Artículo publicado en Gestión.
Por los daños ambientales y sociales que genera, la minería ilegal es considerada una de las actividades más destructivas del mundo. En nuestro país, Madre de Dios es la región más afectada. Según datos de Torres (2015), el 90% de la producción minera en esa región proviene de operaciones informales e ilegales; y según datos del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP), solo entre el año 2019 y 2020 se han perdido más de 750 hectáreas de bosque producto de esta actividad.
Por esa razón, desde hace varios años, el Estado ha implementado medidas diversas para combatir este flagelo. Se ha tipificado la minería ilegal como delito y se han combinado acciones de fiscalización e interdicción con operativos de gran magnitud como la “Operación Mercurio”, implementada en 2019 para erradicar la actividad minera ilegal en la Amazonía, principalmente en la zona conocida como La Pampa.
Aunque la Operación Mercurio permitió disminuir, en promedio, el 80% de la deforestación en las áreas donde se implementó, en los últimos meses, la minería ilegal se ha expandido en zonas como Pariamanu, Apaylon y Chaspa debido a la capacidad de movilización de los campamentos ilegales. Según el MAAP, la zona del Pariamanu se ha convertido en el nuevo foco de la minería ilegal. En esta zona –denominada la “Nueva Pampa”– los enclaves mineros están ubicados en concesiones forestales castañeras y en zonas muy cercanas a las comunidades nativas (Mongabay Latam, 2021).
¿Qué factores están detrás de que estas actividades persistan? Definitivamente, las debilidades inherentes al sector público peruano, tales como ineficiencias en el uso de recursos, escaso apoyo del nivel central, inadecuada articulación institucional, la ausencia de enfoque territorial en el diseño e implementación de intervenciones y la corrupción; que debilitan la efectividad de los mecanismos de control y sanción. Pero tal vez la razón más importante es que la minería ilegal representa una oportunidad de obtención de ingresos significativos para los pobladores y emprendimientos que participan en distintas etapas de su cadena de valor.
Un estudio realizado por APOYO Consultoría para el Proyecto Prevenir de USAID encontró, referencialmente, que en una operación minera ilegal pequeña una cocinera puede ganar mensualmente S/1,200, un machetero S/1,500 y un traquero S/3,700; montos que representan hasta cinco veces los salarios locales (Gogan, 2016). El “dueño” de la operación, por otro lado, podía obtener ganancias de aproximadamente S/120 mil al año.
El estudio también encontró que existen clústeres de proveedores de insumos, tanto en Puerto Maldonado como en las comunidades de las zonas aledañas a la operación minera ilegal, que facilitan el alquiler y compra de maquinaria y equipos, combustible, mercurio, servicios de mantenimiento, entre otros bienes necesarios para la operación. Asimismo, también existen conexiones entre la actividad minera ilegal y los titulares de algunas concesiones forestales, quienes facilitan el acceso a sus terrenos a cambio de una retribución de acuerdo con la cantidad de oro extraída ilegalmente.
En ese sentido, una medida complementaria para fortalecer el éxito de las intervenciones del sector público es la promoción de medios de vida alternativos en la región a través de proyectos productivos rentables. En Madre de Dios, por ejemplo, se pueden impulsar las concesiones castañeras, plantaciones de cacao y café, entre otras. Pero es necesario que estos emprendimientos tengan potencial de crecimiento. Para ello, la participación del sector privado es fundamental, pues puede colaborar brindando asistencia técnica, estrategias de comercialización y acceso a mercados o formar asociaciones para que emprendimientos pequeños puedan atender mercados más grandes. Solo si los negocios alternativos permiten la obtención de ingresos atractivos y sostenibles serán una opción real a la extracción ilegal de oro.
