Artículo en Gestión.
Siete de cada diez peruanos consideran que el país está retrocediendo (encuesta Ipsos). Este malestar generalizado nos impulsa a querer cambiarlo todo. Sin pensarlo dos veces, nuestras autoridades reaccionan precipitadamente e impulsan reformas regulatorias como solución. De acuerdo con Quals Analytics, el actual Congreso ha presentado un promedio de más de 70 proyectos regulatorios cada mes, pero no se evidencian mejoras.
¿Por qué nada mejora? Lo podemos analizar a través de dos ejemplos.
Ejemplo 1: Según el Banco Mundial, en el Perú solo tres de cada 10 personas logran atenderse en el sistema público de salud de manera oportuna. De ellos, solo uno encuentra, en la farmacia del centro de salud, parte de los remedios que le recetan (datos de la Enaho). Esto se traduce en que, para curarnos, debemos invertir recursos de nuestro bolsillo.
A raíz de esto, el Ejecutivo mandó un Proyecto de Ley al Congreso que obliga a las farmacias privadas a tener un porcentaje de genéricos disponibles siempre que comercialicen medicamentos que debieran estar en hospitales. Como consecuencia, los costos de inventario suben si se ofrecen dichos medicamentos y, por ende, se reducen los incentivos a que las farmacias los ofrezcan.
En este caso, el Estado olvidó que el problema es que los medicamentos en hospitales son insuficientes. Si las farmacias de los centros de salud estuvieran adecuadamente abastecidas, los ciudadanos, especialmente los de bajos ingresos, podrían acceder gratuitamente a los medicamentos que se les receta.
Ejemplo 2: Más de la mitad de las personas de NSE CDE consideran que es difícil conseguir un empleo, sobre todo formal. Como respuesta, este Congreso ha propuesto más de 200 regulaciones que añaden costos a la contratación de empleo formal: incrementan remuneraciones de los trabajadores formales a pesar de que son los que tienen salarios más altos, aumentan los costos para despedir a un trabajador que no tiene un rendimiento adecuado y reducen la jornada laboral.
A pesar de que estas medidas no están orientadas a los trabajadores informales – alrededor del 70% del total de trabajadores–, son populares porque, en el corto plazo, sí generan beneficios sobre un grupo reducido. Sin embargo, esta sensación de bienestar podría no ser sostenible en el tiempo si es que, como efecto secundario, los mayores costos limitan la generación de nuevos puestos de trabajo formal –que es, precisamente, el problema de fondo–.
Para que esta sobrerregulación disminuya, el único camino es discutir más sobre la base de evidencia que sea contrastable. Aunque parezca irreal, esto sucedió cuando, a partir de la información provista por el Banco Central de Reserva (BCR) y otras instituciones, el Congreso decidió derogar la Ley que fijaba topes a las tasas de interés. Ello nos muestra que generar evidencia desde la sociedad civil, además de exigir mayor institucionalidad durante el proceso de toma de decisiones –en línea con las recomendaciones de la OCDE–, nos conducirá muy probablemente a tener menos leyes, pero más efectivas para solucionar los problemas del día a día.
