El sector comercio es uno de los motores más relevantes de la economía peruana: es el tercer mayor empleador del país y ha sido uno de los sectores más dinámicos en las últimas dos décadas. Su presencia se extiende por todas las regiones y concentra una parte importante del empleo juvenil y femenino. Sin embargo, es también uno de los sectores más informales. Después del sector agropecuario, el comercio es el más informal de todos y concentra un buen porcentaje de los pobres urbanos.

¿Qué explica esta elevada informalidad? Dos factores centrales. Primero, la baja productividad de muchos negocios comerciales, asociada a su pequeña escala. La mayoría no genera ingresos suficientes para cubrir los costos de la formalidad, lo que perpetúa un círculo vicioso de baja inversión, baja productividad y empleo precario. Segundo, un marco regulatorio —laboral y tributario— que desincentiva el crecimiento. Los saltos discretos de costos entre regímenes tributarios, la burocracia de las municipalidades y una normativa rígida penalizan a quienes intentan formalizarse o ampliar su actividad. A ello se suma un salario mínimo que, en proporción al salario promedio del sector, se ubica entre los más altos de América Latina, especialmente fuera de Lima.

Estas condiciones frenan el crecimiento, pero también explican por qué los cambios bien orientados pueden generar impactos tan grandes. Justamente aquí hay una oportunidad: el comercio es un sector donde ajustes puntuales producen mejoras significativas en formalidad, ingresos y bienestar.

En APOYO Consultoría estimamos que una mejora de solo 10% en la productividad laboral podría reducir en 2 puntos porcentuales la tasa de informalidad del sector y, si viene acompañada de un incremento similar en los salarios reales, reduciría la pobreza urbana total en 0,6 puntos porcentuales. Es decir, sacaría de la pobreza a más de 200 mil personas. Este impacto es mucho mayor al que se daría por un incremento similar en la productividad del sector agrícola, pues, si bien en este último hay más trabajadores en situación de pobreza, en el sector comercio aquellos están más cerca de salir de ella.

Así, el esfuerzo para formalizar el sector debe enfocarse en tres frentes: primero, elevar la productividad del pequeño comercio mediante asistencia técnica, digitalización e integración a cadenas de valor. Segundo, construir un marco laboral que combine mejor la protección del trabajador con la flexibilidad que necesitan las empresas para adaptarse y crecer. Y tercero, simplificar el sistema tributario y regulatorio para que deje de penalizar el crecimiento empresarial.
Reformas previas se concentraron únicamente en menores costos laborales, sin abordar los otros factores estructurales. Esta vez debemos aprender la lección. Si aspiramos a reducir la pobreza urbana de manera sostenida, necesitamos convertir al comercio en un motor de formalidad, productividad e inclusión.
