Cualquiera sea el próximo gobierno, una de las prioridades que tendrá que afrontar será la reducción de la pobreza. Al terminar el 2019, antes de la pandemia, el Inei calculó que la pobreza tuvo una reducción muy modesta y que incluso se había elevado ligeramente la pobreza extrema monetaria. La reducción en la pobreza prácticamente se detuvo, y lo más probable es que con la pandemia experimentemos un retroceso para todo el último quinquenio.
La población en pobreza extrema del país reside mayoritariamente en el área rural y recibe una porción importante de sus ingresos de actividades vinculadas con el sector agrario. Pero su nivel de acceso a servicios productivos es mínimo y la dotación de activos para realizar sus actividades es aún muy baja. Por ejemplo, la mitad de los productores agrarios no tienen un sistema de riego y un 40% de los que lo tienen, no emplean semillas certificadas. Un tercio no acceden a servicios de extensión.
Ya existen experiencias positivas de provisión de bienes públicos a esta población. Un ejemplo son los proyectos productivos realizados por Foncodes y luego por Agrorural, así como por programas apoyados por entidades como el FIDA que han aplicado un enfoque territorial para proveer “combos” de servicios y activos, y al mismo tiempo proveen asistencia para una mejor gestión pública local en esas áreas.
De lo que se trata ahora es de escalar esas experiencias agresivamente, ampliando la cobertura al mayor número de la población con la finalidad de cerrar la brecha en esos servicios, que tienen un fuerte impacto en los ingresos de estas familias.
Será necesario complementar estas intervenciones con una adecuada provisión de servicios públicos en el sector, especialmente en sanidad e inocuidad, innovación, información, acceso a la tierra y al agua, y en medidas que faciliten la adaptación del cambio climático. Para ello es conveniente brindar una mayor autonomía a los organismos públicos que gestionan estos servicios, en algunos casos con el diseño de organismos reguladores; y elevar la participación en la gestión y financiamiento del sector privado y de los gobiernos subnacionales.
La política pública clave es, simplemente, una mejor gestión del presupuesto. Primero para elevarlos con un compromiso de más largo plazo en los casos en los que se justifican por la presencia de fallas de mercado o por equidad. Pero más importante es redistribuir los recursos del pliego hacia los programas priorizados, reduciendo y eliminando rubros generales y de aquellos no relacionados a productos y servicios. Además, es importante reintroducir la disciplina de evaluar previamente las bondades de las intervenciones, lo que se ha perdido en los últimos años. Finalmente asegurar una buena ejecución, el talón de Aquiles del sector público. Es conveniente sistematizar buenas experiencias en ejecución de programas y de los equipos de gestión, como las del Senasa y el PNIA, y en particular, fortalecer el modelo de núcleo ejecutor que se ha aplicado con éxito en varios contextos.
Contribuirá también a una mejor ejecución y una mayor cobertura de los bienes públicos y a menores costos promedio, el uso intensivo de plataformas que empleen el internet. El trabajo virtual a raíz de la pandemia, con todas sus imperfecciones, ha mostrado que es posible atender a la población que se busca focalizar, incluso de manera individual.
El cambio de prioridad que ha anunciado el Ministerio de Agricultura para dedicarse a la agricultura familiar es el correcto. Ojalá no se pierda el paso con la transferencia del nuevo gobierno.
