Artículo en El Comercio.
En un país donde los choques climáticos son cada vez más frecuentes, proteger el ingreso de los hogares frente a esos eventos es tan urgente como reforzar diques o limpiar cauces. El Perú es particularmente vulnerable por su geografía, brechas de infraestructura y gestión pública deficiente. Según la UNESCO, más de nueve millones de personas están expuestas a precipitaciones intensas, inundaciones y deslizamientos.
Pero ¿qué tan grande es el golpe sobre los ingresos cuando ocurre un desastre? Con datos de la Enaho, APOYO Consultoría estima que la exposición a estos choques bordea una de cada cinco familias a escala nacional y, en promedio, la pérdida de ingresos de un hogar afectado cae alrededor de 11%.
El impacto no es homogéneo. En los hogares de ingresos medios, el choque climático reduce los ingresos en torno a 17%. Los trabajadores informales sufren más que los formales, con pérdidas de alrededor de 9% frente a 2%. No sorprende si se mira el perfil de quienes más sufren: alta informalidad, autoempleo, pocos ahorros y sin redes de protección efectivas. Muchos dependen del día a día, sin capacidad para ‘suavizar’ el golpe cuando el trabajo se interrumpe por lluvias, huaicos o sequías. Es decir, la caída de ingresos los obliga a reducir su consumo.
¿Qué hacer? Por el lado público, hay tareas conocidas y pendientes: infraestructura de prevención como drenajes y defensas, descolmatación de ríos, planes de emergencia y evacuación, declaración de zonas de riesgo no mitigable, planificación urbana y mejor focalización de ayuda. Pero el sector privado también tiene una palanca poderosa: la inclusión financiera.
La evidencia es clara. Tener acceso a crédito amortigua de manera importante la pérdida de ingresos ante un desastre natural: reduce caídas cercanas a 18% hasta niveles alrededor de 6%. En la práctica, contar con liquidez permite sostener el consumo esencial, evita vender activos a pérdida y acelera el retorno al trabajo.
En este frente, las billeteras digitales cumplen un rol directo. Según nuestras estimaciones con la Enaho, tener una billetera digital duplica la probabilidad de contar con tarjeta de crédito en los niveles socioeconómicos CDE. Además, ya son un canal masivo: en el 2024, 46% de la población urbana mayor de 15 años tenía Yape o Plin, lo que permite transferir ayuda rápidamente y activar líneas de liquidez de desembolso rápido a tasas razonables. Mirando adelante, la estrategia de interoperabilidad del BCR, que busca modernizar y masifica los pagos digitales al conectar billeteras, QR y transferencias inmediatas, pueden escalar este efecto. Eso ocurrió en Brasil con Pix: el sistema de pago instantáneo del Banco Central de Brasil que hoy se ha posicionado como el método de pago más utilizado en el país, superando el efectivo.
Este es otro ejemplo del rol explícito del sector privado en movilizar soluciones y fondeo cuando el Estado solo no alcanza. ¿Cuánto costaría en el presupuesto público replicar con bonos de emergencia el efecto mitigador de la inclusión financiera? Si el acceso al crédito eleva el ingreso de los afectados por un choque climático en 12 puntos porcentuales, replicar ese efecto con un programa público de transferencia costaría S/600 millones por mes. Así que habilitar mercados de crédito y sistemas de pagos que funcionen para los más vulnerables suele ser más eficiente y sostenible que repartir dinero de forma episódica.
El mensaje de fondo es doble. Primero, los choques climáticos van a seguir y pegarán más donde la informalidad es alta. Segundo, la inclusión financiera bien diseñada mitiga pérdidas reales de ingreso y acelera la recuperación. Esto no reemplaza la inversión pública ni la gestión del riesgo, las complementa. Y abre un espacio para que bancos, billeteras, fintech, aseguradoras y empresas ancla diseñen productos sencillos, rápidos y pensados en el consumidor.
