Desde hace varios años estamos viendo en el Perú un sostenido proceso de degradación de la calidad de las políticas públicas, con malas normas y deterioro de la gestión pública. Las fuentes de esta degradación son múltiples y las áreas que impacta, muchas. Lamentablemente, el concierto populista se ha acentuado en este Gobierno y aún más con el actual Congreso. Como cada nueva mala norma que se aprueba o cada peldaño que bajamos en nuestra capacidad de gestión no tiene un impacto significativo inmediato visible, muchos creen que “no pasa nada”, que la economía aguanta. No percibimos con claridad que hemos tomado una ruta descendente. En los siguientes meses la prioridad del país debe ser el control sanitario de la pandemia y el amortiguamiento de sus efectos en la economía. Pero, a la vez, tenemos que evitar que, con la excusa de ese esfuerzo o escondiéndose detrás de él, se sigan perpetrando propuestas que socaven las estructuras del modelo económico y de nuestra frágil institucionalidad.
No debemos olvidar que el Perú, luego de la terrible hiperinflación de los 80, adoptó un modelo basado en una economía de mercado y un manejo macroeconómico responsable, que se tradujo en una mejora sustantiva de la calidad de vida de la gran mayoría de la población y sentó las bases para enfrentar y resolver mejor equipados los inmensos retos institucionales y sociales que arrastramos desde épocas coloniales. No puede atribuirse al manejo de la economía la pobre respuesta a estos retos. La pandemia –agravada por la deficiente respuesta del Gobierno– nos está haciendo retroceder una década en ese esfuerzo de sacar familias de la pobreza y en fortalecer la clase media. En el trimestre mayo- julio el empleo en Lima Metropolitana se redujo en 40%. La degradación de las políticas públicas y de la gestión del Estado hará muy difícil recuperarnos en indicadores sociales a niveles similares a los de antes de la pandemia.
Lo que ocurre en Chile, país que parecía ya enrumbado hacia el desarrollo, nos puede ayudar a comprender mejor los riesgos. El prestigioso economista chileno Sebastián Edwards escribió recientemente lo siguiente: “Durante las últimas semanas me ha embargado un pesimismo profundo […]. Me temo que esto va a terminar mal, y que Chile volverá a sus orígenes de país latinoamericano del montón. Un país con un Estado de Derecho endeble, con instituciones débiles y baja productividad. Un país desigual, segregado, violento y pobretón. Mi pronóstico es este: en una generación –en 25 años– Chile estará entre Ecuador y Costa Rica. Hoy día Chile tiene un ingreso per cápita que es más del doble que Ecuador, y 50% más alto que Costa Rica. De acuerdo con el PNUD, las condiciones sociales son sustancialmente mejores en Chile. […] Ubicarse entre Ecuador y Costa Rica significa, en términos relativos, un enorme retroceso. Es volver a la mediocridad. […] La selección de Ecuador y Costa Rica como puntos de referencia no es arbitraria. En 1990 los dos países y Chile eran, estadísticamente hablando, casi idénticos. El mismo ingreso per cápita, prácticamente el mismo nivel de desigualdad, y una incidencia de la pobreza similar”.
Es difícil explicar cómo en sus cinco meses de funcionamiento el Congreso puede haber gestado, según una recopilación realizada por APOYO Consultoría, 81 proyectos de ley sobre sistemas de pensiones, 36 sobre el sistema financiero o 26 sobre controles de precios. Encabeza este aluvión la Comisión de Defensa del Consumidor, convertida hoy en un pequeño Congreso en sí mismo capaz de producir normas sobre cualquier tema del ámbito productivo –pues, al final del día, siempre habrá algún consumidor directo o indirecto del bien o servicio en cuestión–. Peor aún es la forma cómo aprueba sus dictámenes, algunos sin debates ni opiniones de expertos calificados –recientemente aprobó uno sobre sistema de pensiones en apenas 10 minutos–.
Un buen ejemplo es el proyecto que pretende poner un tope a las tasas de interés. En Chile una norma similar se aprobó en el 2013. En los siguientes tres años el número de nuevos deudores de grandes préstamos creció en 28%; el número de nuevos pequeños deudores cayó en 32%. Esos pequeños deudores quedaron excluidos del sistema financiero, En el Perú, se afectaría seriamente el desarrollo de las microfinanzas –el 70% de los créditos a este segmento lo realizan entidades especializadas– y se empujaría a las microempresas a los prestamistas informales, que según un reciente estudio del BCR, cobran tasas mensuales entre 10 y 30% (214% a 2.200% anual). Muchos microempresarios no podrían continuar operando. Una sola mala ley no quiebra un país, pero sí afecta seriamente a empresas y familias. Muchas malas leyes socavan y limitan el crecimiento. La factura se paga en el mediano y largo plazo.
Por ello, en los siguientes once meses resulta indispensable frenar estas malas iniciativas, y no solo en el ámbito económico. Pronto deberán definirse las reglas del proceso electoral y la conformación del Tribunal Constitucional. Es impensable soñar con avances en la reforma política. Pero, al menos frenemos una mayor degradación en ese frente.
A fines de los 80 visitó Lima un importante economista argentino. El Perú estaba en medio de su mayor crisis económica y social del siglo XX. Le preguntamos cuándo creía que tocaríamos fondo y nos respondió con el usual sentido de humor rioplatense: “Los países nunca tocan fondo… mirá sino a Egipto, que hace más de tres mil años que viene de bajada”. Tenemos que dar vuelta al timón.
