Artículo en El Comercio.
Hace casi cinco años, el gobierno de Pedro Castillo asumía el poder con la promesa de transformar radicalmente el modelo económico. Proponía una nueva constitución, empresas estatales, expropiaciones, incremento de impuestos, la segunda reforma agraria, nuevas rigideces laborales y un rol mucho más protagónico del Estado. El mercado reaccionó con temor, y con razón.
Afortunadamente, esas promesas no se materializaron plenamente. La oposición del Congreso, el contrapeso de instituciones autónomas y la actuación de funcionarios valientes limitaron su ejecución. Hoy, frente a las elecciones del 2026, ese temor a un viraje radical ha disminuido. Las expectativas empresariales lo reflejan: la confianza empresarial para invertir se mantiene sólida y cerca del 50% de empresas afirma que no modificará sus planes de inversión por motivos electorales.
Sin embargo, sería un error no reconocer que el modelo económico ya cambió. Ha cambiado en al menos seis ámbitos clave para el crecimiento económico sostenible y para definir la relación entre el Estado y la actividad privada. Y lo ha hecho sin modificar una sola línea del capítulo económico de la Constitución. Son cambios “de facto”, explicados por nuevas interpretaciones normativas y, sobre todo, por un nuevo equilibrio de poder político. Algunos de estos cambios ya se venían gestando desde antes del gobierno de Perú Libre, pero durante su periodo se han profundizado y acelerado.
Primero, el pilar de la disciplina fiscal se ha erosionado. Aunque la Constitución impide al Congreso aprobar leyes que impliquen gasto, hoy lo hace sin mayor control. El Ejecutivo ha renunciado a su capacidad de veto efectivo y el Tribunal Constitucional no actúa con contundencia. Las reglas están escritas, pero el nuevo equilibrio político permite quebrarlas sin consecuencias.
Segundo, la promoción de la inversión privada se ha debilitado. El número de casos en el Ciadi contra el Estado peruano crece, y no por malentendidos menores, sino por fallas graves en el cumplimiento de contratos. La seguridad jurídica, clave para atraer inversión, se ha visto afectada por decisiones políticas erráticas, regulaciones ad-hoc y poca defensa institucional de las reglas de juego.
Tercero, el marco laboral se ha judicializado. Como señala Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, cada vez más la aplicación de la ley laboral depende del criterio del juez o de Sunafil, y este varía significativamente entre regiones. Así, el Perú ha pasado de un sistema basado en normas generales a uno basado en jurisprudencia fragmentada. Esto eleva la incertidumbre legal, encarece el empleo formal y desalienta la contratación.
Cuarto, la fiscalización tributaria ha adoptado una lógica cada vez más arbitraria. La adopción de la norma antielusiva alineó formalmente nuestro sistema con estándares OCDE, pero su implementación se ha vuelto impredecible. La Sunat viene observando decisiones empresariales legítimas con un sesgo recaudador de corto plazo. Hay casos en los que se exige demostrar que cada gasto, incluso en marketing, forma parte directa de la función de producción, y si no se prueba, no se permite descontarlo de la base imponible. La gestión tributaria se ha convertido en una fuente de litigio permanente.
Quinto, ha cambiado profundamente la forma en que se define el marco regulatorio para hacer negocios. En el pasado, la opinión de expertos era determinante y se promovía la calidad regulatoria con herramientas como los análisis de impacto regulatorio (AIR). Hoy, ese análisis técnico ha sido desplazado. Las normas se aprueban sin discusión sustantiva ni evaluación de consecuencias, y el desequilibrio entre Ejecutivo y Congreso ha disparado la aprobación de normas por insistencia, muchas con efectos negativos sobre la inversión y el entorno empresarial.
Finalmente, se ha roto uno de los principales canales mediante el cual el crecimiento y la recaudación mejoran el bienestar la población: la inversión pública. Hoy se ha vuelto normal que las obras no se concluyan. Según el Banco Mundial, cerca del 40% de los proyectos de inversión pública de la última década quedaron inconclusos. Así, los mayores recursos públicos que se generan por el crecimiento de la actividad privada no generan el impacto social que deberían.
En resumen, el riesgo para el modelo económico ya no es un cambio explícito al capítulo económico de la Constitución. Es un cambio silencioso, pero profundo: normas sin análisis técnico, instituciones débiles, judicialización excesiva y una recaudación que no se traduce en bienestar. Un modelo que, “de facto”, avanza hacia más deuda, menos crecimiento y más informalidad. Este es el modelo que tenemos que cambiar.
