El Congreso ha venido acelerando la aprobación de leyes populistas con alto costo fiscal ante la ausencia de contrapesos institucionales efectivos.
Solo en las últimas dos semanas, se aprobaron por insistencia varias medidas orientadas a elevar el gasto corriente, pese a las objeciones del Consejo Fiscal. La semana pasada, con una mayoría abrumadora, el Congreso aprobó por insistencia un proyecto de ley que eleva las pensiones de los docentes de colegios públicos jubilados, vinculándolas al piso salarial de la primera escala magisterial —equivalente a S/3,300 mensuales—, cifra muy superior a la pensión promedio actual de aproximadamente S/800. Esta medida se produce apenas días después de que el Congreso aprobara también por insistencia una reforma al régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que vincula progresivamente las pensiones futuras al sueldo del personal activo del mismo grado, y tras la aprobación de nuevos beneficios laborales para trabajadores públicos con contratos temporales, incluyendo el pago de gratificaciones y CTS.
El problema de fondo va más allá del costo directo de estas medidas y se encuentra en lo que revelan sobre el deterioro de los controles institucionales que deberían ordenar las decisiones de gasto público. De las últimas 32 leyes con impacto fiscal negativo, el Ejecutivo no observó 29. Además, estas iniciativas contravienen el Decreto Legislativo N.° 1276, que prohíbe aumentar el gasto en personal y pensiones durante los primeros meses de un año de elecciones generales. En la práctica, el Congreso viene desplazando el rol del Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto, pese a que la Constitución asigna expresamente esa función al Gobierno y restringe al Legislativo de proponer incrementos de gasto sin su aprobación.
Estas medidas son, además, sintomáticas de un deterioro más amplio en la institucionalidad de las finanzas públicas que se viene gestando desde hace varios años. Según nuestras estimaciones, las medidas ya aprobadas para maestros jubilados y trabajadores temporales implicarían un costo fiscal anual equivalente a alrededor de 0,8% del PBI, con efectos desde el próximo año. En el caso de la reforma de pensiones militares y policiales tiene un horizonte de impacto más largo. El costo fiscal de esta reforma comenzaría a acumularse desde inicios de la década de 2030, con un incremento del gasto anual de aproximadamente 0,3% del PBI. En otras palabras, parte del riesgo es inmediato, mientras que otra parte se está incorporando a la estructura fiscal en el mediano plazo.
Estas medidas generan que el gasto corriente sea más rígido, que haya menos espacio para gasto productivo como infraestructura, y mayor dependencia de un entorno externo favorable para preservar la estabilidad fiscal. Por ahora, los altos precios de los metales están ayudando a disimular estas presiones. Con el cobre alrededor de US$5,50 por libra y el oro cerca de US$4.500 por onza, los mayores ingresos fiscales han permitido mantener el déficit nominalmente bajo control. Pero esa situación también vuelve al país más vulnerable ante una eventual caída en los precios de las materias primas o un endurecimiento de las condiciones de financiamiento internacional, en un entorno global y geopolítico particularmente incierto.
Ese deterioro ya empieza a reflejarse en la composición del gasto público. En el presupuesto inicial de 2026 aprobado por el Congreso, las remuneraciones del sector público aumentaron de manera marcada, mientras que la inversión pública fue recortada significativamente, lo que resultó en un incremento apenas moderado del gasto agregado. La señal es preocupante: el gasto corriente gana rigidez y desplaza progresivamente usos más productivos del presupuesto. Los primeros datos de ejecución de 2026 refuerzan esa lectura. El gasto en remuneraciones sigue creciendo a tasas de dos dígitos, mientras que la inversión pública enfrenta presiones crecientes. Entre ellas, resalta la incertidumbre alrededor de los marcos de proyectos gobierno a gobierno, donde se han anunciado revisiones contractuales cuya implementación concreta sigue siendo incierta tras los recientes cambios de gabinete.
Las perspectivas para el resto del período congresal son profundamente preocupantes. A medida que se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los incentivos de los partidos para respaldar medidas de alto impacto político y alta visibilidad se intensifican. No se trata solo de posicionamiento nacional, sino también de la necesidad de fortalecer bases electorales con miras a las elecciones regionales y locales previstas para octubre. Ese contexto podría sostener un ritmo elevado de iniciativas con costo fiscal durante lo que resta de 2026. Los proyectos actualmente en discusión refuerzan ese riesgo. Entre ellos figuran una nueva ronda de retiros de AFP, con costos fiscales de largo plazo por la ampliación de la población que eventualmente dependería del Estado en la vejez; propuestas para liberar fondos de la ONP; la ampliación de la edad obligatoria de jubilación de trabajadores públicos de 65 a 75 años; y nuevos beneficios para trabajadores de gobiernos regionales. De acuerdo con estimaciones del Consejo Fiscal, estas medidas podrían elevar el costo fiscal anual en otro 0,4% del PBI.
Contener esta dinámica será aún más difícil por la postura que ha adoptado el Ministerio de Economía desde el inicio de la administración del presidente Balcázar. El MEF ha optado por no llevar estas medidas al Tribunal Constitucional, aun cuando el Consejo Fiscal ha advertido de manera explícita sobre sus riesgos. Esa decisión debilita la capacidad del Ejecutivo para poner límites al avance de iniciativas fiscalmente irresponsables y, al mismo tiempo, profundiza un deterioro institucional que el próximo gobierno heredará en condiciones mucho más difíciles de corregir.
Lo que está en juego no es únicamente el impacto fiscal de estas medidas, sino la pérdida gradual de los contrapesos que deberían evitar que el gasto público quede sometido a incentivos políticos de corto plazo.
