En el Perú existe un problema de acceso a medicamentos de calidad que no solo impacta en la salud de los pacientes, sino también en su bolsillo. Alrededor del 50% de lo que gasta un hogar en salud se va en medicamentos.
El Congreso de la República parece andar sin rumbo analizando soluciones vinculadas al control de precios de medicamentos. Sin embargo, la evidencia muestra que tratar al enfermo con dicha receta no funciona. Por un lado, prohibir el incremento de precios omite el hecho de que el precio final no solo depende de la voluntad del vendedor, sino además del costo que se genera a lo largo de toda la cadena de valor. Por el otro, cuando el Estado fija un precio inferior al precio que se define en el mercado, los productores no tienen mayores incentivos para participar. Esto sucedió en Italia, donde la reciente imposición de un precio tope para mascarillas redujo su disponibilidad para los ciudadanos y desincentivó la entrada de nuevos competidores.
En el fondo, las alternativas planteadas por algunos parlamentarios han perdido de vista los problemas subyacentes. Al respecto, ponemos en discusión tres temas que requieren una intervención urgente.
Primero, los medicamentos innovadores, aquellos que sirven para curar enfermedades complejas como las oncológicas y que no se consiguen en farmacias, se demoran hasta siete años más en conseguir un permiso de comercialización con respecto a Estados Unidos. Para solucionarlo, se requiere verificaciones con silencio administrativo positivo para aquellos medicamentos ya aprobados por las principales autoridades sanitarias del mundo como la FDA (Estados Unidos) y la EMA (Europa).
Segundo, el 59% de los demandantes que acude a farmacias privadas son pacientes que no encuentran medicamentos en el sector público. Es indispensable mejorar el sistema de adquisición y distribución de medicamentos en el sector público, fortaleciendo las compras centralizadas para buscar mejores precios y haciendo alianzas con el sector privado para ampliar su red de atención donde sea necesario.
Tercero, este es un mercado con asimetría de información. El 50% de ciudadanos prefiere comprar medicamentos de marca, que aseguran cierta calidad, a pesar de que son más costosos. Se calcula que extender la certificación de intercambiabilidad (garantizar que son equivalentes en términos terapéuticos) ahorraría más de S/2 mil millones a los hogares peruanos.
Los verdaderos ahorros para los peruanos no se van a generar controlando los precios de medicamentos, sino resolviendo los problemas estructurales que nuestro sistema de salud arrastra desde hace años. Regular precios debe ser una medida de última instancia. Incluso Stephen Littlechild, el pionero de la regulación tarifaria para servicios públicos, declaró que el objetivo de un regulador debe ser de “sostener la muralla hasta la llegada de competencia”. En esa línea, los tres ejemplos mencionados en este artículo tienen mucho potencial para fomentar la competencia en múltiples eslabones del sector salud y, sobre todo, beneficiar al paciente.
