Ante el anuncio de la suspensión de sus principales proyectos por parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha decidido otorgarles recursos adicionales. Para 2025, la ANIN ya había ejecutado más del 90% de su presupuesto y solicitó una ampliación de S/4,400 millones —equivalente a un incremento de 140%— para asegurar la continuidad de las obras. Sin embargo, tras dos semanas de paralización, el MEF solo se comprometió a un monto mucho menor, en torno a S/1,000 millones, según estimaciones extraoficiales. La diferencia entre lo solicitado y lo que finalmente se asignará refleja la falta de coordinación entre ambas entidades del Ejecutivo. El resultado es que, aún con el nuevo monto, una parte importante de la cartera actualmente paralizada –valorizada en cerca de S/12,000 millones – seguiría detenida.
La mayor parte de estas obras están orientadas a la prevención o mitigación de los potenciales daños de un fenómeno El Niño y se desarrollaban en regiones como Lima, La Libertad, Lambayeque, Áncash e Ica. La Autoridad gestiona una cartera valorizada en US$8 mil millones, conformada principalmente por convenios de gobierno a gobierno (G2G) con el Reino Unido, originados tras el fenómeno de El Niño Costero de 2017. Cerca del 80% de sus proyectos corresponde a defensas ribereñas, sistemas urbanos de drenaje pluvial y la reconstrucción de servicios de salud y educación. En La Libertad, por ejemplo, quedó paralizada la obra de prevención en la quebrada de León en San Idelfonso, la cual estaba destinada a beneficiar a más de 712 mil habitantes.
El conflicto entre la ANIN y el MEF refleja un problema de coordinación dentro del Ejecutivo. La Autoridad asegura que solicitó el presupuesto completo para garantizar la continuidad de sus proyectos, mientras que el MEF sostiene que la entidad no planificó adecuadamente. La falta de claridad en la comunicación entre ambas instituciones generó un descalce entre los recursos aprobados y las necesidades reales de ejecución, lo que derivó en la paralización de las obras.
A este problema de coordinación se suma el argumento central del MEF: la necesidad de cumplir con la meta del déficit fiscal. Conceder la ampliación solicitada por la ANIN habría elevado el déficit en 0.4 puntos porcentuales, comprometiendo el cumplimiento de la regla fiscal, que ya excede la meta oficial. Esta decisión traslada el gasto al próximo año y obliga a reprogramar los flujos. Sin embargo, para para el siguiente año el MEF ha asignado un monto cercano a S/3,000 millones, el cual es nuevamente insuficiente para cubrir tanto los recursos adicionales solicitados para continuidad de obras de este año, así como los recursos para los compromisos previstos para el siguiente.
El problema es que los compromisos firmados superan con creces el espacio fiscal disponible. La inversión de los proyectos de prevención identificados, incluyendo los licitados y por licitar, asciende a casi S/20,000 millones a precios actuales, cifra que luego de estudios podría aumentar significativamente. Si el presupuesto para la ANIN de los siguientes años se mantiene en un monto similar al del 2025 y 2026 (S/3,000 millones), se tardaría en completar los proyectos, optimistamente, al menos 6 años.
El costo de esta decisión no es solo fiscal; también retrasa la programación de nuevas obras, encarece las ya iniciadas y afecta el empleo. Al destinar fondos solo a continuación de obras, las nuevas licitaciones quedan en espera. Entre ellas, destaca el drenaje pluvial de Chiclayo (S/1,111 millones, casi 400 mil beneficiarios), cuya licitación de obra sigue pendiente. Además, la reprogramación de flujos no solo retrasa la entrega de obras, sino que también encarece su ejecución. Las paralizaciones actuales implican mayores costos para reanudar las obras, riesgo de deterioro de estructuras inconclusas y pérdida parcial de la inversión ya ejecutada. A su vez, este escenario interrumpe la cadena de pagos y amenaza miles de empleos en el sector construcción y en sus proveedores, generando un efecto en cadena que trasciende lo fiscal.
Asimismo, estudios muestran que el costo social es igual de importante. Un estudio de APOYO Consultoría, utilizando información de la ENAHO, estimó que tras un desastre natural los ingresos de los hogares caen en promedio 17%. Y la evidencia de Bancalari, basada en más de 5 000 proyectos de alcantarillado en Perú, muestra que mientras las obras permanecieron inconclusas la mortalidad infantil aumentó 6%, debido a zanjas abiertas, aguas estancadas y la interrupción de servicios básicos; solo al concluirse, la mortalidad se redujo en más de 25%. Este hallazgo confirma que las obras paralizadas no solo inmovilizan recursos, sino que pueden empeorar el bienestar de la población que pretendían proteger.
En definitiva, lo ocurrido con la ANIN confirma lo que, desde APOYO Consultoría, se ha venido advirtiendo sobre las restricciones fiscales. Con un déficit elevado, el margen para ampliar presupuestos de inversión es mínimo. A esto se suman las iniciativas aprobadas por el Congreso —como los incrementos salariales en el sector público—, junto con la falta de observación por parte del Ejecutivo, que han incrementado la rigidez presupuestal. Esto impide recortar gastos menos prioritarios para destinarlos a inversión y explica las decisiones del MEF, pero también evidencia que los ajustes recaen principalmente sobre la inversión pública, mientras otros rubros del gasto siguen creciendo. Este patrón resulta preocupante, pues la disciplina fiscal se busca principalmente a costa de la inversión pública, un rubro más fácil de ajustar que el gasto corriente.
Una salida posible es complementar los convenios G2G con un mayor impulso a las Asociaciones Público-Privadas. Mientras los G2G han permitido acelerar procesos en determinados proyectos, siguen sujetos a las restricciones fiscales que hoy enfrenta la ANIN. Las APPs, en cambio, permitirían liberar espacio presupuestal para garantizar continuidad en los proyectos en marcha y, al mismo tiempo, avanzar con nuevas inversiones.
Finalmente, la crisis de la ANIN subraya la urgencia de una reforma del Estado que reduzca el gasto innecesario y reasigne recursos hacia inversión pública de calidad. Diversos estudios muestran que el gasto en Perú es de los menos efectivos en cerrar brechas sociales. Con la estructura actual del gasto, esas brechas no se reducirán significativamente ni siquiera en el mediano plazo. Así, aunque el MEF mantiene el control de su déficit, su rol como garante de la calidad y la sostenibilidad del gasto se ha debilitado. La política fiscal pierde efectividad cuando se maneja sin coordinación, trasladando flujos hacia adelante, retrasando proyectos críticos y limitando la capacidad de respuesta ante un shock. En última instancia, quien paga el costo es la población, que sigue esperando obras esenciales para enfrentar un eventual Fenómeno El Niño.
