En las últimas semanas, se ha reactivado el debate sobre si los lotes I, VI, X y Z-69 deben ser otorgados a Petroperú o al sector privado en concesión. La propuesta del Ministerio de Energía y Minas de asignar los lotes a Petroperú sin socios que financien la explotación y asuman los riesgos refuerza el enfoque estatista en el desarrollo del sector hidrocarburos, lo cual ha generado pérdidas económicas significativas en el pasado (ver nuestra primera nota de opinión sobre Petroperú aquí).
La inversión en la explotación de petróleo es una decisión que requiere una cuidadosa evaluación debido a la alta volatilidad del precio y los riesgos asociados con esta industria. El mercado petrolero se ve fuertemente influenciado por factores geopolíticos y económicos, lo que lo hace sumamente volátil. Uno de los principales riesgos económicos en este sector es el riesgo de límite económico, en el que los costos de producción superan el precio al que se puede vender el petróleo en el mercado. Además, la inversión en infraestructura y equipos especializados puede ser costosa. Por lo tanto, es esencial que las empresas dedicadas a la explotación de petróleo cuenten con un sólido respaldo financiero y capacidad para enfrentar decisiones de inversión importantes sin afectar su liquidez.
Actualmente, Petroperú no tiene la capacidad técnica, económica ni legal para explotar los lotes petroleros en Talara.
En primer lugar, Petroperú no tiene la capacidad técnica ni de gestión adecuada. Aunque el año pasado recibió una licencia temporal para mantener la producción de 500 barriles diarios en el Lote I, esto no se compara con los más de 15 000 barriles diarios que tendría que extraer si asumiera los otros lotes. La explotación de lotes de esta magnitud requiere la intervención de empresas con amplia experiencia en el sector de upstream. Esto supone un desafío considerable para Petroperú, ya que no solo cuenta con un gobierno corporativo deficiente, sino que también carece de la experiencia y capacidad técnica que otras compañías petroleras sí tienen.
En segundo lugar, Petroperú está sobreendeudada y carece del respaldo financiero necesario para afrontar la inversión en la explotación de los lotes. Para mantener el nivel o aumentar la producción actual se requeriría de una inversión adicional de alrededor de US$600 millones. Sin embargo, la compañía ya tiene una deuda de US$5 300 millones y el año pasado requirió ayuda económica del Gobierno por US$2 250 millones para asegurar que sus problemas de liquidez no afecten la continuidad de sus operaciones. Más aún, la calificadora Fitch Ratings ha afirmado que Petroperú necesita un respaldo económico adicional del Gobierno, ya que el apoyo previo alivió la necesidad inmediata de liquidez, pero no resolvió el problema de su alta deuda. En este contexto, la intención de operar lotes en Talara sin socios privados es preocupante, ya que comprometería aún más su estabilidad financiera. Esto podría llevar a la necesidad de nuevos rescates con recursos públicos.
En tercer lugar, la ley que prioriza la ejecución de la Modernización de la Refinería de Talara establece limitaciones legales respecto a la inversión y la participación de Petroperú en otras actividades. Según esta Ley, la empresa no puede realizar nuevas inversiones sin antes contar con al menos un 40% de participación de capital privado y garantizar los flujos suficientes para el pago de su deuda. Para que Petroperú pueda invertir en la explotación de lotes de petróleo, el Congreso tendría que hacer una modificación a la Ley, como lo hizo en el pasado, permitiéndole a la empresa estatal explotar el Lote 192 junto a un socio estratégico.
Adicionalmente, si Petroperú se encarga de explotar los lotes petroleros, es posible que se vean afectadas importantes fuentes de ingreso para algunos gobiernos regionales y municipalidades. Las compañías que extraen petróleo están obligadas a pagar regalías, canon y sobrecanon. Sin embargo, dada la inversión de casi US$6 000 millones en la Modernización de la Refinería de Talara, es muy probable que Petroperú no pague o pague muy poco impuesto a la renta en los próximos cinco años (por el beneficio de depreciación acelerada), con lo cual se perdería la recaudación por canon de esos pozos. Además, en el pasado, autoridades de la empresa han manifestado que Petroperú no debería pagar regalías por el petróleo extraído con el fin de que la integración vertical (explotación y refinación) sea rentable.
Algunas autoridades sostienen que explotar lo lotes de Talará mejorará los márgenes de Petroperú, abordando así la crisis de sostenibilidad que enfrenta. No obstante, esta crisis responde a problemas estructurales de la compañía que no están siendo atendidos, como la falta de transparencia, la interferencia política, el deficiente gobierno corporativo y los atentados al Oleoducto norperuano. En nuestra segunda nota de opinión sobre Petroperú (ver documento aquí), propusimos cinco medidas para enfrentar estos problemas. Entre ellas, atraer aportes de capital privado para mejorar la gobernanza y el patrimonio de Petroperú, así como evitar que Petroperú invierta en otras actividades para prevenir riesgos adicionales en su situación financiera.
Es responsabilidad del Congreso evitar que Petroperú invierta en la explotación de los lotes de Talara. En su lugar, se debería realizar una licitación para seleccionar la empresa petrolera más calificada. Sin embargo, si el Legislativo insiste en permitir la inversión de Petroperú en la explotación, es crucial establecer como condición la presencia de un socio privado que financie la inversión y comparta los riesgos.
