Sin un contrapeso en el ejecutivo, la posibilidad de que desde el congreso se intente debilitar la reforma universitaria es bastante alta. Este congreso ya había intentado boicotear la reforma al tratar de incorporar cambios normativos para favorecer a las universidades que no salieron bien paradas del proceso de licenciamiento. Como ejemplo, podemos analizar los efectos de algunas de las iniciativas propuestas, a nivel de proyecto, en el pasado: (i) la eliminación del cese de actividades de las universidades que no obtuvieron licencia, (ii) establecer que estas reciban fondos del Estado para mejorar sus condiciones de calidad y (iii) la creación del Consejo Nacional de Asuntos Universitarios.
Las primeras dos modificaciones debilitarían enormemente el trabajo de la Sunedu y eliminarían los logros del proceso de licenciamiento. Este proceso tuvo por objetivo garantizar que las universidades cumplan con condiciones básicas e indispensables para asegurar la calidad de sus servicios educativos. Estas incluyen, entre otras: la disponibilidad de infraestructura y equipamiento adecuado (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros); la presencia de personal docente calificado, con estudios de postgrado y al menos 25% trabajando a tiempo completo; la existencia de mecanismos formales para promover la inserción laboral de sus egresados, etc.
Como resultado de ese proceso se negó la licencia a 45 universidades que llevaban años operando sin cumplir con estas condiciones. Por ello, ahora tienen la obligación de cesar sus actividades e implementar un plan de cierre que minimice el daño para sus estudiantes, que, por lo demás, ya habían sido perjudicados al recibir servicios educativos de baja calidad. Con los cambios arriba mencionados, estas universidades podrían seguir operando, y recibir financiamiento del Estado para intentar conseguir mejoras en la calidad de los servicios que por años no tuvieron intención de implementar.
El tercer cambio, la creación del Consejo, también sería un retroceso. Se pretendía que esta entidad esté encargada de revisar, en segunda instancia, las resoluciones de licenciamiento expedidas por la Sunedu, y, además, que esté compuesta por miembros elegidos por las autoridades de las universidades. De esta forma, se replicaría el esquema que existía cuando la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (conformado por representantes de las universidades), autorizaban el funcionamiento y controlaban la calidad de sus propias instituciones. La independencia entre el regulador y el regulado quedaría eliminada con la creación de esta instancia.
En esta coyuntura en la que la independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo es prácticamente inexistente, resalta la invocación de la Sunedu para cautelar la reforma universitaria. Las medidas que se han discutido en el pasado en el Congreso y que probablemente se busque aprobar en los próximos días, podrían ir en el sentido contrario.
