La presidenta Dina Boluarte anunció ayer un nuevo aumento de 10% del salario mínimo, luego de que el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) se reuniera en octubre sin llegar a un acuerdo. Este anuncio pone en evidencia que el mecanismo institucional para evaluar aumentos al salario mínimo a través de un diálogo tripartito entre el Estado, los empleadores y los trabajadores ha fallado nuevamente. Por el contrario, este aumento parece responder a una decisión política, en un contexto de baja aprobación presidencial, a pesar de que esta estrategia no ha servido para impulsar la popularidad del gobierno en el pasado.
Más aún, los últimos aumentos no han respondido al criterio técnico aprobado por el CNT en el 2007, que establece que estos deben estar en línea con el crecimiento de la productividad y del costo de vida. Evidencia de ello, desde el 2010, el salario mínimo ha crecido 95%, mientras que la productividad y la inflación han aumentado 48% en conjunto
Incrementar el salario mínimo de manera desvinculada de la evolución de la productividad genera distorsiones importantes en el mercado laboral. De hecho, a raíz de estos aumentos antitécnicos, hoy el salario mínimo representa más del 63% del ingreso promedio, ratio que es aún más alto para segmentos donde la productividad suele ser menor, como los jóvenes, los trabajadores no calificados, o los empleados en MYPEs.
Así, se desvirtúa el objetivo principal del salario mínimo, que es proteger a los trabajadores ante posibles abusos de poder en la negociación con los empleadores, no impulsar una mejora en la capacidad adquisitiva. Aumentar el salario mínimo a través de una ley no garantiza que los trabajadores de menores ingresos se verán beneficiados. De hecho, el 40% de los trabajadores gana menos que el mínimo y este porcentaje se ha mantenido prácticamente constante en la última década.
Más aún, si el salario mínimo se ubica por encima de los niveles de productividad de la mayoría de los puestos de trabajo, puede tener el impacto contrario al deseado. Al incrementar el costo laboral por encima de la productividad, se desincentiva la contratación formal, lo que aleja a millones de trabajadores de las protecciones del empleo formal. En ese sentido, frente al nuevo incremento del salario mínimo, es importante analizar los impactos que esta medida suele tener, sobre todo en los segmentos más vulnerables.
Los aumentos al salario mínimo sin un sustento técnico detrás:
- Presionan los costos de planilla al alza en mayor medida para las empresas más pequeñas, lo que incentiva la evasión.
Si bien el impacto directo es acotado –solo el 5% de trabajadores son formales con salarios entre S/1,025 y S/1,130–, este aumento legal puede verse reflejado también en remuneraciones de trabajadores con ingresos ligeramente mayores al nuevo mínimo o incluso en el segmento informal. Aun así, estos trabajadores se encuentran concentrados en ciertas empresas y ocupaciones, que son las más presionadas por el aumento. De hecho, casi el 70% se encuentra en ocupaciones de limpieza, ventas, transporte y otros servicios. Además, el sector agropecuario es de los más afectados, ya que el jornal de los trabajadores agrícolas está indexado al salario mínimo.
En el segmento formal, que es el afectado de manera legal por el aumento, el impacto sobre el costo de planilla es más significativo para las microempresas. Según datos del MTPE, el 57% de los trabajadores de microempresas formales reciben remuneraciones que se verían afectadas por un incremento del 10%, frente al 7% en grandes empresas. Esto se traduce en un aumento de hasta 4% en el costo total de planilla para las microempresas, mientras que el costo para las empresas grandes aumentaría menos de 0,3%.
2. Incrementan la probabilidad de perder el empleo para los trabajadores de menores ingresos, los jóvenes y los trabajadores de empresas más pequeñas.
Si el mayor costo de planilla no está vinculado a un aumento de la productividad, este se traduce en un deterioro en los márgenes de ganancia para las empresas, sobre todo las más pequeñas. Este impacto potencial genera presiones por evadir el incremento sobre los costos, ya sea a través de despidos o pasando a contratos informales.
Durante el último aumento del salario mínimo (segundo trimestre de 2022), la probabilidad de que los trabajadores del quintil más bajo de ingresos pierdan su empleo aumentó 24%, en comparación con el mismo periodo en años sin aumento. De manera similar, los jóvenes enfrentaron una probabilidad 16% mayor de pasar al desempleo o inactividad y, para los trabajadores de microempresas esta fue 10% mayor que en periodos sin aumento.
3. Aumentan la probabilidad de pasar a la informalidad, especialmente para los trabajadores de MYPEs, los menos calificados y los jóvenes.
El alza del salario mínimo en el 2022 se vio traducida también en una mayor probabilidad de que los asalariados formales pasen a la informalidad o a ocupaciones independientes. Para quienes trabajaban en MYPEs formales antes del aumento, la probabilidad de pasar a una ocupación informal aumentó en 10%. Asimismo, esta probabilidad fue 9% mayor para jóvenes y 6% mayor para trabajadores no calificados que en periodos en los que no se aprobaron aumentos al salario mínimo.
Así, si bien el impacto directo del salario mínimo es acotado a nivel general, este tiene un impacto negativo evidente sobre los trabajadores más vulnerables, pues incrementar el costo de la contratación formal, aumenta el riesgo de que pierdan su empleo o pasen a la informalidad. Hacia delante, es fundamental que el Gobierno evalúe cuidadosamente cualquier nuevo aumento al salario mínimo, en línea con la fórmula establecida previamente por el CNT, para evitar mayores distorsiones sobre el mercado laboral.
