No hay luz al final del túnel

Artículo en Gestión

Miguel Figallo, director de proyectos de la unidad de Consultoría Económica de APOYO Consultoría, comenta las reformas que requiere el sector eléctrico para producir energía sostenible y a bajo costo, y el reto que las interferencias políticas o judiciales implican para conseguir este objetivo.

Hasta hace una década, casi la mitad de la electricidad en Chile se producía a base de carbón, con tarifas residenciales bastante más altas que en otros países de la región, como Perú. Desde el 2004, el Estado chileno se concentró en reducir las barreras que impedían la entrada de energías renovables al mercado, como el desfase en el marco regulatorio o la falta de financiamiento.

En 2014, la entonces presidenta chilena presentó la “Agenda de Energía” con la finalidad de “diseñar y ejecutar una Política Energética de largo plazo que contara con validación social, política y técnica”. Dicha Política se estableció y continuó vigente independientemente del cambio del gobierno años después.

Los resultados de esta política, basada en estudios técnicos y consensos políticos, son visibles hoy. Las tarifas residenciales de Chile han bajado sostenidamente. Actualmente, son hasta 20% menores que en Perú, de acuerdo con la información de Osinergmin. Asimismo, Chile tiene hoy una matriz energética más limpia: casi la mitad de su matriz de generación eléctrica no depende de combustibles fósiles.

En el caso del Perú, el sector eléctrico requiere de múltiples reformas que ayuden a producir energía sostenible y a bajo costo: hoy los hogares pagamos más de 40% de lo que pagábamos hace menos de una década. Para ello, en 2019 se estableció la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico (CRSE), que convocó las opiniones de diversos técnicos y empresas del sector. Sin duda, aunque tarde, un muy buen punto de partida para afrontar un sector tan complejo como el eléctrico.

Sin embargo, este proceso quedó detenido cuando se judicializó. Según la lectura del Osinergmin, una sentencia del Poder Judicial impide que pueda evaluar alternativas para optimizar el proceso de la determinación del precio del gas, y lo obliga a incorporar los costos fijos en la definición de precios de electricidad en el corto plazo. Es decir, se truncó la discusión técnica para adoptar una opción descartada por la CRSE y que, según nuestros cálculos, aumentaría los precios de generación para los clientes libres y regulados en 55% y 28%, respectivamente, para el periodo 2021-2030.

Interferencias políticas o judiciales nos alejan de conseguir energía de manera sostenible y a bajo precio. Para lograrlo, debemos reencauzar el debate al entorno técnico, buscando generar consensos. Ese es el único camino.

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APOYO Consultoría es asesor económico-financiero de Kallpa.