técnico, sino también respaldo ciudadano: entre el 80% y el 90% de la población está de acuerdo con cada una de ellas. Este documento presenta una de las propuestas de seguridad ciudadana: impulsar cambios en el marco normativo de la justicia penal para investigar y sancionar eficazmente el crimen organizado.

En los últimos años, la inseguridad en el Perú ha empeorado por la expansión y consolidación del crimen organizado, vinculado a actividades como extorsión, narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilegales. La percepción ciudadana apunta directamente a las causas. El 37% de la población considera que las leyes y penas vigentes son poco severas y no evitan que se cometan delitos, mientras que el 29% identifica que los cambios normativos recientes han dificultado la labor de investigación y sanción del crimen organizado (IPSOS, 2025).

Parte importante de este deterioro responde a cambios recientes en el marco normativo. Entre 2023 y 2025, el Congreso aprobó al menos nueve leyes que, en conjunto, han debilitado las herramientas que el Estado necesita para investigar y sancionar al crimen organizado. De hecho, desde las modificaciones normativas aprobadas en agosto de 2024, las denuncias por extorsión aumentaron 35% a nivel nacional, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Estas normas introdujeron restricciones a la colaboración eficaz, modificaron las reglas de allanamiento e incautación, limitaron el uso de la detención preliminar a casos de flagrancia y elevaron los requisitos para el decomiso de activos ilícitos. Si bien algunas de estas reformas responden a objetivos procesales legítimos, en la práctica reducen la capacidad operativa del sistema de justicia frente a delitos complejos.

A este debilitamiento se suma un problema de diseño en el régimen de sanciones. El Código Penal presenta desajustes de proporcionalidad que erosionan la función disuasiva de las penas. El homicidio simple tiene una pena mínima de 6 años, mientras que el robo agravado inicia en 12. Asu vez, la extorsión sin violencia grave puede tener una pena cercana a la de un homicidio. Cuando la diferencia entre un delito patrimonial y un delito contra la vida se reduce a pocos años, el sistema deja de enviar señales claras sobre qué conductas son más graves.

Para devolver al Estado las herramientas legales que necesita contra el crimen organizado, desde APOYO Consultoría proponemos tres medidas. Se trata de la solución más respaldada por la ciudadanía entre las opciones de seguridad consultadas en la encuesta nacional de IPSOS: el 51% considera prioritario revisar y corregir las leyes que han debilitado la lucha contra el crimen. Esto implica:

  1. Conformar una comisión técnica independiente. El Ejecutivo debe conformar una comisión especializada encargada de revisar, como mínimo, las nueves leyes aprobadas entre 2023 y 2025 que han debilitado herramientas procesales clave, entre ellas la Ley 31990 (que redujo plazos de colaboración eficaz), la Ley 32108 (que redefinió «organización criminal» y modificó los allanamientos), la Ley 32181 (que limitó la detención preliminar a casos de flagrancia) y la Ley 32260 (que elevó los requisitos para confiscar bienes). La evaluación debe incluir análisis comparado, revisión de evidencia operativa y consultas con Fiscalía, Poder Judicial y PNP.
  2. Presentar un paquete normativo integral al Congreso. Con base en el diagnóstico de la comisión, el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que corrija las disposiciones que hoy limitan la colaboración eficaz, los allanamientos, la detención preliminar y el decomiso de activos ilícitos. El paquete debe asegurar un equilibrio entre garantías procesales y capacidad operativa, e incluir mejoras en los mecanismos de recuperación de activos vinculados a economías ilegales, así como lineamientos operativos y capacitación para la implementación efectiva de las reformas.
  3. Corregir los desajustes de proporcionalidad en la escala de penas. Revisar el Código Penal para que las sanciones reflejen la gravedad real de cada delito y refuercen la función disuasiva del sistema, con énfasis en delitos asociados a violencia, economías ilegales y crimen organizado.

La ruta de implementación es clara y está al alcance del próximo gobierno desde el primer día. El Ejecutivo, a través del MINJUSDH y el MININTER, conformaría la comisión técnica con participación de especialistas independientes y consultas con actores del sistema de justicia —Fiscalía, Poder Judicial, PNP. Sobre la base de su diagnóstico, el Ejecutivo presentaría al Congreso un paquete normativo integral orientado a fortalecer la capacidad del Estado para investigar y sancionar al crimen organizado. En paralelo, la comisión desarrollaría la revisión técnica de la escala de penas del Código Penal. La prioridad es que las reformas legislativas más urgentes se impulsen dentro de los primeros 100 días de gobierno.

Así, lo que deja EncontrarNos por el Perú es una propuesta con respaldo ciudadano y con ruta técnica clara. Solo falta la voluntad política para ponerla en agenda desde el primer día de gobierno.

Para conocer el detalle de esta y las demás propuestas, revisa las fichas técnicas del documento completo de EncontrarNos por el Perú aquí.

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